domingo, 11 de noviembre de 2018

Minicentrales hidroeléctricas, un problema medioambiental donde se construyan


Las minicentrales hidroeléctricas son un gran problema global que la ciencia y las políticas pasan por alto


10 noviembre 2018 | Translated by Eddy del Carmen


Un nuevo estudio ha destacado un tema por mucho tiempo desatendido por los científicos y por aquellos que hacen las políticas: el aumento rápido de las minicentrales hidroeléctricas.
A nivel global, existen casi 83 000 minicentrales hidroeléctricas en 150 naciones. Sin embargo, el impacto de las minipresas ha sido tan poco estudiado por los científicos como poco regulado por los gobiernos.

En enero Brasil hizo un anuncio sorpresivo al terminar con sus políticas de construcción de megarrepresas, después de años de impulsar proyectos controvertidos como la presa Belo Monte (la tercera más grande del mundo) y el complejo Tapajós. Aunque esas noticias fueron bien recibidas por los ambientalistas, fueron eclipsadas al mismo tiempo por malas noticias: un incremento quíntuple de las llamadas minicentrales hidroeléctricas en Brasil en los últimos 20 años, según identificó un estudio nuevo.

Los impactos crecientes de estas numerosas minicentrales hidroeléctricas no deben pasar desapercibidos, advierten los científicos.

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La investigación, dirigida por Thiago Couto, de la Universidad de Washington, examinó la magnitud y la expansión de minicentrales hidroeléctricas por todo el mundo. En total, se registró que hay 82 891 de ellas en operación o en construcción en 150 países —es decir, 11 minipresas por cada una de las grandes a nivel global—. Este número podría triplicarse, de acuerdo al estudio, si se desarrolla toda la capacidad posible; ya hay otras 10 569 minipresas en fase de planificación. China va por delante, con más de 47 000 de ellas ya en operación.



Una minicentral hidroeléctrica en el río Kokra, en Eslovenia. El estudio registró casi 83 000 minipresas “en operación” o “en construcción” en 150 países. Ese número podría triplicarse, advierten los científicos, si se desarrolla la capacidad en todo su potencial. Foto por Mihael Grmek/Wikimedia Commons CC BY-SA 3.0

No solo la cantidad y la amplia distribución de las minipresas fueron inesperadas, también fue “una gran sorpresa que las políticas ambientales y el cuerpo existente de conocimiento científico sean insuficientes para guiar e informar respecto a la rápida expansión del sector de minicentrales hidroeléctricas”, dijo Couto.

El incremento en el desarrollo de minicentrales hidroeléctricas surge en un momento en que las presas grandes están perdiendo popularidad como fuente de energía renovable: cada vez hay más evidencias de sus impactos sociales y ambientales directos e indirectos, que van desde la deforestación y la amenaza a la seguridad alimentaria hasta la contribución a las emisiones de carbono y el trastorno de las migraciones animales.

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Sin embargo, las minicentrales hidroeléctricas no necesariamente deberían verse como más seguras y ecológicas, argumentan los investigadores: el término por sí mismo es arbitrario y no guarda relación con la magnitud de los impactos negativos que una presa podría causar.

Las minihidráulicas se definen como tal por su capacidad de generación, pero estas definiciones “varían sustancialmente, desde un 1 megawatt (MW), para las instalaciones en Alemania y Burundi, hasta los 50 MW para aquellas en Canadá, China y Pakistán”, escriben los investigadores.


El miniproyecto hidroeléctrico Denawaka Ganga, en Sri Lanka, tiene una capacidad instalada de 7.2 megawatts (MW). Las minicentrales hidroeléctricas están en auge globalmente, pero un estudio nuevo advierte que apenas se comprenden los impactos ambientales del sector, y que faltan políticas y regulaciones para la construcción de minipresas. Foto por mhpproject/Wikimedia Commons CC BY-SA 4.0

“No hay soporte científico para la clasificación de minipresas que está en uso actualmente y [aun así] el criterio está siendo aplicado en las regulaciones ambientales de la mayoría de los países”, explicó Couto. “Para ser más eficientes, las regulaciones deben disolver el calificativo ‘mini’ y ver más allá del criterio basado en la capacidad”.

Las llamadas minicentrales hidroeléctricas varían no solo en tamaño, sino también en su método de operación. Pueden ser clasificadas ampliamente según si almacenan o no agua en un depósito y según si el agua se desvía para llegar a la central eléctrica; ambas clasificaciones pueden afectar significativamente la magnitud de la influencia que tiene una presa en los niveles de agua y en los regímenes de flujo.

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Estos factores, entre otros, se vuelven más relevantes al momento de evaluar los probables impactos ambientales de las presas planificadas, dijo Couto. “Métricas como la altura de la presa, el área del depósito y la alteración del flujo son ignoradas generalmente por las políticas ambientales, pero la literatura científica las ha identificado como indicadores de los efectos ecológicos de las presas”.

La presa Zengamina, en Zambia, tiene una capacidad de tan solo 0.7 megawatts (MW), pero la definición de “minipresa” puede variar ampliamente entre países. Algunos, como Canadá, China y Paquistán clasifican a las presas de menos de 50 MW en esta categoría. Sin embargo, la capacidad de generación no es por sí sola una medida fiable de impacto ambiental, argumentan los investigadores. Otros índices como la altura de la presa, el área del depósito y la proporción de la alteración del flujo son más relevantes. Foto por Montibw/Wikimedia Commons CC BY-SA 4.0.

Otro problema señalado por el estudio fue la falta de planificación coordinada y de evaluación de impacto dentro de cuencas enteras. “Muchas cuencas están absorbiendo múltiples minipresas, pero las regulaciones y políticas le dan una atención muy limitada a los impactos acumulativos que causa la suma de presas en conjunto”, dijo Couto.

David Kaplan, quien dirige un grupo de investigación ecológica de cuencas en la Universidad de Florida, está de acuerdo con que se trata de un problema ambiental que se pasa mucho por alto. Existe “el potencial de sustanciales impactos acumulativos provenientes de miles de sistemas pequeños y no regulados en la hidrología ribereña y en la ecología, particularmente en las corrientes principales y en los ríos pequeños”, dice.

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Kaplan señala otras preocupaciones: “Mientras que algunos impactos de las minicentrales hidroeléctricas son más pequeños en magnitud que los de los proyectos más grandes, también [es cierto que las minicentrales] producen mucha menos electricidad, lo cual significa que se necesita construir muchas más de ellas para satisfacer las demandas energéticas”. Aunado a eso, la investigación de Kaplan ha demostrado que por cada unidad de energía generada, las minipresas pueden causar diez veces los impactos en la hidrología de los ríos que causarían las presas grandes.



Las cabeceras andinas de la cuenca amazónica son un objetivo actual de la expansión de las minicentrales hidroeléctricas: hay proyectos en desarrollo en Perú, Bolivia, Colombia y Ecuador. Los científicos argumentan que se necesita urgentemente comprender los impactos de que haya presas múltiples a nivel de cuenca. Foto por Rhett A Butler / Mongabay

El crecimiento descontrolado del desarrollo de minicentrales hidroeléctricas ha sido ayudado por la ausencia de legislación y licenciamiento rigurosos en lo que respecta a su construcción. En muchos países, incluyendo Brasil, el proceso de licencia es simplificado o está ausente para presas por debajo de cierta capacidad de generación; hasta dos tercios de los países podrían carecer de requerimientos ambientales específicos para las minipresas hidroeléctricas, reportan los investigadores.

Se trata de una inadvertencia seria, dicen, dado el apetito global por la expansión del sector. “Los planes futuros para las minicentrales hidroeléctricas se concentran en Asia, las Américas, el sur y este de Europa y África oriental, lo que incluye muchos de los países megabiodiversos de los trópicos y subtrópicos, como China, India, Malasia, Filipinas, Brasil, Colombia y Perú”, dijo Couto. “Algunas regiones, como el Himalaya, la meseta tibetana y los Andes son de gran interés para el desarrollo hidroeléctrico, pero estas regiones también hospedan un alto número de especies endémicas de agua dulce”.

En el caso de Brasil, un alejamiento de la construcción de megarrepresas llevará a un “impulso todavía más fuerte al desarrollo de minihidráulicas”, advierte Kaplan. El paso rápido y la escala del desarrollo de las minipresas demandan el incremento de la atención científica a los impactos ambientales y unas políticas y regulaciones más robustas —prioridades urgentes no solo para Brasil.


Referencias:
Couto, T. B. A. and Olden, J. D. (2018) Global proliferation of small hydropower plants – science and policy. Front Ecol Environ 2018; doi: 10.1002/fee.1746

https://es.mongabay.com/2018/11/el-gran-problema-global-de-las-minicentrales-hidroelectricas/

lunes, 22 de octubre de 2018

Perú- Gobernanza territorial indígena para proteger Territorios de Vida

Fuente de la imagen: Consorcio TICCA

Gobernanza territorial indígena para proteger Territorios de Vida

Representantes indígenas acuerdan "establecer una alianza entre las diversas formas de gobernanza territorial indígena para compartir experiencias y elaborar mandatos y directrices comunes para fortalecer las áreas conservadas".

Servindi, 22 de octubre, 2018.- Representantes de trece pueblos indígenas amazónicos coincidieron en exigir al Estado peruano brinde apoyo para la gobernanza territorial indígena "por ser esta la mejor estrategia para la conservación de la naturaleza y la diversidad biológica".

En tal sentido demandaron que el Estado "reconozca y garantice el derecho de los pueblos indígenas a gobernar nuestros territorios integrales" y los "reconozca (...) como legítimos protectores en el manejo y conservación de nuestros territorios ancestrales".

Veinteséis representantes indígenas suscribieron por consenso un documento de acuerdos, compromisos y demandas en el marco del Taller: Fortaleciendo la Gobernanza de los Territorios Conservados en la Amazonía Peruana, celebrado del 14 al 19 de octubre en Pachacamac, en Lima, Perú,

El evento fue organizado por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), la Lista Verde y el Consorcio TICCA, que es como se denominan a los territorios o áreas conservadas por pueblos indígenas y comunidades locales.


¿Qué son los TICCA o territorios de vida?

Los TICCA o territorios de vida, como también se les llama, se distinguen o diferencian de las Áreas Protegidas, administrados por los Estados, en que revalora las Áreas Conservadas en manos de pueblos indígenas y comunidades locales.

Los TICCA poseen tres características esenciales: a) un pueblo indígena o comunidad con una profunda relación con un territorio o sitio; b) capacidad de hecho o de derecho de cumplir los acuerdos de manejo, y c) la gobernanza favorece la conservación, las funciones ecológicas y los valores culturales asociados.

Cabe destacar que los TICCA surgieron para contribuir las Metas de Aichi para la Diversidad Biológica del Convenio de Diversidad Biológica desde una perpectiva más amplia para mejorar la diversidad y calidad de la gobernanza de las áreas protegidas y conservadas.

Foto: Yuri Gutiérrez

Reconocimiento del valor de los TICCA

Los líderes indígenas procedentes de diversos pueblos y experiencias de gobierno y manejo territorial consensuaron en que los TICCA es una categoría que se adapta de mejor manera a los sistema de conservación de los territorios y bosques indígenas.

Así lo destacó Shapiom Noningo Sesén, del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampis (GTANW) quién sustentó el documento consensuado y remarcó que la conservación es una actividad tradicional de los pueblos desde sus propias cosmovisiones indígenas.

"Nuestros mayores y sabios quizás no tengan títulos académicos que los reconozcan como expertos en conservación pero ellos saben cómo conservar los bosques mucho más que el Estado y el Sernanp" en referencia al Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas, dijo Shapiom.

Wilder Flores Gonzáles, jefe de la Comunidad Nativa Matsés, compartió la lucha de más de quince años de su pueblo frente a una amenaza petrolera. Gracias a la vigilancia y defensa activa de su territorio titulado de más de 452,000 ha viven tranquilos y sin contaminación.

Del mismo modo lo hizo Jeremías Petsein, presidente de la Federación de la Nacionalidad Achuar del Perú (FENAP), quién a pesar de los esfuerzos que realizan por controlar y defender el territorio achuar de diversas amenazas, el gobierno central intenta debilitarlos al desconocer el reconocimiento obtenido del Gobierno Regional de Loreto.

Fermin Chimatani Tayori, del pueblo Harakbut, y presidente de la Asociación Nacional de Ejecutores de Contrato de Administración de las Reservas Comunales del Perú (ANECAP), resumió muy bien el valor de los TICCA para los pueblos indígenas.

"Los TICCA no son un fin ni el objetivo principal. Se trata de un plus, de un valor adicional, al reconocimiento que debe tener la gobernanza territorial indígena, que debe ser cada vez más fortalecida por el Estado" dijo Chimatani.

Fotos: Yuri Gutiérrez

Criticas al conservacionismo oficial peruano

Las diversas delegaciones indígenas coincidieron en cuestionar la forma cómo se han secuestrado inmensos territorios indígenas mediante la superposición impuesta por el sistema de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (ANP).

Un caso fue expuesto por César Augusto Yojajé, del Consejo de la Nación Ese Eja, quien denunció que la creación del Parque Nacional Bahuaja Sonene y la Reserva Nacional Tambopata significa el asesinato lento de su pueblo. "Así, lo sentimos día tras día", expresó.

Por ello, Victor Pesha Baca, también de la Nación Ese Eja, ubicada en la región Madre de Dios, afirmó que como pueblo "están exigiendo la restitución y la reivindicación de este territorio ancestral”.

También se manifestó Mauro Metaki Tipe, presidente de la comunidad de Tayacome, ubicada al interior del Parque Nacional y Reserva de la biosfera del Manu, creada en 1973, sin considerar que dentro de su ámbito se encuentran poblaciones ancestrales.

Alertó que el 70 por ciento de la población indígena al interior del Manu se encuentra en condiciones de desnutrición debido a las serias restricciones en que se encuentran debido al control del personal del Sernanp que les limita actividades de subsistencia.

Sin duda, la principal crítica al Sernanp, es su incapacidad para garantizar la conservación de las áreas naturales y territorios bajo su administración. Así lo advirtieron diversos interlocutores indígenas quienes recordaron nefastos episodios contra la conservación.

Julio Hinojosa y Shapiom Noningo del Gobierno Wampis y Ermeto Tuesta del Instituto del Bien Común (IBC) explicaron el brutal recorte que se hizo al Parque Nacional Ichigkat Muja para favorecer las concesiones mineras.

El Instituto Nacional de Recursos Naturales (Inrena), ahora Sernanp, traicionó la confianza de los pueblos Awajun y Wampis. Estos pueblos consintieron que su territorio ancestral se convierta en Parque Nacional con fines de conservación, sin imaginar que éste luego se recortaría.

Otro caso expuesto en el taller es la intención de modificar la zonificación del Plan Maestro de la Reserva Comunal Tuntanain, en Amazonas, a fin de favorecer a la empresa Maurel Et Prom, titular del Lote 116 de hidrocarburos.

El Sernanp pretende dar apariencia de "legalidad" y "legitimidad" a modificaciones que vulneran los objetivos de creación de dicha reserva conmunal, explicaron líderes y técnicos indígenas.

Si bien los representantes del Sernanp que participaron en el taller el jueves y viernes expresaron su voluntad y disposición de escuchar y mejorar sus procedimientos, la desconfianza indígena se mantiene.

Una de las razones principales es que el Estado suele favorecer las actividades extractivas incluso sobre las áreas protegidas bajo el argumento del "interés nacional".

Tal es el caso del lote 76 de hidrocarburos que se superpone a casi todo el territorio de la Reserva Comunal Amarakaeri de 402,335 hectáreas, y de las comunidades que la custodian y protegen.

El Estado peruano entregó dicho lote a la empresa Hunt Oil en 2006 sin ninguna consulta previa a los pueblos afectados y sin siquiera evaluar la compatibilidad de la actividad extractiva con el área protegida.

En 2017 la petrolera estadounidense inició el proceso de abandono del Lote 76, por razones no del todo explicadas. considerado como un segundo Camisea por los expertos de hidrocarburos.

Cabe destacar que la Reserva Comunal Amarakaeri y el Parque Nacional Cordillera Azul son las dós áreas protegidas del Perú en proceso de evaluación para incorporarse en la Lista Verde de Áreas Protegidas y Conservadas (LVAPC) que distingue las buenas prácticas de conservación a nivel mundial.


Hacia el Congreso Latinoamericano de Áreas Naturales Protegidas

Una demanda actual y concreta que los participantes indígenas consensuaron es que el Estado peruano "haga visibles los sistemas de conservación territorial indígena" como aporte en el Congreso Latinoamericano de Áreas Naturales Protegidas que se realizará en Perú, en marzo de 2019.

En esa perspectiva, y a fin de fortalecer la Iniciativa TICCA en el Perú, acordaron autoconvocarse y "establecer una alianza entre las diversas formas de gobernanza territorial indígena para compartir experiencias y elaborar mandatos y directrices comunes para fortalecer las áreas conservadas".

Para tal efecto, esperan que las diversas organizaciones indígenas, con mandato territorial en el Perú, continúen el diálogo iniciado en el taller de Pachacamac para articular propuestas propias en torno la gobernanza territorial y las áreas protegidas y las áreas conservadas.
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A continuación el documento suscrito por los participantes del taller en español y luego inglés:

Acuerdos, compromisos y demandas de los Pueblos Indígenas

Los pueblos indígenas reunidos en el taller: Fortaleciendo la Gobernanza de los Territorios Conservados en la Amazonía Peruana, del 14 al 17 de Octubre del 2018 en Pachacamac, Lima, Perú, declaramos:

Luego de deliberar ampliamente alcanzamos los siguientes acuerdos, compromisos y demandas:

Acuerdos y compromisos de los PP.II.

1. Los Pueblos indígenas nos comprometemos a mantener y fortalecer la continuidad de nuestro sistema de conservación de los territorios y bosques desde nuestra cosmovisión.

2. Los PPII nos comprometemos a empoderar la gobernanza efectiva de las Áreas Naturales Protegidas que están en nuestros territorios ancestrales.

3. Los PPII nos comprometemos a elaborar un mapa didáctico en una plataforma global dónde aparezcan nuestros territorios y áreas conservadas

4. Establecer una alianza entre las diversas formas de gobernanza territorial indígena para compartir experiencias y elaborar mandatos y directrices comunes para fortalecer las áreas conservadas.

Demandas y exigencias al Estado peruano al amparo del Convenio 169 de la OIT, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y la Convención sobre la Diversidad Biológica

1. Que el Estado nos reconozca y garantice el derecho de los pueblos indígenas a gobernar nuestros territorios integrales

2. Que el Estado nos reconozca a los pueblos indígenas como legítimos protectores en el manejo y conservación de nuestros territorios ancestrales

3. Que el Estado nos brinde apoyo para la gobernanza territorial indígena por ser esta la mejor estrategia para la conservación de la naturaleza y la diversidad biológica

4. Que el Estado peruano haga visibles los sistemas de conservación territorial indígena como aporte en el Congreso Latinoamericano de Áreas Naturales Protegidas que se realizará en marzo de 2019.

A la comunidad internacional

Pedimos establecer alianzas estratégicas con los Pueblos indígenas que contribuyan a cumplir y garantizar la gobernanza territorial indígena en nuestros territorios y áreas conservadas.

Pachacamac, 18 de Octubre del 2018

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Agreement, commitments and demands of indigenous peoples

We, the indigenous peoples gathered in the workshop Strengthening the Governance of Conserved Territories in the Peruvian Amazon held from October 14 to 17, 2018 in Pachacamac, Lima, Peru, declare that-- after extensive deliberations-- we have reached the following agreement, commitments and demands:

Agreement and commitments of the indigenous peoples

1. We commit to maintaining and strengthening the continuity of our system of conserving our territories and forests according to our world view

2. We commit to strengthening the effective governance of the protected areas that are in our ancestral territories

3. We commit to developing a map and platform that include our territories and conserved areas

4. We commit to establishing an alliance among various forms of indigenous territorial governance to share experiences and develop a common mandate and guidelines to strengthen conserved areas

Demands to the Peruvian State under ILO Convention 169, The United Nations Declaration on The Rights of Indigenous Peoples and the Convention on Biological Diversity

1. That the State recognize and guarantee our right as indigenous peoples to govern our integral territories

2. That the State recognize indigenous peoples as legitimate custodians in the management and conservation of our ancestral territories

3. That the State provide support for indigenous territorial governance since this is the best strategy for the conservation of nature and biological diversity

4. That the State highlight the indigenous territorial conservation systems as a contribution to the Latin American Protected Areas Congress that will be held in March 2019

To the International Community

We seek strategic alliances that contribute to the implementation and guarantee of indigenous territorial governance in our territories and conserved areas.

Pachacamac, October 18, 2018

https://www.servindi.org/actualidad-informe-especial/22/10/2018/gobernanza-indigena-la-mejor-forma-de-conservacion

viernes, 12 de octubre de 2018

Kanadá- Corte $uprema en contra de todos los derechos de las naciones ancestrales



La Corte Suprema de Canadá ha dictaminado que los legisladores de Canadá no tienen el deber de consultar con los pueblos indígenas antes de introducir una legislación en el Parlamento que pueda afectar los derechos de los aborígenes y los tratados.  (Adrian Wyld/Canadian Press)

Corte Suprema de Canadá dictamina que Ottawa no tiene obligación de consultar con los indígenas antes de redactar leyes


Por Leonora Chapman | amlat@rcinet.ca
viernes 12 octubre, 2018

Los legisladores de Canadá no tienen el deber de consultar con los indígenas antes de introducir una legislación que pueda afectar los derechos de los indígenas y tratados protegidos por la constitución, dictaminó la Corte Suprema

La decisión fue acogida con alivio por el gobierno federal, que ha argumentado que tal obligación sería demasiado onerosa y ralentizaría considerablemente el proceso legislativo.

En su decisión de 7-2, el tribunal supremo dictaminó en contra de la Primera Nación cree Mikisew de la provincia de Alberta, que había argumentado que dos proyectos de ley ómnibus presupuestarios introducidos por el anterior gobierno federal conservador en 2012 afectaron sus derechos de tratado protegidos constitucionalmente porque enmendaron las protecciones reglamentarias para las vías navegables y el medio ambiente.

Esas enmiendas, argumentó la Primera Nación Mikisew, redujeron la supervisión gubernamental de tierras y aguas y, por lo tanto, amenazaron su derecho establecido a cazar, atrapar y pescar en su territorio tradicional. Estos derechos fueron garantizados por la Corona cuando firmó el Tratado 8 en 1899, y se consagraron como derechos constitucionales después de la aprobación de la Ley de la Constitución de 1982.

La Primera Nación argumentó que debería haber sido consultada por el gobierno antes de redactar la legislación y antes de que se presentara en el Parlamento.

Ella pidió al tribunal que extienda el deber existente de consultar las obligaciones, que hasta este momento solo se han aplicado a las acciones ejecutivas tomadas por el gabinete y los reguladores, al proceso de formulación de políticas.



El jefe Archie Waquan responde a la decisión de la Corte Suprema de Canadá sobre Courtoreille v. Canadá en Edmonton, Alberta, el jueves. La Corte Suprema de Canadá ha dictaminado que los legisladores de Canadá no tienen el deber de consultar con los pueblos indígenas antes de introducir una legislación en el Parlamento que pueda afectar los derechos de los aborígenes y los tratados. (Amber Bracken / Canadian Press)

La Nación Mikisew dice que continuará su lucha

La primera nación Mikisew Cree prometió continuar la batalla por los derechos del tratado a pesar de la decisión de la Corte Suprema

El fallo de la Corte Suprema que dice que los legisladores no tienen el deber de consultar con los pueblos indígenas antes de introducir una legislación que pueda afectar sus derechos de tratados no fue bien recibido por la Primera Nación Mikisew Cree en el norte de Alberta.

“Ha sido una larga lucha”, dijo el jefe Archie Waquan en una conferencia de prensa en un hotel del centro de Edmonton el jueves por la mañana.

“Estoy muy decepcionado, pero eso no significa que sea el final. Tenemos que continuar”.

Cuando la fe en un sistema de justicia se desvanece

El ex jefe Mikisew, Steve Courtoreille, dijo que, a pesar de la decisión, la lucha no ha terminado y que llevarán el caso fuera de las fronteras de Canadá si es necesario.

“Si no tienes fe en tu sistema de justicia, en tu país, tienes que ir a algún lugar”, dijo.

“Creo que aquí no hay esperanza de que tengamos acuerdos y apoyo justos en este país”, dijo Courtoreille.

“Puede que ganemos pequeñas batallas, pero la gran batalla se avecina, va a ser enorme y no vamos a estar solos”.



El ex jefe de Mikisew, Steve Courtoreille, dice que se avecina una gran batalla. (David Thurton/CBC)

Cómo funcionan las consultas con las Primeras Naciones

Actualmente la Corona generalmente cumple con su obligación de consultar con las Primeras Naciones potencialmente afectadas por otros medios, a través de la Junta Nacional de Energía, por ejemplo, cuando un proyecto de recursos naturales podría infringir los derechos de los indígenas protegidos o a través de un equipo de consulta de la Corona.

Por ejemplo, antes de aprobar la expansión del gasoducto Trans Mountain, el gabinete tenía la obligación constitucional de consultar con los indígenas a lo largo del proceso. Ese trabajo se realizó a través de un equipo de consulta de la Corona.

En un fallo de septiembre, el Tribunal Federal de Apelaciones finalmente encontró que esos esfuerzos fueron insuficientes y anuló las aprobaciones del proyecto por parte del gabinete. Para poner nuevamente en movimiento el proyecto estancado, el gobierno liberal designó a un ex juez de la Corte Suprema para rehacer el trabajo de consulta.

Mikisew argumentó que tales esfuerzos de consulta debían realizarse antes de que se presente en el Parlamento cualquier proyecto de ley que pueda afectar sus derechos.

Ottawa argumentó que el enfoque amenazaría la supremacía parlamentaria y socavaría el papel del Parlamento, y la separación de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, al someter las leyes que aún no han pasado a revisión judicial.

La mayoría de la Corte Suprema dictaminó que no existe un deber constitucional vinculante de consultar antes de que se apruebe una ley.


Siete jueces de la Corte Suprema concluyeron que no había obligación de consultar durante el proceso legislativo, pero no hubo unanimidad con las razones./La Presse canadienne/Sean Kilpatrick

“El deber de consultar no es adecuado para la acción legislativa. Rara vez es apropiado que los tribunales examinen el proceso de creación de leyes, que incluye el desarrollo de la legislación por parte de los ministros”, dijo el juez de la Corte Suprema Andromache Karakatsanis, quien escribió la opinión principal sobre este caso.

“La aplicación del deber de consultar la doctrina durante el proceso legislativo llevaría a una incursión judicial significativa en el funcionamiento de la legislatura”.

La Corte también planteó preocupaciones prácticas: mientras que los ministros del gabinete pueden consultar antes de la introducción de la legislación, los proyectos de ley pueden, y en ocasiones son enmendados por diputados y senadores en el Parlamento. Los proyectos de ley de miembros privados no enfrentarían las mismas obligaciones de consulta.

“En la larga cadena de eventos que contribuyen al desarrollo de la legislación, deshacer los pasos a los que se aplica el deber de consultar (porque son los ejecutivos) y las acciones que son inmunes (porque son parlamentarios) sería una tarea enormemente difícil”, agregó la corte.

El juez Malcolm Rowe, en su propia opinión, dijo que sería “altamente perturbador” para el trabajo del Parlamento aplicar el deber de consultar a las funciones legislativas.

“Invadiría el privilegio parlamentario. Implicaría a los tribunales supervisar los asuntos que siempre se han negado a hacer”, dijo Rowe. “Ofendería los principios constitucionales fundamentales y crearía problemas en lugar de resolverlos”.

‘Deber de actuar con honor’

La mayoría de los jueces dijo que los pueblos indígenas pueden buscar otros recursos, como acciones judiciales, si la legislación afecta sus derechos.

Y, sin embargo, aunque el tribunal dijo que no hay obligación de consultar durante el proceso legislativo, en una decisión de 5 a 4, el tribunal encontró que el gobierno aún tiene la obligación de actuar con honor y mantener el “honor de la Corona” al redactar una legislación que podría afectar a los indígenas.

Los derechos de los aborígenes y los tratados están protegidos por la Sección 35 de la Constitución.

El tribunal no especificó cómo un gobierno cumpliría con su deber de actuar “honorablemente”, allanando el camino a futuros desafíos legales para definir las consideraciones prácticas de este principio legal de larga data.

La jueza Rosalie Abella no estuvo de acuerdo con el fallo del deber de consultar.

Ella dijo que el honor de la Corona “infunde la totalidad de la relación del gobierno con los Pueblos Indígenas” y, por lo tanto, el deber de consultar “debe aplicarse a todos los ejercicios de autoridad … esto incluye, en mi opinión, la promulgación de leyes”. (La jueza Sheilah Martin estuvo de acuerdo con las razones de Abella.

Una oportunidad perdida

Robert Janes, el abogado que representa a la nación Mikisew, dijo que sus clientes estaban decepcionados por el fallo del tribunal, y agregó que dañó los esfuerzos de reconciliación con los pueblos originarios del país.

“La falta de consulta sobre los proyectos de ley del presupuesto conservador condujo a malas leyes, que resultaron en fallas como el proyecto de expansión Trans Mountain y una protección ambiental más débil para todos los canadienses”, dijo Janes.

El jefe Mikisew, Archie Waquan, dijo que una decisión a favor de la Primera Nación habría asegurado a los pueblos indígenas un lugar en la mesa cuando el gobierno esté elaborando una legislación.

“Mikisew y otras Primeras Naciones tienen valiosos conocimientos, leyes y experiencia para contribuir”, dijo. “La Corona ha dicho que podrían y que consultarían y les haremos cumplir esa promesa”.

Más tarde, en una conferencia de prensa con reporteros en Edmonton, Waquan dijo que el resultado no es lo que su gente estaba esperando después de una “lucha difícil”.

“Estoy aquí con el corazón pesado, pero no estoy diciendo que esto sea el final. Tenemos que continuar. No nos vamos a recostar y decir: ‘Oye, lo perdimos y renunciamos'”. Esa no es nuestra forma de vida “, dijo.

“Lo que queremos es asegurarnos de que somos parte del mosaico canadiense. Para las personas que escuchan: dénos la oportunidad de ser parte de su sociedad. Déjenos beneficiarnos a su lado. Caminemos hombro con hombro, mano con mano”.


Katherine Hensel, abogada especialista en derechos indígenas

Katherine Hensel, una destacada abogada de derechos indígenas, dijo que el fallo del tribunal fue una gran decepción, ya que significa que las Primeras Naciones, los Métis y los Inuit continuarán confiando en los tribunales, a menudo a través de un proceso largo y costoso, para impugnar las leyes. Ella dijo que un fallo favorable a Mikisew habría permitido a los indígenas abordar las violaciones potenciales de los derechos de manera proactiva con los legisladores.

“Creo que es una oportunidad perdida. Significa que los pueblos y comunidades indígenas continuarán siendo excluidos de la toma de decisiones que afecte materialmente sus intereses con respecto a la creación de leyes”, dijo en una entrevista. “Ellos tienen que buscar cuando se violen las leyes, lo que no es realmente un compromiso constructivo.

“Si se lo consulta durante el proceso legislativo, puede asegurarse de que sus derechos e intereses constitucionales estén protegidos y que no haya necesidad de anular una ley después del hecho”.

Además, en un fallo unánime, el máximo tribunal dijo que el Tribunal Federal, que inicialmente se puso del lado de Mikisew, no tenía jurisdicción para decidir sobre actividades parlamentarias o sobre un proyecto de ley que aún no se había promulgado.

El tribunal dijo que el proceso legislativo no debería estar sujeto a revisión judicial. El Tribunal Federal tiene jurisdicción para revisar las decisiones de las juntas, comisiones y tribunales federales, pero no el trabajo de la Cámara de los Comunes o el Senado, sostuvo el tribunal.

Después de que el antiguo gobierno conservador presentó su proyecto de ley de presupuesto general para 2012 (la Ley de empleo, crecimiento y prosperidad a largo plazo), una legislación que modificó drásticamente la Ley de Aguas Navegables y revisó la Ley de Evaluación Ambiental de Canadá, Mikisew buscó un recurso legal de Corte federal.

El Tribunal Federal hizo lugar al pedido y dijo que, de hecho, había un deber de consultar durante el proceso legislativo en sí.

Ottawa apeló. En diciembre de 2016, el Tribunal Federal de Apelaciones encontró que el tribunal inferior había cometido un error y anuló su fallo, diciendo que cuando un ministro desarrolla una política está actuando en una capacidad legislativa y esas acciones son inmunes a la revisión judicial. La apelación de Mikisew de esa decisión fue desestimada el jueves por el tribunal superior.

La nación Mikisew acudirá a organismos internacionales



El abogado principal, Robert Janes, dice que los Mikisew llevarán su caso a organismos internacionales como las Naciones Unidas. (CBC)

El abogado Robert Janes explicó a dónde se dirigirá Mikisew.

“Hemos visto cómo la presión política llevó al gobierno a firmar la declaración de derechos de los pueblos indígenas de la ONU, que en realidad establece específicamente que una de las obligaciones del gobierno es consultar con las Primeras Naciones sobre la legislación que podría afectar sus derechos”, dijo Janes.

“Hay una lista de organismos internacionales que tienen poder legal internacional real, pero también poder moral, para ver lo que está haciendo el gobierno canadiense para cumplir con los compromisos, los compromisos internacionales que ha asumido y con los que se ha comprometido públicamente”.

CBC-John Paul Tasker/Presse canadienne/Ottawa Citizen
http://www.rcinet.ca/es/2018/10/12/corte-suprema-de-canada-dictamina-que-ottawa-no-tiene-obligacion-de-consultar-con-los-indigenas-antes-de-redactar-leyes/