lunes, 16 de abril de 2018

Perú- Declaración del Foro de los Pueblos Indígenas ante la VIII Cumbre de las Américas. En defensa del territorio y la libre determinación de los pueblos o naciones Indígenas


Pueblos indígenas presentaron Declaración con demandas para la protección de sus territorios ante la Cumbre de las Américas


CNA 12/04/2018

Como resultado del Foro de los Pueblos Indígenas, realizado el martes 10 de abril en el marco de la VIII Cumbre de las Américas, los y las representantes de los pueblos indígenas andinos y amazónicos de diferentes países miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) redactaron la “Declaración en Defensa del Territorio y la Libre Determinación de los Pueblos o Naciones Indígenas”, en la que sintetizaron sus principales demandas y propuestas para la defensa de sus territorios.

En el documento se hace énfasis en que los Estados americanos cumplan su deber de garantizar el pleno ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas reconocidos en instrumentos internacionales y normas nacionales para avanzar en la gobernabilidad democrática y la lucha contra la corrupción.

Asimismo, se demanda el pleno ejercicio de los derechos territoriales, la consulta y el consentimiento previos, libres e informados, el reconocimiento efectivo del rol de las mujeres indígenas en la preservación de la identidad cultural, los saberes y prácticas ancestrales, la defensa del territorio y la biodiversidad, en el marco de la libre determinación y hacia el Buen Vivir o la Vida Plena, en armonía con la Madre Tierra.

La construcción de la declaración estuvo a cargo de los y las representantes de las organizaciones indígenas de Bolivia, Chile, Canadá, Colombia, México, Panamá, Argentina, entre otros, quienes discutieron la problemática de sus países y sus propuestas durante el Foro de los Pueblos Indígenas, que se realizó en el Hotel Sheraton como parte del evento oficial de la VIII Cumbre de las Américas.

Este evento también contó con la participación del Presidente del Consejo de Ministros del Perú, César Villanueva, las ministras de Cultura, Patricia Balbuena, y de Inclusión Social, Liliana La Rosa, así como la congresista indígena Tania Pariona.

Durante su intervención, César Villanueva resaltó que “la democracia no es posible sin la participación de todos los pueblos indígenas de América. No podemos hablar de democracia sino participamos todos con los mismos derechos, especialmente nuestras culturas tradicionales”.

Por su parte, los líderes y las lideresas indígenas participantes destacaron cómo la corrupción afecta sus derechos. Además, de la importancia del debate de la diversidad cultural en el continente, la persistencia de un modelo económico depredador impuesto desde la invasión europea y la construcción de los Estados como continuidad de ese modelo sin la participación e incluso en contra de los pueblos originarios.

La Declaración fue presentada el 12 de abril, ante los representantes de los Estados que participan en la VIII Cumbre de las Américas durante el diálogo entre los actores sociales y los representantes de Alto Nivel de los Gobiernos, donde también participaron los y las representantes de las coaliciones observadoras de la OEA.

El Foro de los Pueblos Indígenas fue organizado por el Pacto de Unidad de las Organizaciones Indígenas del Perú (conformado por la Confederación Nacional Agraria – CNA, Confederación Campesina del Perú – CCP, la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú – Onamiap, la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú́ – Fenmucarinap, la Unión Nacional de Comunidades Aymaras – UNCA, y la Central Única Nacional de Rondas Campesinas – Cunarc), y la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Perú (Conaip).

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DECLARACIÓN DEL FORO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS ANTE LA VIII CUMBRE DE LAS AMÉRICAS REALIZADA EN LIMA 

DEFENSA DEL TERRITORIO Y LA LIBRE DETERMINACIÓN DE LOS PUEBLOS, NUESTRAS NACIONES

Nosotros y nosotras como representantes de los pueblos, Naciones y Nacionalidades Indígenas del Abya Yala, en el marco y ejercicio del derecho a la libre determinación y en defensa de la Madre Tierra, damos a conocer nuestra posición frente a la VIII Cumbre de los Jefes de Estado y Gobierno de las américas a celebrarse en Lima del 13 al 14 de Abril de 2018.

CONSIDERANDO:

Que nuestro continente tiene la mayor diversidad cultural del planeta, con 826 pueblos indígenas, preexistentes a los Estados y que vienen siendo los guardianes de la Madre Tierra ante un modelo de desarrollo depredador y ante las amenazas e impactos del cambio climático.

Que desde la invasión europea hemos sido sistemáticamente discriminados y se ha impuesto desde la doctrina del descubrimiento un modelo económico extractivista, dirigido a la acumulación por despojo, vulnerando derechos y destruyendo a la Madre Tierra.

Que todas las doctrinas, políticas y prácticas basadas en la superioridad de determinados pueblos o individuos o que son propugnadas aduciendo a razones de origen nacional, diferencias raciales, de género, religiosas, étnicas o culturales han propiciado genocidios, esclavitud y saqueo de nuestros bienes naturales y culturales.

Que los Estados republicanos nacieron excluyendo a los pueblos originarios y han ejercido sistemáticamente una política de asimilación cultural, con prácticas racistas, genocidas, patriarcales y monoculturales de colonización de nuestras mentes. Por tanto, las actuales repúblicas significan la continuidad de las injusticias impuestas a través del sistema legal a los pueblos indígenas del Abya Yala.

Que las mujeres indígenas cumplen un rol decisivo en la conservación y transmisión de nuestras identidades culturales, prácticas y saberes ancestrales, conservación de la biodiversidad, defensa del territorio y seguridad alimentaria. Sin embargo, los Estados republicanos persisten en invisibilizar sus aportes y negarles en la práctica su participación en la toma de decisiones.

Que desde los Estados persiste la criminalización de la protesta a los defensores y las defensoras de nuestros derechos colectivos, a través del asesinato, desaparición física y persecución de líderes y lideresas de los Pueblos Indígenas, por la defensa de sus tierras, territorios y bienes naturales, encaminados a la imposición de mega proyectos extractivos como: la minería, hidroeléctricas, hidrocarburos, forestales, monocultivos y de infraestructura en nombre del desarrollo, que se ejecutan sin la consulta ni el consentimiento libre, previo e informado.

Que pese a los avances en el reconocimiento internacional de nuestros derechos como el Convenio 169 de la OIT de 1989; la Declaración de Viena de 2003; la Convención sobre la eliminación de todas las formas de Discriminación Racial; la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas de 2007 y principalmente el acuerdo de los Estados para que la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas sea un tratado internacional de obligatorio cumplimiento.

MANIFESTAMOS NUESTRA SOLIDARIDAD con nuestros hermanos del pueblo Mapuche, Awajun, Achuar, Kichwa y los pueblos indígenas y originarios de Venezuela que se ven afectados por la crisis humanitaria, fundamentalmente por razones de salud y alimentación. 

Rechazamos todos los actos de violencia y persecución que vienen sufriendo nuestros pueblos de América Latina.

Demandamos el levantamiento del estado de emergencia en Apurimac y Cusco y otros territories indígenas donde hay ocupación policial y militar.


CONSIDERANDO que las siete cumbres de las Américas no han implementado acciones concretas para el ejercicio pleno de los derechos colectivos de los pueblos indígenas en los Estados miembros.

DEMANDAMOS a los Jefes de Estado y Gobierno de las Américas lo siguiente:

1. Que los Estados Americanos destinen presupuesto y recursos para desarrollar e implementar el Buen Vivir en las políticas sociales, culturales, económicas de los pueblos indígenas, como principio rector de derecho colectivo humano.

2. Que los Estados cumplan con garantizar los derechos territoriales a través del reconocimiento, titulación colectiva, demarcación, georreferenciación, saneamiento y protección de nuestras tierras, territorios y recursos.

3. Que los Estados cesen en sus políticas normativas que permiten el acceso a las tierras y territorios de los pueblos indígenas para beneficiar a proyectos de inversión extractivos de empresas multinacionales vulnerando los derechos humanos de los pueblos indígenas y se sancione la corrupción que facilita el tráfico y despojo de nuestros territorios.

4. Que los Estados implementen de acuerdo al derecho internacional los procesos de ejercicio del derecho a la consulta y consentimiento libre, previo e informado antes de la adopción y ejecución de cualquier proyecto, programa o política que afecte los derechos colectivos y que estos procesos sean supervisados por nuestras organizaciones representativas.

5. Que los Estados garanticen el ejercicio de nuestro derecho a decidir nuestro propio modelo de vida en base a nuestros saberes y prácticas tradicionales, rescatando el trueque de productos, la reciprocidad y los conocimientos; respetando nuestros planes de vida comunales, incluidos nuestros sistemas de adaptación al cambio climático, la capacitación financiera, la transformación de nuestras materias primas y el fomento a la agricultura ecológica y orgánica.

6. Que los Estados promuevan la participación efectiva de las mujeres indígenas en las decisiones sobre el territorio y los bienes naturales, así como el fortalecimiento de la identidad y un efectivo enfoque intergeneracional, con la formación de nuestros niños y nuestras niñas en el orgullo de nuestra identidad.

7. Que los Estados promuevan normas para garantizar la soberanía alimentaria, que incluya la prohibición de las patentes de nuestras semillas y productos nativos; la priorización del consumo interno sobre la exportación, y el veto al uso de organismos transgénicos.

8. Que los Estados garanticen el ejercicio del derecho a la protesta, poniendo fin a la persecución de nuestros líderes y lideresas, derogando todas las normas de criminalización, archivando los procesos judiciales y disponiendo la libertad de nuestros detenidos y detenidas.

9. Que los Estados fortalezcan la institucionalidad indígena estatal con participación efectiva de nuestras organizaciones representativas y que sirva de base y respaldo para la defensa de los derechos de los pueblos indígenas latinoamericanos.

10. Que los Estados implementen políticas públicas de salud y educación intercultural, incorporando en ellas los saberes ancestrales como parte del proceso de descolonización y buen vivir.

11. Que los Estados promuevan normas para eliminar la discriminación y el racismo institucional en la estructura de los gobiernos de los Estados Americanos, además de incluir el sistema educativo nuestros conocimientos en la historia, ciencias, artes, filosofía e identidad.

12. Que los Estados promuevan la capacitación de los jueces y fiscales para que entiendan el derecho consuetudinario de los pueblos indígenas y que se respete el ámbito territorial de aplicación de la justicia indígena.

13. Que los Estados garanticen que jueces y fiscales respeten el pluralismo jurídico igualitario, es decir que la justicia indígena es igual que la justicia ordinaria.

14. Que los Estados promuevan los derechos a la comunicación indígena, redes comunitarias y el uso y acceso a las tecnologías de comunicación en nuestros propios idiomas.

Para que se fortalezca la paz de todos los pueblos indígenas de nuestra Abya Yala es necesario derogar las leyes que propugnan el racismo, el despojo de nuestros territorios, la discriminación y violación de los derechos colectivos de todos los derechos de los pueblos indígenas y reconocer y dar cumplimiento a los diferentes Tratados y Convenios Internacionales que reconocen la obligatoriedad de los Derechos de los Pueblos Indígenas.



Dado en la Ciudad de Lima el 10 de abril de 2018.

lunes, 2 de abril de 2018

Guatemala- Muere el genocida Efraín Ríos Montt, estaba siendo juzgado por genocidio de pueblos ancestrales


Abya Yala/Guatemala- Muere el dictador guatemalteco Efraín Ríos Montt, que estaba siendo juzgado por genocidio

ASIER VERA Ciudad de Guatemala-2 ABR. 2018 09:54

La muerte fue más rápida que la Justicia en Guatemala. A los 91 años, el dictador y Presidente de este país centroamericano entre marzo de 1982 y agosto de 1983, Efraín Ríos Montt, falleció este domingo a las 06.00 horas (14.00 en España) a causa de un infarto en su domicilio, situado en una zona exclusiva de la capital de Guatemala.

Con su deceso, quien fuera también jefe del Estado Mayor, muere inocente, ya que se pone fin al proceso reanudado en 2017, en el que se le estaba juzgando por los delitos de genocidio y lesa humanidad, si bien debido a que padecía demencia senil, ya no acudía al Juzgado de Mayor Riesgo, sino que únicamente asistían sus abogados a las audiencias que se celebraban a puerta cerrada.

Ríos Montt ya fue condenado el 10 de mayo de 2013 a 80 años de prisión por los delitos de genocidio y crímenes de lesa humanidad y previamente, había estado arrestado en su domicilio.

Ese día, la entonces jueza del Tribunal Primero de Mayor Riesgo A, Jazmín Barrios, no pudo evitar las lágrimas mientras leía la sentencia contra el dictador por el asesinato durante su mandato de 1.771 mayas ixiles en el marco de su "política de tierra arrasada", que consistió en aniquilar a miles de indígenas a quienes acusaba de colaborar con la guerrilla que se había levantado en armas contra el Gobierno en una cruenta guerra civil, que se inició en 1960 y que concluyó en 1996 con la firma de los acuerdos de paz.

Sin embargo, el proceso fue anulado diez días después por la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, tras una maniobra del abogado de Ríos Montt, Francisco García, quien había recusado a la jueza, por lo que se tuvo que repetir todo el proceso judicial en su contra. Sin embargo, el dictador nunca más acudiría a un juzgado, ya que en 2016 fue declarado incapaz mentalmente de enfrentar un proceso judicial por genocidio, teniendo en cuenta que tenía que ser juzgado por otra masacre conocida como 'Las Dos Erres', cometida en 1982.

En esa ocasión se produjo una matanza de 201 indígenas y campesinos, entre ellos 67 menores, en el departamento norteño de Petén, por la cual ya fueron condenados en 2011 cuatro ex kaibiles (fuerzas de élite) a 6.060 años de prisión, acusados de asesinar y lanzar a todos los pobladores a un pozo.

La Zona Militar 21 de Cobán, Alta Verapaz, denominado hoy Comando Regional de Entrenamiento de Operaciones de Mantenimiento de Paz (Creompaz) es solo un vestigio de las atrocidades que se cometieron durante el mandato de Ríos Montt, quien estaba acusado de idear varios planes, denominados 'Victoria 82', 'Firmeza 83' y 'Sofía', para exterminar a la población indígena.

En este lugar, el Ministerio Público y la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG) descubrieron en 2012 un total de 565 osamentas en 85 fosas comunes.

Entre ellas, se encontraban los cuerpos de los 80 hombres de la etnia maya Poqomchí, que el 2 de junio de 1982 fueron sacados de sus casas en la aldea de Pambach, en Santa Cruz Verapaz, por los soldados del Ejército de Guatemala, comandados por Ríos Montt y, posteriormente, fueron ejecutados extrajudicialmente en una iglesia.Durante el periodo que Ríos Montt gobernó con puño de hierro el país centroamericano, también se cometieron otras atrocidades contra mujeres indígenas.

Precisamente, en febrero de 2016, fueron condenados a 120 años de cárcel el teniente coronel Esteelmer Francisco Reyes Girón y a 240 años el ex comisionado militar Heriberto Valdez Asig, por el delito contra los deberes de humanidad por la violación sexual y trato humillante y servidumbre doméstica a la que sometieron a 15 mujeres indígenas de la etnia Q'eqchi entre 1982 y 1983 en un destacamento militar instalado en Sepur Zarco, entre los departamentos de Alta Verapaz e Izabal.

"Conciencia limpia"

Ese día la jueza llegó a decir que las víctimas fueron tratadas "peor que animales", ya que las mujeres, cuyos maridos fueron asesinados por los soldados, no solo fueron obligadas a mantener relaciones sexuales con los militares bajo amenaza de muerte, sino que también "las obligaron a lavarles la ropa y a hacerles la comida sin percibir por ello ningún pago".

Pese a estos crímenes cometidos por los militares que estaban bajo su mando y que era un 'modus operandi' durante la dictadura del hoy fallecido, Ríos Montt, quien siempre se declaró inocente, permaneció libre durante todos estos años sin ser condenado.

El abogado de la familia, Luis Rosales, llegó a decir este domingo que el ex Presidente de Guatemala falleció "en paz, con su conciencia sana, limpia y rodeado de mucho amor". Además, agregó que sus allegados y amigos mantienen la convicción de que "en este país nunca hubo genocidio y fue inocente de lo que se le acusa".

En similares términos se ha expresado una de las amigas del general, Marroquín Palomo, quien ha dicho que es "muy representativo" que Ríos Montt haya fallecido el mismo día en el que según la religión cristiana, resucitó Jesús. "Al igual que Cristo, que lo acusaron sin fundamentos, él padeció también durante todos estos años una traición de algunos del pueblo guatemalteco mientras que otros lo reconocimos en silencio", ha concluido.

A lo largo de su vida, Ríos Montt, nacido el 16 de junio de 1926, llegó a ser Embajador de Guatemala en España entre 1974 y 1977, al tiempo que presidió el Congreso entre enero de 2000 y 2004. Tiempo después, fue diputado entre 2008 y 2012 con el partido Frente Republicano Guatemalteco, del que también formó parte su hija, Zury Ríos, quien ha cobrado protagonismo en los últimos años por ser una ferviente defensora de retomar la pena de muerte en Guatemala.

El hoy fallecido pasó de ser alguien que se dedicaba a dar sermones cristianos evangélicos en una escuela a convertirse en un dictador después de que varios soldados irrumpieran en su clase para pedirle que diera un golpe de Estado en 1982 contra el entonces Presidente guatemalteco Romeo Lucas García. Con este mismo método sería derrocado el 8 de agosto de 1983 a través de un golpe de Estado ejecutado por su propio Ministro de Defensa, Óscar Humberto Mejía Víctores, quien en 1985 convocó las elecciones que entregaron la Presidencia de Guatemala al año siguiente a Marco Vinicio Cerezo iniciándose así la era democrática en el país centroamericano.

http://www.elmundo.es/internacional/2018/04/01/5ac115cbe5fdeafe768b4605.html
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1 abr. 2018

Muere en Guatemala el dictador más sangriento de su Historia: Ríos Montt.




La organización H.I.J.O.S. Guatemala convoco hoy al parque central para recordar a las víctimas del genocidio luego que por la mañana se filtro la información de la muerte de unos de los dictadores más sangrientos de Latinoamericana: Ríos Montt, sentenciado en un tribunal guatemalteco por Genocidio en contra del pueblo maya Ixil en le 2013.



Fueron colocadas fotos de cientos de detenidos desaparecidos, masacrados y asesinados durante la guerra de Guatemala






También se colocaron fotos de actividades que a lo largo de la historia reciente diversas organizaciones han desarrollado para impulsar la justicia y esclarecimiento de los hechos ocurridos en una de las guerras más invisibilizadas y sangrienta de latinoamerica.



En Mayo del 2013, Ríos Montt fue declarado culpable de Genocidio y delitos de lesa humanidad contra el pueblo maya Ixil, se documentaron en el juicio la muerte de por lo menos 1,771 indígenas en la política de tierra arrasada que identifico a este pueblo como enemigo interno. 10 días después de la histórica sentencia en un tribunal guatemalteco y por presiones de las elites económicas acusadas de apoyar al dictador la Corte de Constitucionalidad ordenó un nuevo juicio.





















Sobre el dictador no se supo cuando murió, fue velado en su casa, en silencio y en medio del juicio por genocidio que la Corte de Constitucionalidad había ordenado repetir.

Para los presentes hoy en la plaza la condena por genocidio dictaminada por un tribunal de alto impacto el 10 de mayo del 2013, sigue vigente y la muerte de este criminal no lo absuelve ni lo perdona. 




Publicado por CPR Urbana 

http://cpr-urbana.blogspot.cl/2018/04/muere-en-guatemala-el-dictador-mas.html

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Efrain Rios Montt. "Vamos a matar pero no a asesinar".


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Muere impune el exdictador guatemalteco Efraín Ríos Montt

El general, de 91 años, fue considerado como uno de los militares más sanguinarios de América Latina

JOSÉ ELÍAS- Guatemala 2 ABR 2018 - 12:24 CEST

El exdictador guatemalteco Efraín Ríos Montt. AFP | EFE


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El exdictador José Efraín Ríos Montt, uno de los militares más sanguinarios de América Latina y quien dirigiera con mano de hierro los destinos de Guatemala entre el 23 de marzo de 1982 y el 8 de agosto de 1983, ha muerto este domingo en la Ciudad de Guatemala, a los 91 años.

Según confirmaron personas allegadas a Ríos Montt, falleció a primera hora de la mañana de este domingo por un paro cardiaco. Su salud se había deteriorado en los últimos meses. Ya en julio de 2015 fue declarado "mentalmente incapaz" para enfrentar un nuevo juicio en su contra, al que quedó sujeto tras la anulación del proceso en el que fuera condenado a 80 años de prisión por genocidio y otros crímenes de lesa humanidad, en mayo de 2013.

"(Ríos Montt) presenta un cuadro de deterioro que le impide rendir adecuadamente desde el punto de vista de pensamiento y juicio (...) No se encuentra en pleno uso de sus facultades mentales..." reza el informe médico del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif, dependiente de la Fiscalía).

Tahúr de la política, el viejo militar, que guste o no manejó a su sabor y antojo los destinos de Guatemala durante la etapa final del siglo XX y la primera década del siglo XXI, murió sin conocer la cárcel, pese a haber sido condenado en mayo de 2013. No pudo evitar, eso sí, saberse condenado por la historia y tener que soportar, a lo largo del proceso, los testimonios de decenas de sobrevivientes del conflicto, quienes durante el juicio pusieron ante los ojos del mundo las atrocidades cometidas por el Ejército durante la guerra civil que ensangrentó Guatemala entre 1960 y 1996, y que alcanzó sus más altas cotas de salvajismo durante el Gobierno riosmonttista.

Desde su calabozo en un cuartel militar, donde tras su condena permaneció dos noches, Ríos maniobró con habilidad extrema para que el Constitucional, en un dictamen sin ninguna legitimidad por razones de competencia, anulara la condena y ordenara repetir el juicio. En la actualidad, y sin la presencia de Ríos, un tribunal de alto impacto conocía nuevamente el caso.

El sátrapa se benefició de todas las garantías procesales propias del Estado de derecho, que él negó a sus víctimas. Durante su Gobierno, 15 personas fueron fusiladas tras ser condenadas por jueces sin rostro en juicios sumarísimos. Los últimos cinco —tres civiles y dos militares de baja graduación— fueron pasados por las armas en la víspera de la visita del Juan Pablo II, la primera vez en la historia que un Papa visitaba Guatemala, lo que motivó un escándalo a nivel mundial. 
Oficialmente se dijo que los ejecutados habían admitido la comisión de los delitos que se les imputaban —integrar una banda de asaltantes y violadores—, extremo que sus abogados negaron ante la prensa local, señalando que habían sido obligados a aceptar la culpa en medio de salvajes torturas.

Ríos y sus abogados encontraron en la figura de genocidio la clave para revertir la sentencia. Explicaron a los poderes fácticos que ese delito abría las puertas para que algunos empresarios, particularmente de la patronal agraria que financiaron los operativos del Ejército y pusieron a disposición de los militares sus aeronaves para apoyar las operaciones de represión, pudieran ser igualmente procesados.

De acuerdo con los informes Guatemala, Nunca Más, del malogrado obispo Juan Gerardi, y Guatemala, Memoria del Silencio, de la Comisión de Esclarecimiento Histórico patrocinada por la ONU, fue durante el mandato de Ríos Montt cuando se cometieron la mayoría de masacres de población civil desarmada. 

Unos 10.000 guatemaltecos, en su mayoría indios, fueron ejecutados extrajudicialmente y el número de refugiados ascendió a 100.000. 

El Informe de Esclarecimiento Histórico de la ONU eleva a 448 el número de aldeas borradas del mapa en los 17 meses de gestión riosmonttista.

Con el retorno a la democracia en 1985, Ríos aprovechó la disciplina prusiana impuesta a su grupo parlamentario para inclinar a favor de sus intereses la balanza en aquellas leyes que requieren del voto de dos terceras partes de la totalidad de escaños, extremo que le facilitó negociar exitosamente la impunidad que le permitió burlar los procesos en su contra.

Su mayor logro político fue llevar a su partido a la Presidencia de la República en el periodo comprendido entre el 14 de enero de 2000 y la misma fecha de 2004. 
Como la Constitución de Guatemala prohíbe a los golpistas aspirar al poder –ocupó la jefatura del Estado tras derrocar al también general Romeo Lucas García, Ríos encontró en Alfonso Portillo al hombre que le permitió gobernar a su antojo desde la Presidencia del Legislativo.

El gobierno Portillo-Riosmonttista está considerado como uno de los más corruptos de la historia de Guatemala, solo superado por el gobierno del Partido Patriota, cuyos máximos líderes, el expresidente Otto Pérez Molina y quien fuera su vicepresidenta, Roxana Baldetti, acumulan procesos en la prisión preventiva a la que están sometidos.

Trayectoria sangrienta

Efraín Ríos Montt fue demandado en 1999 ante la Audiencia Nacional española por la premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú, acusado de delitos de lesa humanidad como genocidio, torturas, desapariciones forzadas y terrorismo de Estado. 
Gracias a la inmunidad que le garantizó su condición de diputado, el viejo general logró evadir su enjuiciamiento.

Con su muerte, Ríos se suma a los también fallecidos generales Romeo Lucas García, presidente de Guatemala entre 1978 y 1982, y Germán Chupina Barahona, jefe de la Policía durante el mismo periodo, considerados, con Ríos, como los mayores violadores de los derechos del hombre en Guatemala. 

Lucas y Chupina fueron los responsables intelectuales del asalto y quema de la Embajada de España en Guatemala, el 31 de enero de 1980.
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Un documental desnuda la dictadura guatemalteca de Efraín Ríos Montt

Retrata la dictadura que asoló Guatemala durante los 80"Creo que debería haber unas disculpas del Gobierno respecto a lo que sucedió para que no vuelva a ocurrir"

ASIER VERA SANTAMARÍA-

Guatemala no quiere pasar página de su pasado más oscuro y, por ello, la directora guatemalteca Izabel Acevedo ha decidido realizar un documental, que es su ópera prima, en el que se retrata al dictador que gobernó con puño de hierro este país entre 1982 y 1983, Efraín Ríos Montt.

El Buen Cristiano ha sido preestrenado a nivel mundial en la VII Muestra de Cine Internacional Memoria, Verdad, Justicia, que se ha celebrado este mes de noviembre en la Ciudad de Guatemala.

Cuenta la historia de cómo alguien que se dedicaba a dar sermones cristianos en una escuela se convirtió en un sátrapa después de que varios soldados irrumpieran en su colegio para pedirle que diera un golpe de Estado en 1982 contra el entonces presidente Romeo Lucas García.Acevedo hizo un seguimiento de todo el juicio contra Ríos Montt por los delitos de genocidio y crímenes de lesa humanidad por el asesinato durante su mandato de más de 1.700 mayas ixiles.

En la película salen imágenes reales del juicio en el que Ríos Montt fue condenado en mayo de 2013 a 80 años de prisión por estos delitos.
Asimismo, se ve el momento en el que cayó como una jarra de agua fría sobre los guatemaltecos la decisión de la Corte de Constitucionalidad de anular diez días más tarde la histórica sentencia que había emitido entre lágrimas la presidenta del Tribunal Primero de Mayor Riesgo A, Jazmín Barrios.

El abogado del dictador, Francisco García, había ganado la batalla, dado que había presentado una recusación contra la jueza, quien no lo tuvo en cuenta, razón por la cual su sentencia fue anulada.

Precisamente, García es uno de los protagonistas del documental en el que se jacta de haber logrado que todo el trabajo de la magistrada fuera en balde. Asimismo, varios militares que participaron en el Gobierno de Ríos Montt justifican la política llevada a cabo por el dictador a través de los planes 'Victoria 82', 'Firmeza 83' y 'Sofía', que según el ejército iban dirigidos a acabar con la guerrilla, aunque en la práctica supusieron la aniquilación de miles de indígenas ixiles a través de lo que se denominó 'política de tierra arrasada'.

Quienes sobrevivieron fueron confinados en especies de campos de concentración controlados por el ejército, con el fin de que renunciaran a todos sus valores indígenas y se reintegrasen a lo que el ejército denominaba 'vida normal'.

Testimonio de un superviviente

Esta realidad es contada en el documental por uno de los supervivientes de las matanzas Francisco Chávez Raymundo, quien en marzo de 2013 coincidió con Ríos Montt en el citado juicio donde declaró como víctima del genocidio, dado que los militares mataron a su familia, excepto a él y a su hermana pequeña.

Precisamente, en la película se intercalan las imágenes del juicio en las que Ríos Montt se declaró inocente, con la conversación que mantiene Francisco Chávez con su hermana a quien le cuenta las penurias que ambos sufrieron durante la dictadura siendo ella de muy corta edad. Ambos van recorriendo los lugares en los que vivían y de los que tuvieron que huir, de forma que la directora guatemalteca contrapone esta historia con las declaraciones del dictador y de los militares que en todo momento niegan que se produjese un genocidio.

En conversación con El Mundo minutos antes del preestreno, Izabel Acevedo admite que su objetivo inicial era hacer un documental sobre la guerra civil que asoló a Guatemala entre 1960 y 1996, para lo cual quería entrevistar a personajes claves para entender este periodo, emulando al documentalista estadounidense Errol Morris.

Si bien cuando estaba preparando el proyecto, se anunció el juicio por genocidio contra Ríos Montt, a quien quería entrevistar para su documental inicial. Así, se trasladó desde México, donde estudiaba cine, hasta Guatemala para documentar el juicio, para lo cual usó únicamente una cámara y un equipo de sonido.

Pese a que su idea inicial era presentar el documental el próximo año, el director de la VII Muestra de Cine Internacional Memoria, Verdad, Justicia, Uli Stelzner, la convenció para proyectarlo en este festival como working progress. De esta forma, se garantiza que antes de su estreno oficial, lo pueda presentar en los próximos dos años en otros festivales internacionales de la mano del Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC) de México, donde Acevedo estudió cine.

'Esta película está hecha con todo el corazón'

"Esta película está hecha con todo el corazón, ya que busqué personas que representan lo que siento y que tenían más o menos la misma edad que yo en los año 80, solo que por una razón del destino yo no estuve en una situación así", asegura refiriéndose a la pareja de hermanos protagonista del documental.
Así, asegura que pese a que los guatemaltecos están "acostumbrados a oír barbaridad tras barbaridad", cuando escuchó a Francisco Chávez declarar en el juicio ella estuvo "tres días llorando", por lo que decidió contactarlo para su película.

Por otra parte, reconoce que no le fue difícil hablar ni con los abogados de Ríos Montt, ni con los militares que participan en su documental, debido a que durante el juicio "la mayor parte de la gente y de la opinión internacional estaba con las víctimas y, por este motivo, ellos tenían muchas ganas de ser escuchados también".

"Todos ellos hablaron con mucha libertad y las conversaciones fueron largas e incluso muy amenas, por lo que fue muy interesante poder ponerme en sus zapatos y entender que son también un tipo de guatemaltecos", reconoce Acevedo.

La directora se quedó con la espina de haber entrevistado a Ríos Montt, con quien finalmente no pudo hablar pese a que le envió muchos mensajes. Su objetivo, según aclara, no era hablar con él sobre el genocidio, sino sobre "los libros que lee y qué discos tiene en casa para saber cómo piensa realmente".

Asimismo, revela que tras el juicio, entrevistó en México a la jueza Jazmín Barrios, para incluirla en el documental, si bien tras finalizar la conversación con ella, la magistrada se negó a que se emitiera, con el fin de que no se la identificara con los beneficios económicos que pudiera generar la película en taquilla.

Acevedo precisa que con El Buen Cristiano, su objetivo "no es denunciar" la dictadura de Ríos Montt, sino mostrar "argumentos sólidos" a la población guatemalteca para que saque sus propias conclusiones sobre lo que ocurrió en los años 80 en este país, teniendo en cuenta que la gente "detesta" hablar sobre este tema.

Por ello, señala que ella pretende con su película dejar una aportación sobre la historia más reciente de Guatemala, al igual que en Alemania hay instituciones culturales que "de alguna manera son como templos que guardan la memoria" de lo que sucedió durante el nazismo.

"Creo que en Guatemala debería haber museos, archivos abiertos, monumentos, así como una aceptación y unas disculpas del Gobierno respecto a lo que sucedió para que no vuelva a ocurrir", sentencia.


http://www.elmundo.es/cultura/2015/11/20/564ecb0346163f932e8b45e5.html
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Declaraciones de Ríos Montt en juicio por genocidio / Video I


elperiodicovideos- 
Publicado el 9 may. 2013
José Efraín Ríos Montt, el general retirado de 87 años de edad, acusado de responsabilidad en no menos de 15 masacres en el Triángulo Ixil en la década de los ochenta, declaro ante el Tribunal A de Mayor Riesgo que lo juzga por genocidio y delitos contra deberes de la humanidad.

VIDEO: https://youtu.be/ka4-J48Ja2w


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Fallece Efraín Ríos Montt, exjefe de Estado de Guatemala

El general retirado del Ejército, Efraín Ríos Montt y exjefe de Estado, murió este domingo según indicó el abogado de la familia Luis Rosales.

Por Rosa María Bolaños y Urias Gamarro- 1 de Abril de 2018 a las 11:14h

Elementos del Ejército de Guatemala rindieron honores al general retirado, José Efraín Ríos Montt, exjefe de Estado de Guatemala, quien fue trasladado de la casa de habitación en la zona 15 al cementerio La Villa, zona 14. (Foto Prensa Libre: Paulo Raquec).
Según agregó Rosales, el fallecimiento ocurrió en su casa de habitación en la zona 15 capitalina, a las 6 horas.

¿Quién era Efraín Ríos Montt?

“Falleció en su hogar, con el amor de su familia, con su conciencia sana, limpia, rodeado de mucho amor, aquejado por las dolencias que sabemos y de las cuales se ha informado a los órganos judiciales", dijo Rosales.

“Murió en paz, tranquilo, y todos con la convicción de que en este país nunca hubo genocidio y fue inocente de lo que se le acusa”, agregó el abogado, quien se convirtió ayer en vocero de la familia. Rosales también fue diputado del FRG, partido fundado por el general retirado y que llevó a la presidencia a Alfonso Portillo.

Sepelio del general Efraín Ríos Montt

Mario Ríos Montt, Monseñor Emérito, y hermano del general retirado, también acudió a la casa en la zona 15, a los pocos minutos se retiró del lugar. Mencionó que la última visita que le hizo fue el Lunes Santo.

Mientras que Lucrecia Marroquín de Palomo, ex diputada del FRG y cercana a la familia, explicó que Ríos Montt murió de complicaciones cardíacas.

El velatorio fue privado, en la casa de habitación, y después de las tres de la tarde fue trasladado por una funeraria al Cementerio La Villa, en la zona 14. Al lugar acudieron militares para rendirle honores.

Los restos del general retirado, José Efraín Ríos Montt, exjefe de Estado de Guatemala, fue trasladado de la casa de habitación en la zona 15 al cementerio La Villa, zona 14. (Foto Prensa Libre: Paulo Raquec).

Ríos Montt, de 91 años, fue Jefe de Estado de Guatemala, de marzo de 1982 a agosto de 1983, derrocado por el general Óscar Humberto Mejía Víctores.
Nació en Huehuetenango el 16 de junio de 1926. Durante su vida fue embajador, jefe del Estado Mayor, diputado y presidente del Organismo Legislativo. También se postuló a candidato a la presidencia.

En el 2017 se reanudó un juicio especial en su contra por genocidio, un caso por el que había sido condenado a 80 años de prisión, pero por orden de la Corte de Constitucionalidad (CC) se debe repetir el juicio.

El 26 de enero de 2012, Ríos Montt fue acusado formalmente de genocidio y crímenes contra la humanidad. Previo al inicio del juicio fue arrestado domiciliarmente.

José Efraín Ríos Montt, exjefe de Estado de Guatemala, murió este domingo en su casa. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL).

En Enero de 2013 se dio apertura al juicio contra Ríos Montt y José Mauricio Rodríguez Sánchez.

Tras múltiples audiencias, testimonios de las víctimas y acusaciones, el Tribunal de Mayor Riesgo A, presidido por la jueza Yassmín Barrios, condenó a Ríos Montt a 80 años de prisión por los delitos de genocidio y deberes contra la humanidad, el 10 de mayo de 2013. 

De esta forma, Ríos se convirtió en el primer líder latinoamericano en ser condenado por estos crímenes.

Ríos Montt fue electo diputado del Congreso en las Elecciones generales de 1995, junto a su hija Zury Ríos. Su partido, el Frente Republicano Guatemalteco (FRG) logró un total de 21 diputados, no obstante su candidato a la presidencia, Alfonso Portillo, quedó en segundo lugar.

http://www.prensalibre.com/guatemala/politica/efrain-rios-montt-muere-general-ex-jefe-de-estado-presidente
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Guatemala: Fallece golpista Ríos Montt acusado del genocidio de 1,171 indígenas

General José Efraín Ríos Montt, que gobernó defacto Guatemala entre 1982 y 1983, murió de un infarto su hogar.

Ríos Montt fue una de los primeros mandos militares de América Latina en ser hallado culpable por delitos de genocidio y lesa humanidad (AFP).

REDACCIÓN PERU21- 01/04/2018 13:44h

El general golpista de Guatemala, José Efraín Ríos Montt, quien era juzgado por genocidio, falleció hoy a los 91 años de edad, según confirmó a la agencia Efe una fuente cercana a la familia. Ríos Montt tenía problemas respiratorios y pulmonares, y desde 2015 había sido declarado con demencia senil.

Ríos Montt gobernó de facto Guatemala entre 1982 y 1983 luego de un golpe de Estado. Asimismo, era juzgado por el asesinato de 1,171 indígenas ixiles en el departamento noroccidental de Quiché.

Uno de los abogados del fallecido militar, Jaime Hernández, explicó a una emisora local que Ríos Montt murió de un infarto en su hogar.

Culpable de genocidio y lesa humanidad

El 10 de mayo de 2013 Ríos Montt fue hallado culpable de los delitos de genocidio y de lesa humanidad, y condenado a 80 años de prisión. El general retirado se convirtió en uno de los primeros altos mandos militares en ser sancionado por delitos contra los derechos humanos en América Latina.

Sin embargo, 10 días después de la sentencia, la Corte de Constitucionalidad, la máxima instancia jurídica de Guatemala, anuló la sentencia por fallos en el proceso y ordenó un nuevo juicio.

La medida fue cuestionado para los familiares de las víctimas y activistas de derechos humanos que anhelaban verlo condenado por las atrocidades cometidas durante su régimen de 17 meses.

Ríos Mont t es recordado por pronunciar discursos a los gritos. Fue también legislador y durante más de 30 años fue una de las personalidades más influyentes de la política guatemalteca.

https://peru21.pe/mundo/guatemala-fallece-rios-montt-acusado-genocidio-1-171-indigenas-401795

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Granito de Arena: Cómo Atrapar a un Dictador (RIOS MONTT)



JusticeRepublic- Publicado el 11 may. 2013

A veces una película hace historia, no sólo la documenta. Así ocurre con Granito de Arena, el asombroso nuevo documental de Pamela Yates. 


En parte thriller político, en parte memorias, Yates nos transporta atrás en el tiempo a través de un fascinante y evocador relato de un genocidio y vuelve al presente de la mano de unos personajes unidos por el destino y por la búsqueda para llevar a un dictador terrible ante la justicia.

VIDEO: https://youtu.be/n3P6zBcLTjE




miércoles, 21 de febrero de 2018

Policías argentinos y chilenos realizan montajes para inculpar al pueblo mapuche


Argentina-Chile: revelan planes de inteligencia para involucrar a mapuches en actos “subversivos” en ambos países 

20 febrero, 2018

Utilizando las supuestas dos creaciones del “profesor” Álex Smith (Antorcha y Tubicación), la unidad de Inteligencia de Carabineros de La Araucanía preparaba el escenario para la “Operación Andes”, en la que aparecían ex miristas a cargo de un tráfico de armas desde Argentina hacia la Coordinadora Arauco Malleco en Chile. 
Estaba todo listo, los supuestos chat que probarían los delitos y los mapas con las ubicaciones precisas de los inculpados. Pero todo se vino abajo cuando la Fiscalía sospechó de las pruebas. Lo que falta saber es quiénes y por qué alimentaron el guión.

Los títulos falsos de Álex Smith, el hasta ahora perito informático estrella de la policía, son solo una anécdota en la más grave crisis de Inteligencia de Carabineros. CIPER accedió a documentos oficiales de la Unidad de Inteligencia de La Araucanía, cruzó los datos con las declaraciones de los imputados y otros registros, y descubrió que la trama de la “Operación Huracán” esconde una segunda operación: “Andes”. Entre ambas se teje un escenario subversivo mapuche afincado en territorio chileno y argentino. Huracán y Andes se alimentan de la información capturada por las “herramientas” creadas por el “profesor” Smith. Todo ello avalado por el general Gonzalo Blu, director de Inteligencia y por su jefe: el general director Bruno Villalobos.

Las medidas cautelares que el Juzgado de San José de la Mariquina acaba de decretar en contra de Álex Smith, son un tímido paso hacia el nudo de la trama. Esto recién comienza.
SMITH, UNA PIEZA EN EL TABLERO

Álex Smith Leay no solo está acusado por el Ministerio Público de proporcionar pruebas falsas para inculpar a comuneros mapuche y de presentar títulos falsos para acreditar su idoneidad en seguridad informática. Hay otras mentiras de Smith que CIPER acreditó en el curso de esta investigación.

A pesar de que el “profesor” declaró ante la Fiscalía que Carabineros lo contrató recién en octubre de 2017, registros de la AFP Cuprum, a los que accedió CIPER, muestran que los pagos comenzaron tres meses antes. En julio Smith recibió $756.757 pagados por el Departamento de Tesorería de Carabineros. En agosto su sueldo llegó a $1.621.628, renta que mantuvo en los meses siguientes.

Lo anterior muestra que en septiembre de 2017, en pleno desarrollo de la hoy investigada “Operación Huracán”, Smith ya era un funcionario público pagado por Carabineros. Es más, documentos oficiales de la Unidad de Inteligencia Operativa Especializada de Carabineros de La Araucanía (UIOE), muestran que Smith trabajó en ella desde enero de ese año. Lo que no se sabe es cómo se le remuneró entre enero y julio de 2017.

Ya como un funcionario a sueldo, las labores del “profesor” Smith se concentraron en los comuneros mapuche. En noviembre de 2017, cuando la “Operación Huracán” ya había sido ejecutada, sus pericias se dirigieron a la que sería la segunda parte de esa historia: la “Operación Andes”.

El primer rastro de que la UIOE de La Araucanía trabajaba en la continuación de Huracán, lo encontramos el 17 de noviembre de 2017. Ese día desde la casilla de correo electrónico curso2017uc@gmail.com se envió un email a Álex Smith con dos link a una noticia de marzo de 2012: “FPMR y MIR asumen responsabilidad en muerte de policía en Argentina”.

Los miembros de esa unidad de Inteligencia habían fijado su mira en Jorge Salazar, un mirista que se encuentra prófugo desde hace seis años, acusado de dar muerte a un policía trasandino en la zona de San Junín de Los Andes. Supuestamente, los software creados por Álex Smith (Antorcha, para interceptar chats, y Tubicación, para geolocalizar objetivos) habrían obtenido comunicaciones electrónicas y rutas por las que se movería el subversivo chileno, a quien iban a acusar de proveer armas a comunidades mapuche.


Entre esas pruebas estaban las conversaciones que la UIOE de La Araucanía había supuestamente interceptado entre los hombres que ayudarían a la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) a obtener armamento.

Fue así que el 28 de noviembre del año pasado, Álex Smith envió un correo electrónico con esos chats a Héctor Olave, el cabo de la policía que, según declaró Smith, era el encargado de descargar la información suministrada por Antorcha. En esos diálogos los protagonistas son dos miristas que han operado por años en la zona sur del país: Jorge Salazar y Guillermo Romero. En las conversaciones que figuran en ese email se habla de “fierros” y pagos “mitad en pesos y mitad en dólares”.

LA “OPERACIÓN ANDES”

El 4 de diciembre de 2017 la operación ya había sido bautizada: Andes. Ese día la unidad de Inteligencia de La Araucanía resumió en un documento los blancos de esa operación. Allí se individualizó a Romero y Salazar como partícipes de un intercambio de armas y dinero, el que debió realizarse dos días antes, el 2 de diciembre, en el Parque Nacional Vicente Pérez Rosales, cerca de Puerto Varas. La fuente de esa información era la supuesta interceptación de los chats entre Guillermo Romero y Jorge Salazar.

En la entrega de armas habrían participado al menos otras cinco personas. A la única que la UIOE identifica es a “Norita”, encargada de entregar el dinero y recepcionar las armas.

El archivo que sistematizó esa información fue denominado “Operación Andes”.

A Guillermo Romero y Jorge Salazar, Álex Smith los relacionó con Héctor Llaitul, el vocero de la CAM, el principal inculpado en la “Operación Huracán” y luego sobreseído por la justicia. Uno de los chat que avalaría esa ligazón, según Smith, es el siguiente:

Guillermo: detuvieron al comandante (LLaitul)

Jorge: che mi hermano

Jorge: audio.mp3

Guillermo: la causa

Jorge: me hecho a varios primero

En un archivo PDF en poder de la UIOE se señala que este diálogo ocurrió el 24 de septiembre de 2017, un día después de las detenciones de la “Operación Huracán”. Junto a la captura de la imagen de ese chat, aparece una foto de Héctor Llaitul, a quien Romero y Salazar le dirían el “comandante”.

Según varios documentos elaborados por Smith, los celulares de los miristas estaban intervenidos desde hace meses. El respaldo de los chats que el “profesor” compiló y que envió en un correo electrónico fechado el 28 de noviembre, incluye conversaciones desde el 17 de noviembre y en ellas aparecen participando otras personas.

En uno de esos chat de la “Operación Andes”, supuestamente interceptado con las “herramientas” de Smith, aparece una comunicación de “Guille” (Guillermo Romero) con Jorge Salazar el 17 de noviembre, dos días antes de las elecciones presidenciales de 2017.

Guille: audio.mp3

Guille: 8 fierros cortos

Jorge: noche hablamos

No hay rastros de otra conversación esa misma noche, pero el chat se reanuda en la noche del 19 de noviembre, cuando se vuelve a hablar de “fierros” (armas) y de los resultados de la primera vuelta de la contienda presidencial (reproducción textual):

Guille: cago el hdp de piñera

Guille: no de da el 50 para la segunad vuelta

Guille: quería que pasara la sanchez

Guille: sera próxima

NUMERO PRIVADO: este es mi nuevo numero

Guille: ok

Guille: me están apurando por los fierros

NUMERO PRIVADO: el 3 en La madrugada

Guille: cascada?

NUMERO PRIVADO: ??

NUMERO PRIVADO: audio.mp3

Guille: igual hermano

Un día después la trama por los “fierros” da un nuevo paso.

NUMERO PRIVADO: hermano compañero

Guille: hola

NUMERO PRIVADO: viernes hablamos

NUMERO PRIVADO: tengo los fierros

Guille: audio.mp3

NUMERO PRIVADO: ok

Ese chat está fechado el 20 de noviembre, a 12 días de la cita fijada para el intercambio de dinero por armas: 2 de diciembre. Todas las acciones estaban supuestamente monitoreadas desde muy cerca por los miembros de la UIOE de La Araucanía. De hecho, el 24 de noviembre habrían capturado un nuevo chat sobre estos “fierros”.

Guille: Todo listo

Guille: en billetes

Guille: mitad en pesos y dólares[][][][]: [][][][][][][][][][]

Guille: ok viejo

Guille: nos vemos

[][][][]: [][]

Cinco días antes de la entrega de los “fierros”, aparece en escena “Alexis”, quien sería según los chats interceptados por Smith el encargado de la entrega de las armas. Así reproduce la UIOE el chat del 27 de noviembre:

Alexis: YO VOY

Guille: que paso

Alexis: Enfermo che Jorge

Guille: de que

Alexis: guata

Guille: confírmame fecha

Alexis: tranquilo estare

Ese reporte de chats que Smith supuestamente capturó y envió por correo electrónico al cabo Olave de la UIOE, finaliza el 28 de noviembre con una nueva conversación entre Guillermo Romero y Jorge Salazar.

Guille: como esta la salud hermano

Jorge: mejor

Jorge: Alexis va con encargo

Jorge: sino igi llaima

Guille: legua esta apuradoGPS

Jorge: confirmo mañana

El 2 de diciembre, según el reporte de Smith, Romero y Salazar habrían intentado hacer contacto durante toda la jornada, pero no fue posible. De los siguientes reportes de Smith se deduce que la entrega de armas no se habría concretado por la presencia de “búhos” y “ratas” (ver detalles de esa eventual conversación).

En los reportes que Smith hace a los miembros de la unidad de Inteligencia de Carabineros, se indica que los chat entre Romero y Salazar se reanudan el 4 de diciembre. Allí habrían acordado una nueva fecha para la entrega de los “fierros”, ahora en Santiago:

Guille: FIERROS LARGOS

Guille: 6

Guille: MECANICO SANTIAGO

Guille: NAVIDAD

Jorge: Comprendido

Guille: David quiere tu numero

Jorge: noche hablamos

Guille: ok

Guille: dos palos cada una

Guille: 21 llegan

¿CUÁNDO SE PRENDIÓ LA ANTORCHA?

Las cuestionadas pruebas proporcionadas por los miembros de la UIOE de La Araucanía para inculpar a comuneros mapuche, acusación asumida por Carabineros al llamar a retiro a cuatro de sus integrantes, tiene otros ingredientes que son falsos y que hasta ahora no han sido conocidos.

Según declaró Álex Smith a la Fiscalía, el software Antorcha recién comenzó a ser desarrollado en julio de 2017 y se tardó “cerca de un mes en entregar un primer prototipo operativo”. Eso nos lleva al mes de agosto de 2017 en su primera aplicación práctica. Esos plazos calzan con otra aseveración que hizo Smith ante los fiscales: que Antorcha funcionaba en un servidor (“airs.cl”). La indagación de CIPER indica que efectivamente ese registro -“airs.cl”- fue inscrito el 22 de agosto de 2017.

Lo que no calza es que casi cinco semanas antes de que Antorcha y “airs.cl” estuvieran habilitados, Smith hubiera interceptado con sus “herramientas” conversaciones por chat entre Jorge Salazar y su hermana Nelly.

Y ello, porque en los documentos de la UIOE a los que accedió CIPER, consta que tanto Álex Smith como el capitán Leonardo Osses (subjefe de la UIOE), les informaron al resto de los funcionarios de esa unidad de Inteligencia de Temuco, que uno de los celulares interceptados con las “herramientas” creadas por Smith, sería el de la hermana de Jorge Salazar: Nelly. De ese aparato telefónico se habrían captado chats del 17 de julio de 2017 entre ella y su hermano:

Hermano: como estas hermanita

Nelly: super, que es de tu vida hermanito?

Hermano: quiero ir a fin de año

Nelly: Osorno… como siempre

Nelly: tengo ganas de abrazarte

Hermano: te quiero mucho

Hermano: como esta mi viejita

Hermano: el 24 de diciembre vengo

Nelly: estoy con la viejita

Nelly: audio.mp3

Hermano: audio.mp3

Hermano: las amo

De ser real el chat entre ambos, este no se captó mediante Antorcha. Tampoco otros chats que respaldan la “Operación Huracán” y que son anteriores al 22 de agosto de 2017. ¿Con qué “herramientas” se interceptaron esas comunicaciones? Es una de las preguntas que Carabineros deberá responder en la causa en curso.

La última comunicación por whatsapp entre Guillermo Romero y Jorge Salazar que habría sido interceptada por las “herramientas” de Smith, está fechada el 17 de enero de 2018, solo días antes de que la Fiscalía de Temuco disparara el misil que destruyó la “Operación Huracán”.

Guille: están destrozando al negro (emoticon televisión)

Guille: prensa momia

Guille: lo traicio los chuecos ani

Guille: vendidos traidores

Guille: hermano

Jorge: che

Jorge: los pinochetistas

Jorge: capitalismo

Jorge: comandante no se dara su brazo a torcer

Jorge: va quemar todos los camiones

Jorge: a los mate y angelini

Jorge: lo conozco

Jorge: morirá luchando

Jorge: igual que yo

Guille: toda razón hermano

Guille: necesito (emoticon dinero)


“TUBICACION”: EL OTRO INVENTO DE SMITH

En diciembre de 2017 el trabajo pericial de Smith y sus colegas en la “Operación Andes” acrecentaron su reputación. Es en esa fecha cuando la información generada por esa unidad de Inteligencia comienza a ser firmada por la “Oficina informática forence” (SIC).

Bajo esa denominación, el lunes 11 de diciembre Álex Smith tuvo en su poder el “Anexo informe”, un archivo Word donde aparecen mapas y los supuestos recorridos de Jorge Salazar y Guillermo Romero, los dos blancos principales de la “Operación Andes”.

Los recorridos habrían sido elaborados con la nueva creación de Smith: “Tubicación”. En ese documento Word se detalla que la información se obtuvo a través de redes wifi a las que se habrían conectado Salazar y Romero.

Según los peritajes del “profesor” Smith, Romero habría transitado entre las localidades San Juan de la Costa, Osorno, Cascadas, Puerto Octay, Ensenada y Petrohué. Salazar se habría movido por caminos que conectan la provincia de Neuquén, en Argentina, con Osorno, en Chile.

En su reporte, Smith afirma que pudo interceptar mensajes de whatsapp de Romero a Salazar, los que se habrían geolocalizado, construyendo así las rutas de sus desplazamientos. Ese cruce de información habría permitido precisar la ubicación de la cabaña que estaría utilizando Salazar, a 77 kilómetros al este de Osorno.

Smith explicó en detalle a los miembros de la UIOE cómo funcionaba su nueva creación para geolocalizar celulares, en una presentación en power point el 20 de diciembre de 2017. “La aplicación determina la ubicación de un móvil y números de simcard, a través de la identificación del router al que se ha conectado o que él detectó, en un rango de hora y fecha determinada” (SIC), se lee en esa presentación. También utilizaría la información de antenas celulares: “Directamente por el receptor interno del GPS del dispositivo entregando la ubicación geográfica por medio del dispositivo móvil”.


La nueva “herramienta” que Smith decía haber creado, era uno de sus primeros objetivos que proclamó ante los jefes de la UIOE desde enero de 2017, cuando empezó a realizar peritajes para Carabineros. Desde esa fecha Smith intentó demostrarles que él podía geolocalizar páginas web, blogs y personas que estuvieran siendo investigadas. Pero su sistema fallaba.

Así ocurrió con el peritaje de inteligencia que entregó la UIOE a la Fiscalía de Los Ríos, donde se identificó al comunero Patricio Antiago en las cercanías del atentado que el 28 de agosto de 2017 destruyó 29 camiones en San José de la Mariquina. Pero a esa misma hora, Antiago estaba en su casa, a varios kilómetros de distancia, siendo controlado por Carabineros, ya que cumplía arresto domiciliario.

Por esta razón la Fiscalía debió aclarar que Patricio Antiago no está siendo investigado en esta causa y acto seguido formalizó al “profesor” Smith por obstrucción a la justicia y falsificación de instrumento público.

Junto a Smith fue formalizado el cabo del Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar), Manuel Riquelme, quien habría trabajado junto al “profesor” en el supuesto software que serviría para geolocalizar celulares. Así lo declaró Smith ante la Fiscalía el 30 de enero:

“Otra de las aplicaciones que desarrollé fue una para determinar la ubicación de los teléfonos en determinados lugares. Esta herramienta la desarrollé para una investigación a cargo de la Fiscalía de San José de la Mariquina. Este software existe en el mercado y fue ofrecido a Carabineros por la misma empresa que vendió el equipo “Oxygen foresnse” y a través de él es posible, ingresando el número telefónico, determinar en qué lugar se encuentra un determinado teléfono celular, sin embargo, esta herramienta no permite determinar donde estuvo el teléfono con anterioridad. El valor de este software, según entiendo, es de cerca de $200 millones, y la empresa que lo desarrolló es norteamericana. Como el valor es muy elevado comencé a desarrollar esta herramienta, pero aún no concluyo el trabajo, a pesar de que he realizado pruebas de campo”.

Smith agregó en su declaración (después se ha negado a testificar) que esa aplicación la comenzó a desarrollar después de la “Operación Huracán”, que ese software iba a ser utilizado por el Labocar y que para ello se compró el hosting “Tubicacion” y que, además, a diferencia del software norteamericano (que costaba $200 millones), el suyo permitiría conocer el historial de ubicaciones de un celular. Dijo también que desarrolló “Tubicación” junto al cabo Riquelme, a quien conoció en la unidad de Inteligencia de Carabineros en Temuco mientras periciaban los celulares de los detenidos en la “Operación Huracán”.

Al cruzar el relato que hizo Smith ante los fiscales sobre el desarrollo de “Tubicacion” con los documentos de la UIOE obtenidos por CIPER sobre la “Operación Andes”, hay algo clave que no calza. El dominio de “Tubicacion” (tubicacion.cl) recién se inscribió en Nic Chile el 9 de enero de 2018, casi un mes y medio después de que supuestamente Smith logró con esa “herramienta” geolocalizar a Salazar y Romero.

ALEUY SE SUBE AL AVIÓN

A fines de septiembre, cuando la “Operación Huracán” estaba en marcha y el vocero de la CAM Héctor Llaitul ya estaba detenido, algunos medios de prensa comenzaron a exhibir los supuestos chats incautados por el “profesor” Smith. Y fue en ese momento que en La Moneda comenzó a hablarse de tráfico de armas desde Argentina hacia las comunidades mapuche.

Ese fue uno de los temas que el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, trató con la ministra argentina de Seguridad, Patricia Bullrich, cuando viajó especialmente para ello a fines de ese mes. La alerta la había encendido otro supuesto chat interceptado por Álex Smith.

El 4 de agosto Jorge Huenchullán, uno de los detenidos en la “Operación Huracán” y líder de la Comunidad Autónoma de Temucuicui, le habría enviado a Héctor Llaitul un archivo Excel con un listado de armamento: “seis escopetas, 10 revólveres, 12 pistolas y dos fusiles”. Llaitul habría respondido: “de Argentina me van a llegar, el 15”.

Pero CIPER accedió a otro archivo interno de la UIOE que pone en duda la veracidad de ese chat. En la presentación en power point que resume la inteligencia desarrollada por la unidad de La Araucanía sobre comunidades mapuche (“Exposición coordinación zona control orden público”), se dice que el 2 de agosto de 2017 lograron capturar información de una reunión realizada en la Comunidad Autónoma de Temucuicui, gracias a “trabajo de fuentes cerradas información A-1”.


El informante (“fuentes cerradas A-1”) indicó –se lee en la presentación- que Temucuicui poseía el siguiente armamento: “seis escopetas, 10 revólveres, 12 pistolas y dos fusiles”. Es decir, el mismo listado de armamento que después aparece en uno de los chats instalados en un celular de Héctor Llaitul, y que remitiría a una comunicación de este con Jorge Huenchullán, donde supuestamente le solicitaría esas armas para ser traídas desde Argentina.

En la misma presentación oficial de Inteligencia -“Exposición coordinación zona control orden público” (ver power point)-, fechada el 4 de agosto de 2017, se dice que el armamento ya estaría en Chile.

¿Quién puso sobre el escritorio del subsecretario Aleuy los antecedentes que apuntaban a un tráfico de armas desde Argentina a las comunidades mapuche en Chile? ¿Tuvo otros antecedentes antes de decidir reunirse con la ministra Bullrich en Argentina, o solo se basó en los chats del “profesor” Smith?

CiperChile

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19 Febrero 2018



A continuación, compartimos artículo de Silvia Beatriz Adoue en el Lemonde Diplômatique de Brasil sobre la articulación anti-mapuche entre el Estado chileno y el Estado argentino. 

El escándalo sobre el montaje de la operación Huracán casi no se conoce en Argentina, pero los supuestos mensajes forjados han sido utilizados por el ministerio de seguridad de Argentina para justificar la escalada antimapu y la articulación represiva con Chile.

Nueva “operación cóndor”, ahora contra los Mapuche

Por Silvia Beatriz Adoue

Las dictaduras del Cono Sur precisaron justificas las políticas represivas por la invención de un enemigo interno. Para coordinar la represión en la región, organizaron la “Operación Cóndor”. Los gobiernos civiles de Chile y Argentina también quieren justificar la militarización presentando un nuevo enemigo: los Mapuche. La escalada represiva es hoy una providencia para desarticular preventivamente la resistencia a la integración de nuestra región a las candenas productivo/extractivas, que pretenden controlar el uso de la tierra. En el caso del territorio del Wallmapu, la tierra ancestral a ambos lados de la cordillera de los Andes, las grandes operadorras del sector forestal y de la mineración encuentran en los Mapuche una barrera material e ideológica para la utilización de los recursos.

Por otro lado, la militarización de la región es laboratorio y funciona también como amenaza para los argentinos y chilenos que por ventura se opongan al nuevo marco regulatorio ambiental y de las relaciones de trabajo. Las grandes cadenas del agronegocio y de la mineración precisan esas reformas para operar con velocidad, fluidez y sin riesgos. Ese es el marco de la aritculación entre los Estados chileno y argentino.

El gobierno argentino defiende un “cambio de doctrina” represiva de manera espectaculosa, liberando las fuerzas policiales de los límites de la ley. Dos semanas atrás, el presidente Mauricio Macri recibió en el palacio de gobierno a un policía que está siendo investigado por haber matado por la espalda a un ladrón en fuga. Los policías están siendo oficialmente estimulados a esas prácticas. De los 1.064 represores de la dicatadura condenados por delitos de lesa humanidad, 533 fueron beneficiados con prisión domiciliaria. Por el ablandamiento de las penas, se señaliza a los represores de hoy que el Estado no se olvida de “los servicios prestados” a la defensa del orden, más allá de la ley. Por esos gestos, el Estado argentino se está aproximando a las políticas represivas del Estado chileno, modelo a ser seguido para adecuarse a las “nuevas exigenias” mundiales.

El ensayo de articulación represiva entre los dos gobiernos tiene como base el combate a las “nuevas amenazas” regionales. El peligro presentado por el relato oficial chileno es el de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM) y el cuco argentino es la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM). Si la primera tiene presencia en la organización comunitaria en el centro sur de Chile, la segunda es una sigla de escasa y fantasmagórica aparición. 
Desde la década de 1990, las comunidades Mapuche al oeste de la cordillera de los Andes han resistido al avance de las grandes transnacionales de la cadena de la celulosa, de la mineración y del sector salmonero, así como a las obras de infraestructura que destruyen el territorio para atender los intereses de esas empresas. Ellos vienen recuperando tierras, defendiendo sus biomas nativos y practicando una economía que reproduce la abundancia. En la Patagonia argentina, los Mapuche vienen resistiendo al avance del extractivismo petrolero, mineral y forestal.

Las sucesivas prisiones del joven longko Facundo Jones Huala han sido ocasión para la coordinación entre los Estados chileno y argentino. Miembro del Pu Lof de Resistencia Cushamen, Jones Huala había sido imputado en Chile, em 2013, junto a otros cinco líderes Mapuche que combatían contra la construcción de una hidroeléctrica, bajo la ley antiterrorista. Él pasó en 2014 para Argentina y no llegó a ser juzgado junto a los otros cinco, de los cuales cuatro fueron absueltos y una joven machi fue condenada a sólo 61 días de prisión “por encubrimiento”, sin que se sepa hasta hoy a quién habría encubierto. El Estado chileno emitió un pedido de extradicción de Jones Huala para el Estado argentino. Él fue detenido en mayo de 2016 y el juicio fue declarado nulo por haberse basado en procedimientos ilegales.

Sin embargo, el 27 de junio de 2017, y unos escasos minutos después de un encuentro diplomático entre el presidente argentino Mauricio Macri y la presidenta chilena Michelle Bachelet, una vez más el longko fue preso. Los cargos que se le imputaron eran los mismos por los cuales ya había sido juzgado y absuelto el año anterior.

En agosto de 2017, y después de una manifestación junto al Pu Lof de Resistencia Cushamen por la libertad de Jones Huala, la Gendarmería argentina ingresó al área de la comunidad sin orden judicial. El gobierno quería hacer un test con la figura legal de la “flagrancia”, cuyo mentor es el jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad Pablo Noceti, presente en la región y seguramente supervisando el test. El delito “flagrado” consistía en una decena de personas defendiéndose con palos y hondas de revoleo. El ingreso y persecusión dentro del territorio resultó en la desaparición del joven Santiago Maldonado, acorralado por los gendarmes en las poco profundas aguas del río Chubut. A los 77 días, el cadáver de Maldonado fue encontrado a 500 m de ese lugar, río arriba, donde ya había sido buscado sin éxito.

El otro pivot de la articulación entre los dos Estados fue la “Operación Huracán” que resultó en allanamientos simultáneos en varios municipios para detener ocho líderes Mapuche, entre los cuales el vocero de la CAM Héctor Llaitul. La investigación a cargo de los Carabineros presentó un informe con mesajes de celulares que comprometían a los ocho Mapuche en la preparación de quema de camiones de las empresas forestales, con financiamiento extranjero y receptación de armas provenientes de Argentina. La detención e incautación de los celulares ocurrió en setiembre de 2017 y, supuestamente, la interceptación previa mensajes fue realizada por el sofware “Antorcha”, creado por Alex Smith, un ingeniero forestal que trabaja para Carabineros como asesor en informática. Inmediatamente, el subsecretario del Interior de Chile se reunió con la ministra de Seguridad de Argentina para coordinar el combate a la violencia Mapuche. Por su parte, la ministra argentina convocó a los gobernadores de las provincias de la Patagonia para aritcular una acción represiva conjunta contra la RAM.

Sólo que en diciembre, en medio de un peloteo de acusaciones mutuas entre la Fiscalía chilena y Carabineros, la primera puso bajo sospecha las pruebas presentadas por los segundos. Después de tres pericias, se descubrió que los mensajes fueron implantados en los celulares incautados y toda la operación fue un montaje. Las conversaciones entre los Mapuche, todas en castellano, seguían la dramaturgia trazada por Carabineros. La gira del papa, que pretendía la “reconciliación”, pasó lejos de denunciar estos desmanes. Los Mapuche, ya declarados inocentes, iniciaron un proceso judicial contra siete funcionarios de Carabineros por obstruir la investigación, falsificar instrumentos públicos y delitos informáticos. Héctor Llaitul apunta como responsables de la “Operación Huracán” al subsecretario del Interior Mahmud Aleuy y a la Agencia Nacional de Inteligencia.

Los montajes teatrales del “enemigo mapuche” se suceden con la ayuda de los medios de comunicación comprometidos en el esfuerzo dramatúrgico. Interesa la producción de capítulos de alta intensidad dramática y no si la máscara cae al final de cada episodio.


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Álex Smith y funcionario de Labocar son formalizados por Operación Huracán 2


El ex funcionario civil de Carabineros, conocido como el “Profesor”, está invlucrado en otra presunta manipulación de pruebas.

Diario Uchile- Lunes 19 de febrero 2018 10:14 hrs. 




En el Juzgado de Garantía de San José de la Mariquina, en la región de Los Ríos, se realizan este lunes las primeras formalizaciones por la presunta manipulación de pruebas en la llamada Operación Huracán 2.

En la audiencia serán formalizados Álex Smith, ex funcionario civil de Inteligencia de Carabineros, conocido como el “Profesor”; y Manuel Antonio Riquelme, miembro del Laboratorio de Criminalística de la institución (Labocar).

En la investigación, que lleva el fiscal regional Juan Agustín Meléndez, ambos son imputados por los delitos de obstrucción a la investigación y falsificación de instrumento público.

Smith es el creador de la aplicación Antorcha, con la cual -asegura- habría interceptado mensajería instantánea de comuneros mapuches, en el marco de investigaciones policiales.

La Operación Huracán 2 se refiere a la quema de 29 camiones de la empresa Sotraser, ocurrida en agosto del año pasado en San José de la Mariquina.

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Aucan Huilcamán: Fernández y Aleuy son responsables del montaje en Huracán

El dirigente mapuche apuntó a autoridades políticas en medio del escándalo desatado por la fallida operación. Además, criticó la persistente protección con la que cuenta el general director de Carabineros, Bruno Villalobos. Sus declaraciones se dan al finalizar una semana compleja para el Gobierno, en la que fue duramente criticado por un actuar contrradictorio en cuanto a la "Operación Huracán".

Nicolás Massai D.- Viernes 16 de febrero 2018 15:21 hrs. 



Este viernes la justicia declaró admisible la querella presentada por el gobierno contra quienes resulten responsables como autores, cómplices o encubridores de los supuestos delitos de obstrucción a la investigación y falsificación de instrumento público en el marco del presunto montaje de la Operación Huracán.

La acción legal fue presentada en el Juzgado de Garantía de Temuco, y si bien apuntaron a los acontecimientos que se han sucedido durante estos días, también se criticó a los fiscales por el hecho de cerrar la causa matriz, que terminó con el sobreseimiento de todos los comuneros mapuche.

Ese mismo tribunal fue el que se declaró competente para llevar la causa por el presunto montaje, a la que se añaden otras aristas como la querella presentada por la ex abogada asistente de la Fiscalía de Alta Complejidad de La Araucanía. Mónica Palma inició la acción por el delito de calumnias en su contra al ser sindicada como informante de Héctor Llaitul, lo que podría abrir la puerta a otro eventual montaje.

Este escándalo nacional implicó que el general director de Carabineros, Bruno Villalobos, llamara a retiro este jueves a tres funcionarios de distintos rangos de la institución policial; el general Marcelo Teuber, quien fuera hasta el año pasado jefe de la Unidad de Inteligencia; el mayor Patricio Marín y el capitán Leonardo Osses.

La medida fue criticada por Aucán Huilcamán. En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el encargado de relaciones internacionales del Consejo de Todas las Tierras explicó que la desvinculación de las personas que realizaban actividades de Inteligencia en La Araucanía representa dos cuestiones fundamentales:

“En primer lugar, salvar a la alta jerarquía de Carabineros, entre ellos, al general Bruno Villalobos. En segundo, encubrir de manera solidaria la responsabilidad del gobierno de la Presidenta Bachelet, y en particular la figura de Mario Fernández, ministro del Interior, y Mahmud Aleuy, subsecretario del Interior. Ellos tienen responsabilidad directa en el montaje Huracán que ha resultado un fracaso”, dijo.

Al respecto, el ministro del Interior, Mario Fernández, fue consultado respecto de las implicancias de mantener en el cargo a Bruno Villalobos. La autoridad dijo que lo que podía señalar es que “la decisión del general Bruno Villalobos ayer, de iniciar el retiro de funcionarios, es una muestra de su responsabilidad en el cargo. Esos procesos de retiro tienen toda una tramitación. Corresponde a una señal de responsabilidad”.
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Abogado Román: “Huracán es la Operación Michelle Bachelet”


El representante legal de Héctor Llaitul afirmó no tener dudas de que el gobierno de Chile tiene participación en el montaje, y por lo mismo, debe responder. El abogado asegura que los fiscales han desarrollado una estrategia de criminalizar a los mapuche y que en ello han jugado su parte las policías.


Camilo Villa J.- Miércoles 7 de febrero 2018 18:03 hrs. 



El escándalo de la Operación Huracán ha puesto en el tapete una denuncia constante del pueblo mapuche en cuanto a su conflicto con el Estado chileno: los montajes de los que han sido víctimas por parte de las autoridades.

Hoy la principal institución acusada es Carabineros de Chile, producto de las supuestas pruebas que consistían en conversaciones a través de whatsapp entre los implicados. Sin embargo ¿es la policía uniformada la única responsable en estos montajes?

Para conversar sobre el tema, Radio y Diario Universidad de Chile se contactó con Rodrigo Román, abogado de la Defensoría Popular y representante legal de Héctor Llaitul, vocero de la Coordinadora Arauco-Malleco y uno de los supuestos acusados por la Operación Huracán.

Según el abogado, la responsabilidad parte desde el ejecutivo. En ese sentido recordó una reunión efectuada en el sur de Chile el 20 de septiembre del 2017 –sospechosamente a menos de una semana de que estallara el caso de la Operación Huracán, recordó Román- encabezada por el subsecretario del interior, Mahmud Aleuy, en la cual participaron autoridades de Temuco, Concepción y la Región de Los Ríos

“Esa reunión no tiene justificación legal ni constitucional. Si Aleuy encabezó esta importante reunión con los presidentes de las Cortes de Apelaciones de la zona, con los jefes de las policías, con los jefes de la fiscalía, con los abogados del gobierno, entre otros, uno pudiese pensar que hay una trama que viene desde el más alto nivel, en este caso desde el ministerio del interior”.

“No tengo duda alguna que el Gobierno de Chile tiene participación en estos hechos. Este huracán es el huracán Michelle Bachelet” sentenció.

En ese sentido Román recalcó que la imagen de la Presidenta no se ha visto afectada por esta situación ya que ella se encuentra protegida por “los ricos, los poderosos y los medios”, sin embargo no dudó en responsabilizar a su gobierno por llevar adelante “estas acusaciones infundadas”.

El abogado considera lo anterior de una gravedad tremenda, a la cual se le suma otra: que una de las ofertas de campaña de Bachelet para llegar al ejecutivo fue la no aplicación de la Ley Antiterrorista, “y lejos de no aplicarla, han invertido cuantiosos recursos para condenar a los peñis sobre conductas terroristas”.

En cuanto a la responsabilidad del Ministerio Público, el abogado indicó que es evidente el sentimiento anti mapuche que tienen los fiscales, quienes, coludidos con las policías, buscan condenar sin desarrollar la labor investigativa para llegar a un juicio ante un tribunal imparcial con las pruebas necesarias, es decir, no hay debido proceso para ellos.

Para Román la fiscalía de la Araucanía ha jugado un especial papel en la persecución, criminalización y encarcelamiento de centenares de mapuche en distintos casos, sin embargo se evidencia su falta de seriedad porque la gran mayoría de los comuneros acusados de delitos han sido, finalmente, absueltos.

“Te puedo asegurar que la fiscalía y ciertos fiscales como Alberto Chiffelle y Luis Arroyo, han jugado esta estrategia de criminalización y encarcelamiento a priori solamente por la circunstancia de ser mapuche, y al respecto se han coludido con las policías y la inteligencia policial para llevar a cabo distintos montajes desde hace ya montones de años” enfatizó.

Recordó también que en más de 20 ocasiones se ha invocado la ley antiterrorista por parte del Ministerio Público, y en ningún caso han conseguido un veredicto condenatorio por la Ley Antiterrorista, salvo el joven Raúl Castro Antipán, mapuche que fue infiltrado por la Dirección de Inteligencia de Carabineros (DIPOLCAR) para provocar distintos hechos de violencia.

Según Roman, la Policía de Investigaciones (PDI) también debe asumir sus responsabilidades, pues aseguró que también forman parte de los montajes y sin embargo han pasado desapercibidos.

“Hoy la PDI está pasando en silencio, está pasando inadvertida, cuando es la PDI la que encabeza el caso luchsinger-Mackay. Ellos también han jugado un triste y nefasto papel con la muy probable implantación de pruebas también. Porque en este caso lo único que hay es el relato de dos sabuesos de la PDI que dan cuenta de los supuestos dichos que habría señalado José Peralino, una de las personas involucradas”.

El abogado cree que esta situación es un deja vu con lo que fue en su momento el caso de Raúl Castro Antipán. Por eso muestra seguridad con que el segundo juicio a realizarse por este hecho terminará en una absolución de los acusados.

Román también señaló que dada la gravedad del escándalo de la Operación Huracán, todas las altas autoridades implicadas deberían responder y presentar su renuncia.

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