martes, 8 de agosto de 2017

Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas no ha sido aun implementada por estados nacionales


Derechos indígenas no pasan del papel a la acción

-8/8/2017- Por Mariam Wallet Aboubakrine, Albert K. Barume, y Victoria Tauli-Corpuz (*)

GINEBRA/NUEVA YORK, 8 ago 2017 (IPS) – Una década después de adoptada la histórica Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, estos todavía tienen por delante enormes desafíos, alertó un grupo de entidades especializadas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Los Estados deben pasar de las palabras a la acción para terminar con la discriminación, la exclusión y la falta de protección, esto último se evidencia en el alto número de asesinatos de defensores de derechos humanos, reclamaron antes del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que se conmemora este 9 de agosto.

El comunicado fue divulgado en conjunto por el presidente del Foro Permanente de la ONU para las Cuestiones Indígenas, el Mecanismo de Expertos de la ONU sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y la relatora especial de la ONU para los derechos de los pueblos indígenas.

“Ya pasaron 10 años desde que la Asamblea General de la ONU adoptó la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el instrumento internacional más completo sobre derechos humanos de los pueblos indígenas”, recuerdan expertos y especialistas.

“La declaración, que llevó más de 20 años de negociaciones, es en la actualidad un modelo de progreso, un marco para la reconciliación y una referencia en materia de derechos”, reza el comunicado.

Pero una década después, tenemos que reconocer los grandes desafíos que quedan por delante. Las dificultades que afrontan en la actualidad son, en demasiados casos, luchas y violaciones más graves que las que sufrieron hace 10 años.

Los indígenas todavía soportan racismo, discriminación y un acceso desigual a servicios básicos, como atención médica y educación. Y en los casos en que hay datos, se ve claramente que siguen rezagados en muchos frentes, sufriendo un grado de pobreza desproporcionadamente elevado, menor esperanza de vida y peores resultados en materia educativa.

Los indígenas sufren dificultades particularmente graves por la pérdida de tierras y de derechos sobre los recursos, que son la base de sus estilos de vida y de sus identidades culturales.

Y las mujeres indígenas sufren una doble discriminación, por su condición de mujer y de indígena. Suelen quedar excluidas de los procesos de decisión y de derechos sobre la tierra, y muchas son víctimas de violencia.

Los especialistas piden a todos los estados que garanticen a las indígenas el pleno goce de sus derechos, tal como está consagrado en la declaración, y subrayan que sus derechos son una preocupación de todos.

El agravamiento de la situación de los derechos humanos en el mundo se hace patente en las condiciones laborales extremas y arriesgadas en las que trabajan los indígenas defensores de los derechos humanos.

Las personas y las comunidades que se atreven a defender los derechos indígenas son tildados de obstáculos para el progreso, fuerzas contra el desarrollo y, en algunos casos, enemigos del Estado o terroristas.

Incluso, los activistas indígenas arriesgan su vida. 

Hay datos que revelan que solo en 2016, unos 281 defensores de derechos humanos habrían sido asesinados en 25 países, más del doble de los que mataron en 2014. La mitad de ellos murieron defendiendo sus derechos a la tierra, al ambiente y a su cultura.

Urgimos a los Estados a proteger a los defensores de derechos humanos indígenas. Los delitos de los que son víctimas deben investigarse y procesarse debidamente, y los responsables comparecer ante la justicia.

Los indígenas se ven envueltos cada vez más en conflictos por sus tierras, recursos y derechos. La paz duradera exige que los Estados, con apoyo de la comunidad internacional, creen mecanismos de resolución de conflictos con la total y efectiva participación de los pueblos autóctonos, y en particular las mujeres.

Muchos países todavía no reconocen a los pueblos indígenas, y en particular, las mujeres y los jóvenes carecen de reconocimiento oficial y de participación política directa. Aun donde rige el Estado de derecho, todavía no se ha implementado totalmente la declaración de la ONU.

Ya es hora de reconocer y de fortalecer las formas de gobernanza y de representación propias de los indígenas para crear un diálogo constructivo y relacionarse con las autoridades nacionales e internacionales, funcionarios públicos y sector privado.

Es necesario alcanzar estándares mínimos para la supervivencia, el bienestar y la dignidad de los indígenas en todo el mundo, como quedó establecido en la declaración de la ONU.

Ese mínimo contempla el derecho a la identidad, a la lengua, a la salud, a la educación y a la auodeterminación, además del deber de los Estados de consultar y de cooperar con los pueblos indígenas para obtener el consentimiento previo, libre e informado antes de adoptar e implementar medidas que puedan afectarlos.

La declaración de la ONU representa cambios importantes, tanto en la estructura como en la práctica de la política mundial, y en los últimos 10 años hubo algunos cambios positivos en la situación de los pueblos indígenas, así como un mayor respeto por ellos en todo el mundo.

“Pero todavía nos queda mucho por hacer antes de que los indígenas puedan estar en pleno goce de sus derechos humanos, como lo expresa la declaración.

 Exhortamos a los Estados a achicar la brecha entre las palabras y las acciones y a actuar para lograr la equidad y el pleno goce de sus derechos para todas las personas de origen indígena”, reza el comunicado.

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*Mariam Wallet Aboubakrine, presidenta del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, Albert K. Barume, presidente del Mecanismo de Expertos de la ONU sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, y Victoria Tauli-Corpuz, relatora especial para los derechos de los pueblos indígenas.

lunes, 31 de julio de 2017

Argentina- La otra campaña: Cómo es el plan sistemático contra los pueblos originarios.


La otra campaña: cómo es el plan contra los pueblos originarios

Por Darío Aranda

Desalojos y represión contra pueblos originarios. Cárcel a sus referentes y militarización de territorios. Leyes que se violan y empresas extractivas que avanzan con complicidad política y judicial. Políticas de Estado contra los pueblos indígenas. Y comunidades que resisten. Cómo es el plan sistemático contra los pueblos originarios.

Agustín Santillán, wichí de Formosa, lleva tres meses preso.

Facundo Jones Huala, mapuche, fue encarcelado en Chubut de forma arbitraria por una causa que ya había sido juzgado, hace pocas semanas.

En San Pedro de Colalao, Tucumán, un megaoperativo policial desalojó a familias diaguitas.

Toda una comunidad mbyá de Misiones fue testigo de la destrucción de sus viviendas, con motosierras e incendio incluido.


En Salta, 26 wichís murieron en 23 días por causas evitables.

Éste es el plan sistemático contra los pueblos originarios.

                                         Los detenidos

Ingeniero Juárez está ubicado en el extremo oeste de Formosa, una provincia donde pocas voces se alzan contra el gobernador Gildo Insfrán, gobernador desde 1995. Agustín Santillán es una de esas voces, que reclama los derechos del pueblo wichí.

Santillán fue detenido el 14 de abril: tiene más de veinte causas armadas. Desde hace tres meses está en la cárcel de Las Lomitas. 
Recibió maltratos, amenazas de muerte y su futuro es complejo. “Son causas armadas. Es un preso político. Quieren aleccionar para que nadie más levante la voz”, resumió Daniel Cabrera, su abogado.

“Repudiamos la creciente criminalización que sufren las comunidades indígenas en el país. Un ejemplo claro de esta realidad es la actual privación de la libertad de Agustín Santillán, que se encuentra detenido por demandar el goce de sus derechos”, denunció una escrito público firmado por la Asociación de Abogados de Derecho Indígena (AADI), el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa), Red Agroforestal Chaco Argentina (Redaf), el Grupo de Acceso Jurídico de Acceso a la Tierra (Gajat), el Consejo Consultivo y Participativo de los Pueblos Indígenas, la Confederación Mapuche de Neuquén, la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita en Tucumán (Upndt), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH), entre otros.

También en la cárcel se encuentra Facundo Jones Huala, lonko (autoridad) del Lof Cushamen, en Chubut. 



Su comunidad cometió el pecado en 2015 de recuperar tierras en la estancia Leleque, propiedad de la multinacional Benetton, el mayor terrateniente de Argentina con un millón de hectáreas. Sobrevinieron denuncias, juicios, represiones hasta que en 2016 Jones Huala fue enjuiciado por un antiguo pedido de extradición a Chile. 
El juez confirmó la existencia de tortura a testigos, liberó a Huala y la causa tramitaba en la Corte Suprema. El 27 de junio, luego de una reunión entre los presidentes Mauricio Macri y Michelle Bachelet, el lonko mapuche fue detenido en un retén de Gendarmería por el mismo pedido de extradición, y trasladado a Esquel. “Estoy preso de forma ilegal. No se respeta el debido proceso, nadie puede ser juzgado dos veces por la misma causa. Los jueces están violando el estado de derecho, su propia legislación”, denunció Jones Huala.

                         Desalojados

El 26 de junio la Comunidad Indio Colalao de Tucumán sufrió un violento desalojo de 16 familias. A pesar de la vigencia de la Ley Nacional 26160 (que declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de tierras indígenas y por ello frena los desalojos de este tipo), decenas de policías, policía montada e infantería llegaron hasta el territorio y avanzaron contra la comunidad. El operativo estuvo avalado por la fiscal Adriana Cuello Reinoso y al juez Eudoro Albo.

LA COMUNIDAD EXPLICÓ QUE EL TRASFONDO ES EL INTENTO DE EXPLOTACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES DEL LUGAR.

En San Ignacio, Misiones, el 8 de julio, una patota atacó a la comunidad Tekoa Kokuere’i. Con machetes y motosierras derribaron las viviendas y luego las incendiaron en presencia de niños y mujeres. “Llaman la atención las frecuentes asociaciones entre la Municipalidad y los propietarios aparentes o empresas cuando se trata de lastimar, atropellar y despojar a las comunidades Mbya de los derechos que tienen como pueblos preexistentes”, denunció el Equipo Nacional de la Pastoral Aborigen (Endepa). Incluso confirmó que la comunidad cuenta con documentos oficiales que muestran que se trata de territorio ancestral indígena.

                                 La ley y la trampa

Ante cada desalojo a campesinos e indígenas suele las comunidades suelen responsabilizar al poder político y al empresario. Pero también interviene un actor de perfil más bajo: el Poder Judicial, el más conservador y vitalicio de los tres poderes del Estado. Y el único que no es elegido por votación de la población.

Argentina tiene frondosa legislación que favorece a los pueblos indígenas: desde la Constitución Nacional (Artículo 75, inciso 17), constituciones provinciales, Convenio 169 de la OIT y la Declaración de Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas. De la mano de jueces y fiscales, no se cumplen.

“La ley es como un hacha sin filo”, resume un dicho del Pueblo Wichí. Puede ser una herramienta deseada, ideal, pero si no se implementa, no sirve.

El Pueblo Diaguita de Tucumán marchó el 6 de julio a los tribunales de la provincia. Identificó como responsable de sus abusos al Poder Judicial. Recordaron que desde 2009, cuando asesinaron al diaguita Javier Chocobar, esperan un juicio que nunca llega. Y repudiaron a jueces y fiscales que dan luz verde a los desalojos indígenas.

“Nosotros somos un pueblo preexistente y reclamamos lo que es nuestro. Lo que quieren los empresarios es quitarnos nuestras tierras, despojarnos de lo que nos queda. Hoy decimos basta y nos revelamos ante el poder judicial porque esto no puede volver a ocurrir”, denunció desde la marcha la vocera diaguita Ivana Morales, a la Agencia de Prensa Alternativa (APA!).

Fernando Kosovsky, director del Grupo de Apoyo Jurídico por el Acceso a la Tierra (Gajat) y parte de la Asociación de Abogados de Derecho Indígena (AADI), presentó la situación Argentina en el Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas (que sesionó entre el 10 y 14 de julio en Ginebra) y se entrevistó con la Relatora Especial de la ONU, Victoria Tauili Corpuz. Kosovsky entregó documentación que confirma casos de violaciones graves a los derechos de las comunidades, vulneración de los derechos territoriales e incumplimientos sistemáticos de estado argentino en garantizar la seguridad jurídica de los territorios.

Gajat recordó que la Ley 26.160 (que en 2006 instó relevar los territorios indígenas y prohibió nuevos desalojos) vence este año y el Gobierno aún no ha confirmado la prórroga. 

“Pasados diez años, menos del 30 por ciento de los territorios fueron relevados".

EN 2011, EL RELATOR ESPECIAL DE ONU (JAMES ANAYA) CONFIRMÓ NUMEROSOS DESALOJOS, INCLUSO VIOLENTOS, A COMUNIDADES DE TODO EL PAÍS. LA LEY NO SE CUMPLIÓ Y VENCE EN NOVIEMBRE DE 2017”, ALERTÓ EL ABOGADO ANTE NACIONES UNIDAS.

Amnistía Internacional realiza desde hace dos años un mapa de conflictos territoriales (disponible en www.territorioindigena.com.ar). Contabilizan un piso de 250 casos, donde el punto común son empresas (agropecuarias, petroleras y mineras, entre otras), que actúan en complicidad, por acción u omisión, de los gobiernos. “Existe en Argentina una significativa distancia entre los derechos vigentes en leyes provinciales, nacionales y tratados internacionales de derechos humanos y su efectiva aplicación. No obstante los avances en el reconocimiento jurídico de los derechos de los pueblos indígenas, la Argentina debe asumir su historia para poder transformar las prácticas que siguen reafirmando patrones de discriminación y exclusión”, alertó Amnistía Internacional.

                                     Matar al indio

Carmen Lobo de Quiroga, abuela campesina de Santiago del Estero, falleció en el marco de un intento de desalojo el 25 de junio, en la localidad de La Florida (sudoeste provincial). Su familia denunció que “murió de angustia” ante la posibilidad de perder su tierra, cuando empresarios quisieron hacerse de la tierra campesina.

Sólo la insistencia del periodista Eduardo Duschatzky posibilitó que la agencia oficial Telam emitiera la noticia. Ningún “gran medio” se hizo eco. La Mesa de Tierras Choya-Guasayán, del Movimiento Campesino de Santiago del Estero, denunció el hecho y alertó que los empresarios están con vía libre de parte del poder político y judicial. También resaltaron el aumento de la conflictividad en los parajes Zorro Huarcuna, Sol de Mayo, San José y Santo Domingo.

La abuela Carmen Lobo de Quiroga se suma a una larga y silenciada lista de asesinatos rurales: Javier Chocobar (octubre de 2009, diaguita de Tucumán), Sandra Juárez (marzo de 2012, Santiago del Estero), Roberto López (noviembre de 2010, qom de Formosa), Mario López (noviembre de 2010, pilagá de Formosa), Mártires López (junio de 2011, de Chaco), Cristian Ferreyra (noviembre de 2011, de Santiago del Estero), Miguel Galván (octubre de 2012, lule-vilela de Santiago del Estero), Celestina Jara y Lila Coyipé –beba de 10 meses– (ambas qom de La Primavera, Formosa), Imer Flores (enero de 2013, qom de Chaco), Juan Daniel Díaz Asijak (enero de 2013, qom de La Primavera), Florentín Díaz (22 de mayo, qom de Chaco), entre otros.

En Santa Victoria Este, región norte de Salta, murieron 26 personas en 23 días, todas por causas evitables y falta de atención básica de salud. Lo denunció la comunidad wichí Cruce Buena Fe Cañaveral, según describió la periodista Laura Álvarez Chamale (en el diario El Tribuno).

AUNQUE SE TRATÓ DE MÁS DE UN MUERTO POR DÍA, NINGÚN GRAN DIARIO PORTEÑO (NI RADIO, NI CANAL DE TELEVISIÓN) REPLICÓ LA NOTICIA.

“No olvidamos que entre el 16 de diciembre y el 31 de diciembre murieron 16 personas en Santa Victoria Este. Y hasta el 7 de enero murieron 10 más, sumando 26. Esta mortandad es un profundo dolor que quedó en nuestras comunidades”, lamentó el dirigente wichí Pedro Lozano. Y precisó que se trató de cinco adultos y 21 niños, todos menores de 2 años.

Las comunidades indígenas y familias criollas cortaron la ruta provincial 54. Denunciaron a la jefa de enfermería, la falta de insumos básicos y la carencia de agua (con temperaturas de más de 40 grados).

El secretario de Servicios de Salud de Salta, Francisco Marinaro Rodó, reconoció las 26 muertes, pero culpó a los indígenas: “Lo que ocurre en verano es que beben agua de los madrejones y eso les provoca diarrea y deshidratación grave. Son los hábitos higiénicos dietéticos de las comunidades wichís, más que ninguna otra etnia, los que generan estas problemáticas (…) Mi gran ambición es que aprendan a lavarse las manos, a hacer hervir el agua, a cocinar y darles a sus hijos agua y comida segura”.

El funcionario no mencionó la falta de agua potable, la falta de trabajo, la pobreza, ni el histórico y permanente despojo de tierras, que acorrala a las comunidades en pequeñas parcelas donde es muy difícil reproducir su vida.
Enemigo interno

El Ministerio de Seguridad, conducido por Patricia Bullrich, acusó (en un informe interno de agosto de 2016) a los pueblos originarios de la Patagonia de delitos federales y los responsabilizó de hechos delictivos sin aportar pruebas. El informe interno fue titulado “Revalorización de la ley. Problemática en territorio mapuche” y reconoce que la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) realiza “tareas de investigación” ilegales. 

El Ministerio de Seguridad hizo propio el discurso de las empresas petroleras, que argumentaron la “usurpación” que realizarían comunidades indígenas sobre campos petroleros.

Un centenar de organizaciones de pueblos originarios, Amnistía Internacional, el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) emitieron un comunicado para alertar sobre la “estigmatización y persecución al Pueblo Mapuche”. 

El texto, titulado “La lucha indígena no es delito”, apunta al gobierno: “El ministerio de Seguridad coloca a las reivindicaciones territoriales mapuches como amenazas para la seguridad social (…) El Estado privilegia los intereses de las petroleras y criminaliza al pueblo mapuche”.

El 21 de junio, un centenar de efectivos de gendarmería nacional llegó hasta la comunidad mapuche Campo Maripe (en Vaca Muerta), cerró los caminos internos y escoltó a cuadrillas de YPF para realizar una nueva perforación petrolera. Los integrantes de la comunidad pidieron explicaciones, solicitaron que exhiban la orden judicial (nunca se las mostraron) y exigieron que se retiren del territorio indígena.

La Gendarmería incluso impidió que la comunidad abandonara su propia tierra. “YPF usa la Gendarmería para entrar ilegalmente a territorio mapuche. Ingresaron sin consulta, ni autorización, con un procedimiento totalmente desmedido, sin mediar palabra, ni exhibir orden judicial. Los miembros del lof (comunidad) fueron amenazados y fueron rehenes en su propio territorio”, denunció el Consejo Zonal Xawvn Ko de la Confederación Mapuche de Neuquén, que cuestionó la “militarización” del lugar y acusó a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, de una “escalada de represión”.
La unión

Ivana Morales, de la comunidad India Colalao de Tucumán, invitó: “Pedimos a todas las comunidades que nos unamos. Continuamos resistiendo, esto no termina. Llevamos 525 años resistiendo y en el año 2017 continúa esta lucha. Que la Pachamama nos proteja”.

Facundo Jones Huala, desde la cárcel, apuntó a una de las causas de fondo: “Los gobiernos ven un peligro en la organización y levantamiento de los pueblos indígenas. Tenemos formas de vida que se contraponen al sistema capitalista, han mantenido vidas comunitarias, sostenibles, sin intervención del Estado. Los pueblos indígenas son una alternativa para estos modelos de vida modernos e inhumanos. Por eso se ve a los indígenas como un peligro para el capitalismo”.


La Confederación Mapuche de Neuquén está dividida en seis regiones.

LA ZONAL XAWVN KO (ENCUENTRO DE AGUAS) EMITIÓ UN COMUNICADO EL 5 DE JULIO TITULADO “LOS PUEBLOS INDÍGENAS, IDENTIFICADOS COMO ENEMIGOS DEL MODELO”.

Puntualizó los hechos represivos de las últimas semanas, las detenciones arbitrarias de Santillán en Formosa y de Jones Huala en Chubut.

Dice: “Nuestra condena y repudio a los acontecimientos que demuestran que la escalada de violencia. Como organización Mapuche expresamos nuestra condena y repudio al accionar terrorista de este Gobierno, que además de hambrear al pueblo, ha iniciado una cacería sobre todo pueblo indígena que se oponga a su modelo capitalista , extractivista, saqueador, racista y represor”, remarca. El comunicado finaliza: “Por nuestra libre determinación. ¡Marici wew! (Diez veces venceremos)”.

                                     Las tres patas

El audio es de sólo tres minutos. Circuló por WhastsApp y pertenece a Marcos Pastrana, histórico luchador diaguita de Tafí del Valle (Tucumán), uno de los pioneros en enfrentar a Minera Alumbrera en el norte argentino. Con simpleza, Pastrana realiza un análisis pedagógico, profundo y conmovedor de la situación indígena de Argentina.
 “Una política de Estado tiene tres patas esenciales: voluntad política, decisión administrativa y presupuesto – dice-. Los desalojos contra pueblos indígenas son claramente una política de estado, actual y desde siempre del estado argentino. Porque los desalojos tienen una voluntad política, por eso se hacen. Tiene una decisión administrativa porque ponen todos los medios a disposición para que se ejecuten. Y tiene presupuesto, donde se moviliza todo el aparato necesario”.

Pastrana, que se lo escucha sereno pero también firme, resume: “La política del Estado argentino y del Estado provincial y municipal es desalojar y hacer desaparecer a las comunidades y pueblos indígenas. Es la triste realidad”.

Enumera las leyes vigentes que no se cumplen, cuestiona a los tres poderes del Estado y llama a organizarse y luchar. Así resume los últimos 200 años de Argentina: “No son políticos, no son gobernantes, ni son ni funcionarios. Son gerentes ejecutores de las multinacionales y de los terratenientes”.

Ecoportal.net

La Vaca

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viernes, 28 de julio de 2017

Kanadá- La infancia perdida de los niños de las Primeras Naciones



Muchas comunidades aborígenes enfrentan los suicidios de niños o jóvenes.
Photo Credit: radio Canadá

La infancia perdida de niños de las Primeras Naciones

Por Leonora Chapman | amlat@rcinet.ca
Lunes 24 julio, 2017

Cuando el gobierno dice que la falta de agua potable en las reservas es un problema complicado a resolver y uno ve esos aviones jets que despegan cuando hay un terremoto al otro lado del mundo y se las arreglan para bombear agua limpia en aquellas áreas en las 24 horas y aquí ¿se deja languidecer a los niños sin un vaso de agua limpia? Esto parece muy normal en Canadá porque ¡el problema existe desde hace tanto tiempo!

-Cindy Blackstock, Directora Ejecutiva de la Sociedad de Atención a Niños y Familias de las Primeras Naciones de Canadá

EscucheJolynn Winter, de 12 años, y Chantel Fox, de 12 años, de la comunidad de la Primera Nación de Wapapeka en Ontario, murieron por suicidio. Chantel es sobrevivida por su hermana gemela, Chanel, a la derecha.© (Suministrada por las familias Winter y Fox)

- En enero pasado, dos niñas de 12 años murieron por suicidio en la Primera Nación de Wapekeka en el norte de la provincia de Ontario. En ese momento, los líderes indígenas pidieron acciones urgentes.

Después de que Chantell Fox y Jolynn Winter murieron un juez de la provincia de Ontario vinculó sus muertes a la falta de fondos federales.

Eso fue hace seis meses.

Hace un mes cuatro jóvenes se han suicidado en Pikangikum, otra remota nación en el norte de Ontario.

Pikangikum y Wapekeka son ambas parte de la Nación de Nishnawbe Aski (NAN). Hasta ahora, este año, 20 miembros de NAN han muerto por suicidio. Eso se compara con los 17 suicidios en todo 2016. Entre los más jóvenes que tomaron sus vidas había un niño de 10 años.

En junio, Wapekeka declaró el estado de emergencia debido a una crisis de salud mental en el lugar.

Mikaia Pascal de Pikangikum publicó esta imagen en su página de Facebook en 2013 con el mensaje: *Echo de menos a mis hermanas y a veces estoy llorando*. Mikaia murió por suicidio en el fin de semana largo del Día de Canadá en 2017 a la edad de 12 años. Su hermana de 16 años de edad, Hazel murió por suicidio dos semanas más tarde. © (Facebook)

- Si bien los temas que conducen a los suicidios son complejos y variados, un juez de Ontario ha vinculado las muertes de las dos niñas de 12 años en Wapekeka a la falta de fondos por parte del gobierno.

Cindy Blackstock ha pasado la última década luchando por la igualdad de financiación de los servicios para niños en las reservas.

Las historias de los jóvenes que mueren en estas reservas son desgarradoras, y prevenibles, dice.

Canadá discrimina a los niños en las reservas

Blackstock junto con la Asamblea de las Primeras Naciones (APN), llevó al gobierno federal ante el Tribunal Canadiense de Derechos Humanos en 2007.

Ella y la APN argumentaron que el gobierno federal discrimina a los niños indígenas que viven en la reserva financiándolos menos que a los niños fuera de la reserva.

“Mucha gente no entiende que el gobierno federal financia cosas como la educación, la primera infancia, el cuidado de la salud, el bienestar de los niños y básicos como el agua en las reservas, mientras que las provincias financian a todos los demás”.

El argumento de Blackstock ante ese tribunal fue que el gobierno federal estaba sub financiando los servicios para los niños que viven en la reserva en comparación con los niños que viven fuera de las reservas. En promedio, los niños en la reserva reciben por lo menos 20 por ciento menos de fondos que otros niños en Canadá. Y eso afecta a los niños, dice ella.


“En todas partes donde viven su realidad, están recibiendo el mensaje de que no ellos no merecen que se invierta dinero. Los niños internalizan ese mensaje. Sienten que el problema son ellos. Miran a otros niños en Internet, que están mejor, con mayores fondos, y se dicen estos niños están bien, entonces yo debo ser el problema”

Wapekeka, en el norte de Ontario, alberga a unos 400 residentes. © (Youtube)
La sentencia de discriminación

- En enero de 2016, el Tribunal Canadiense de Derechos Humanos dictaminó que el gobierno federal discriminaba a los niños indígenas y ordenó a Ottawa que aumente los fondos y servicios para niños en la reserva.

“¿Por qué nuestros hijos no son tratados con la misma equidad y el respeto que cada otro niño tiene? No lo entiendo”, dice Blackstock en el programa Day 6 del radiodifusor público CBC.

El gobierno federal gastó más de 5 millones de dólares luchando contra el caso en el tribunal. Desde la decisión del tribunal, Ottawa ha gastado más de 700.000 dólares luchando contra el fallo.

Cómo la falta de fondos se relaciona con la crisis de salud mental


Blackstock explica que el modo de vida en las más remotas Primeras Naciones del Norte es mucho más difícil debido a las desigualdades en la financiación. Señala que las cosas que otros canadienses dan por sentado, como la electricidad y el agua potable, pueden ser un desafío o no existir en las reservas.

“El forense de esa zona dijo que las muertes de esas dos niñas eran evitables y vinculó la idea de que podrían haberse impedido si no fuera por el incumplimiento por parte de Canadá de la decisión del Tribunal Canadiense de Derechos Humanos”.

En 2011, la Oficina del Juez de instrucción de Ontario publicó su informe sobre los suicidios de 16 jóvenes en Pikangikum durante el período de 2006 a 2008. El informe indica que de las 450 viviendas en Pikangikum en aquel momento, 340 no tenían tuberías internas o agua corriente.

El informe del juez también citó la falta de conexión a la red hidroeléctrica, las viviendas precarias, la falta de empleo remunerado y la falta de seguridad alimentaria y de agua como desafíos diarios.

Los prejuicios hacia los niños


“En lugares del Tercer Mundo, por lo menos tenemos una expectativa de compasión porque la gente recibe menos, pero debido a la desinformación en Canadá, muchos canadienses piensan que las reservas están recibiendo más fondos”, dice Blackstock.

“Y luego los niños comienzan a internalizar, y a tener problemas de salud mental”, dice. “Y entonces esos servicios injustos se acumulan también porque no hay ayuda para esos niños, no en el mismo nivel en el que está disponible para otros niños”.

“Tenemos que dejar de excusarnos y tenemos que levantarnos de una vez y decir: ‘Esta es una generación de niños de las Primeras Naciones, Inuit y Métis que nunca recuperarán su niñez’ ‘.

– Cindy Blackstock, Sociedad de Atención a la Infancia y la Familia de las Primeras Naciones de Canadá

El tribunal estuvo de acuerdo con el forense en su tercera y más reciente decisión contra el gobierno de no conformidad. El gobierno federal está luchando actualmente contra el fallo.Cindy Blackstock, Directora Ejecutiva de la Sociedad de Atención a la Infancia y la Familia de las Primeras Naciones de Canadá. En el fondo está el jefe nacional de la APN, Perry Bellegarde. © (Prensa Canadiense)

Poner fin a la discriminación

Blackstock hace referencia a una declaración reciente del primer ministro Justin Trudeau de que su gobierno aún tiene que consentir con la decisión porque las Primeras Naciones no están listas.

“Nuestros hijos están listos para la igualdad, hemos estado listos durante 150 años”, exclama Blackstock. “A menos que tengamos una oportunidad justa de ser capaz de cambiar la situación para nuestras familias, vamos a seguir viendo una repetición de esta horrible tragedia, y pérdida de vidas y pérdida de infancia para los niños”.

Blackstock dice que la afirmación de que las Primeras Naciones no están listas tiene “ecos desafortunados del tipo de matices coloniales que hemos oído de los gobiernos en el pasado”.

“Creo que el gobierno canadiense ha incorporado esta discriminación racial en su ADN a un nivel tal, que lo racionaliza y lo excusa”, dice Blackstock.

“Necesitamos dejar de dar excusas para ello y tenemos que levantarnos y decir: ‘Esta es una generación de niños de las Primeras Naciones, Inuit y Métis que nunca recuperarán su infancia, y una generación de niños no- indígenas que nunca dirán que lo lamentan “.

Una Carta de salud

Una reunión especial entre líderes federales e indígenas se llevó a cabo este lunes 24 de julio para discutir la crisis del suicidio. En la misma se decidió crear una carta para reformar el sistema de salud de las Primeras Naciones.

La ministra federal de Salud, Jane Philpott, y su homólogo de la provincia de Ontario Eric Hoskins se sentarán con Alvin Fiddler, Gran Jefe de la Nación Aski Nishnawbe para firmar una carta de principios en este sentido.

Fiddler es el jefe de una organización que representa a 49 comunidades en el norte de Ontario.

Los ministros Philpott y Hoskins dijeron que el sistema sanitario necesita cambios profundos, especialmente para luchar más eficazmente contra los suicidios en algunas comunidades.

Las Primeras Naciones esperan obtener más control después de la remodelación.
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 La ministra de Asuntos Indígenas Carolyn Bennett prueba un de los puestos comunales de agua durante una visita a la Primera Nación de Pikangikum el 15 de abril de 2016, donde se le dijo que el 80 por ciento de los hogares no tienen agua corriente. © (Sol Mamakwa / Twitter)
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 Cindy Blackstock, Directora Ejecutiva de la Sociedad de Atención a la Infancia y la Familia de las Primeras Naciones de Canadá. En el fondo está el jefe nacional de la APN, Perry Bellegarde. © (Prensa Canadiense)

RCI/CBC/Radio Canadá/ Day 6-AYI