miércoles, 24 de abril de 2019

Comunidades selk’nam denuncian al Estado $hileno ante la ONU: “Nos están declarando extintos”

Comunidades selk’nam denuncian al Estado ante la ONU: “Nos están declarando extintos”

El pueblo selk'nam se ha puesto en pie de guerra contra el Estado chileno tras la aprobación, en la Cámara Baja, del proyecto de ley que reconoce el genocidio de su etnia. Los indígenas sostienen que la iniciativa pone una lápida a un pueblo que aún está vivo. Por su parte, el diputado por la región, Gabriel Boric, defendió su voto a favor. "Yo creo que en la denuncia hay una confusión", señaló.

Tomás González F.-Jueves 14 de marzo 2019 18:49 hrs.



Luego de la aprobación, en la Cámara de Diputados, del proyecto de ley que reconoce el genocidio ocurrido contra las etnias Selk’nam y Aónikenk, no todo es felicidad en la región de Magallanes.

Sino todo lo contrario, ya que organizaciones de pueblos originarios se han puesto en pie de guerra contra la tramitación de esta ley que, en palabras de ellos, “pone un lápida sobre el pueblo Ona, que sufrió un genocidio, pero no está extinto”.

Esto, porque el proyecto de ley no reconoce a las 200 personas que componen las ocho familias congregadas en la Comunidad Covadonga Ona, ni la personalidad jurídica que debieron conformar para concretar los informes y estudios que demuestran la existencia de descendientes de la etnia Selk’nam sobrevivientes al genocidio perpetrado a fines del siglo XIX.



En conversación con Diario y Radio Universidad de Chile, la presidenta del directorio de la Corporación Pueblo Selk’nam Chile, He’many Molina, manifestó la preocupación que existe en las comunidades frente a esta situación.

“Es como contradictorio que, por un lado, nos inviten y nos incluyan en actividades oficiales del Estado y, por otro lado, nos estén declarando extintos, cuando nosotros llevamos bastante tiempo haciendo las investigaciones y el trabajo que corresponde para llegar a la instancia lógica de solicitar un reconocimiento como corresponde”, sostuvo la dirigente ona.

Frente a esto, la Corporación Pueblo Selk’nam Chile, con la asesoría de la Asamblea Originaria por la Plurinacionalidad y Descolonización (Asodeplu), han concretado una denuncia ante organismos internacionales para intentar frenar el proyecto de ley.

Dirigida a la Alta Comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, y a la relatora sobre Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU, Victoria Tauli, la denuncia fue redactada por Ariel León, asesor del pueblo ona y miembro de Asodeplu, quien, en conversación con nuestro medio, explicó el propósito del requerimiento.

“Que se reconozca el pueblo selk’nam como un pueblo vivo, porque lo es. Lo que le estamos pidiendo a las Naciones Unidas, concretamente a Bachelet y a Tauli, es que oficien al Estado de Chile, en virtud de la comunicación urgente de la denuncia que nosotros presentamos, para que detenga la tramitación de este proyecto de ley. Que estudien los antecedentes y, en vez de aprobar este proyecto de ley, reconozcan al pueblo selk’nam”, aclaró León.



Pero este martes el proyecto fue aprobado en la Cámara de Diputados y hoy en día se discute en el Senado, específicamente en la Comisión de Educación y Cultura.

Uno de los que votó a favor de este proyecto fue, justamente, el diputado frenteamplista que representa a la región de Magallanes, Gabriel Boric. El parlamentario conversó con nuestro medio sobre las razones para darle su apoyo y señaló que esta situación es un malentendido.

“Creo que en la denuncia que se hace por parte del pueblo selk’nam hay una confusión, porque que se acepte que por parte del Estado chileno hubo un genocidio, ya sea directa o indirectamente, no significa que se declare extinto al pueblo”, argumentó el parlamentario.

Pero esta no es la primera acción que concretan como miembros del pueblo Selk’nam. Por el contrario, es una entre muchas maniobras que han llevado a cabo en el arduo camino que comenzaron en 2015, al obtener la personalidad jurídica por ser reconocidos en la Ley Indígena como pueblo originario.

Un camino que, en su mayoría, lo han recorrido solos, autogestionando estudios y talleres de identidad cultural que, si bien han contado con el apoyo de algunas instituciones, no han sido del todo considerados por el Estado chileno.

Un Estado que hoy está ad portas de aprobar una ley que, lejos de ser considerada como un aporte, viene a truncar -según los afectados- los esfuerzos de las comunidades Selk’nam en Chile por ser reconocidos como pueblo vivo.


https://radio.uchile.cl/2019/03/14/comunidades-selknam-denuncian-al-estado-ante-la-onu-nos-estan-declarando-extintos/?fbclid=IwAR2SyxJi2_F_7NMCwq3XPCe6u_KdQM1mhygo4O7iYmtFwpcUBO4z0W27P9I
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Genocidio Selk´nam: descendientes y magallánicos luchan contra el olvido

Para algunos investigadores, “separar la cultura selk’nam de las circunstancias en que fue erradicada es la reproducción del sentido colonial que justificó su exterminio a fines del siglo XIX y principios del XX”.

Diana Porras- Domingo 5 de agosto 2018 13:17 hrs. 




Este 2018, la denominada “Noche Selk’nam” tuvo a una invitada especial: Mirta Salamanca. La integrante de la Comunidad ‘Rafaela Ishton’ es descendiente de Lola Kiepja, quien fue la última persona que vivió hasta su juventud esta tradición en Tierra del Fuego.

Radio Universidad de Chile conversó con Mirta Salamanca, quien viajó desde Río Grande, el lado trasandino de la Isla.

“Sería muy importante el reconocimiento de la deuda histórica que tenemos todos los pueblos, tanto en Argentina y en Chile…Estamos en la lucha continuamente porque mi sangre selk’nam corre y los testimonios relacionados con mi familia son aberrantes”.

miércoles, 30 de enero de 2019

El conflicto mapuche $hileno




CHILE: CONFLICTO MAPUCHE. (Parte 1)



Publicado el diciembre 20, 2018 por Marcelo Solervicens

I.- ARAUCO TIENE UNA PENA…MÁS.



Aún no se disipa la indignación en Chile y el mundo producto del injustificable asesinato del joven mapuche Camilo Catrillanca el 14 de noviembre pasado a manos de Carabineros (policía uniformada). El primer asesinato de un mapuche bajo el gobierno derechista de Sebastián Piñera, se vivió como la crónica de una muerte anunciada. Un desenlace esperado, por la instalación en junio, con gran pompa, del controvertido Comando Jungla, en plena Araucanía. Un Comando entrenado, por su letal homónimo Colombiano, especializado en la guerra contra el narcotráfico y la guerrilla. Un crimen de Estado inscrito, según sus detractores en una escalada militarista, de ribetes racistas, en favor de empresas forestales y latifundistas. ¿Cuáles perspectivas? ¿Cuál solución? Todo indica que sin repensar el territorio chileno, el conflicto mapuche continuará. Crónica de injusticias de siglos. (Parte uno de dos). 


El asesinato de Camilo Catrillanca.



La indignación ante el nuevo asesinato de un comunero Mapuche, un weichafe ajusticiado, se volcó en numerosas movilizaciones, violentamente reprimidas en todo Chile. Movilizaciones que unificaron, los movimientos sociales: feministas contra la violencia de género; de derechos humanos, estudiantiles (Confech y COEM); laborales (CUT); ambientales, contra las llamadas zonas de sacrificio. Hasta el futbol se movilizó, por el minuto de silencio de Jean Beausejour Coliqueo.

Un asesinato denunciado por la prensa (BBC, Le monde) y organismos internacionales (CIDH, Amnistía Internacional). De paso en Nueva Zelandia, Piñera hizo el saludo Maorí, pero debió enfrentar las protestas por el asesinato del comunero Mapuche en su país. A un mes del asesinato de Camilo Catrillanca, los banderazos y cacerolazos siguen resonando, pese a la fuerte represión de Carabineros.

La cólera fue exacerbada por el burdo tejido de mentiras de Carabineros para encubrir el crimen como un enfrentamiento. Resabios persistentes de otra época. La manipulación de pruebas recuerda los falso mensajes de celular atribuidos a la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) en la reciente Operación Huracán.

Y es que la falsa versión inicial de carabineros fue apoyada por el Gobierno Piñera: Desde el jefe de la Araucanía, Luis Mayol hasta el Ministro del Interior Andrés Chadwick, que ejercía como la más alta autoridad política del país en ausencia de Piñera. El Director de carabineros Hermes Soto, nombrado por Piñera en marzo, insistió que Catrillanca murió en un enfrentamiento.

La burda manipulación duró hasta que el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y la jueza Sandra Naheuelcura confirmaron que fue un homicidio. Uno de los Carabineros inculpados, Carlos Alarcón, reconoció que la tarjeta que grabó el asesinato fue destruida, por orden superior.

Los hechos verdaderos y las exigencias de renuncia, gatillaron la primera crisis del Gobierno Piñera y de su Plan Araucanía.


Una Crisis Política



El gobierno Piñera lanzó la gestión de crisis, para controlar la agenda política frente acríticas de partidos de oposición. Cayo su popularidad y la de su gobierno a lo más bajo en su mandato (38%), la de carabineros cayó en 25 puntos.

Por un lado, acusó de oportunismo por usar la muerte de Catrillanca. Renunció el Intendente Luis Mayol, que fuera ministro de la agricultura en el primer gobierno de Piñera, declarándose chivo expiatorio. Se echó la culpa a las mentiras de 11 oficiales dados de baja y cuatro carabineros procesados que mintieron, pero no al Director de la policía uniformada.

La diputada de oposición de origen Mapuche-Huiliche, Emilia Nuyado (PS) consiguió interpelar el Ministro Chadwick el 11 de diciembre. Pero Chadwick, no asumió ninguna responsabilidad política por ocultar información y por el asesinato mismo, si conservó su puesto. Lo que queda es la creación de una comisión investigadora por muerte de Catrillanca que entregará su informe en abril.

Piñera apostó a controlar la crisis aceptando retirar el Comando Jungla. Pero anunció su remplazo por Fuerzas Especiales de Carabineros. Las mismas unidades a las que pertenecían quienes fueron entrenadas en Colombia y que han controlado la seguridad en la región desde hace años.

Opositores, como el otrora jefe de la región durante el gobierno de Michelle Bachelet, Francisco Huenchumilla (PDC), consideró era una señal importante. “Una buena noticia según, Giorgio Jackson (FA-RD). Remueve un obstáculo al diálogo, Ricardo Celis (PPD). Otros fueron más cautos: El PC, monitoreará si ello se traduce en dialogo efectivo. Aucán Huilcamán (Consejo de todas las tierras), como paso en la buena dirección. El padre de Camilo Catrillanca no cree que se termine la militarización y que haya dialogo. Héctor Llaitul de la CAM considera que las Fuerzas Especiales, incrementarán la disputa territorial.

¿Aquí No Pasó Nada?


Foto: Eluwun/Funeral del joven mapuche Camilo Catrillanka

El gobierno terminó circunscribiendo la crisis a problemas de funcionamiento de carabineros, como señala Harald Beyer. Por lo pronto, dos inculpados están en prisión preventiva, los otros dos fueron liberados. Se mantienen los problemas de carabineros, como institución (venta de armas a delincuentes; fraudes; abusos de poder; falta de control; privilegios; impunidad),

La protesta por el asesinato de Camilo Catrillanca y la exigencia de desmilitarización de la Araucanía, hizo retroceder al gobierno. Pero Las Fuerzas Especiales, seguirán aplicando la ley antiterrorista que criminaliza la lucha por la recuperación del territorio robado a los Mapuche.

A pesar de ello, Piñera sufrió fuego amigo. Porque cedió ante grupos de interés y deja sin resguardo individuos y empresas según Marcelo Zirotti (SOFO) y la pinochetista, Camila Flores (RN). El presidente de RN, Mario Desbordes, lo ve como una derrota porque los mapuches armados hay que enfrentarlos con lo mejor. El fascista José Antonio Kast, criticó una derecha light que se guía por las encuestas. Su fascista partido Acción Republicana acogió el UDI Ignacio Urrutia. Los Pinochetistas se revelan. Piñera derechiza y rompe la promesa de gobernar concitando grandes consensos.

El asesinato de Camilo Catrillanca, desplomó el Plan Araucanía, una promesa emblemática de Piñera. Aunque insista en mantener sus cuatro pilares: (1) dialogo de acuerdos; (2) desarrollo económico y social; (3) revalorización y reconocimiento de los pueblos originarios; es el (4) la seguridad, el que predomina.

Perdió interlocutores como la Asociación de Municipios con Alcaldes Mapuche. Reunidos, (Futa Txawun) lonkos y dirigentes mapuches suspendieron todo diálogo con Piñera. Reiteraron las exigencias de desmilitarización de la zona; de restitución de los territorios; de creación de una comisión de esclarecimiento histórico y; el respeto al derecho a la libre determinación. 

La declaración Llamaron a seguir con la desobediencia y movilizaciones. Se volvió a fojas cero.

Un Conflicto de Facetas Múltiples


Foto: Wenufolle/Bandera, símbolo espiritual de unidad mapuche

Las consecuencias del asesinato de Camilo Catrillanca penarán el gobierno Piñera. Fracasó su violenta estrategia de pacificación del Wallmapuche. También la del trabajo con los buenos mapuches mediante el Plan Araucanía.

Los grandes planes de la industria forestal acrecentarán la violencia. Entre otros, el controvertido MAPA (modernización y ampliación de la planta Arauco). El proyectado aumento de superficies plantadas para triplicar la producción de pulpa de celulosa de la más grande planta de Latinoamérica provocará un terrible impacto ambiental, social y económico, que será combatido por las comunidades mapuches.

Para muchos, el problema es un modelo forestal no sustentable. Y es que detrás del asesinato de Camilo Catrillanca están los intereses de una industria forestal, ávida de territorios de comunidades mapuches. Con 3,5% del PIB la forestal, del duopolio de los grupos Angelini y Matte, es la segunda actividad económica del país. Al centro del modelo neoliberal exportador de materias primas instalado bajo la dictadura pinochetista. Un modelo económico agotado, que profundiza la crisis climática y las desigualdades sociales.

El asesinato de Camilo Catrillanca atrae la atención a los crímenes de estado recientes, en democracia. Revela aristas y las fake news de la historiografía chilena, las injusticias de siglos contra los mapuches. Las luchas comunes de colonos, campesinos y mapuches. El impacto de normas internacionales sobre pueblos indígenas suscrito por Chile. Y muchos otros aspectos.

Detrás de las piruetas del gobierno Piñera y de los gobiernos civiles desde 1990, se interpela la izquierda chilena, tradicional o moderna. El repensar Chile desde el agotamiento y crisis del neoliberalismo económico, político y social. Lo inviable del modelo extractivista y exportador neoliberal por la crisis climática; la profundización de las desigualdades sociales. De repensar la participación ciudadana; la despolitización y el desencanto por el común. 


Exploraremos pistas en la Parte 2. http://marcelosolervicens.org/2018/12/chile-conflicto-mapuche-parte-1-catrillanca/

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CHILE: CONFLICTO MAPUCHE. (Parte 2)


Publicado el enero 8, 2019 por Marcelo Solervicens

Conflicto Mapuche Desvela Crisis de Carabineros y Estado de Derecho



El asesinato del joven Mapuche Camilo Catrillanca desveló la crisis institucional de Carabineros: Se agregó a la impunidad, a los abusos policiales en la Araucanía y en el resto de Chile, al escándalo de la Operación Huracán, a los fraudes al fisco y las denuncias de corrupción. Luego de la forzada renuncia forzada del Director de Carabineros Hermes Soto, reemplazado por Mario Rozas; ahora es Andrés Chadwick, Ministro del Interior, primo del Presidente Piñera, quien arriesga una acusación constitucional por sus mentiras para encubrir el asesinato del comunero Mapuche.

El asesinato de Camilo Catrillanca despertó conciencia sobre la banalización de las muertes de Mapuche. De las violaciones de derechos individuales y colectivos indígenas pese al Convenio 169 de la OIT (adoptado en 2008). La inaceptable militarización de la Araucanía, escalada con la instalación del Comando Jungla, dio carta blanca a Carabineros. Hasta el derechista ex candidato presidencial Manuel José Ossandón (RN), reconoció en la Tercera que: “si tu traes o creas un Comando Jungla, era evidente que iban a matar a una persona”.

Mientras tanto, el conflicto Estado y Mapuche en la Araucanía, sigue abierto. El retiro del Comando Jungla fue una movida de fachada. El emblemático Plan Araucanía del Gobierno Piñera se quedó sin interlocutores. No modera el salvaje y predador modelo de acumulación de las forestales y las empresas hidroeléctricas.

Las izquierdas redescubren con el conflicto Estado y Mapuche las contradicciones de su propia experiencia pos dictatorial y las limitaciones del fin de la transición en 2005. Algunos sueñan hoy que Piñera termine controlando Carabineros; tarea que no lograron los Gobiernos de la Concertación y Nueva Mayoría. Pero, al terminar el periodo de inconclusa transición democrática desde 1990, aumenta el consenso sobre la insuficiente democratización del Estado de Derecho y el necesario reposicionamiento de la izquierda chilena.
El Asesinato de Catrillanca No Fue el Primero…

La violencia policial contra los Mapuche se ha profundizado desde 2000. El uso abusivo de la Ley Antiterrorista viola el debido proceso. La militarización de la Araucanía ha provocado al menos dieciséis asesinatos; abuso de la detención preventiva y criminalización de reivindicaciones territoriales. La política de todos los gobiernos democráticos desde 1990 echa gasolina al fuego y lleva el conflicto Chileno-Mapuche a un callejón sin salida.



Recordemos, el asesinatos de Alex Lemún (2002) sancionado por la CIDH. El del Lonko Juan Collihuin (2006) y de Matías Catrileo (2008). El de Jaime Mendoza (2009), cuyos culpables, nunca fueron a la cárcel. A ellos se agrega de José Huenante (2005) detenido/desaparecido en democracia. El asesinato no elucidado del joven RodrigoMelinao (2013), cuando era buscado por la Carabineros, pero absuelto post-mortem de culpas un año después. También, los asesinatos de Luis Marileo y Patricio Gonzales por el latifundista y ex Carabinero Ignacio Gallegos.

Agreguemos el uso abusivo de la detención preventiva resultante del uso de la Ley Antiterrorista heredada de Pinochet y condenada por la CIDH en la Causa Norin Catrimán(2014). Un uso abusivo de meses y hasta años de injustificada detención preventiva, incluyendo tortura y tratos inhumanos y degradantes de inocentes finalmente absueltos sin cargos: como Francisca Linconao y otros once comuneros en el caso Luchsinger-Mackay; de 8 comuneros del Lof Choque. Un abuso inaceptable como la detención preventiva de 8 líderes de la CAM por la Operación Huracán, (un montaje de pruebas falsas por Carabineros) o el uso de testimonios ocultos de agentes infiltrados de Carabineros.

El uso excesivo de la fuerza por Carabineros-y PDI son constantemente denunciados por el INDH; Amnistía Internacional, la ONU y la CIDH, El Estado no enfrenta la discriminación de mujeres y la violencia contra la niñez Mapuche, percibida como conflicto inter-cultural profundo.
¿Seguirá la Violencia en la Araucanía?

Los videos publicados por CIPER y CHV, en diciembre, revelaron la descomposición institucional de Carabineros, responsable de la nueva pacificación de la Araucanía. Todas las versiones de carabineros eran mentiras: nunca hubo enfrentamiento. Fue un ajusticiamiento. Un documento revelado por CIPER abre más interrogantes.



La manipulación de pruebas; mentiras descaradas y peticiones de impunidad rebajaron a escarnio, el encubrimiento del asesinato de Camilo Catrillanca. El Gobierno Piñera que había apoyado la versión del Director de Carabineros, Hermes Soto, le pidió la renuncia, pero no resolvió el problema. Su Ministro del Interior Andrés Chadwick, que se la jugó por Soto, sale debilitado. La oposición evalúa nuevamente presentar una acusaciónconstitucional. Instalar el Comando Jungla en la Araucanía es abiertamente criticado hasta dentro de la derecha como un error de Piñera.

Algunos presentan el asesinato de Catrillanca como el resultado de la pugna interna entre Hermes Soto y el exjefe de carabineros Bruno Villalobos. Soto buscaba limpiarCarabineros (Navarro). Villalobos habría filtrado informaciones comprometedorasmostrando que Soto no controlaba ni sus huestes, ni el discurso público. Una venganza por haber sido renunciado en marzo por Piñera, por el escándalo de la fabricación de pruebas de la Operación Huracán, bajo el Gobierno Bachelet. Villalobos fue formalizado (detenido) por del asesinato en tortura de Patricio Manzano (1985).

A pesar de que Piñera anunció el retiro del Comando Jungla, aumentó la PDI y Fuerzas Especiales. Sigue la militarización de la Araucanía. Carabineros desalojó con disparos 7 fundos el 31 de diciembre. Una intervención asociada circunstancialmente al asesinato del Lonko Juan Mendoza. La CAM llamó a continuar la recuperación de territorios. Alcaldes de Collipulli y Ercilla amenazan con desalojar sus municipalidades tomadas por Mapuche. Moreno no tiene interlocutores para el Plan Araucanía. La popularidad de Piñera cae en las encuestas.


Conflicto Mapuche Estado Desvela Crisis de Carabineros
Las mentiras de Carabineros para justificar el asesinato del comunero Mapuche, revelaron que la profunda crisis de Carabineros tiene impactos políticos. Las mentiras del asesinato de Camilo Catrillanca hicieron perder toda credibilidad a la institución clave del Estado de Derecho, ocupada del control ciudadano y combatir el delito. A ello se agrega, la acumulación de querellas por abusos persistentes; los coletazos de la Operación Huracán y; la corrupción por un fraude al fisco por 28 mil millones de pesos. Todo ello, en condiciones privilegiadas de autonomía presupuestaria y pensiones millonarias y de impunidad, como sus congéneres de las FFAA.



Como un mago de feria, Piñera retiró el Comando Jungla, remplazándolo por Fuerzas Especiales. Instaló como nuevo Director de Carabineros a Mario Rozas, su antiguo edecán. Como si sus dotes de comunicador le permitieran restablecer de por sí la credibilidad de Carabineros. Pero el problema es más grave. La resistencia de Hermes Soto, a renunciar obligo a que Piñera pidiera el respaldo del Congreso y la Contraloría. Un Presidente de un Gobierno de Ley y Orden, tuvo que confesar que no controla Carabineros.

La reformas de 2005 de Lagos, del fin de la transición no sirven pues de Hirtsch a Portales, reconocen que la democracia sigue tutelada. Son fundadas las dudas francesas. Muchos esperan que un Gobierno de Orden y Seguridad como el de Piñera consiga la subordinación efectiva de Carabineros y… las FF.AA. a autoridades civiles.

El asesinato de Catrillanca resquebrajó el “garrote”, de seguridad, del Plan Araucanía. Sólo un control civil transparente, que termine con un resabio persistente de la dictadura pinochetista, podría restablecer la confianza en la Institución. Nadie cree seriamente que ello llevaría a desmilitarizar o dejar de aplicar la Ley Antiterrorista en la Araucanía porque el diálogo chocaría con los intereses de las empresas forestales.


¿Y… Que Dice la Izquierda?
Desde la perspectiva de los grandes ciclos de los pueblos, la crisis revelada por la crisis política e institucional del asesinato de Camilo Catrillanca interpela una izquierda europeizante que invisibilizó al Mapuche desde el retorno de Gobiernos civiles en 1990.

Interpela el modelo neoliberal globalizante y depredador de acumulación que motiva la usurpación de territorios Mapuche en la Araucanía. Un proceso histórico denunciado tradicionalmente por la izquierda chilena, particularmente durante el Gobierno de Salvador Allende. Una postura crítica desde la colonización e inserción forzada del territorio Mapuche en la economía mundial en el siglo XIX.

Recuerda las promesas de resolución del conflicto inter-cultural Mapuche Estado como con el Acuerdo de Nueva Imperial, las promesas de Nuevo Trato con los pueblos indígenas. De reconocimiento constitucional, de respeto de las normas de derecho internacional fijadas por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado por Chile en 2008.

Ello interpela una izquierda que olvida heroicas luchas de Mapuche, campesinos y colonos contra latifundistas (Ranquil en 1934, la reforma agraria entre 1964 y 1973) y recuerda la necesidad de una izquierda resueltamente anticolonial, anclada en el territorio nacional. Que defienda los intereses de trabajadores, campesinos, capas medias y pueblos originarios. Seguiremos el análisis en una Tercera parte.


Foto: Eluwun/funeral del joven mapuche Camilo Catrillanka.
http://marcelosolervicens.org/2019/01/chile-conflicto-mapuche-parte-2-carabineros/
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CHILI - Le conflit mapuche. Deuxième partie, Le conflit révèle la crise au sein des Carabiniers et de l’État de droit


Marcelo Solervicens

vendredi 25 janvier 2019, mis en ligne par Françoise Couëdel


Mercredi 9 janvier 2019.

L’assassinat injustifiable du jeune Mapuche Camilo Catrillanca (le 14 novembre 2018) a révélé une crise institutionnelle chez les Carabiniers, alors que grandit le consensus sur l’insuffisance démocratique de l’État de droit au Chili et que s’achève la période politique de transition démocratique inachevée initiée en 1990.

L’assassinat de Camilo Catrillanca a réveillé les consciences sur la banalisation des morts de Mapuche, qui ont atteint le nombre de 16, et sur d’innombrables violations de droits individuels et collectifs indiens malgré la Convention 169 de l’Organisation internationale du travail (OIT), adoptée en 2008. La militarisation inacceptable de l’Araucanie, qui est montée en puissance avec l’installation du Commando Jungle, a donné carte blanche aux Carabiniers et a révélé l’insuffisante démocratisation de l’État de droit au Chili. Même Manuel José Ossandon (RN), l’ex candidat de droite à la présidence, a déclaré dans le quotidien La Tercera « si on amène ou si on crée un Commando Jungle, il est évident qu’il y aura des morts ».

Le conflit entre l’État et les Mapuche dans l’Araucanie, a fait exploser la crise institutionnelle qui touche les carabiniers. La démission forcée du Directeur des carabiniers a révélé les limites de l’accord de fin de la transition sous le gouvernement de Ricardo Lagos en 2005. Certains espèrent que, à la différence des gouvernements de la Concertation ou de la Nouvelle majorité, la droite institutionnalise le contrôle des carabiniers par le Gouvernement élu au suffrage populaire.

Indéniablement la crise de l’Araucanie est toujours d’actualité. Le retrait du Commando Jungle est un geste de façade qui ne freinera pas la répression et la militarisation de la zone. Le plan Araucanie emblématique de la coalition de droite qui gouverne, Chile Vamos (En avant le Chili), s’est retrouvé sans interlocuteurs mais il y a peu de chance que les compagnies forestières et les entreprises hydroélectriques modifient leur modèle déprédateur d’accumulation. Les gauches redécouvrent dans le conflit mapuche les contradictions de leur expérience post-dictatoriale et la nécessité de repenser le Chili.
L’assassinat de Catrillanca n’est pas le premier

La violence policière contre les Mapuche s’est accentuée depuis 2000. L’usage abusif de la Loi antiterroriste viole le processus légal. La militarisation de l’Araucanie a provoqué au moins seize assassinats ; l’abus de la détention préventive et la criminalisation des revendications territoriales sont permanents. La politique de tous les gouvernements démocratiques depuis 1990 jette de l’huile sur le feu et conduit le conflit chileno-mapuche à une impasse.

Rappelons l’assassinat d’Alex Lemún (2002), sanctionné par la Commission interaméricaine des droits de l’homme (CIDH), celui du Lonko [1] Juan Collihuin (2006), de Matías Catrileo (2008), celui de Jaime Mendoza (2009), dont les coupables n’ont jamais été incarcérés. À cette liste il faut ajouter José Huenante (2005), détenu/disparu en démocratie. L’assassinat non élucidé du jeune Rodrigo Melinao (2013), alors qu’il était recherché par les carabiniers, mais absous post-mortem de toutes fautes, un an plus tard. Sans compter les assassinats de Luis Marileo et Patricio Gonzales par le latifundiste et ex carabinier Ignacio Gallegos.

Ajoutons l’usage abusif de la détention préventive qui résulte de la loi anti-terroriste héritée de Pinochet et condamné par la CIDH dans le cas de Norín Catrimán (2014). Un usage abusif de mois et même d’années de détention préventive injustifiée, allant jusqu’à des tortures et des traitements inhumains et dégradants d’innocents, finalement innocentés sans charge : comme ceux de Francisca Linconao et onze autres membres de communautés dans le cas de Lucsinger-Mackay ; de huit membres de la communauté Lof Choque. Un abus inacceptable, comme la détention préventive de huit leaders de la Coordination Arauco-Malleco (CAM) pour l’opération Huracán [opération Ouragan] (un montage par les carabiniers de fausses preuves) ou l’usage de témoignages occultes d’agents infiltrés des Carabiniers.

L’usage excessif de la force par les Carabiniers et la Police d’investigation (PDI) est constamment dénoncé par l’INDH, Amnesty international, l’ONU et le CIDH. L’État ne prend pas en compte la discrimination à l’égard des femmes et la violence contre les enfants mapuche, perçue comme un conflit interculturel profond.
La violence dans l’Araucanie va-t-elle continuer ?

Les vidéos diffusées par le CIPER [2] et le CHV, en décembre, ont révélé la décomposition institutionnelle du corps des carabiniers, responsable de la nouvelle pacification de l’Araucanie. Toutes les versions des Carabiniers étaient mensongères : il n’y a jamais eu d’affrontement. Ce fut une exécution. Un document dévoilé par le CIPER pose encore plus de questions.

La manipulation des preuves, les mensonges éhontés et les demandes d’impunité ont réduit jusqu’à la dérision, la dissimulation de l’assassinat de Camilo Catrillanca. Le gouvernement de Piñera qui avait soutenu la version du directeur des Carabiniers, Hermes Soto, a exigé sa démission mais n’a pas résolu le problème. Son ministre de l’Intérieur, Andrés Chadwick, qui a pris parti pour Soto, en ressort affaibli. L’opposition envisage de présenter à nouveau une accusation constitutionnelle. Installer à nouveau le commando Jungle dans l’Araucanie est ouvertement critiqué jusque au sein même de la droite et considéré comme une erreur de Piñera.

Certains présentent l’assassinat de Catrillanca comme le fruit d’un conflit interne entre Hermes Soto et l’ancien chef des carabiniers Bruno Villalobos. Soto cherchait à blanchir des carabiniers (Navarro). Villalobos aurait laissé filtrer des informations compromettantes montrant que Soto ne contrôlait ni ses troupes, ni son discours politique. Une vengeance pour avoir été démissionné par Piñera en mars, en raison du scandale de la fabrication de preuves de l’Opération Huracán, sous le gouvernement de Bachelet. Villalobos avait été mis sous contrôle judiciaire (détenu) pour l’assassinat de Patricio Manzano (1985).

Bien que Piñera ait annoncé le retrait du Commando Jungle, il a augmenté les effectifs du Service d’enquête de la police (PDI) et des Forces spéciales. La militarisation de l’Araucanie continue. Des carabiniers ont fait évacuer par des tirs 7 terres communautaires, le 31 décembre. Une intervention associée, comme par hasard, à l’assassinat du Lonko Juan Mendoza. La CAM a appelé à continuer la récupération des territoires. Des maires de Collipulli et Ercilla menacent d’expulser de leurs municipalités les Mapuche qui les occupent. Moreno n’a pas d’interlocuteurs pour le Plan Araucanie. La cote de popularité de Piñera chute dans les enquêtes.
Le conflit Mapuche contre l’État révèle la crise au sein des carabiniers

Les mensonges des carabiniers pour justifier l’assassinat du membre de la communauté mapuche, ont révélé que la crise que vit le corps des carabiniers a des impacts politiques. Les mensonges sur l’assassinat de Camilo Catrillanca ont fait perdre toute crédibilité à l’institution pilier de l’État de droit, sensée être en charge du contrôle citoyen et de la lutte contre les délits. À cela s’ajoute l’accumulation de plaintes pour abus persistants ; les soubresauts de l’opération Huracán et la corruption pour fraude du fisc de 28 milliards de pesos. Tout cela, dans des conditions privilégiées d’autonomie budgétaire, de pensions exorbitantes et d’impunité, comme celles de leurs congénères des Forces armées.

Tel un prestidigitateur, Piñera a retiré le commando Jungle et l’a remplacé par des Forces spéciales. Il a nommé comme nouveau directeur des Carabiniers Mario Rozas, son ancien aide de camp. Comme si ses dons de communicant lui permettaient de rétablir à lui seul la crédibilité des Carabiniers. Mais le problème est plus grave. La résistance de Hermes Soto à démissionner a obligé Piñera à demander le soutien du Congrès et du Contrôleur. Un président dont la devise est Loi et Ordre a dû avouer qu’il ne contrôle pas les Carabiniers.

Les réformes de 2005 de Lagos, pour mettre fin à la transition, n’ont donc servi à rien. De Felipe Portales à Martín Hirsch, tout le monde reconnaît que la démocratie est toujours sous tutelle. Les doutes exprimés par la France sont fondés. Beaucoup espèrent qu’un gouvernement d’ordre et de sécurité comme celui de Piñera parvienne à subordonner de façon effective les Carabiniers et de l’armée aux autorités civiles.

L’assassinat de Catrillanca a desserré « l’étau » de sécurité du plan Araucanie. Seul un contrôle civil transparent, qui liquide les relents persistants de la dictature pinochetiste, pourrait rétablir la confiance dans l’institution. Personne ne croit sérieusement que cela conduirait à démilitariser la zone ou à cesser d’appliquer la Loi antiterroriste dans l’Araucanie car le dialogue serait dirigé contre les intérêts des entreprises forestières.

Et… Que dit la gauche ?

Dans la perspective des grands cycles de l’histoire, le malaise révélé par la crise institutionnelle et politique de l’assassinat de Catrillanca interpelle une gauche européiste qui a tenu pour invisibles les Mapuche depuis le retour des gouvernements civils en 1990.

Cela remet en question le modèle néolibéral globalisant et prédateur de l’accumulation qui explique l’usurpation des territoires mapuche dans l’Araucanie. Un processus historique dénoncé traditionnellement par la gauche chilienne, particulièrement sous le gouvernement de Salvador Allende. Une position critique depuis la colonisation et l’intégration forcée du territoire mapuche dans l’économie mondiale au XIXe siècle.

Cela rappelle les promesses de résolution du conflit interculturel Mapuche-État comme celles de l’accord de Nueva Imperial, les promesses d’un Traitement nouveau des peuples indiens, de reconnaissance constitutionnelle, de respect des normes du droit international fixées par la Convention 169 de l’Organisation internationale du travail, ratifiée par le Chili en 2008.

Cela interpelle une gauche qui oublie les luttes héroïques des paysans et des colons des communautés contre les latifundistas (Ranquil en 1934, la réforme agraire entre 1964 et 1973) et rappelle la nécessité d’une gauche résolument anticoloniale, ancrée sur le territoire national. Une gauche qui défende les intérêts des travailleurs, des paysans, des couches moyennes et des peuples originels.

Nous poursuivrons notre analyse dans une troisième partie.

Traduction française de Françoise Couëdel.

http://www.alterinfos.org/spip.php?article8395