resumen AYI

Relator Especial sobre pueblos indígenas urge al Gobierno de Perú a dialogar con los pueblos indígenas del Amazonas. (pp-AYI) Relator Especial sobre pueblos indígenas urge al Gobierno de Perú a dialogar con los pueblos indígenas del Amazonas
Ginebra, 10 de junio de 2009
El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos indígenas, Profesor James Anaya, expresa su más profunda preocupación por los enfrentamientos del viernes 5 de junio, y los eventos subsecuentes, en Bagua, Departamento de Amazonas, Perú, que han resultado en la muerte de aproximadamente 30 personas, incluidas personas indígenas y miembros de la Fuerza Pública, así como decenas de heridos y desaparecidos. El Relator Especial expresa su solidaridad con las víctimas y sus familias.
“Hago un llamado urgente a todos los actores involucrados a que eviten otros acontecimientos de violencia, y exhorto a las autoridades del Estado a implementar todas las medidas ya establecidas, así como a adoptar todas las medidas adicionales necesarias, de acuerdo con los principios internacionales de derechos humanos, para proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas afectadas”, dijo James Anaya.
Además, el Relator Especial insta al Estado a investigar seriamente todos aquellos actos relacionados a esta situación que puedan indicar violaciones a los derechos humanos y llevar a la justicia a los responsables, así como a asegurar la no repetición de hechos similares. Asimismo, el Relator Especial insta a las personas y pueblos indígenas involucrados que sus reclamos y manifestaciones siempre sean de forma pacífica, respectando los derechos humanos de otros.
El Relator Especial también exhorta a todos los actores involucrados a buscar consensos y encaminarse a una vía de dialogo y de entendimiento sobre la base de la tolerancia y respeto a los derechos humanos. “Enfatizo la necesidad de que el Gobierno y los grupos indígenas interesadas hagan un nuevo esfuerzo conjunto hacia una resolución a los conflictos en la región de manera abierta y transparente que facilite el diálogo, evite la violencia y respete los derechos humanos”.
El Relator Especial expresa su disponibilidad de realizar una visita al país para revisar la situación y contribuir a la búsqueda de tal resolución a los conflictos, dentro del ámbito del mandato atribuido por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, para promover el respeto a los derechos humanos de los pueblos indígenas.
Finalmente, el Relator Especial desea adherirse a los comunicados previos sobre este tema emitidos por la Oficina Regional para América Latina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y por la Defensoría del Pueblo del Perú.
El 26 de marzo de 2008, el Consejo de Derechos Humanos nombró al Profesor James Anaya como Relator Especial sobre la situación de derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas por un período inicial de tres años. El Sr. Anaya es James J. Lenoir Professor of Human Rights Law and Policy en la Facultad de Derecho de la Universidad de Arizona, en los Estados Unidos de América.
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Para más información sobre el mandato del Relator Especial:
http://www2.ohchr.org/english/issues/indigenous/rapporteur
Special Rapporteur on indigenous people urges Government of Peru to dialogue with indigenous peoples of the Amazon.
Geneva, 10 June 2009. The United Nations Special Rapporteur on the situation of human rights and fundamental freedoms of indigenous people, Professor James Anaya, expresses his profound concern over the confrontations that took place on Friday, June 5, in Bagua, Department of Amazonas, Peru, and subsequent occurrences, which have resulted in the deaths of an estimated 30 people, including indigenous individuals and members of the Armed Forces, and in dozens of wounded and missing. The Special Rapporteur expresses his sincere condolences for the victims and their families.
“I urgently appeal to all concerned to avoid further violence and urge State authorities to implement measures already in place, as well as adopt all additional measures necessary, in accordance with international human rights norms, to protect the human rights and fundamental freedoms of the affected indigenous peoples,” said James Anaya. In addition, the Special Rapporteur calls upon the State to seriously investigate all actions that could indicate human rights violations and bring those responsible to justice, as well as to ensure the non-repetition of similar acts. Likewise, the Special Rapporteur stresses to the indigenous individuals and peoples involved that their claims and protests should always be carried out in a peaceful manner and with respect for the human rights of others.
The Special Rapporteur also calls upon all of those involved to explore ways to reach an agreement based on dialogue, mutual understanding, tolerance and respect for human rights. “I emphasize the need for the Government and affected indigenous peoples to make renewed concerted efforts toward a resolution to the conflicts in the region in an open and transparent manner that facilitates dialogue, avoids violence, and respects human rights”.
The Special Rapporteur expresses his willingness to visit the country to review the situation and contribute to the search for such a solution to the conflicts in the region, within the terms of his mandate by the United Nations Human Rights Council, to promote respect for the human rights of indigenous peoples.
Finally, the Special Rapporteur would like to express his concurrence with the previous statements on this issue made by the Latin American Regional Office of the United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights and by the Public Defender of Peru.
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COMUNICADO DE PRENSA. La Oficina Regional del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos hace un llamado a que se reanude el diálogo en el departamento de Amazonas, PerúPanamá, 5 de junio de 2009. (AYI)
La Oficina Regional para América Latina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos deplora los graves hechos de violencia que vienen ocurriendo en las ciudades de Bagua Chica y Bagua Grande, en el Departamento de Amazonas, Perú, que han ocasionado hasta el momento la muerte de por lo menos 15 personas, entre indígenas y miembros de la Fuerza Pública, y decenas de heridos. La Oficina expresa su solidaridad con las familias de las víctimas mortales y con las personas heridas.
La Oficina subraya que el empleo de la fuerza y las armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley debe ser restringido y excepcional debiendo conciliarse en todo momento con el pleno respeto de los derechos humanos, en particular el derecho a la vida e integridad personal, los que no pueden ser restringidos aún bajo la vigencia de un estado de excepción.
La Representante Regional de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, señora Carmen Rosa Villa Quintana, llamó a las comunidades indígenas, y sectores sociales participantes en las manifestaciones de protesta, a no hacer uso de la violencia. “Les recuerdo que sus aspiraciones y reclamos deben hacerse en forma pacífica y en respeto al orden jurídico nacional”, dijo la señora Villa Quintana.
La Representante urgió a las autoridades nacionales a adoptar las medidas necesarias para atender a las personas heridas, a velar por que hechos de esta naturaleza no se repitan, así como a adoptar las medidas adecuadas para garantizar la vida e integridad de las personas, en el marco de las obligaciones internacionales contraídas por Perú en materia de derechos humanos.
“Hago un llamado al Gobierno del Perú, a las comunidades indígenas y sectores sociales a detener de inmediato los actos de violencia y a reiniciar de manera inmediata e incondicional el diálogo que permita lograr una salida pacífica y positiva a esta situación”, puntualizó la Representante Regional de la Alta Comisionada.
Para información adicional comunicarse con Diana Losada, al correo electrónico: dlosada@hchr.org.co (celular 57- 310 270 94 65)
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Cimi declara perplexidade diante da repressão indígena no Peru. (De São Paulo, da Radioagência NP, Desirèe Luíse.09/06/09-AYI) O Conselho Indigenista Missionário (Cimi) declarou estar horrorizado com o assassinato de mais de 50 pessoas no Peru. Durante um confronto, ocorrido na última sexta-feira (05), cerca de 30 índios que viviam na Amazônia peruana e mais de 20 policias morreram. O governo do presidente peruano, Alan Garcia, não consultou os indígenas antes de aprovar leis para o Tratado do Livre Comércio (TLC) do Peru com os Estados Unidos.
De acordo com os índios, o tratado abriria as portas para a invasão de suas terras e a exploração dos recursos ambientais. Em protesto, eles fizeram um ato em uma estrada, onde foram reprimidos pela Policia peruana, resultando nas mortes.
Para o vice-presidente do Cimi, Roberto Liebgott, o fato é uma demonstração do processo de violência a que são submetidos grande parte dos povos indígenas nas Américas.
“O Cimi avalia isso como algo atroz. Conclamamos os organismos internacionais para que se manifestem e que haja medidas para coibir a violência que existe lá no Peru. Também é preciso responsabilizar o governo peruano pelo o que ele tem feito contra os povos indígenas.”
O líder dos manifestantes indígenas, Alberto Pizango, pediu asilo político à Embaixada da Nicarágua, em Lima, nesta segunda-feira (08). Pizango está sendo procurado pela Polícia peruana sob a acusação de rebelião e desordem.
Desde o início de abril, os indígenas fazem manifestações contra uma série de decretos legislativos que regulam os recursos hídricos e florestais no Peru.
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Peru: governo prioriza extração de riquezas e exclui indígenas, afirma especialista. (De São Paulo, da Radioagência NP, Danilo Augusto-08jun09-AYI) A política econômica peruana prioriza a extração de recursos naturais e desrespeita a convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT). Esta afirmação foi dada pelo integrante da Associação Latino-americana de Educação Radiofônica, Carlos Flores, como um dos motivos do conflito entre indígenas e policias peruanos. O confronto ocorreu na última sexta-feira (05)¸ na cidade de El Milagro, província de Utcubamba, região da Amazônia peruana. No conflito, aproximadamente 22 indígenas e oito policiais foram mortos. A convenção 169 estabelece que povos indígenas sejam avisados de medidas legislativas que possam afetá-los.
Há quase dois meses mobilizados, os índios lutam contra uma série de medidas do presidente do Peru, Alan García, que segundo eles, promove a privatização dos recursos naturais do país, como a água, a biodiversidade e as terras. De Acordo com Flores, as comunidades indígenas exigem que o governo elimine os decretos legislativos que privatizam a selva peruana.
“Estes decretos estão no Tratado de Livre Comércio (TLC) firmado com os EUA. Um pacote destas medidas se referia a selva peruana e as comunidades indígenas estavam contra esse pacote. Isso porque eles nunca foram consultados sobre essas medidas, tendo em vista que eles seriam prejudicados por elas. Por isso, as comunidades estão mobilizadas nas ruas há 58 dias. Fato que infelizmente causou essas mortes.”
Entre as medidas está o decreto 1090, que delega ao Ministério da Agricultura o poder de autorizar a destruição, em até 60%, de bosques para operações de petroleiras, mineradoras e indústrias. Flores também comentou que os indígenas tentam manter um diálogo com o presidente, para estabelecer, dentro do modelo econômico do Peru, o crescimento dessas comunidades.
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Señor: Alan García Pérez, Presidente de la República del Perú.
Con consternación nos enteramos de los acontecimientos de violencia en Bagua Grande, Bagua Chica y Amazonas, que han originado la muerte de 30 miembros de los pueblos originarios y de personal policial. Los antecedentes indican que las acciones se iniciaron el viernes 5 de junio cuando brigadas de la Dirección de Operaciones Especiales (DIROES) de la Republica del Perú atacaron a con armas de fuego a cientos de indígenas que ocupaban pacíficamente un punto de la carretera Fernando Belaúnde Terry.
Es de nuestro conocimiento que hay 35 los indígenas desaparecidos en el lugar de enfrentamientos; la existencia de 155 heridos, de los cuales 87 se encuentran en el hospital Santiago Apóstol, 45 en el hospital Gustavo Lanatta, 19 en Jaén y 4 en Essalud; y 48 son heridos de bala. De acuerdo a la información proveniente de diferentes fuentes existen 150 detenidos el cuartel militar “El Milagro”, en Bagua (Amazonas), los cuales han pasado a disposición del Ministerio Público y del Poder Judicial. En las ciudades de Bagua y Utcubamba se ha establecido el toque de queda bajo la responsabilidad del jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Francisco Contreras.
Las organizaciones de derechos humanos, políticas y civiles de la sociedad peruana expresan su profunda preocupación por la suerte que corren los sobrevivientes; heridos y prisioneros en manos de lo los organismos policiales de su país.
Sr. presidente le recordamos que los representantes de los pueblos indígenas amazónicos en protesta pacífica que cumplía 55 días demandaban la derogación del Decreto Legislativo 1090. La razón de tal demanda obedece al hecho que la eventual aplicación de este paquete legislativo implica reformas en asuntos, laborales, ambientales, de propiedad intelectual y de manejo de biodiversidad. Dicho Decreto Legislativo ha sido considerado lesivo e inconstitucional por la Comisión de Constitución del Congreso de la República del Perú, la Defensoría del Pueblo del Perú. Por lo demás el Decreto 1090 viola el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que la Republica del Perú ha subscrito y que obliga expresamente, que toda modificatoria de la realidad de los pueblos indígenas debe ser consultada.
Expresamos nuestra solidaridad con las luchas del pueblo peruano y el pleno respaldo a sus reclamos.
El gobierno que usted preside, ha incurrido en una grave violación del derecho más elemental en toda sociedad; el respeto del derecho a la vida. Seguimos el curso de los acontecimientos y confiamos que los responsables de esta masacre serán sancionados y que se respete y brinde garantías a los sobrevivientes, prisioneros y heridos.
Lilian Mikaelsson, Jorge Calbucura, Voceros del Foro escandinavo por los derechos de los pueblos originarios. Suecia, Estocolmo 7 de Junio, 2009
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PERÚ: Indígenas buscan a sus muertos perdidos. (Milagros Salazar, enviada especial IPS-AYI) BAGUA, Perú, 11 jun (IPS) - Nativos de 356 comunidades que participaron la semana pasada en protestas y choques contra fuerzas del gobierno de Perú, en esta provincia de la región norteña de Amazonas, priorizan ahora el registro de sus muertos y desaparecidos en medio del temor y la sospecha.
Varios indígenas aseguraron que un helicóptero policial recogió cadáveres de los caídos y luego los echó al río Marañón, pero la fiscalía no pudo encontrar más cuerpos en su tercera inspección en la zona, realizada el miércoles.
Los indígenas bloqueaban carreteras e instalaciones petroleras en reclamo de que se deroguen una serie de decretos legislativos que violan sus derechos al territorio, consagrados en la Constitución de este país y en pactos internacionales ratificados por Perú.
"Hasta tres veces se detuvo el helicóptero para recoger los cuerpos. Eso fue entre ocho y nueve de la mañana del viernes", dijo a IPS el nativo awajun Luis Padilla, de la comunidad Río Santiago, a tres días de viaje de Bagua en la región nororiental de Amazonas.
Padilla recordó, receloso frente a la cámara fotográfica, que el viernes 5 de junio, día del sangriento choque entre manifestantes y policías en la Curva del Diablo, fueron los uniformados los que atacaron primero, con disparos de bala, al promediar las seis de la mañana, y que en respuesta los indígenas usaron sus lanzas. "Nos defendimos", dijo.
Los policías "recogieron los cuerpos de los hermanos y luego los botaron al río Marañón", agregó Joel Tupicá, del distrito de Nieva, quien junto a Padilla y otros 24 nativos, entre ellos dos mujeres, regresaron a sus lugares de origen el miércoles, cinco días después de los enfrentamientos que han dejado más de 30 muertos, entre indígenas y policías.
Varios uniformados fueron degollados. Pero el número de muertos es también motivo de disputa entre el gobierno y los indígenas.
ENTRE EL MIEDO Y LA INCERTIDUMBRE. Oswaldo Bautista, fiscal supremo y presidente de la junta de fiscales de Amazonas, dijo a IPS que unos 1.000 indígenas han regresado en los últimos días a sus pueblos, y que la mayoría se refugiaron en las parroquias por temor a que las fuerzas del orden tomaran represalias.
Sin embargo, abogados de la no gubernamental Coordinadora de Derechos Humanos que permanecen aquí informaron que aún se encuentran detenidos más de 50 nativos en cuatro zonas distintas.
Los últimos hechos de violencia han incrementado la desconfianza y el miedo de los indígenas, debido a que el ejército y la policía aún continúan desplegados en la zona y se mantiene vigente el toque de queda.
Varios "apus" (jefes de comunidades) prefieren no volver a la Curva del Diablo, pues podrían ser capturados tras las denuncias de las autoridades contra la dirigencia de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), que encabezó las protestas. Su líder máximo, Alberto Pizango, se encuentra asilado en la sede de la embajada de Nicaragua en Lima.
"Quemaron sus cuerpos de varios, ahí los quemaron", insistió Padilla en su denuncia aunque no dio nombres de las víctimas, por la confusión que se generó el día del enfrentamiento entre nativos de más de 356 comunidades que pertenecen a cinco cuencas.
La Oficina Defensorial de Amazonas identificó a 10 muertos civiles. Cinco de ellos, indígenas, murieron en el enfrentamiento con la policía: Felipe Sabio Sánchez, Romel Tenazoa Sánchez, David Jaucito Mashigkash, Genaro Samecash Chamick y Rogelio Pintado Castro.
Los dirigentes de Aidesep conformaron un comité en cada comunidad para que se elaboren listas de las personas que aún no regresan a sus pueblos para pedir cuenta al Estado sobre lo ocurrido con ellas.
"Queremos recuperar a nuestros cadáveres", dijo Edwin Montenegro, dirigente comunal del Río Kanus, en la provincia amazónica de Condorcanqui, uno de los protagonistas directos del choque con los policías aquel trágico viernes.
EN LA CURVA DE LA MUERTE. Unos 3.000 indígenas estaban apostados en la Curva del Diablo, bloqueando la carretera Fernando Belaúnde Terry. "De aquí vivos o muertos se regresarán, nos dijeron", relató Montenegro sobre la advertencia que lanzaron las fuerzas estatales, pocos minutos antes de iniciar el desalojo violento.
El dirigente aseguró a que en días previos, manifestantes y algunas autoridades locales tuvieron conversaciones con el general Víctor Uribe, a cargo del operativo, para llegar a un acuerdo pacífico.
Montenegro aseguró que el jueves se celebró una reunión con Uribe, que no llegó a buen término, pero se acordó continuar el diálogo el viernes a las 10 de la mañana, una cita que nunca se efectuó, pues cuatro horas antes se produjo el ataque.
El alcalde provincial de Condorcanqui, Héctor Requejo, confirmó a IPS que el jueves de tarde se reunió con el general Uribe en el campamento de la refinería de Petroperú y que éste le aseguró que no podía tomar ninguna decisión, sino que debía acatar cualquier orden que viniera de Lima.
Montenegro aseguró que los policías disparaban a los cuerpos de los indígenas y que desde un helicóptero se lanzaron bombas lacrimógenas y se efectuaron disparos. En medio de los enfrentamientos, él logró rescatar a su cuñado, el conocido líder aguaruna Santiago Manuin, presidente del Comité de Lucha Provincial de Condorcanqui, quien se encuentra gravemente herido.
Tres jóvenes indígenas baleados, que permanecen internados en el Hospital Gustavo Lanatta, de Bagua, confirmaron que la policía inició el ataque sin dar tregua.
Los tres habían revistado en el ejército en el pasado. Uno de ellos, Paulo Bitap López, de 24 años y proveniente de la comunidad de Shusug, dijo a IPS que un grupo de jóvenes licenciados (así se conoce a los que formaron parte del ejército) tuvieron la iniciativa de juntarse antes del operativo de desalojo para disuadir a la policía, pero fueron interceptados por una ráfaga de balas.

Rosa Mondragón, de 54 años, quien vive a pocos metros del lugar del enfrentamiento en la zona denominada Primavera, corroboró que se lanzaron bombas lacrimógenas desde un helicóptero y mostró al fiscal Bautista los impactos de proyectiles en su vivienda, así como más de 20 mochilas y bolsas de utensilios de nativos que pernoctaron más de una semana en su casa y que salieron huyendo ante el ataque.
El fiscal visitó el miércoles las quebradas cercanas a la Curva del Diablo después de haber realizado dos diligencias similares en otras zonas el domingo y el lunes, en respuesta a las denuncias de pobladores sobre el ocultamiento de cadáveres. Bautista informó a IPS que en esta última inspección no se encontraron cuerpos, solo ropas y botellas de chicha (licor tradicional).
DISPAROS EN LA PLAZA. Entre los heridos que IPS entrevistó en el hospital estaba Daniel Torres Manay, un poblador de Bagua de 55 años a quien un disparo policial le perforó el estómago cuando estaba el viernes en los alrededores de la plaza de armas de la ciudad.
Torres y su esposa Amelia Delgado relataron que los uniformados empezaron a disparar ese día cerca de las 23.00 horas, debido a que un grupo de gente rodeaba la comisaría, situada en la plaza de armas, tras enterarse de que los nativos habían sido atacados. Cinco nativos murieron en ese ataque, según la defensoría.
"Esto es un crimen que ha hecho el presidente Alan García", increpó Torres, operado dos veces sin éxito para extraerle la bala, por lo que espera ser traslado a la ciudad norteña de Chiclayo para salvar su vida.
Según Montenegro, los disparos causaron allí cuatro muertes, entre ellas la del indígena Felipe Sabio Sánchez.
"Después de reconocer a nuestros hermanos, vamos a retomar la concentración. El Estado piensa que nos hemos ‘cobardeado’ (que somos cobardes), nunca jamás. El pueblo awajun cuando ha visto la sangre de su propio hermano ha sido un incentivo. El Estado nos ha provocado. No queremos conversar ni con (el primer ministro) Yehude Simon ni con la (ministra del Interior, Mercedes) Cabanillas", agregó.
El miércoles el Congreso aprobó, con 57 votos a favor, 47 en contra y una abstención, la suspensión por tiempo indeterminado de la aplicación de los decretos legislativos 1.064 y 1.090, que afectan los derechos de los pueblos indígenas y que, según expertos y legisladores, violan la Constitución y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Esas normas --destinadas a promover la inversión extranjera en el marco del tratado de libre comercio firmado con Estados Unidos-- originaron las movilizaciones indígenas de la Amazonia peruana, en reclamo de su derogación.
En esta región se multiplican los proyectos de extracción petrolera y gasífera.
La vicepresidenta de Aidesep, Daysi Zapata, rechazó la decisión del Congreso de suspender los decretos, pues la organización exige que sean derogados.
Este jueves, organizaciones sociales realizarán una jornada nacional de protesta y solidaridad con los pueblos indígenas, mientras en varias zonas amazónicas del nororiente se emprenderá un paro de actividades por tiempo indefinido.
"La Amazonia representa nuestro mercado, nuestra farmacia, nuestra vivienda, nuestra sobrevivencia, la defendemos para el bien de nuestros pueblos y la humanidad", explicó Montenegro. (FIN/2009)
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Comunidades del Rewe Rukapangue inician recuperación de tierras históricas en Cholchol. (pulchetun-AYI)"Nosotros como institucionalidad tradicional Mapuche, nos hemos caracterizado por ser respetuosos de los compromisos, siempre hemos privilegiado el dialogo, en este sentido, el 24 de Mayo del 2008 se entregó a la CONADI, los antecedentes del Fundo que hoy reivindicamos, no obstante, un año después, no hemos recibido respuestas a nuestras demandas. Queremos manifestar que estamos cansados de la Inoperancia de ésta institución Estatal, que utiliza estrategias para dividirnos como Pueblo-Nación Mapuche", señalan. Piden dialogar con el Comisionado Presidencial de Asuntos Indígenas, Rodrigo Egaña Barahona.
Lof Rukapangue, 11 de junio de 2009
DECLARACIÓN PÚBLICA
La comunidad indígena José Nino y Otros de Rukapangue, que pertenece al REWE compuesto por los lof Rukapangue Grande, Rukapangue Chico, Dollinco y Lof Painemal de Coihue, ubicado en la actual comuna de Cholchol, viene a exponer a la comunidad nacional e internacional lo siguiente:
1.- Que el día de hoy 11 de junio, hemos decidido iniciar la recuperación de las tierras históricas, que hoy ilegítimamente ocupa el Señor Jaime Muro Cuadra con el nombre de “Fundo Las Vegas”; al cual nuestros ancestros llamaban pagilelfvn, y que fue robado a nuestros antepasados por medio de engaños y contratos viciados, posteriormente entregado a título gratuito a colonos extranjeros.
2.- Que nos encontramos con un deber histórico y espiritual la reconstitució n de nuestro REWE; como forma de organización política ancestral, para defender a nivel territorial nuestros derechos. Actualmente, nuestras tierras están siendo contaminadas y masacradas y el solo hecho que existan plantaciones de Eucaliptus nos ha producido múltiples y nefastas consecuencias, nuestras vertientes naturales han desaparecido, la carencia de aguas y la contaminación de suelos ha sido sistemática. Si nos quitan la tierra y contaminan las aguas, nos quitan la vida.
3.- El REWE como institución Tradicional Mapuche, tiene más de 14 mil años, por tanto exigimos su debido respeto ya que este tipo de institución que se enmarca dentro del derecho consuetudinario es reconocida y valorada ampliamente a nivel Internacional, como así mismo ocurre con los Parlamentos o tratados Generales que nuestros Abuelos suscribieron con la Corona de España y luego con el Incipiente Estado Chileno durante el siglo XIX. Es más, dichos Parlamentos son valorados por la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas.
4.- Consideramos vergonzoso que el actual mecanismo de adquisición de tierra no se ajusta a los estándares del derecho internacional. Es decir, no se justifica la nula devolución de nuestro territorio que venimos demando desde la mal llamada “Pacificación de la Araucanía”, que significó para nosotros la intromisión e imposición de una cosmo-filosofia ajena y una realidad jurídico-política diametralmente opuesta.
5.- La Conadi se había comprometido a devolver y/o regularizar nuestras tierras ancestrales, sin embargo consideramos una burla que se nos haya devuelto una minúscula parte de ellas.
6.- Nosotros como institucionalidad tradicional Mapuche, nos hemos caracterizado por ser respetuosos de los compromisos, siempre hemos privilegiado el dialogo, en este sentido, el 24 de Mayo del 2008 se entregó a la CONADI, los antecedentes del Fundo que hoy reivindicamos, no obstante, un año después, no hemos recibido respuestas a nuestras demandas. Queremos manifestar que estamos cansados de la Inoperancia de ésta institución Estatal, que utiliza estrategias para dividirnos como Pueblo-Nación Mapuche.
No es casual que incentiven a las disputas entre hermanos Mapuche y que a su vez mantengan una politica de desintegració n social y cultural al trasladar a nuestro hermanos fuera de su lugar de origen o Lof.
7.- En concreto, exigimos que se nos respeten nuestros derechos y que se nos devuelva nuestras tierras. Por tanto, el gobierno debe escucharnos y estamos dispuestos a entablar una conversación constructiva con el comisionado para asuntos Indígenas, don Rodrigo Egaña Barahona.
COMUNIDAD INDIGENA JOSÉ NINO Y OTROS, LOF RUCAPANGUI.
PRESIDENTE, Luis Blanco Ch.- SECRETARIA, Angelina Cayuqueo T.- VICEPRESIDENTE, Gonzalo Catrileo C.- CONSEJERO, Roberto Blanco Ch.- LONKO, Domingo Blanco T.- LONKO, Juan Huircaman M
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METAS DEL MILENIO: La salud es lo más difícil de alcanzar. (Thalif Deen-IPS-AYI)NACIONES UNIDAS, 15 jun (IPS) - De los ocho Objetivos de Desarrollo de la ONU para el Milenio, los más esquivos son los relativos a la salud: reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud materna y combatir el VIH/sida, la malaria y otras dolencias, según un estudio publicado este lunes.
"Si ahora frustramos nuestros esfuerzos por lograr los objetivos de salud, pondremos en riesgo a nuestras generaciones actuales y futuras. Pero si aceptamos el reto, podemos poner al mundo en el camino de una prosperidad y estabilidad a largo plazo", dijo el secretario general de la ONU (Organización de las Naciones Unidas), Ban Ki-moon.
La investigación, presentada por la Campaña Mundial en Pro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio Relacionados con la Salud en representación de la Red de Líderes Mundiales, se concentra en la salud de madres e hijos.
El informe subraya maneras prácticas de "reducir la continua e innecesaria cantidad de víctimas mortales en los países en desarrollo".
Thoraya Ahmed Obaid, directora ejecutiva del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), que está al frente de la campaña de la ONU por los objetivos de salud, dijo a IPS: "Aplaudimos el oportuno énfasis de este informe en la necesidad de aumentar las inversiones en la salud de las mujeres pese a la actual crisis económica".
Incluso antes de la crisis, el quinto objetivo, de mejorar la salud materna, era el más rezagado, agregó.
"Así que necesitamos un avance mayor", planteó.
El estudio se concentra en el Sur pobre y exige ampliar el gasto en servicios de salud, entre 36.000 y 45.000 millones de dólares para 2015, por encima del gasto actual (y acumulativamente, entre 114.000 y 251.000 millones de dólares de 2009 a 2015).
Entre los "países prioritarios" figuran Afganistán, Bangladesh, Benín, Burkina Faso, Vietnam, Yemen, Zambia y Zimbabwe.
Según el informe, el aumento de la financiación puede convertirse en realidad mediante mecanismos como los gravámenes solidarios a los pasajes aéreos, transferencias de dinero y los impuestos al tabaco, además de donaciones del sector privado, entre otros.
"Se espera que la reunión del G-8 en julio cierre más la brecha de financiamiento", señala el reporte, en referencia a la cumbre del Grupo de los Ocho países más poderosos --Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Italia, Japón y Rusia-- que se celebrará del 8 al 10 de julio en L'Aquila, Italia.
El estudio fue presentado este lunes en una ceremonia organizada por el ministro de Relaciones Exteriores de Noruega, Jonas Gahr Støre. Su país asumió un rol de liderazgo en la campaña por los Objetivos del Milenio relacionados con la salud.
La campaña fue lanzada en septiembre de 2007 en Nueva York por el primer ministro noruego Jens Stoltenberg.
La Red de Líderes Mundiales se formó por invitación de Stoltenberg para brindar respaldo político al máximo nivel posible.
Esos líderes incluyen a los presidentes Michelle Bachelet, de Chile, Luiz Inácio Lula da Silva, de Brasil, Armando Guebuza, de Mozambique, Jakaya Kikwete, de Tanzania, y a los primeros ministros Jan Peter Balkenende, de Holanda, y Gordon Brown, de Gran Bretaña.
El canciller noruego Jonas Gahr Støre dijo que se han logrado "avances importantes" en el intento por frenar y revertir la propagación del VIH/sida, la malaria y las enfermedades infantiles.
Pero "los esfuerzos por reducir las muertes maternas y de recién nacidos mediante los Objetivos del Milenio hasta ahora han fracasado de manera lamentable", agregó.
Para lograr avances significativos hacia el cumplimiento de estas metas para 2015"todos tenemos que invertir más, trabajar juntos más de cerca y garantizar sistemas que deben cumplir nuestros compromisos", señaló.
Entre los pasos propuestos figuran una mayor movilización política, financiamiento adecuado y cumplimiento efectivo, operaciones de asistencia dirigidas y armonizadas, servicios gratuitos para mujeres y niños en el punto de uso y la eliminación de las barreras de acceso; capacitar y motivar a los trabajadores de la salud, y control y evaluación de los resultados de modo de alcanzar una mayor responsabilización.
Mhoraya Ahmed Obaid dijo a IPS que invertir en la salud y el bienestar de las mujeres y las niñas es la estrategia correcta para generar crecimiento económico y mejorar las vidas de la gente.
"Es bueno para la salud pública, salva vidas y es una economía inteligente", agregó.
La alta funcionaria del UNFPA señaló que es imperativo que los gobiernos aumenten sus presupuestos en salud y su asistencia al desarrollo para la salud, especialmente la sexual y reproductiva, si se quiere "promover la recuperación y el crecimiento económicos".
Los socios coinciden en un paquete efectivo de servicios de salud reproductiva para salvar las vidas de las mujeres, lo que incluye planificación familiar voluntaria, asistencia calificada en el parto y cuidados obstétricos de emergencia.
"Brindar servicios de planificación familiar voluntaria es una intervención redituable que debe priorizarse. La planificación familiar sola puede reducir entre 25 y 40 por ciento la mortalidad materna y tener como resultado ahorros gubernamentales a largo plazo", dijo Ahmed Obaid.
Los estudios muestran que cada dólar invertido en servicios contraceptivos ahorrará hasta cuatro dólares en el costo de la salud materna y del recién nacido, y hasta 31 dólares en gasto social (vivienda, saneamiento, educación) y otros gastos, añadió.
"Por cada 10 millones de dólares adicionales recibidos para planificación familiar, podemos evitar 114.000 embarazos no deseados, 50.000 nacimientos no planeados, 48.000 abortos, 15.000 pérdidas de embarazos y más de 3.000 muertes infantiles", señaló Ahmed Obaid.
Los Objetivos de Desarrollo para el Milenio, definidos en 2000 por la Asamblea General de la ONU, incluyen reducir a la mitad la proporción de personas que padecen pobreza y hambre, respecto de 1990, garantizar la educación primaria universal, promover la igualdad de género, reducir dos tercios la mortalidad infantil y tres cuartos la materna y combatir el sida, la malaria y otras enfermedades.
Y también asegurar la sustentabilidad ambiental y fomentar una asociación mundial para el desarrollo, todo esto con 2015 como fecha límite.
Pero su implementación se ha visto debilitada por la escasez de fondos, recortes en la asistencia al desarrollo y, más recientemente, por la crisis económica mundial. (FIN/2009)
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15/06/2009, El controvertido Código Indígena que divide a gobierno, empresarios y comunidades. (AYI)
Categorias: Convenio169, Codigo inversiones
El texto anda por estos días circulando de mano en mano entre los empresarios, y ya ha provocado fuertes reacciones en el sector. Por su parte, las comunidades indígenas que en un primer momento se mostraron satisfechas, pese a que no tuvieron acceso a él, hoy desconfían del resultado final pues piensan que quedará sólo en un manual voluntario de buenas intenciones.
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SANTIAGO, junio 15.- Son las 154 páginas más controvertidas de los últimos meses y por estos días enfrentan duramente al gobierno con empresarios por una parte, y con comunidades indígenas por otra. Se trata del Código de Conducta Responsable (CCR), también conocido como Código Indígena, normativa amparada en el Convenio 169 de la OIT que Chile firmó el año 2000, y que fue ratificada transversalmente por el Congreso a inicios de 2007.
En resumen, el código pretende establecer una nueva relación de respeto entre indígenas y empresas, entre otras materias. Sin embargo, varios sectores productivos del país ya han señalado en reiteradas oportunidades su profunda preocupación por el impacto que pueda generar esta normativa en sus proyectos de inversión.
Los indígenas por su parte, no se han quedado de brazos cruzados y ya han delineado cinco zonas o proyectos que podrían verse afectados por la normativa en un precatastro que será presentado en su totalidad el próximo 22 de junio, fecha simbólica y clave pues es un día antes del Año Nuevo Mapuche, oportunidad en la que las comunidades logran reunir a la mayor cantidad de gente.
El CCR cubre una vasta extensión territorial que llega a las 9.448.630 hectáreas, de las cuales 8,4 millones corresponden a las Áreas de Desarrollo Indígena (ADI), y el otro millón de hectáreas, a terrenos indígenas.
Según se desprende del informe, las comunidades indígenas se constituyen como una instancia de consulta sobre el impacto de los proyectos que deseen instalarse en su área de influencia. Además, se establece que dichos proyectos deben beneficiar a las comunidades locales.
El texto también hace un análisis de 10 proyectos emblemáticos que en el pasado presentaron ciertos problemas precisamente con las comunidades indígenas. Se trata de iniciativas como Ralco, el Nuevo Aeropuerto de la Araucanía, Perforación Geotérmica Profunda El Tatio, entre otras.
La idea del análisis, es sacar lecciones de la tramitación de estos proyectos para resolver de mejor forma los obstáculos que se puedan presentar en el futuro.
TODAVÍA ES UN BORRADOR. El Código Indígena es presentado como un borrador por el gobierno, para lograr un documento definitivo el 15 de septiembre, fecha en la que entra en vigencia el Convenio 169 de la OIT. Por lo mismo, hoy recibe indicaciones de diversas instancias del propio Ejecutivo, y de los empresarios.
No obstante, representantes de las comunidades indígenas señalaron que el gobierno no les hizo llegar el borrador del Código y cuando fue solicitado, se les negó.
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Carta de Elena Varela a Michelle Bachelet. (red indoamérica-AYI)
Sra.Michelle Bachelet, Presidenta de la República de Chile
Presente
Estimada Señora:
Junto con saludarla, me dirijo a usted con mucho respeto, pero también con urgencia. Soy Elena Varela, Documentalista y Licenciada en Música, actualmente presa política, con medidas cautelares de reclusión domiciliaria nocturna y con arraigo nacional. Fui detenida el 07 mayo del año 2008 en circunstancias en que realizaba una película financiada por el Fondo de la Cultura y las Artes, el documental: “NEWEN MAPUCHE”, el que relataba los procesos de lucha social de las comunidades de Arauco Malleco.
Mi trabajo de investigación partió el año 2004, fue cuando después de una beca de estudio en Alemania me enteré de la realidad que vivían dichas comunidades. Ese año decidí investigar en campo lo que ocurre y tomé mi cámara para registrar las realidades por las que atraviesan las comunidades en resistencia del Pueblo Mapuche que vive en el corazón de nuestro territorio. A la fecha llevaba filmando cinco años de trabajo. Con parte de ese material de archivo histórico se construiría la historia de un conflicto y se daría a conocer las razones de dirigentes y comunidades mapuche para realizar su lucha. Así también, como todos los documentales, se darían a conocer las políticas del gobierno, instrumentos legales ocupados en los años de democracia, me refiero a la ley antiterrorista, las razones de su uso y sus repercusiones en la sociedad en general, la prisión política racial. Desde esos años los sistemas de seguridad comienzan a investigar mis pasos así como muchos mapuches o gente que de una y otra forma ha interactuado para apoyar esta lucha. De manera que desde el punto de vista profesional he sido testigo de los procesos injustos de muchos mapuche en el sur , Desde la perspectiva humana me duele el alma-“ ver para creer”-.
Ahora soy una de ellos, acusada como delincuente de haber asaltado dos bancos para entregar el dinero recaudado al MIR. Como usted sabe el MIR ya no existe como organización, así como tampoco Miguel Enríquez. No soy analfabeta de la historia, menos delincuente.Por otro lado realizaba un documental sobre el Complejo Maderero Panguipulli, también rescatando la historia social y política de la zona. Sus actores como el comandante Pepe (José Gregorio Liendo), la persecución, desaparición y ejecución de muerte de muchos luchadores de esa época. La operación retorno, su aniquilamiento y sus proyecciones hasta estos días. Proyecto que ganó el Fondo de Fomento para la Industria de cine el año 2006, de donde se ha escrito una investigación y guion de esta historia. Ambos proyectos han sido años de trabajo y esfuerzo.Las personas no identificadas que allanaron mi casa –productora se llevaron todo este trabajo en cintas y discos duros, maletas de artes con material de utilería para las filmaciones, latas de películas, etc. Hasta ahora no me han devuelto todo el material filmado.Acerca de la maleta de artes, en donde se encontraban lienzos del MCR (movimiento campesino revolucionario), banderas de MIR (Movimiento de izquierda Revolucionaria) y vestimentas militares que fueron ocupada en escenas de la película: “LOS SUEÑOS DEL COMANDANTE”, antes mencionada, levantaron una historia en la cual: “yo, habría ocupado estas vestimentas para el uso de la formación e instrucción militar y que desde allí planificaría los asaltos y a la vez seria chofer operativo y pertenecería a una célula miristas. Ese día me encerraron en un auto con vidrios oscuros mientras robaron las cintas y todo lo que pudieron. Luego me maniataron, me amenazaron con mi hija y con mi vida y me llevaron por la orilla del Lago Calafquen a Panguipulli solo diciéndome que debía entregar las armas que guardaba en los instrumentos de la Orquesta Sinfónica de niños que dirigía. Fueron órdenes superiores según supe después, de jueces y fiscales. Los malos tratos y la tortura sicológica no me calzaban en su gobierno. Se que usted lo vivió en su momento. También se que usted fue una mujer comprometida con la historia así fue que llego a la presidencia”.
Desde niña he llevado en mi memoria los tristes momentos de la dictadura y las mágicas palabras de Salvador Allende, su lucha y su respeto por el pueblo. De allí que quiero un país donde pase el hombre libre para reconstruir nuestra historia. Eso es para nosotros los chilenos y para nuestro respetado pueblo hermano Mapuche que sufre el atropello y que no tendrá dignidad hasta el día en el que se respeten sus derechos.
Estimada presidenta estoy acusada a quince años de cárcel por pensar así. Y aún no creo que esto esté sucediendo en la realidad de Chile actual. Además, que luego de mi detención viví la fría y oscura cárcel injustamente, lugar de sacrificio del espíritu humano, lugar donde van a dar las penas más grandes de nuestra sociedad. La tristeza, la soledad y el nadaísmo. Así como seguramente usted vivió los horrores de la cárcel y de la tortura en dictadura. Aun hoy día en democracia, le cuento con mucho respeto, que en la cárcel, los presos caminan sin vida. Aunque algunos presos merezcan un lugar oscuro, nada evoluciona en ellos es solo basurero para la humanidad. Así se vive la cárcel. Que injusticia es entonces el encarcelamiento para quienes luchan por sus derechos, para quienes piensan distinto y tienen la conciencia social más arriba que el resto o son de otra raza y otros pueblos en busca de su dignidad.He vivido la crueldad de su gobierno democrático, he vivido la persecución y la soberbia de quienes juzgan y encarcelan arbitrariamente. Estoy escribiendo una carta a usted gracias a la lucha por la verdad y la libertad de expresión que realizaron mis colegas y porque no decirlo mis compañeros.
No me han dejado trabajar en la película ya que debo permanecer tres semanas en Santiago y una sola en el sur. No he podido vivir en mi propia casa y hoy día vivo en casa de familiares. No he podido realizar mi labor de madre, me ha resultado difícil explicarle a mi hija, que sufre la misma “condena” sin comprender como su madre de documentalista y de trabajar con la comunidad del sur de Chile, ha aparecido en los diarios como delincuente y como terrorista. No tengo donde estar, pero no me han vencido y no me vencerá el terror . Tengo mi voz para decir lo que pienso y lo que siento y a mis compañeros que reclaman los derechos a una vida justa y el derecho de vivir en paz.
Querida Presidenta, en nombre de cualquier valor superior al poder que le sostiene, le pido medite y ponga su mano justa. Porque si hay un valor que tienen los presidentes que luchan por una sociedad justa es el respeto humano y la magia de una sociedad mejor, con valores como la libertad de expresión, la igualdad, el reconocimiento a nuestros pueblos indígenas, el respeto a la creación. Es por estos valores que siendo yo una simple mujer armada de una cámara, con una batuta y acompañada de su hija se fue al sur y hoy está siendo acusada a la prisión. Hasta donde llega el poder opresor?, Hasta cuando puedo decir la verdad sin que me encarcelen?
Le solicito con urgencia mi libertad, la entrega y devolución de todo mi material audiovisual para terminar ambas películas y se me permita trabajar libremente por tierra mapuche junto a mis compañeros audiovisualistas de todo el mundo. Porque somos miles los que deseamos filmar el registro de nuestra sociedad, la lucha de los pueblos de América latina y esto hace de nuestra labor una emergencia llena de pasión y una misión histórica y política para la paz.
Tengo fuerza de que …”más temprano que tarde se abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre”.., el hombre que piensa, el que escribe, el que ama, el que lucha por sus derechos, el que pide libertad. Y es por esto en nombre de lo añorado y los que han quedado en silencio o evadido por el tiempo, le escribo.
Sin otro particular y por la libertad y la esperanza que es lo último que se pierde.
Se despide fraternalmente.
Elena Varela López, Cineasta – Documentalista, Presa Política
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Celebran ante embajada de Perú en Nicaragua asilo político a líder indígena. (Agencias-AYI)Decenas de personas celebraron hoy ante la Embajada de Perú en Managua el asilo político otorgado por el Gobierno de Daniel Ortega al líder indígena amazónico Alberto Pizango, perseguido por la justicia de su país por varios delitos, entre ellos rebelión y sedición.
Los manifestantes, entre ellos ciudadanos peruanos y miembros de la juventud del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) de Ortega, saludaron esa "decisión soberana" del Ejecutivo nicaragüense en un comunicado.
El líder indígena amazónico, perseguido por la justicia peruana acusado de sedición y homicidio calificado y ataque a las fuerzas armadas, cargos por los que podría ser condenado a hasta 35 años de cárcel, según juristas peruanos, se refugió el lunes en la embajada de Nicaragua en Lima.
Pizango, líder de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), la principal organización indígena amazónica fue uno de los líderes de protestas de grupos indígenas contra el gobierno, por el derecho de estos pueblos a manejar sus recursos naturales.
Fuentes locales informaron acerca de que los efectivos policiales y militares estarían trasladando los cadáveres de indígenas al cuartel El Milagro para quemarlos y desaparecerlos, con el fin de ocultar la masacre perpetrada por el gobierno peruano.
Los manifestantes gritaban "asesino" al presidente Alan García y lo comparaban con el dictador nicaragüense, Anastasio Somoza Debayle, quien fue depuesto por las fuerzas de las armas por guerrilleros sandinistas el 19 de julio de 1979.
También recalcaron que esa manifestación no es "política", en alusión a críticas que atribuyen el conflicto violento ocurrido en Perú a la estrategia de "desestabilización" que supuestamente promueve en la región suramericana el presidente venezolano, Hugo Chávez.
¿Por qué la resistencia indígena?
La protesta indígena más masiva de los últimos tiempos se inició el pasado nueve de abril con la toma de instalaciones petroleras, corte de rutas terrestres y fluviales y anuncios de cortes del oleoducto norperuano y el gaseoducto del sur, protagonizadas por organizaciones afiliadas a la Asociacion Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), que agrupa a más de 60 etnias y unas 1.500 comunidades de la Amazonía.
Tras la contundente medida coercitiva, el líder de AIDESEP, Alberto Pizango, advirtió que las amenazas no amedrentan a los nativos y que éstos están dispuestos a morir para hacer respetar sus territorios y defender la Amazonía.
Concretamente, el levantamiento indígena exige la derogación de 11 de los 104 decretos legislativos que atentan contra los intereses del país.
La protesta incide en varios decretos y leyes aprobados por el Gobierno y el Congreso como parte de un paquete legislativo de adecuación de la normatividad peruana a las exigencias de un tratado de libre comercio con Estados Unidos.
Según los indígenas, las normas cuestionadas afectan los intereses nacionales y propician la depredación de su hábitat, al viabilizar la entrega de la Amazonía a intereses privados.
La protesta exige además el cese o la severa regulación de actividades depredadoras mineras y petroleras.
Repsol ha invertido 2.200 millones de dólares en Perú, siendo este país el tercer receptor de inversiones de la compañía. Durante la última reunión mantenida entre el presidente de la petrolera y el presidente de Perú, Alan García, se explicaron los avances del trabajo en el Lote 39, así como en la Refinería de La Pampilla, en los cuales existe un enorme potencial de cara al futuro.
Precisamente, el futuro de los pueblos no consultados se ve gravemente amenazado por las intenciones de la empresa de penetrar esta región, limítrofe con las Zonas Intangibles preservadas por el Gobierno ecuatoriano para salvaguardar a los grupos indígenas en aislamiento voluntario Tagaeri y Taromenane.
Existen evidencias de la existencia de otros grupos en contacto inicial como los Aushiris o Abijires, los Pananajuris y Taushiros. Estos pueblos ubicados en la frontera, fluctúan entre Ecuador y los bloques peruanos 67 y 39.
El Bloque 39 fue concesionado en primera instancia a la norteamericana Barret, la cual, en 2001 abrió 383 km de líneas sísmicas. En 2003 fue transferido a Repsol Exploración Perú (filial de Repsol) duplicando su extensión a 886.000 hectáreas. Hace unos meses, Alan García festejó públicamente el descubrimiento de crudo en estas áreas. Ahora el proyecto espera la aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental para iniciar la fase de explotación petrolera.
Organizaciones indígenas y de solidaridad con AIDESEP o Survival Internacional denuncian que las intenciones de Repsol de ingresar en el Bloque 39 suponen rubricar un homicidio anunciado, porque los índices de mortalidad durante el contacto de pueblos aislados supera el 50% en los primeros años. Los pueblos Nahua y Murnunahua, contactados en los '80 y '90 respectivamente por petroleras y madereros ilegales, refrendaron tal funesta estadística.
Otros bloques amenazan a puebles aislados. La colombiana Ecopetrol pretende ingresar en los Bloques 110 y 117, con presencia de grupos de Murunahua, en aislamiento voluntario. Por su parte, la francesa Perenco, opera en el bloque 67, vecino al bloque 39, amenazando a los mismos pueblos que lo hace la petrolera Repsol.
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