miércoles, 9 de enero de 2019

Naciones ancestrales, las primeras víctimas del gobierno de Bra$il


“Luchamos por la demarcación de nuestro territorio”, dice una pancarta en una marcha de indígenas de las que llegan hasta Río de Janeiro desde las comunidades de los 305 pueblos originarios de Brasil, para reclamar los derechos que les reconoce la Constitución y que el presidente ultradrechista Jair Bolsonaro comenzó a desconocer nada más comenzar su mandato. Crédito: Mario Osava/IPS

Los indígenas, primeras víctimas del nuevo gobierno en Brasil

Por Mario Osava©


RÍO DE JANEIRO, 8 ene 2019 (IPS) - “Ya fuimos diezmados, tutelados y víctimas de la política integracionista de gobiernos y el Estado Nacional”, recordaron líderes indígenas, para rechazar las propuestas y medidas del nuevo gobierno de Brasil sobre los pueblos originarios.

En carta abierta al presidente Jair Bolsonaro, líderes de los pueblos aruak baniwa y apurinã, que viven en las cuencas de los ríos Negro y Purus, en el noroeste amazónico de Brasil, protestaron contra el decreto que somete desde ahora las tierras indígenas al Ministerio de Agricultura, gestor de intereses contrarios a los de pobladores originarios.

Los indígenas representarán probablemente la resistencia más inflamable a la ofensiva del nuevo gobierno de extrema derecha en Brasil, que tomó posesión el 1 de enero y cuyas primeras medidas tienden a desmantelar avances durante las tres últimas décadas a favor de los 305 pueblos originarios registrados en este país.

Para eso cuentan con el artículo 231 de la Constitución brasileña, vigente desde 1988, que les asegura “derechos originarios sobre las tierras que tradicionalmente ocupan”, además de reconocerles “su organización social, costumbres, lenguas, creencias y tradiciones”.

A eso se suman reglas internacionales ratificadas por el país, como el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo, que defiende derechos indígenas y condiciona proyectos que los afectan a consulta previa, libre e informada a las comunidades amenazadas.

Fue indígena la más aguerrida resistencia a la construcción de centrales hidroeléctricas que represan grandes ríos amazónicos, especialmente la de Belo Monte, construida sobre el río Xingu entre 2011 y 2016 y cuyas turbinas está previsto que terminen de instalarse este año.

Quitar a la Fundación Nacional del Indígena (Funai) la competencia de identificar y demarcar legalmente las llamadas Tierras Indígenas, transfiriéndola al Ministerio de Agricultura, significa que se estancará la definición de nuevas áreas y se pondrá en peligro a las ya establecidas.

Habrá una revisión de las demarcaciones de tierras indígenas hechas en los 10 últimos años, anunció el flamante secretario de Asuntos de Tierras de ese ministerio, Luiz Nabhan García, que ahora es el responsable del tema.

García es el líder de la Unión Democrática Ruralista, un colectivo de terratenientes (latifundistas), especialmente ganaderos, protagonista de frecuentes y violentos conflictos por la tierra.

El mismo Bolsonaro ya anunció la intención de revisar el área de Raposa Serra do Sol, tierra indígena homologada en 2005, en medio de batallas jurídicas que terminaron en 2009 con un fallo del Supremo Tribunal Federal, que reconoció la validez de la demarcación.

El guaraní Hamilton Lopes y su hija, frente a su choza, donde su familia vive muy precariamente en tierras sin demarcar y con amenazas de expulsión, en la frontera de Brasil con Paraguay. Los terratenientes se apropiaron de las tierras del segundo pueblo más numeroso del país, provocando el un gran número de asesinatos y suicidios de indígenas. Crédito: Mario Osava/IPS

Ese territorio indígena abarca 17.474 kilómetros cuadrados y cerca de 20.000 pobladores de cinco etnias distintas, en el norteño estado de Roraima, fronterizo con Guyana y Venezuela.

En Brasil existen actualmente 486 Tierras Indígenas homologadas, es decir, con el proceso de demarcación concluido totalmente, y 235 unidades aún por demarcar, de las que 118 están en fase de identificación, 43 ya identificadas y 74 declaradas.

“Los gobernantes hablan, pero revisar exigiría cambios constitucionales o la comprobación de fraudes y vicios en el proceso que no parecen usuales”, matizó Adriana Ramos, directiva del Instituto Socioambiental, organización no gubernamental con una amplia y respetada actuación indigenista y ambiental.

“Ya hubo retrocesos en las primeras decisiones del gobierno, con la mengua del órgano indigenista y separación de sus funciones. También el Ministerio de Salud anunció modificaciones en la política hacia la población indígena, sin presentar propuestas, amenazando empeorar lo que ya es malo”, acotó a IPS desde Brasilia.

“La tendencia es paralizar el proceso de demarcación de tierras, que ya venía muy lento en los gobiernos anteriores” y lo peor es que las declaraciones contra derechos “operan como gatillo para violaciones que agravan conflictos, generando inseguridad entre los pueblos indígenas”, advirtió Ramos.

En los primeros días del año, y del gobierno de Bolsonaro, taladores de madera ya invadieron la tierra indígena del pueblo arara, cerca de Belo Monte, con el riesgo de confrontaciones armadas, señaló.

Los indígenas del pueblo guaraní, el segundo grupo indígena más numeroso del país -detrás del tikuna, que residen en el norte-, son los más vulnerables a la situación, especialmente sus comunidades establecidas en el centrooriental estado de Mato Grosso do Sul.

Batallan por la demarcación de varias tierras y la ampliación de las ya demarcadas en áreas insuficientes, y en esa lucha ya sufrieron el asesinato de decenas de líderes, mientras soportan condiciones de sobrevivencia cada vez más precarias.

Indígenas karioca cupobos, pintados y armados para el combate, antes de participar en una manifestación por los derechos indígenas en Río de Janeiro, en Brasil. Crédito: Mario Osava/IPS

“La grave situación se hace peor con el nuevo gobierno. Nos ahorcan al dividir la Funai y atribuir la demarcación al Ministerio de Agricultura, dirigido por ruralistas, enemigos número uno de los indígenas”, resumió Inaye Gomes Lopes, una joven profesora indígena que vive en la Aldea Ñanderu Marangatu, en Mato Grosso do Sul, cerca de la frontera con Paraguay.

La Funai mantiene sus funciones asistenciales y de defensa de derechos pero pasa a estar subordinada al nuevo Ministerio de la Mujer, Familia y Derechos Humanos, comandad por Damares Alves, una abogada y pastora evangélica de polémicas opiniones.

“Solo tenemos ocho tierras demarcadas en el estado y una fue anulada (en diciembre). Lo que tenemos se debe a muchos que murieron, sin que sus asesinos fuesen encarcelados”, sostuvo Lopes, quien imparte clases en una escuela que homenajea en lengua indígena a Marçal de Souza, líder guaraní asesinado en 1982.

“Buscamos formas de resistir y ‘apoyadores’, incluso internacionales. Estoy preocupada, no duermo de noche”, confesó a IPS en diálogo desde su aldea, en relación al nuevo gobierno, cuyas manifestaciones en relación a los indígenas considera “una injusticia con nosotros”.

Bolsonaro aboga por la “integración” de los indígenas, con lo que se refiere a la asimilación con la sociedad blanca, una vieja y sobrepasada pretensión de la élite blanca.

Condenó que los indígenas sigan viviendo “como en zoológicos”, ocupando “15 por ciento del territorio nacional”, cuando suman, según sus datos, menos de un millón de personas, en un país de 109 millones de habitantes.

“No somos nosotros que tenemos gran parte del territorio brasileño, pero si los grandes latifundistas, los ruralistas, el agronegocio y otros que poseen más de 60 por ciento del territorio nacional”, contrarrestó la carta pública de los pueblos baniwa y apurinã.

En realidad las tierras indígenas suman 13 por ciento de Brasil y 90 por ciento se ubican en la Amazonia, corrigieron los firmantes del manifiesto.

“No somos manipulados por ONG (organizaciones no gubernamentales)”, respondieron a otra acusación “fruto de prejuicios” del presidente.

La paranoia de algunos jerarcas militares, como el ministro del Gabinete de Seguridad Institucional, el general retirado Augusto Heleno Pereira, es que los pobladores de Tierras Indígenas bajo influencia de ONG declaren la independencia de sus territorios, apartándose de Brasil.

El temor obedece principalmente, se aduce, a áreas fronterizas y, peor, a aquellas ocupadas por pueblos que viven en los dos lados de la frontera, como los yanomamis, que reparte su población entre Brasil y Venezuela.

Pero a juicio de Ramos, no son los grupos de ascendencia militar que comparten el poder en el gobierno de Bolsonaro, como los generales que ocupan cinco ministerios, la vicepresidencia y otras funciones importantes, los que más amenazan los derechos indígenas.

Muchos militares activos tienen indígenas en sus tropas y reconocen un papel relevante de los nativos en la defensa de las fronteras, arguyó.

Son los ruralistas, que codician tierras de indígenas, y los dirigentes de iglesias evangélicas, con sus prédicas agresivas, quienes constituyen las amenazas más violentas, dictaminó.

Para otros sectores, como los quilombolas (comunidades afrodescendientes), los campesinos sin tierra y las ONG, también comenzaron tiempos adversos.

Bolsonaro anunció que su gobierno no entregará “un centímetro de tierra” tanto a indígenas como quilombolas y tratará como terroristas a los que invaden haciendas u otras propiedades.

A las ONG, el gobierno las amenaza con “supervisión y monitoreo”. Pero “las leyes son claras sobre sus derechos de organización”, así como la autonomía de las que no reciben aportes financieros estatales, recordó Ramos.

Edición: Estrella Gutiérrez

http://www.ipsnoticias.net/2019/01/los-indigenas-primeras-victimas-del-nuevo-gobierno-brasil/

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Un desastre para Brasil: Noam Chomsky habla del nuevo presidente de ultra derecha, Jair Bolsonaro
Breve31 de diciembre de 2018


Escuche/Vea/Lea (en inglés)

Mientras el presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, se prepara para asumir su mandato el martes próximo, volvemos a la conversación que mantuvimos con Noam Chomsky, lingüista, disidente político y escritor reconocido mundialmente, poco después de la elección. 


La inminente presidencia de Bolsonaro marca el cambio de política más radical en ese país desde el fin del régimen militar hace más de treinta años. 

Bolsonaro es un ex oficial del ejército que elogió la última dictadura militar de su país, habló a favor de la tortura y amenazó con destrozar, encarcelar o desaparecer a los opositores políticos. 

Además, alentó a la policía a que mate a los sospechosos de ser traficantes de drogas y, una vez, le dijo a una legisladora que era demasiado fea para que la violen. 

Noam Chomsky se refiere a Bolsonaro como “un desastre para Brasil”.
Para saber más de este tema, puede hacer clic (en ingles) acá.


 https://www.democracynow.org/es/2018/12/31/a_disaster_for_brazil_noam_chomsky
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 Bra$il- LA DEMARCACIÓN DE TERRITORIOS INDÍGENAS ES UN DEBER DEL E$TADO....
 Edited by XaxaJá

miércoles, 5 de diciembre de 2018

Perú- Malas practicas ambientales chinas en amazonía


Inversiones chinas en Perú: informe denuncia malas prácticas ambientales en sectores de gas y minería

Por editorgeneral -29 noviembre, 2018

Fuente: RPP noticias

La exploración de hidrocarburos en la Amazonía por parte de empresas chinas pone en riesgo áreas protegidas y pueblos indígenas en aislamiento. Además, se encuentran incumplimiento de estudios de impacto ambiental y falta de consulta previa entre los problemas en cuatro proyectos mineros

Mientras China planifica invertir 10 mil millones de dólares en varios rubros de la economía peruana, organizaciones civiles de América Latina denuncian abusos de empresas del país asiático ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Fue en junio de este año que el embajador de China en Perú, Jia Guide, en una visita realizada al presidente Martín Vizcarra, anunció “una ola de inversión” hasta el 2021 en sectores como energía y minas, telecomunicaciones, construcción, infraestructura y finanzas.

Tres meses después, en setiembre, se publicaron una serie de informes que daban cuenta del polémico comportamiento de las empresas chinas en Perú y en varios países de Latinoamérica. Un accionar que las vincula a la violación de derechos humanos, ambientales y laborales en los lugares donde desarrollan sus actividades.

El presidente peruano Martín Vizcarra en reunión con el embajador de China en Perú, Jia Guide. | Fuente: Andina

Las compañías del país asiático instaladas en Perú son acusadas de vulnerar el derecho a la vida, al territorio, a la consulta previa y al ambiente sano. Todas estas denuncias forman parte de los informes elaborados por organizaciones civiles de América Latina que han sido presentados a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), durante la sesión paralela realizada en octubre como paso previo al Examen Periódico Universal (EPU). Esta evaluación la realiza cada año el Consejo de Derechos Humanos de la ONU a todos los países miembros para saber cómo van en materia de derechos humanos.
Los riesgos para los pueblos indígenas en el Lote 58

“No han respetado a las comunidades ni el tema ambiental”, dice Agilio Semperi, presidente del Consejo Machiguenga del Río Urubamba (Comaru) sobre la empresa China National Petroleum Corporation (CNPC Perú). Esta desarrolla actualmente actividades de exploración de hidrocarburos en el Lote 58 —específicamente de gas natural— ubicado en la provincia de La Convención, en la selva sur del Cusco, cerca al proyecto de Camisea.

La empresa CNPC llegó a la selva cusqueña en el 2013. Ese año le compró sus acciones a Petrobras Argentina —que contaba con la licencia de exploración y explotación de dicho lote. Tras la adquisición del Lote 58, Perú y China suscribieron un memorándum de entendimiento, comprometiéndose el primero a promover las inversiones de la empresa asiática, principalmente en petróleo y gas.

Semperi lamenta hoy la pésima relación que tiene la empresa con las comunidades indígenas, la falta de respeto a la consulta previa y los problemas ambientales que se están presentando en la zona, sobre todo porque parte del lote se superpone a la Reserva Comunal Machiguenga y a un sector del área de amortiguamiento del Santuario Nacional Megantoni. Para el presidente del Comaru es una de las peores empresas que ha operado en la región Cusco.

Comunidades indígenas reclaman por problemas con empresa china que ejecuta proyecto de gas en la selva de Cusco. | Fuente: Comaru

De acuerdo con el informe Vulneraciones a los derechos de los pueblos indígenas en la cuenca amazónica por inversiones chinas, presentado en octubre de este año por la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), la empresa china que opera en el Lote 58 ha empezado la exploración de cuatro pozos y está en camino a ejecutar la explotación sin haber realizado un proceso de consulta previa en las comunidades ubicadas en el área.

Mongabay Latam llamó en varias oportunidades a CNPC Perú para solicitar su versión. En la empresa indicaron que devolverían la llamada, pero hasta el cierre de esta edición no lo hicieron.

Diego Saavedra, especialista del Programa Derechos y Amazonía de la ONG Derechos Ambiente y Recursos Naturales (DAR), precisa que los procesos de consulta previa se deben hacer en cada etapa del proyecto. Sin embargo —comenta— esto no ha sucedido. “Debería existir una para la firma del contrato, una segunda luego de elaborarse el Estudio de Impacto Ambiental (EIA). Posteriormente, cuando se realiza la exploración y se tienen certezas de lo que se va explotar y por último al cierre del proyecto”.

Delegaciones de países Latinoamericanos presentaron informe en la Naciones Unidas sobre los impactos de las empresas chinas. | Fuente: Hiperactiva Comunicaciones

A Saavedra también le preocupan los impactos ambientales en los territorios donde opera el Lote 58, por su proximidad a la Reserva Territorial Indígena Kugapakori Nahua Nanti y otros, donde viven pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial (Piaci), y al Santuario Nacional Megantoni. “Avanzar como lo están haciendo puede generar serios problemas en el área nacional protegida y afectar a los pueblos en aislamiento”.

En Bolivia ya se han presentado impactos directos a pueblos indígenas en aislamiento como consecuencia de las labores que realiza la empresa BGP Bolivia —filial de la estatal China National Petroleum Corporation (CNPC)— en la zona de Nueva Esperanza, en la Amazonía boliviana. Un reciente reportaje de Mongabay Latam da cuenta del impacto de las inversiones chinas en el país vecino.


El problema de la reubicación en Morococha

El megaproyecto minero Toromocho operado por la Minera Chinalco Perú —subsidiaria de la Corporación de Aluminio de China — es colocado en los informes como otro ejemplo de malas prácticas de las inversiones chinas en Perú. En este proyecto de explotación de cobre, uno de los más grandes del país, existe un conflicto socioambiental con el pueblo de Morococha por la reubicación de sus habitantes en una zona de alto riesgo ambiental.

“Todo se ha llevado a cabo de acuerdo a las políticas de la minera que no ha tomado en cuenta lo que nosotros proponemos”, dice Elvis Atachahua, secretario de Actas y Archivo del Frente de Defensa del distrito de Morococha, ubicado en la provincia de Yauli, región Junín. 
El dirigente menciona que Nueva Morococha, lugar elegido para la reubicación del pueblo, “se ha construido sobre una zona pantanosa, que alguna vez fue un bofedal”.

El informe Impactos de empresas chinas en los Derechos Humanos y el Ambiente en América Latina recoge las denuncias de los habitantes que se han visto afectados por la reubicación. Según el documento, las condiciones del nuevo pueblo no se ajustan a lo que ofrecía el Estudio de Impacto Ambiental tanto en cuestiones económicas como ambientales. Uno de los problemas es la presencia de metales pesados en la zona debido a la cercanía con el relave Huascacocha, el otro riesgo es la presencia de humedad en el subsuelo debido a la poca profundidad de la capa freática.

La reubicación del pueblo de Morococha ha puesto en riesgo ambiental a su población. | Fuente: Hiperactiva Comunicaciones

En un reportaje publicado en el año 2016, Mongabay Latam informó que, según el EIA del reasentamiento de Morococha, a cargo de la consultora Knight Piésold, las muestras tomadas en el suelo donde actualmente está la nueva ciudad presentaron niveles de arsénico y plomo por encima de los límites permitidos.

Atachahua reclama que la empresa no les haya informado sobre estos resultados antes de la reubicación. Por ello, él y otras 64 familias han decidido quedarse en lo que llaman la antigua Morococha. La situación ha generado un gran conflicto que aún no muestra señales de solución.

Pese a todos estos reclamos, el gobierno peruano aprobó la ampliación del proyecto minero Toromocho por un monto de 1350 millones de dólares. El acuerdo se selló en junio de este año, el día que el embajador de China en Perú visitó al presidente peruano y anunció la nueva millonaria inversión para los próximos tres años.

Mongabay Latam buscó la versión de la minera Chinalco, pero hasta el cierre de esta edición no obtuvo respuesta.

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Cuestionamientos a las inversiones mineras

El informe presentado ante la ONU reporta también otros tres casos de inversiones chinas en proyectos mineros con denuncias de vulneraciones ambientales y sociales.

Las Bambas es uno de ellos. Esta inversión de 10 mil millones de dólares en la región Apurímac está a cargo del grupo MMG (Minerals and Metals Group), una empresa pública china financiada por bancos de ese país.

En este caso, las comunidades campesinas y pueblos indígenas de la provincia de Cotabambas, donde se ejecuta el proyecto, protestan por la carretera por donde transitan diariamente más de 300 vehículos de la mina, generando numerosos riesgos ambientales y de salud a las comunidades locales. El problema es el polvo, las vibraciones y los ruidos que causa el tránsito vehicular, señala el informe sobre los casos peruanos.

Las Bambas es uno de los proyectos mineros de capitales chinos que ha sido cuestionado. | Fuente: Hiperactiva Comunicaciones

El proyecto inicial contemplaba sacar el mineral a través de un mineroducto, pero tras la modificación del EIA el ducto quedó fuera de los planes, lo que generó rechazo de la población. El conflicto se agudizó porque la modificación del EIA no pasó por el proceso de consulta previa. Hasta ahora, los enfrentamientos han cobrado la vida de cuatro personas.

Hasta ahora, MMG ha recibido cuatro sanciones del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) por incumplimiento de su EIA y otras normas de protección ambiental, dice el documento presentado ante la ONU.

Los otros dos proyectos que también están bajo escrutinio corresponden a la mina Marcona, operada por la empresa Shougang Hierro Perú y a Río Blanco, del consorcio chino Zijin Mining Group.

Más de 300 vehiculos del proyecto Las Bambas transitan por carretera que ocasiona problemas ambientales. | Fuente: Hiperactiva Comunicaciones

En el primer caso se han presentado problemas de contaminación ambiental en el mar y en otras instalaciones del complejo minero. “La empresa ha cometido más de diez infracciones ambientales diferentes que fueron sancionadas por el Estado peruano”, señala el informe que resalta también las violaciones a los derechos laborales, sindicales y condiciones de trabajo precarias.

En cuanto a Río Blanco, en la región Piura, las denuncias se centran en incumplimientos en materia de seguridad e higiene minera, así como de protección y cuidado del medio ambiente. El proyecto está aún en etapa de exploración debido a una férrea oposición para que se inicie la explotación de cobre y molibdeno, actividad que pondría en riesgo los ecosistemas de páramos y bosques de neblina que existen en la zona.

Mongabay Latam se comunicó con la empresa MMG para solicitar su versión sobre los cuestionamientos al proyecto Las Bambas. Sin embargo, voceros de la compañía manifestaron a nuestro medio que no se pronunciarían sobre el tema. También buscó los comentarios de Shougang Perú en Marcona, pero hasta el cierre de la nota no atendieron el pedido.

Proyecto minero de empresa china Shougang Perú está causando contaminación en el mar de Marcona. | Fuente: Agencia Andina

Julia Cuadros, responsable del Programa de Derechos Colectivos e Industrias Extractivas de CooperAcción, recuerda que China es el principal socio comercial de Perú y, por tanto, el gobierno peruano debe garantizar que estas empresas respeten los derechos humanos y ambientales.

“Las empresas creen que porque tienen permiso del Estado pueden hacer lo que quieren. Lo lamentable es que cuando se desarrollan estos proyectos terminan impactando los ecosistemas, los sistemas hídricos, los cuerpos de agua y los territorios de los pueblos”, comenta Cuadros.

https://www.coalicionregional.net/inversiones-chinas-en-peru-informe-denuncia-malas-practicas-ambientales-en-sectores-de-gas-y-mineria/


domingo, 11 de noviembre de 2018

Minicentrales hidroeléctricas, un problema medioambiental donde se construyan


Las minicentrales hidroeléctricas son un gran problema global que la ciencia y las políticas pasan por alto


10 noviembre 2018 | Translated by Eddy del Carmen


Un nuevo estudio ha destacado un tema por mucho tiempo desatendido por los científicos y por aquellos que hacen las políticas: el aumento rápido de las minicentrales hidroeléctricas.
A nivel global, existen casi 83 000 minicentrales hidroeléctricas en 150 naciones. Sin embargo, el impacto de las minipresas ha sido tan poco estudiado por los científicos como poco regulado por los gobiernos.

En enero Brasil hizo un anuncio sorpresivo al terminar con sus políticas de construcción de megarrepresas, después de años de impulsar proyectos controvertidos como la presa Belo Monte (la tercera más grande del mundo) y el complejo Tapajós. Aunque esas noticias fueron bien recibidas por los ambientalistas, fueron eclipsadas al mismo tiempo por malas noticias: un incremento quíntuple de las llamadas minicentrales hidroeléctricas en Brasil en los últimos 20 años, según identificó un estudio nuevo.

Los impactos crecientes de estas numerosas minicentrales hidroeléctricas no deben pasar desapercibidos, advierten los científicos.

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La investigación, dirigida por Thiago Couto, de la Universidad de Washington, examinó la magnitud y la expansión de minicentrales hidroeléctricas por todo el mundo. En total, se registró que hay 82 891 de ellas en operación o en construcción en 150 países —es decir, 11 minipresas por cada una de las grandes a nivel global—. Este número podría triplicarse, de acuerdo al estudio, si se desarrolla toda la capacidad posible; ya hay otras 10 569 minipresas en fase de planificación. China va por delante, con más de 47 000 de ellas ya en operación.



Una minicentral hidroeléctrica en el río Kokra, en Eslovenia. El estudio registró casi 83 000 minipresas “en operación” o “en construcción” en 150 países. Ese número podría triplicarse, advierten los científicos, si se desarrolla la capacidad en todo su potencial. Foto por Mihael Grmek/Wikimedia Commons CC BY-SA 3.0

No solo la cantidad y la amplia distribución de las minipresas fueron inesperadas, también fue “una gran sorpresa que las políticas ambientales y el cuerpo existente de conocimiento científico sean insuficientes para guiar e informar respecto a la rápida expansión del sector de minicentrales hidroeléctricas”, dijo Couto.

El incremento en el desarrollo de minicentrales hidroeléctricas surge en un momento en que las presas grandes están perdiendo popularidad como fuente de energía renovable: cada vez hay más evidencias de sus impactos sociales y ambientales directos e indirectos, que van desde la deforestación y la amenaza a la seguridad alimentaria hasta la contribución a las emisiones de carbono y el trastorno de las migraciones animales.

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Sin embargo, las minicentrales hidroeléctricas no necesariamente deberían verse como más seguras y ecológicas, argumentan los investigadores: el término por sí mismo es arbitrario y no guarda relación con la magnitud de los impactos negativos que una presa podría causar.

Las minihidráulicas se definen como tal por su capacidad de generación, pero estas definiciones “varían sustancialmente, desde un 1 megawatt (MW), para las instalaciones en Alemania y Burundi, hasta los 50 MW para aquellas en Canadá, China y Pakistán”, escriben los investigadores.


El miniproyecto hidroeléctrico Denawaka Ganga, en Sri Lanka, tiene una capacidad instalada de 7.2 megawatts (MW). Las minicentrales hidroeléctricas están en auge globalmente, pero un estudio nuevo advierte que apenas se comprenden los impactos ambientales del sector, y que faltan políticas y regulaciones para la construcción de minipresas. Foto por mhpproject/Wikimedia Commons CC BY-SA 4.0

“No hay soporte científico para la clasificación de minipresas que está en uso actualmente y [aun así] el criterio está siendo aplicado en las regulaciones ambientales de la mayoría de los países”, explicó Couto. “Para ser más eficientes, las regulaciones deben disolver el calificativo ‘mini’ y ver más allá del criterio basado en la capacidad”.

Las llamadas minicentrales hidroeléctricas varían no solo en tamaño, sino también en su método de operación. Pueden ser clasificadas ampliamente según si almacenan o no agua en un depósito y según si el agua se desvía para llegar a la central eléctrica; ambas clasificaciones pueden afectar significativamente la magnitud de la influencia que tiene una presa en los niveles de agua y en los regímenes de flujo.

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Estos factores, entre otros, se vuelven más relevantes al momento de evaluar los probables impactos ambientales de las presas planificadas, dijo Couto. “Métricas como la altura de la presa, el área del depósito y la alteración del flujo son ignoradas generalmente por las políticas ambientales, pero la literatura científica las ha identificado como indicadores de los efectos ecológicos de las presas”.

La presa Zengamina, en Zambia, tiene una capacidad de tan solo 0.7 megawatts (MW), pero la definición de “minipresa” puede variar ampliamente entre países. Algunos, como Canadá, China y Paquistán clasifican a las presas de menos de 50 MW en esta categoría. Sin embargo, la capacidad de generación no es por sí sola una medida fiable de impacto ambiental, argumentan los investigadores. Otros índices como la altura de la presa, el área del depósito y la proporción de la alteración del flujo son más relevantes. Foto por Montibw/Wikimedia Commons CC BY-SA 4.0.

Otro problema señalado por el estudio fue la falta de planificación coordinada y de evaluación de impacto dentro de cuencas enteras. “Muchas cuencas están absorbiendo múltiples minipresas, pero las regulaciones y políticas le dan una atención muy limitada a los impactos acumulativos que causa la suma de presas en conjunto”, dijo Couto.

David Kaplan, quien dirige un grupo de investigación ecológica de cuencas en la Universidad de Florida, está de acuerdo con que se trata de un problema ambiental que se pasa mucho por alto. Existe “el potencial de sustanciales impactos acumulativos provenientes de miles de sistemas pequeños y no regulados en la hidrología ribereña y en la ecología, particularmente en las corrientes principales y en los ríos pequeños”, dice.

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Kaplan señala otras preocupaciones: “Mientras que algunos impactos de las minicentrales hidroeléctricas son más pequeños en magnitud que los de los proyectos más grandes, también [es cierto que las minicentrales] producen mucha menos electricidad, lo cual significa que se necesita construir muchas más de ellas para satisfacer las demandas energéticas”. Aunado a eso, la investigación de Kaplan ha demostrado que por cada unidad de energía generada, las minipresas pueden causar diez veces los impactos en la hidrología de los ríos que causarían las presas grandes.



Las cabeceras andinas de la cuenca amazónica son un objetivo actual de la expansión de las minicentrales hidroeléctricas: hay proyectos en desarrollo en Perú, Bolivia, Colombia y Ecuador. Los científicos argumentan que se necesita urgentemente comprender los impactos de que haya presas múltiples a nivel de cuenca. Foto por Rhett A Butler / Mongabay

El crecimiento descontrolado del desarrollo de minicentrales hidroeléctricas ha sido ayudado por la ausencia de legislación y licenciamiento rigurosos en lo que respecta a su construcción. En muchos países, incluyendo Brasil, el proceso de licencia es simplificado o está ausente para presas por debajo de cierta capacidad de generación; hasta dos tercios de los países podrían carecer de requerimientos ambientales específicos para las minipresas hidroeléctricas, reportan los investigadores.

Se trata de una inadvertencia seria, dicen, dado el apetito global por la expansión del sector. “Los planes futuros para las minicentrales hidroeléctricas se concentran en Asia, las Américas, el sur y este de Europa y África oriental, lo que incluye muchos de los países megabiodiversos de los trópicos y subtrópicos, como China, India, Malasia, Filipinas, Brasil, Colombia y Perú”, dijo Couto. “Algunas regiones, como el Himalaya, la meseta tibetana y los Andes son de gran interés para el desarrollo hidroeléctrico, pero estas regiones también hospedan un alto número de especies endémicas de agua dulce”.

En el caso de Brasil, un alejamiento de la construcción de megarrepresas llevará a un “impulso todavía más fuerte al desarrollo de minihidráulicas”, advierte Kaplan. El paso rápido y la escala del desarrollo de las minipresas demandan el incremento de la atención científica a los impactos ambientales y unas políticas y regulaciones más robustas —prioridades urgentes no solo para Brasil.


Referencias:
Couto, T. B. A. and Olden, J. D. (2018) Global proliferation of small hydropower plants – science and policy. Front Ecol Environ 2018; doi: 10.1002/fee.1746

https://es.mongabay.com/2018/11/el-gran-problema-global-de-las-minicentrales-hidroelectricas/