viernes, 24 de noviembre de 2017

Argentina- Desalojan comunidad mapuche de sus territorios ancestrales


MAPUCHE- Un allanamiento mucho mas aparatoso que el que tuvo como víctima a Santiago Maldonado

Juan José Salinas- 23/11/2017

Aprovechando la enorme conmoción producida en la sociedad al desayunarse hoy que todos los tripulantes del ARA San Juan habían muerto ocho días atrás en medio de una explosión de origen desconocido, la Justicia Federal, acuciada por el Ministerio de Seguridad, lanzó esta madrugada un megaoperativo para desalojar a una treintena de mapuches de las orillas del lago Mascardi, en el Parque Nahuel Huapi, provincia de Río Negro. 

El operativo, muy similar aunque bastante más grande y aparatoso que el que le costó la vida a Santiago Maldonado, no estuvo esta vez comandado por el jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad, Pablo Noceti, sino por uno de los subsecretarios, Gonzalo Cané, secundado nada menos que por jefe de la Policía Federal, Néstor Roncaglia.

En un megaoperativo dirigido por un secretario de Seguridad y el jefe de la PFA
Nahuel Huapi: Desalojan a mapuches: 9 detenidos, 5 mujeres y 4 menores, incluyendo un niño de un año


TÉLAM, Memoria, Verdad y Justicia
El comisario Roncaglia (derecha) con sus colaboradores durante el operativo.

Un megaoperativo comandado por un secretario de Seguridad, Gonzalo Cané, y el jefe de la Policía Federal, comisario general Néstor Roncaglia, desalojó esta madrugada a una comunidad mapuche que se había instalado a orillas del lago Mascardi, en el Parque Nacional Nahuel Huapi, 30 kilómetros al sur de Bariloche. Como resultado del allanamiento se detuvo inicialmente a 5 mujeres y 4 menores (que fueron liberados por la noche) mientras que unas dos decenas de pobladores se dieron a la fuga. 

Funcionarios del juzgado federal de Bariloche habían emplazado anoche a los habitantes de la Pu Lof Lafken Winkul Mapu a abandonar el lugar de inmediato, anticipándoles que era inminente que fueran desalojados por la fuerza.

El desalojo fue ordenado por el juez federal Gustavo Villanueva, comenzó a las 5.30 y en él participaron más de 300 efectivos de Gendarmería, Policía Federal y Prefectura Naval, con lanchas semirrígidas y motos de agua que surcaron el lago Mascardi, un helicóptero, drones y numerosos automotores.

La primera medida fue el corte total del tránsito por la ruta nacional 40, en un sector de 60 kilómetros antes y después del lugar del operativo, lo que originó caos y una gran aglomeración de vehículos de ambos lados.

El operativo continuó con el ingreso por tierra y por aire al predio ocupado por los mapuches.

Subsecretario Cané. Oficia de enlace entre la ministra Bullrich y el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti.

A las 11 se retiraron varios móviles policiales, y un celular de la PFA trasladó a los detenidos a Bariloche, donde fueron alojados en la Delegación de la misma, para luego liberar el paso de vehículos en la ruta.

En ningún momento del proceso hubo información oficial, ni del juzgado ni de las fuerzas intervinientes. Sólo la defensora federal Roxana Fariña informó a Télam que dos mujeres, una de ellas con un niño de un año, fueron trasladadas al hospital para descartar lesiones.

Fuentes de la investigación informaron que resultaron heridos dos policías federales, un poblador con una quebradura de tabique nasal y una mujer con lesiones menores, quienes fueron trasladados a Bariloche para su atención.

Además, indicaron que todo el procedimiento fue comandado en el lugar por el comisario Roncaglia, y por el secretario de Cooperación con los Poderes Judiciales, Ministerios Públicos y Legislaturas, del Ministerio de Seguridad de la Nación, Gonzalo Cané.

La concejal local Ana Marks, quien ingresó a la comisaría junto con los detenidos, dijo a Télam que las mujeres derivadas al hospital “fueron golpeadas” en el procedimiento, y precisó que entre los menores de edad el más chico tiene un año, y adentro de la comisaría estuvo todo el tiempo llorando al cuidado de un abuelo no detenido, una chica de 10 años y otras dos adolescentes.

Luis Pilquiman, de la Coordinadora Mapuche de Río Negro, confirmó que al comenzar el desalojo había varios hombres en el lugar, pero no tienen información si fueron detenidos o escaparon del procedimiento.

“Es otro acto del Estado nacional contra el pueblo mapuche, hasta anoche quisimos evitar esta acción represiva y proponiendo solución mediante el diálogo. Hablamos con directivos de Parques Nacionales y del (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas) INAI, pero el poder político no estuvo a la altura”, dijo Pilquiman a Télam.

Agregó que en el desalojo los uniformados secuestraron “elementos de labranza, colchones y cosas personales, que descargaron en la comisaría”, y criticó el accionar policial que “no brindó información sobre el estado de los detenidos”.
Una integrante de la comunidad –que no se identificó- indicó que “también hubo disparos” y anticipó que mañana intentarán entrevistarse con el intendente del Parque Nacional Nahuel Huapi, Damián Mujica, para continuar insistiendo en el reclamo de un espacio para el “desarrollo espiritual” mapuche.
Gendarmes esta mañana durante el operativo.

Al respecto, Pilquiman explicó que “el objetivo de esta recuperación es posibilitar el trabajo de una machi (médica y referente espiritual), que ya estaba en el lugar y no saben si fue detenida o no”.

Por otra parte, la Cooperativa de Electricidad Bariloche (CEB) informó que las cuadrillas de la entidad ingresaron al lugar para restablecer el servicio a cinco domicilios de Villa Mascardi, tarea que los mapuches no les habían permitido antes, y señalaron que investigan si el corte del suministro fue producto de un sabotaje o no para informar al juzgado federal.

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Nación Mapuche/ La represión que no cesa: Otro violento desalojo de una comunidad en Lago Mascardi /Varios niños entre los detenidos /Por la noche fueron liberados



Resumen Latinoamericano, 23 de noviembre de 2017

En una nueva página de lo que para los gobiernos argentino y chileno se denomina “la guerra de la Patagonia”, otra comunidad mapuche ha sido invadida por fuerzas policiales, sus habitantes ultrajados, humillados, golpeados, detenidos., 

Todo esto ocurrió en la madrugada de este jueves cuando el juez federal de Neuquén y subrogante en esta ciudad, Gustavo Villanueva, un hombre del poder para el que los pueblos originarios valen poco y nada, dispuso este jueves el violento desalojo de un predio perteneciente a Parques Nacionales en Villa Mascardi, que desde hace dos meses había iniciado un proceso de recuperación de sus tierras por integrantes de la comunidad Lof Lafken Winkul Mapu, La acción policial está inscripta en la campaña de criminalización del pueblo mapuche, para la que se inventan todo tipo de excusas.

El lugar donde se realizó este operativo en la madrugada, está ubicado en el km 2006 de la ruta 40, a unos 35 km del centro de Bariloche.

El día posterior a la ocupación pacífica por parte de los comuneros y comuneras Mapuche, se presentaron efectivos policiales junto con el juez Villanueva y la fiscal Silvia Little, con la clara intención de amedrentar a los hombres, mujeres y niños que se hallaban en las que son sus tierras ancestrales y que fueron robadas durante décadas por terratenientes amparados por los respectivos gobiernos de la zona.Posteriormente, este miércoles, la fiscal Little, se acercó por segunda vez al lof para intimar a los ocupantes a que se retiraran del predio,ya que de lo contrario iba a actuar la policía, puesto que el magistrado ya había dado orden de desalojarlos.

Este jueves, Villanueva ingresó al lof con un centenar de efectivos de Infantería de la Policía Federal, que se desplegaron en un operativo cerrojo protegidos con escudos. Los comuneros se dispusieron a resistir el operativo, pero enseguida,. arribaron otros 40 miembros de los grupos especiales GEOF y GE1 respaldando el operativo que se transformó en una nueva acción de la escalada violenta y discriminadora que el poder actual viene descargando contra las comunidades Mapuche a ambos lados de la Cordillera de los Andes. Numerosas personas de la comunidad han sido detenidas, y según señalaron fuentes judiciales serían indagados en los tribunales federales.
Las fuerzas de seguridad, dirigidas en el terreno por el jefe de la Policía Federal, Néstor Roncaglia, irrumpieron en el lof a las 5.40. AM, con órdenes precisas de Villanueva de reducir y detener a los ocupantes. El tránsito a esa altura de la ruta 40 se halla interrumpido por la medida judicial.

El operativo tiene lugar en un terreno de muy difícil acceso y con escasa señal de celular. Es un predio escarpado y frondoso y está conectado a la ladera de un cerro boscoso, según describieron las fuentes. El enclave de Parques Nacionales (PN) se ubica al lado de un hotel desocupado, reacondicionado como futura escuela para guardaparques, y cerca de los depósitos logísticos de la institución, frente a un camping de uso público, en la costa del lago Mascardi.

Informaciones preliminares indican que fueron detenidos en el lugar el matrimonio de María Nahuel y José Cristian Colhuán, pertenecientes a una comunidad mapuche urbana del barrio Virgen Misionera, en Bariloche. El matrimonio ha enfrentado años atrás denuncias por usurpaciones y agresiones a vecinos en aquel barrio obrero, donde tomaron posesión de una plaza y construyeron un rehue (edificación para celebrar ritos mapuches) y varias rucas (casas). También fueron detenidos dos de sus cuatro hijos.. En estos momentos la policía allana el predio y secuestra elementos probatorios y teléfonos celulares de los miembros de la lof “para investigar -según la muy parcial versión policial- la conexiones del grupo con organizaciones ridiculizadas”. Como se sabe, y esto se puso de manifiesto durante todo este año y tuvo su punto más álgido con el asesinato de Santiago Maldonado, tanto el gobierno nacional (con Macri, Bullrich y la Gendarmeria a la cabeza) como los gobiernos provinciales de la Patagonia, están empeñados en mostrar a los auténticos dueños de la tierra, los Mapuche, como usurpadores, delincuentes y violentos. Mientras tanto, la real violencia, la que provocó la desaparición forzosa de Santiago Maldonado, la que intenta encubrir su asesinato con pistas falsas y ayuda de los medios hegemónicos, esa violencia que aplica el Terrorismo estatal, sigue avanzando con total impunidad.

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Amplio operativo represivo: policías, gendarmes y prefectos contra los Mapuche

Un amplio despliegue de fuerzas federales cumplió hoy con el desalojo de la comunidad mapuche que hacía dos meses se había instalado en Villa Mascardi.

El desalojo se inició cerca de las 5:30 según reportaron organizaciones mapuches quienes indicaron que ayer se presentó en la Lof Lafken Winkul Mapu la fiscal subrogante y el secretario del juez federal como “última instancia de diálogo”.

Los primeros periodistas que llegaron al lugar del desalojo después de las 11 cuando se habilitó el tránsito de la ruta 40 Sur pudieron constatar la presencia de unos 300 agentes de fuerzas federales y permanecían en el lugar 16 vehículos oficiales.

Se contabilizaron 170 policías de la Federal, 100 Prefectos, sumados a gendarmes. Además sobrevoló la zona un helicóptero.

En el operativo estuvo presente el juez Gustavo Villanueva y la fiscal Silvia Little pero no hay información oficial del resultado del procedimiento.

En el lugar se evidencian los elementos retirados de la ocupación como maderas, nylon y colchones.

Organizaciones mapuches denunciaron que cinco personas fueron detenidas y que los niños que se encontraban en el lugar fueron trasladados por la Policía Federal.

Al mediodía las organizaciones se concentraron frente al Juzgado Federal que desde temprano se encuentra vallado.

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LA GREMIAL DE ABOGADOS HACE PRESENTACION URGENTE EXIGIENDO LA RESTITUCIÓN A SUS FAMILIARES DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DETENIDAS

Señora Procuradora de la
Provincia de Río Negro
Dra Silvia Vaquero Lascano


Señora Defensora General
Dra María Rita Custet Llambí



De nuestra consideración:

Los suscriptos Dres Eduardo Soares y Laura Taffetani, en nuestro carácter de integrantes de la Asociación Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina con personería Nro 888 de la IGJ nos dirijimos a Uds a fin de solicitarles lo siguiente:
Que habiendo tomado conocimiento de la detención de los niños cuya lista presento mas abajo, los cuales se encuentran alojados en la Delegación de la Policía Federal de Bariloche en carácter de incomunicados toda vez que les es impedido a familiares directos contacto con ellos, y siendo que en este mismo momento continúan privados de su libertad, es que venimos a solicitarles gestionen con urgencia la restitución inmediata a sus padres o familiares cesando la retención ilegal de la que están siendo objeto.-
Todo ello en abierta violación de la normativa nacional e internacional vigente

KALFU RAY COLHWAN ROSAS (DOS AÑOS)
URIEL BONEFOY (10 AÑOS)
DAYANA ANTIMILLA (10 AÑOS)
AUKAN COLHWAN (UN AÑO)
CALFULIKAN COLHWAN JARAMILLO (TRES AÑOS)

Sin mas los saludamos atte

Dr. Eduardo Soares Dra. Laura Taffetani
Presidente Vocal
DNI: 10757013 DNI: 16250191


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"Los niños fueron sometidos a violencias físicas y precintados"





Frente a la sede de la Policía Federal de Bariloche - rodeada de un imponente operativo de infantería de la PFA - organizaciones de pueblos originarios, sociales, políticas y de derechos humanos realizaron ésta tarde una conferencia de prensa para exigir la liberación de las personas detenidas tras la brutal represión llevada adelante por esa fuerza y la Gendarmería Nacional por la mañana contra integrantes de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu en la localidad barilochense de Villa Mascardi, que realizaron la recuperación de su territorio ancestral. 

En la represión se detuvo a cinco menores y una decena de mujeres, que fueron precintadas/os y personas heridas con balas de goma. En éstos momentos hay un clima tenso frente a la sede de la fuerza, donde continúa la manifestación por la liberación de las personas detenidas. 20.45hs: En éstos momentos están liberando a las mujeres y niños/as detenidos/as desde la mañana / AMPLIAREMOS . Por ANRed / Imágenes: Radio Libre Feminista.



Tras la brutal represión llevada adelante por la mañana por la Policía Federal Argentina y la Gendarmería Nacional contra integrantes de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu en la localidad barilochense de Villa Mascardi - que realizaron una recuperación de su territorio ancestral -, organizaciones de pueblos originarios, sociales, políticas y de derechos humanos realizaron por la tarde una conferencia de prensa frente a la sede local de la PFA, para exigir la liberación de las personas que aún se encuentran detenidas en el Juzgado Federal de Bariloche, entre las cuáles hay cinco menores y una decena de mujeres.



En la conferencia de prensa un vocero de la comunidad reprimida denunció que "una vez más el Estado ataca a la comunidad mapuche. 

Desde hace unos días veníamos alertando a los sectores políticos de Parques Nacionales y al Instituto Nacional Indígena tratando de evitar éste momento. El poder político no estuvo a la altura para resolver ésto en el tiempo y el diálogo que nosotros proponíamos. Estuvimos participando en diferentes instancias de diálogos para que se resuelva por el lado político y no a través de la represión que generó la Policía Federal". Asimismo agregó: "ésta represión no soluciona nada. Es sacarlos a los peñi una vez más de sus territorios, pero que en realidad la demanda de fondo que venía haciendo la comunidad, de tener un espacio donde desarrollarse espiritualmente aún no ésta resuelto".

Con respecto al estado de salud de las mujeres y niños/as detenidos/as aseguraron: "no sabemos el estado de salud de los detenidos. Estamos muy preocupados porque sabemos que hay menores de edad. No nos quieren informar en qué situación están, por eso estamos concentrados", y se denunció que "se trató de un desalojo sumamente violento en el que los niños fueron sometidos a violencias físicas y precintados, y estamos preocupados porque no sabemos cómo se encuentran de salud. Hoy no pudimos acceder a la comunidad, porque la Gendarmería cortó la ruta desde las cinco de la mañana".



Con respecto a los menores detenidos, la Asociación Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina hizo una presentación ante la Procuradora de la Provincia de Río Negro, Silvia Vaquero Lascano, y la Defensora General María Rita Custet Llambí por la detención de menores de edad "los cuales se encuentran alojados en la Delegación de la Policía Federal de Bariloche en carácter de incomunicados toda vez que les es impedido a familiares directos contacto con ellos; y siendo que en este mismo momento continúan privados de su libertad, es que venimos a solicitarles gestionen con urgencia la restitución inmediata a sus padres o familiares, cesando la retención ilegal de la que están siendo objeto. 

Todo ello en abierta violación de la normativa nacional e internacional vigente", denunció la gremial de abogados. Se trata de los niños y niñas Aukan Colhwan (1 año), Kalfu Ray Colhwan Rosas (2 años), Calfulikan Colhwan Jaramillo (3 años), Uriel Bonefoy (10 años) y Dayana Antimilla (10 años).



Por su parte, la Red de Apoyo Comunidades en Conflicto - MAP informó a las 17:50 en su sitio de Facebook que continúa el conflicto en el territorio desalojado: "en el territorio Lafken Wunkul Mapu siguen resistiendo pu peñi/lamien. Están siendo perseguidos por Policía Federal y albatros de Prefectura. Se pide llegar al lugar y estar en alerta. Ya las fuerzas han desaparecido personas". 

Además remarcaron que "se hace responsable al gobierno nacional, al juez Gustavo Villanueva y a todas las fuerzas intervinientes de lo que le pueda llegar a suceder a nuestros hermanos que se encuentran resistiendo en el lugar".

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Liberaron a los mapuches detenidos en el desalojo de la comunidad en Río Negro

El juez Villanueva liberó a las cinco mujeres y cuatro chicos que fueron detenidos en el desalojo de la comunidad mapuche instalada hace dos meses en la zona del lago Mascardi, en el Parque Nacional Nahuel Huapi, en el marco de un amplio operativo de fuerzas federales.

23.11.2017




El juez federal subrogante en Bariloche Gustavo Villanueva liberó por la noche a las cinco mujeres y cuatro chicos que fueron detenidos en la mañana de este jueves en el desalojo de la comunidad mapuche instalada hace dos meses en la zona del lago Mascardi, en el Parque Nacional Nahuel Huapi, en el marco de un amplio operativo de fuerzas federales.

Se trata de la Lof (comunidad) Lafken Winkul Mapu, creada en Villa Mascardi –a 30 kilómetros al sur de Bariloche- por alrededor de 30 mapuches que reivindican allí su territorio ancestral, a los que anoche funcionarios del juzgado federal de Bariloche emplazaron por última vez a abandonar el lugar, anticipándoles que serían desalojados por la fuerza.

El procedimiento fue comandado en el lugar por el jefe de la Policía Federal, comisario general Néstor Roncaglia, y por el secretario de Cooperación con los Poderes Judiciales, Ministerios Públicos y Legislaturas, del Ministerio de Seguridad de la Nación, Gonzalo Cane.

La concejal local Ana Marks, quien ingresó a la comisaría junto con los detenidos, dijo que las mujeres derivadas al hospital “fueron golpeadas” en el procedimiento, y precisó que entre los menores de edad el más chico es el de un año, quien dentro de la comisaría estuvo todo el tiempo llorando al cuidado de un abuelo no detenido, una chica de 10 años y otras dos adolescentes.

Luis Pilquiman, de la Coordinadora Mapuche de Río Negro, agregó que al comenzar el desalojo había varios hombres en el lugar, pero no tienen información si fueron detenidos o escaparon del procedimiento.

“Es otro acto del Estado nacional contra el pueblo mapuche, hasta anoche quisimos evitar esta acción represiva y proponiendo solución mediante el diálogo. Hablamos con directivos de Parques Nacionales y del (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas) INAI, pero el poder político no estuvo a la altura”.

Agregó que en el desalojo los uniformados secuestraron “elementos de labranza, colchones y cosas personales, que descargaron en la comisaría”, y criticó el accionar policial que “no brindó información sobre el estado de los detenidos”.

Una integrante de la comunidad –que no se identificó- indicó que “también hubo disparos” y anticipó que mañana intentarán entrevistarse con el intendente del Parque Nacional Nahuel Huapi, Damián Mujica, para continuar insistiendo en el reclamo de un espacio para el “desarrollo espiritual” mapuche.

Al respecto, Pilquiman explicó que “el objetivo de esta recuperación es posibilitar el trabajo de una machi (médica y referente espiritual), que ya estaba en el lugar y no saben si fue detenida o no”.

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Rastrillaron la zona de Villa Mascardi en busca de mapuches

Varios efectivos de Prefectura continuaron apostados en el lugar donde esta mañana ocurrió el violento desalojo de los integrantes de la Lof Lafken Winkul Mapu.

23 nov 2017 

El operativo comenzó a primera hora y se mantuvo hasta la tarde. (Foto: Chino Leiva)


“¡Alto. No se puede pasar!”, advirtió esta tarde un efectivo de Prefectura Naval Argentina, que portaba un arma de fuego larga, a un cronista, que intentaba aproximarse hacia el sector, que integrantes de la Lof Lafken Winkul Mapu ocupaban hasta esta mañana en la zona de Villa Mascardi cuando fueron desalojados violentamente por fuerzas federales.

“Esta zona está bajo jurisdicción de la justicia federal”, indicó el empleado de la PNA. A su lado, estaba otro prefecto armado, que permaneció en silencio.

El prefecto, que ofició de interlocutor, explicó que en el sector se estaban desarrollando rastrillajes.Es una zona de abundante vegetación. El silencio sólo se interrumpía por el ruido de los vehículos o camiones, que circulan por la Ruta Nacional 40, ubicada a pocos metros.


La búsqueda de los ocupantes continuó por vía aérea y terrestre. (Chino Leiva)


Los prefectos no dieron ninguna otra indicación. Sólo explicaron que había que remitirse al Juzgado Federal de Bariloche, que subroga el juez federal Gustavo Villanueva, por cualquier consulta. El desalojo, que Villanueva ordenó esta mañana, finalizó con cinco mujeres mapuches detenidas, con sus hijos, según voceros de la comunidad.
Alrededor de las 17 ya no había ningún vestigio de la ocupación mapuche de la Lof Lafken Winkul Mapu. Varios mapuches se habían asentado hace dos meses en ese lugar próximo al ACA de Villa Mascardi y a un hotel abandonado. Los mapuches habían ocupado el predio como un acto de recuperación de territorio.

La bandera que los ocupantes habían colocado en el acceso al predio ayer por la tarde había desaparecido. Tampoco estaba la tranquera. Pero estaba prohibido avanzar e internarse en el lugar boscoso, hacia adonde escaparon varios jóvenes mapuches que los prefectos intentaban detener desde la mañana.



Comuneros mapuche horas antes del desalojo.
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Represión en la Lof Lafken Winkul Mapu: menores detenidos, mujeres precintadas y heridos con balas de goma


Esta mañana la Policía Federal y Gendarmería Nacional ingresaron en la Lof Lafken Winkul Mapu, en el territorio recuperado en Relmu Lafquen (Lago Mascardi). Las fuerzas desalojaron y reprimieron en la comunidad, donde había familias con niños. Del operativo resultaron personas heridas con balas de goma, una decena de mujeres detenidas, y 5 menores de edad. 

Por ANRed.

Esta mañana la Policía Federal y Gendarmeria ingresaron en la Lof Lafken Winkul Mapu, en el territorio recuperado en Relmu Lafquen (Lago Mascardi). Las fuerzas desalojaron y reprimieron en la comunidad, donde había familias con niños. Del operativo resultaron personas heridas con balas de goma y detenidos, siendo 5 de ellos menores de edad.

"Hay mujeres y 5 niños detenidos el más pequeño tiene meses. Se encuentran todos en la policía federal ,dicen que permanecerán detenidos por al menos 10 horas. No podemos permitir mas atropellos" expresaron mediante un comunicado integrantes de la comunidad mapuche.



Asimismo agregaron: "Las mujeres, que decidieron quedarse en las rucas junto a los niños, están precintadas. Los accesos están cerrados y no dejan ingresar a abogados ni a organismos de DDHH. A nosotros nos persiguieron a los tiros y ahora estamos escondidos en el monte".

En el lugar se evidencian los elementos retirados de la ocupación como maderas, nylon y colchones.

La operación en el territorio estuvo a cargo del jefe de la Policía Federal, Néstor Roncaglia.

 Como resultado fueron detenidas aproximadamente una decena de mujeres y retenidos cinco menores de edad, que fueron trasladados esta mañana al juzgado federal de la Bariloche, donde se espera una movilización tras su indagatoria.

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VIDEO: Policía Federal movilizó a 300 agentes para desalojar a una comunidad mapuche


Aunque no hay información oficial respecto al operativo desplegado en Bariloche, el movimiento de móviles de la policía federal sobre Ruta 40 está a la vista. 

El objetivo de semejante operativo fue el desalojo de la comunidad mapuche, Lof Lafken Winkul Mapu. Mapuches denunciaron que ya hay cinco detenidos.



Un amplio despliegue de fuerzas federales cumplió hoy con el desalojo de la comunidad mapuche que hacía dos meses se había instalado en Villa Mascardi.

El desalojo se inició cerca de las 5:30 según reportaron organizaciones mapuches quienes indicaron que ayer se presentó en la Lof Lafken Winkul Mapu la fiscal subrogante y el secretario del juez federal como “última instancia de diálogo”.

“DeBariloche” llegó al lugar del desalojo después de las 11 cuando se habilitó el tránsito de la ruta 40 Sur. Allí pudo constatar la presencia de unos 300 agentes de fuerzas federales y permanecían en el lugar 16 vehículos oficiales.

Se contabilizaron 170 policías de la Federal, 100 Prefectos, sumados a gendarmes. Además sobrevoló la zona un helicóptero. El medio cordillerano además confirmó que en el operativo estuvo presente el juez Gustavo Villanueva y la fiscal Silvia Little. En ninguno de los dos casos, se ocuparon de brindar información oficial respecto al resultado del procedimiento.

En el lugar se evidencian los elementos retirados de la ocupación como maderas, nylon y colchones.



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COMUNICADO DEL MOVIMIENTO AUTÓNOMO MAPUCHE DEL PUEL MAPU

En el comunicado trasmitido por la red del movimiento autónomo mapuche se brindan detalles sobre el procedimiento y se advierte sobre el “atropello” en los tiempos que no les permitió a la comunidad seguir el canal de diálogo por la vía legal.

“En la noche de ayer gente de la comunidad estuvo reunida durante al menos dos horas con la fiscal Silva Litel quien les informó que la orden de desalojo no estaba dada pero que tenía que informar al juez Villanueva. En la mañana de hoy se iba a realizar una presentación por parte de la LOF a la defensora federal Roxana Villafañe. Pero las fuerzas represivas llegaron en horas de la madrugada. Se estima que el operativo durará 5 horas. Y hasta el momento no se sabe cuál es la situación de las mujeres detenidas ni de los niños que viven en la comunidad. Hacemos responsable al juez Gustavo Villanueva lo que suceda en el territorio, ya que todos sabemos la violencia que utiliza el gobierno con el pueblo mapuche.

Esta situación es resultado de la incapacidad y la falta de un dialogo serio para dar respuestas concretas a el conflicto territorial, el cual viene siendo postergado a lo largo de la historia. Su única respuesta ha sido ejercer más violencia, hostigar, criminalizar, judicializar, encarcelar a autoridades mapuche, pu lamien y a compañeros solidarios comprometidos con el conflicto. Por esto es imprescindible seguir luchando por nuestros derechos”, se remarca sobre el final.


lunes, 20 de noviembre de 2017

Méxiko- Declaración de cierre de misión de Victoria Tauli-Corpuz, Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas












Declaración de cierre de misión

Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, Victoria Tauli-Corpuz

Ciudad de México, 17 de noviembre 2017

"El objetivo de mi visita era doble: examinar la implementación de las recomendaciones realizadas por mi predecesor el Relator Especial Rodolfo Stavenhagen en 2003, y evaluar cómo México ha incorporado sus compromisos internacionales de derechos humanos en relación con los pueblos indígenas."

En primer lugar, quisiera reiterar mi agradecimiento al Gobierno mexicano por invitarme y permitirme llevar a cabo mi misión de manera independiente. Me gustaría también dar las gracias a la ONU-DH en México por el apoyo proporcionado.

Durante mi visita, pude reunirme con representantes de la Secretaría de Relaciones Exteriores; la Comisión Nacional de Seguridad; el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas; la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI); el Consejo Consultivo de la CDI; el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación; el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social; el Instituto Nacional de las Mujeres; el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas; la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; la Comisión Nacional Forestal; la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria; la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados; la Comisión Nacional del Agua; la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente; la Secretaría de Cultura; la Secretaría de Finanzas; la Secretaría de Educación Pública; la Secretaría de Desarrollo Social; la Secretaría de Salud; la Secretaría de Energía; la Secretaría de Turismo; la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; la Secretaría de Economía; y el Instituto Nacional de Antropología e Historia.

Además, sostuve reuniones con representantes de la Procuraduría General de la República; la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; el Instituto Nacional Electoral, la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Consejo de la Judicatura Federal; el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Tribunal Superior Agrario. Me reuní también con representantes de los Gobiernos de los Estados de Chiapas, Chihuahua y la Ciudad de México, y con representantes de la municipalidad de Tlapa de Comonfort, en el estado de Guerrero. Lamentablemente, no pude reunirme con representantes del poder legislativo, a pesar de haberlos incluido en la agenda de mi misión.

Lamento mencionar que el nivel de diálogo e interacción sustantiva en algunas de las reuniones que mantuve con autoridades gubernamentales fue, a veces, limitado. Por el contrario, en el nivel estatal, en la Ciudad de México, Chihuahua y Chiapas, la dinámica fue más productiva. Debido a la falta de tiempo para mantener discusiones exhaustivas sobre las muchas cuestiones relevantes, he enviado preguntas por escrito, y agradezco las respuestas que ya he recibido y que examinaré para desarrollar mi informe sobre el país.

He tenido también la oportunidad de reunirme con varios representantes indígenas en la Ciudad de México, Chiapas, Chihuahua y Guerrero. En total, pude reunirme con más de 200 representantes de los pueblos indígenas, la mitad de los cuales eran mujeres. Pertenecen a 23 pueblos indígenas y "pueblos originarios" diferentes, procedentes de 18 Estados. Tengo la intención de enviar al Ministerio de Asuntos Exteriores una lista de los casos que se me presentaron, para lo cual cuento con el consentimiento de los implicados.

He mantenido también reuniones con organizaciones de la sociedad civil, representantes del sector privado, el equipo de las Naciones Unidas en el país y otros actores relevantes.

El objetivo de mi visita era doble: examinar la implementación de las recomendaciones realizadas por mi predecesor el Relator Especial Rodolfo Stavenhagen en 2003, y evaluar cómo México ha incorporado sus compromisos internacionales de derechos humanos en relación con los pueblos indígenas.

México es un país increíblemente vasto, diverso y complejo. Teniendo esto en cuenta, y el limitado tiempo disponible para mi visita oficial, quiero centrar esta declaración preliminar en las principales cuestiones sistémicas y obstáculos que he identificado. Revisaré la abundante información que he recibido a lo largo de los próximos meses para desarrollar mi informe sobre el país.

México tuvo un papel protagónico en la adopción de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas (Declaración de la ONU). Además, el Presidente Peña Nieto reafirmó el compromiso de México con la implementación de la Declaración durante la Conferencia Mundial de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas en 2014. Reconozco y alabo el apoyo de México para el avance de la agenda indígena en los foros internacionales, incluido el apoyo a mi mandato. Este compromiso debe ser coherente y debería reflejarse en la aplicación de estos estándares en México.

El Relator Especial Stavenhagen recomendó una revisión de las reformas constitucionales relativas a los pueblos indígenas de acuerdo con los principios firmados en los Acuerdos de San Andrés. Además, un asunto pendiente reiteradamente enfatizado por los pueblos indígenas fue la necesidad de contar con un reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas como sujetos de derecho público, y no como simples sujetos de interés público. Los pueblos indígenas expresaron que esto es un reflejo de la discriminación estructural y de la invisibilidad a las que se siguen enfrentando hoy en día. Esto fue observado por el CEDR en 2012, que expresó su preocupación por la profunda discriminación racial en México a pesar el desarrollado marco institucional para combatirla.

Un avance importante desde la visita del doctor Stavenhagen es la Reforma Constitucional en materia de derechos humanos de 2011, que es un paso importante para el cumplimiento de los compromisos y obligaciones internacionales de derechos humanos de México. De acuerdo con esta Reforma, el artículo 1 establece ahora las obligaciones de derechos humanos de México son directamente aplicables y pueden invocarse en todos los niveles de la estructura federal, lo que implica que las legislaciones, las políticas públicas y las sentencias judiciales tienen que respetar, proteger y promover estas obligaciones internacionales. En el caso de los pueblos indígenas, estos incluyen el Convenio número 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, que refleja el ámbito y contenidos de los derechos de los pueblos indígenas basados en los instrumentos universales de derechos humanos de aplicación general. En los siguientes comentarios, señalaré áreas particulares que deberían ser objeto de esta armonización.

El inadecuado reconocimiento legal vigente de los pueblos indígenas como titulares de derechos, aunado a la discriminación estructural están en la base de todos los temas y las preocupaciones que señalaré en esta declaración, incluyendo tierras y territorios; autonomía, libre determinación y participación política; auto-adscripción de los pueblos indígenas; acceso a la justicia; violencia e impunidad; el derecho a determinar sus prioridades de desarrollo; consulta y consentimiento libre, previo e informado; derechos económicos, sociales y culturales, y la situación particular de sectores específicos de los pueblos indígenas.

Hay algunas cuestiones recurrentes y transversales que deben considerarse en el contexto de los temas analizados en esta declaración preliminar. En primer lugar, pareciera existir una falta de coherencia en el enfoque sobre la identificación de los pueblos indígenas. En este sentido, se puede señalar que el concepto de auto-adscripción es correctamente utilizado por algunas instituciones federales y estatales, como la Secretaría de Salud, mientras que otras utilizan el criterio de inclusión a partir de listas gubernamentales para reconocer a una persona o comunidad como indígenas. El debate sobre 'pueblos originarios' y 'comunidades equiparables' tiene que interpretarse también en este contexto.

Parece también haber una falta de datos desagregados sobre los pueblos indígenas en las diferentes instituciones gubernamentales y, cuando existen, no está claro cómo se utilizan en la elaboración de políticas públicas o instrumentos normativos para garantizar que "nadie se quede atrás."

                 Tierras, territorios y recursos naturales


El Relator Especial Stavenhagen prestó atención a los derechos sobre las tierras como un tema central de su informe. Considero también que este es un asunto crítico fundamental que se encuentra en la raíz de muchos de los problemas de derechos humanos que he observado. Los instrumentos internacionales sobre los derechos de los pueblos indígenas subrayan la especial relación que estos tienen con sus tierras, territorios y recursos naturales. A pesar de las recomendaciones de mi predecesor, no se han adoptado verdaderas medidas a este respecto, y el régimen de derechos a las tierras sigue sin ser consonante con los estándares internacionales relevantes.

La reforma agraria, que reconoció ejidos, tierras comunitarias y propiedad privada, junto con los instrumentos legales relacionados con ella, no fueron diseñados para aplicar de manera efectiva los estándares internacionales sobre los derechos de los pueblos indígenas a sus tierras, territorios y recursos naturales. Además, aparentemente no ha sido eficaz para la resolución de disputas sobre tierras o demandas sobre superposición de títulos, ni ha proporcionado una salvaguarda apropiada frente a otros conflictos relativos a los proyectos de desarrollo y otras actividades promovidas por las autoridades agrarias o intereses externos. El régimen agrario ha desconocido los límites tradicionales de los pueblos indígenas, su concepto de territorio y sus formas de organización y representación.

La información que he recibido indica que los pueblos indígenas que intentan obtener reconocimiento de sus derechos a las tierras a través del sistema agrario obtienen resultados limitados que no tienen en cuenta adecuadamente los derechos de los pueblos indígenas sobre sus tierras, territorios y recursos naturales. Por otro lado, he constatado que la Comisión Nacional de Derechos Humanos y las sentencias de los tribunales en esta materia han reflejado, en ocasiones, los estándares internacionales sobre tierras y territorios.

La posición oficial parece sugerir, como se ha confirmado en algunas de mis reuniones con autoridades federales y estatales, que la reforma agraria respondió eficazmente a las demandas de derechos sobre la tierra de los pueblos indígenas, y que no es necesaria mayor discusión sobre esta cuestión. Pese a ello, la información recibida durante mi visita señala claramente que este es un asunto fundamental por resolver. En este sentido, una respuesta más integral debería estar basada en los actuales estándares internacionales sobre los derechos de los pueblos indígenas, incluida la jurisprudencia del Sistema Interamericano que proporciona orientaciones autorizadas sobre las medidas legales, administrativas y políticas necesarias para tratar adecuadamente los derechos de los pueblos indígenas sobre las tierras, territorios y recursos naturales. Estas medidas deberían desarrollarse en plena cooperación con los propios pueblos indígenas.

Autonomía, libre determinación y participación política

El reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas a la autonomía y la libre determinación en el artículo 2 de la Constitución es un avance significativo. Sin embargo, como señaló el Relator Especial Stavenhagen, el mismo artículo "lo encierra con candados que hacen difícil su aplicación en la práctica." La información recibida durante mi visita indica que, en la práctica, el marco legal, político e institucional vigente no permite el reconocimiento y ejercicio efectivos de estos derechos. Además, el régimen agrario presenta limitaciones al autogobierno de los pueblos indígenas, al establecer estructuras de gobernanza que no siempre reflejan las propias instituciones políticas distintivas de los pueblos indígenas y, a menudo, las socava.

A la luz del artículo 1 de la Constitución, los conceptos de libre determinación y autonomía deben ser interpretados de acuerdo con los estándares internacionales. En este sentido, debe prestarse atención al reconocimiento al derecho de los pueblos indígenas al autogobierno, al derecho a elegir sus propias autoridades de acuerdo con sus propios procedimientos y a la aplicación de sus propios sistemas jurídicos y normativos.

He recibido información sobre algunas instancias de que, como respuesta a lo antes señalado, los propios pueblos indígenas están desarrollando y fortaleciendo sus propios sistemas de autonomía y autogobierno. Un ejemplo es la elección de autoridades municipales de acuerdo con los usos y costumbres indígenas. Algunas de estas propuestas han sido reconocidas por las autoridades federales y estatales, lo cual es una buena práctica, como en las sentencias del tribunal electoral sobre el caso de Cherán, Michoacán. Las iniciativas de los pueblos indígenas en el ámbito de la autonomía y el autogobierno debieran gozar de un reconocimiento mayor, y ser reconocidas e incorporadas en la estructura política general del país.

Además del autogobierno, los pueblos indígenas tienen el derecho a participar plenamente, si así lo desean, en la vida política del país. He visto algunos avances positivos que podrían facilitar la participación política de los pueblos indígenas en este ámbito, como la posibilidad de registrar candidaturas independientes, las iniciativas para aumentar al acceso a los certificados de nacimiento y al registro oficial para permitir la participación en elecciones federales, estatales y municipales, y el llamado a los partidos políticos a que incluyan candidatos indígenas en sus listas. Sin embargo, persisten numerosos obstáculos para la plena participación política de los pueblos indígenas. Se recibió información sobre prácticas persistentes de presiones indebidas sobre los indígenas para influenciar su voto durante procesos electorales.
El derecho a determinar sus prioridades de desarrollo

Otro aspecto de la libre determinación es el derecho a perseguir libremente el desarrollo económico, social y cultural. La Declaración de la ONU consagra el derecho de los pueblos indígenas a determinar y elaborar prioridades y estrategias para ejercer su derecho al desarrollo. Muchos pueblos indígenas mencionaron que sus prioridades y estrategias de desarrollo no estaban consideradas en el actual marco legal y de políticas relativas al desarrollo económico. Más aún, lejos de haber tenido un impacto positivo en la situación económica de los pueblos indígenas, los datos muestran que la pobreza entre los pueblos indígenas sigue siendo desproporcionadamente alta en comparación con la población no indígena. En este sentido los datos de CONEVAL indican que mientras que 71.9% de la población indígena vive en la pobreza o en la extrema pobreza, la proporción es de 40.6% entre la población no indígena.

En los últimos años ha aumentado la preocupación sobre grandes proyectos promovidos por el Gobierno y las cuestiones relacionadas de la consulta y el consentimiento libre, previo e informado. En su informe de 2015 sobre la situación de los derechos humanos en México, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señalaba que hasta 2013 había en México unas 2,600 concesiones mineras, muchas de ellas situadas en tierras indígenas sin su consentimiento. Además, había recibido información de que el 35% del territorio nacional se veía afectado por más de 29,000 concesiones mineras, hidroeléctricas, y de energía eólica, el 17% en territorios indígenas. Por lo tanto, identificaba la violencia relativa a grandes proyectos autorizados en tierras y territorios indígenas son consulta previa ni consentimiento como una de las mayores violaciones de derechos humanos a los que se enfrentan los pueblos indígenas de México.[1]

Además, durante su visita a México en 2016, el Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos señaló también que un tema recurrente en las quejas que recibió se refería a las consultas inadecuadas con individuos y comunidades afectados por grandes proyectos de desarrollo lo que, junto a la insuficiente transparencia, habría generado un alto nivel de desconfianza entre los diferentes interesados.

Durante mi visita, he escuchado quejas reiteradas sobre proyectos de desarrollo económico que no fueron adecuadamente consultados y han conducido al despojo de las tierras, a impactos ambientales, a conflictos sociales y a criminalización de los miembros de las comunidades indígenas que se oponen a ellos. Estos proyectos incluyen los mineros, de hidrocarburos, hidroeléctricos, de energía eólica y solar, infraestructuras, turismo y proyectos agroindustriales.

Se expresaron reiteradas preocupaciones sobre la reforma energética de 2013 y sobre el establecimiento de zonas económicas especiales en tierras indígenas.
En mi opinión, es necesario que se establezca un diálogo en términos de igualdad entre las autoridades gubernamentales y los pueblos indígenas sobre la definición del concepto de desarrollo que pueda conducir a la adopción de decisiones conjuntas sobre el desarrollo en los territorios indígenas. Esta es la única forma de garantizar el logro de los Objetivos de Desarrollo Sustentable de la ONU, no dejando a nadie atrás y elaborando una agenda transformadora.
Consulta y consentimiento libre, previo e informado

La aplicación del deber de consultar a los pueblos indígenas fue otra preocupación recurrente. Se me informó sobre desarrollos normativos recientes que incorporan requisitos de consulta. Estos incluyen algunos protocolos institucionales, sentencias judiciales y legislación secundaria, como en el caso de la reforma energética.

Es motivo de preocupación el modo en que se ha concebido y aplicado la consulta hasta el momento en México, en particular en relación con consultas llevadas a cabo sobre ciertos proyectos mineros, energéticos, extractivos, de infraestructuras y agrícolas. Se ha señalado reiteradamente que los procesos de consulta no han sido previos por naturaleza, ya que las decisiones para autorizar dichas actividades ya habían tomadas. Además, diversos actores señalaron dificultades como la falta de claridad sobre quién debía ser consultado, quiénes eran las autoridades indígenas representativas, o sobre el nivel de capacidad y recursos de las instituciones a cargo de los procesos de consulta. Otros problemas que se me han presentado son la falta de confianza y mutua comprensión entre las partes, la falta de un diálogo intercultural real, y la falta de acceso a la plena información culturalmente adecuada sobre las actividades y medidas propuestas. Anteriores proyectos de desarrollo que han tenido impactos sobre los pueblos indígenas han contribuido además a esta falta de confianza. La información recibida indica que la aplicación inadecuada de procesos de consulta ha contribuido a divisiones y conflictos dentro de las comunidades indígenas.

La falta de claridad y coherencia en los procesos de consulta ha generado un debate público sobre el tema y a iniciativas, en los niveles federal y estatal, para desarrollar una ley sobre consulta previa. Me gustaría subrayar que incluso en ausencia de legislación nacional sobre esta cuestión, México ya tiene la obligación de consultar a los pueblos indígenas sobre cualquier actividad o medidas legislativa o administrativa que pudiera afectarles de acuerdo a los estándares del Convenio 169 de la OIT, la jurisprudencia Interamericana y la Declaración de la ONU. La adopción de legislación específica no es el único mecanismo para aplicar el derecho a la consulta y debe considerarse además el hecho de que no hay un único modelo de consulta, ya que cada pueblo indígena tiene sus propias autoridades y procesos de adopción de decisiones. Aliento a los pueblos indígenas, al Estado y a otros actores a que debatan sobre otras opciones, incluyendo el desarrollo, por parte de los pueblos indígenas, de sus propios protocolos sobre cómo el Estado debería relacionarse con ellos. En cualquier caso, cualquier mecanismo o mecanismos a través de los cuales el Estado se relacione con los pueblos indígenas en relación con cualquier medida o actividad que pudiera afectarles debería ser, en sí mismo, resultado de procesos de diálogo y consulta de acuerdo con los estándares internacionales.

Además me gustaría también reiterar algunos comentarios y observaciones que he hecho con anterioridad sobre los aspectos sustantivos de los principios de la consulta y el consentimiento. Entre ellos, quisiera subrayar la naturaleza de la consulta y el consentimiento como salvaguardas de los derechos sustantivos de los pueblos indígenas reconocidos en los mencionados instrumentos y fuentes jurídicas internacionales aplicables a México. En relación con el consentimiento, este debe obtenerse cuando una medida, plan o programa pudiera tener impactos significativos sobre las tierras, territorios y recursos naturales de los pueblos indígenas, sobre sus culturales y sobre otros derechos sustantivos. Además, cualquier decisión que se adopte sin el consentimiento de un pueblo indígena debería ser revisada por un organismo competente, judicial o de otro tipo, para garantizar que el Estado demuestre que la medida cumple con los estándares internacionales en relación con las restricciones admisibles a los derechos humanos, y que los derechos sustantivos y la supervivencia de dicho pueblos indígena no se ven afectados.[2]
Violencia, impunidad y acceso a la justicia

Me gustaría referirme a dos aspectos esenciales relativos al acceso a la justicia de los pueblos indígenas: el reconocimiento de sus propios sistemas jurídicos y su acceso al sistema de justicia ordinario.

Los sistemas de justicia de los pueblos indígenas están reconocidos en la Constitución mexicana bajo el término 'usos y costumbres'. Como se debatió en mis reuniones con la autoridad judicial y otras, no hay todavía una armonización y coordinación adecuadas entre las jurisdicciones indígenas y estatal para que dicho reconocimiento se haga efectivo. De acuerdo con las autoridades mexicanas, la impunidad en el país alcanza cifras del 98-99%. La impunidad aumenta el sufrimiento de las víctimas de violaciones de derechos humanos y elimina los incentivos para que los perpetradores respeten la ley. Un reconocimiento efectivo de la jurisdicción indígena podría ayudar en la lucha contra este grave problema.

Se han producido avances en el reconocimiento de diferentes formas de sistemas de justicia indígenas, como las policías comunitarias, los juzgados indígenas y otras formas de resolución de conflictos, como recomendó el Relator Especial Stavenhagen. Sin embargo, este reconocimiento se ha hecho de forma ad hoc y difiere entre los Estados. Recomiendo firmemente que se lleven a cabo discusiones en profundidad entre los órganos de justicia, las autoridades mexicanas pertinentes y los pueblos indígenas con objeto de desarrollar la necesaria armonización. Esto incluiría mecanismos para garantizar que el ejercicio por parte de los pueblos indígenas de sus sistemas de justicia no tiene como resultado su criminalización.

El acceso al sistema ordinario de justicia fue identificado como un grave problema por el Relator Especial Stavenhagen en su informe de 2003. Se me informó de varias iniciativas y programas instituidos por instituciones del Gobierno dirigidos a facilitar el acceso a la justicia. Estos incluyen medidas adoptadas por el sistema judicial para mejorar el derecho al debido proceso de personas indígenas acusadas en el sistema de justicia penal del Estado, como la provisión de intérpretes en lenguas indígenas. Se me informó también sobre las acciones adoptadas por la Oficina de la Defensoría Federal, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y algunas instituciones de justicia de los Estados que prestan atención a los indígenas en prisión, proporcionan peritajes antropológicos y solicitan la libertad de presos indígenas en prisión preventiva. Estas son buenas prácticas que deberían ser fortalecidas y dotas de todos los recursos humanos y financieros necesarios.

Los problemas relacionados con el acceso a la justicia se evidencian también en los casos de extrema violencia contra los pueblos indígenas, a menudo relacionados con cuestiones de tierras y territorios. Se me han presentado numerosos casos de graves violaciones de los derechos humanos de los pueblos indígenas en diferentes Estados de la nación durante mis reuniones. Muchos de ellos siguen pendientes de resolución. Estos incluyen alegaciones de masacres, asesinatos, desapariciones forzosas, violaciones, torturas y desplazamientos forzados que se atribuido a individuos, el crimen organizado, grupos paramilitares, oficiales de la ley y militares, a menudo en el contexto de proyectos de desarrollo que afectan a sus tierras y recursos.

Se me informó de que especialmente difícil para los indígenas afectados por estas graves violaciones de los derechos humanos acceder al sistema ordinario de justicia por varias razones, incluidas, entre otras, la distancia física las instituciones de administración de justicia, las barreras lingüísticas, la falta de asistencia legal apropiada, la falta de recursos económicos para poder seguir con un demanda, el miedo a las represalias si se presenta una denuncia y la falta de mecanismos apropiados de protección. Se me informó también de una cifra negra de casos que no se reportan a las autoridades y que deberían tenerse en cuenta.

He podido además percibir la falta de confianza entre los pueblos indígenas en el sistema ordinario de justicia, vinculada a la falta de aplicación de las sentencias judiciales que les son favorables y a la falta de adecuadas reparaciones y garantías de no repetición.

Los problemas de acceso a la justicia se presentan también en el sistema de justicia agraria. Recibí quejas sobre el tiempo que podía llevar a los tribunales agrarios sentenciar sobre los casos presentados por pueblos indígenas para la demarcación y reconocimiento de sus tierras como ejido, lo que ha sido fuente de conflictos intra e inter comunitarios. En este sentido, el Relator Especial Stavenhagen había recomendado que debería igualmente revisarse la justicia agraria en cuanto afecta a los derechos colectivos de las comunidades y pueblos indígenas, tomando en cuenta los usos tradicionales de las tierras y las formas consuetudinarias de solución de conflictos y litigios.

Dadas las dificultades que enfrentan los pueblos indígenas para acceder a la justicia, el derecho de amparo ha sido un importante mecanismo utilizado reiteradamente por los pueblos indígenas para proteger sus derechos fundamentales. Sin embargo, este mecanismo presenta limitaciones ya que resuelve para un caso específico y, a pesar del gran número de casos similares presentados, esto no ha tenido como resultado una solución integral de los problemas de derechos a la tierra que afectan a los pueblos indígenas.

Reconozco también la importancia del apoyo que organizaciones de la sociedad civil brindan a los pueblos indígenas para adoptar acciones legales para la protección de sus derechos humanos. Considero inaceptable que sean objeto de cualquier clase de estigmatización, hostigamiento o ataques por desempeñar este trabajo.

Me alegra que México haya adoptado un Mecanismo para la protección de defensores y defensoras de derechos humanos y periodistas. En este sentido, y en sintonía con los comentarios realizados este año por el Relator Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos, Michel Forst, me gustaría subrayar la necesidad de que se consideren medidas de protección colectivas y culturalmente adecuadas en el caso de los pueblos indígenas.
Derechos económicos, sociales y culturales

La información recibida durante la visita indica que los pueblos indígenas se enfrentan a grandes desafíos y obstáculos particulares para el disfrute efectivo de sus derechos económicos, sociales y culturales. Hay muchos elementos que contribuyen a esta situación, pero entre los factores clave puede señalarse la discriminación histórica y estructural, las condiciones de pobreza multidimensional y la falta de servicios básicos suficientes y culturalmente adecuados, entre otros.

Las estadísticas oficiales de 2015 indican que 55.5% de la población indígena reside en municipalidades consideras de altos o muy altos niveles de marginalización. 87.5% de las municipalidades indígenas, en las que la población indígena supone 70% o más de la población total, presenta condiciones consideradas de altos o muy altos niveles de marginalización.[3]

En relación con la educación, las mismas estadísticas indican que 16.6% de la población indígena mayor de 15 años no ha recibido ninguna instrucción escolar formal, en contraste con 6% entre la población general. De modo similar, solo 14.6% de la población indígena ha accedido a educación secundaria de segundo ciclo, y 7% a educación superior, en comparación con las cifras de 21.9% y 18.2% respectivamente en el caso de la población general.[4]

En términos de salud, he recibido varias quejas en relación con la falta de instalaciones adecuadas y de personal médico en las comunidades indígenas. Aunque parece que se están adoptando medidas para aumentar la cobertura sanitaria y garantizar una perspectiva culturalmente adecuada en los servicios de salud, quedan muchos desafíos que abordar. El reconocimiento y apoyo a los sistemas tradicionales de salud, incluidas las parteras indígenas, podría ayudar a cerrar la brecha existente.

Varios actores plantearon preocupaciones sobre recortes presupuestarios significativos que afectan particularmente a las instituciones dedicadas a las cuestiones indígenas y a los propios pueblos indígenas, y subrayaron que algunos programas gubernamentales no estaba diseñados teniendo en cuenta las cosmovisiones y espeficidades de los pueblos indígenas, y que tenían un enfoque asistencialista.
Grupos específicos

Desplazados forzosos indígenas

La situación de violencia y el contexto general de impunidad que también afecta a los pueblos indígenas ha causado un gran número de desplazamientos forzosos. La información recibida en todos los Estados visitados confirma que la presencia de crimen organizado, caciques, y otros grupos armados ha causado un clima de violencia, impunidad y desintegración social y cultural, que ha tenido como resultado final un gran número de desplazamientos de familias y comunidades enteras hacia áreas urbanas o hacia otras comunidades indígenas. Se me presentaron también casos de desplazamiento en el marco de conflictos relacionados con la tierra, y también como resultado de impactos directos e indirectos de megaproyectos.

Esta situación es particularmente preocupante y exige una acción urgente por parte del Estado, de acuerdo con los estándares internacionales, incluidos los Principios Rectores sobre Desplazamiento Interno, para garantizar que todas las personas desplazadas internas indígenas tengan el derecho a un adecuado nivel de vida. Esto incluye servicios básicos culturalmente adecuados. Además, el Estado mexicano tiene el deber y la responsabilidad de crear las condiciones y proporcionar los medios que permiten a los desplazados internos indígenas el retorno voluntario, con seguridad y dignidad.

Lamentablemente, en muchos de los casos que se me han presentado, el desplazamiento se ha prolongado, y los esfuerzos para garantizar el retorno de las familias y comunidades indígenas desplazadas han sido insuficientes. Aunque algunas instituciones de Gobierno reconocieron esta situación de desplazamiento, no parece existir una política integral y coordinada ni una respuesta al fenómeno. Me gustaría subrayar la reciente recomendación No. 39/2017 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en relación con el desplazamiento forzoso interno en el Estado de Sinaloa que reconoce esta compleja realidad y supone un importante primer paso en el reconocimiento oficial de este problema.
Niños y jóvenes

Estoy también particularmente preocupada por la situación de los niños y jóvenes indígenas que viven en un contexto semejante de pobreza extrema, violencia e impunidad. Esto se vincula a muchos problemas, incluida la desnutrición, la mortalidad infantil y el tráfico de personas.

En algunos de los Estados visitados, recibí quejas vinculadas al reclutamiento forzoso de niños y jóvenes por parte del crimen organizado. Dada la falta de fuerzas de la ley y de otras instituciones del Estado en comunidades indígenas remotas, en zonas afectadas por el crimen organizado y la producción y tráfico de drogas, la única elección que les queda a los jóvenes es unirse a estos grupos o ser torturados, desaparecidos o asesinados.
Migrantes

Me gustaría también subrayar, aunque sea muy brevemente, la preocupante situación de los jornaleros indígenas, y la situación de los indígenas migrantes, sea porque trabajan en México o están de paso por territorio mexicano. A menudo se enfrentan a múltiples formas de discriminación, su vida y trabajo están invisibilizados, se sienten atemorizados y no pueden acceder a mecanismos de denuncia, y son desproporcionadamente vulnerables a la discriminación, la explotación y la marginación. Esta situación exige una respuesta integral y adecuada.
Mujeres

La situación de las mujeres merece un análisis más extenso. Pero quisiera al menos subrayar en estas observaciones preliminares que en cada Estado visitado tuve reuniones privadas con mujeres indígenas, que compartieron conmigo sus principales preocupaciones. Estas incluyen el feminicidio, la violencia contra la mujer al interior de las comunidades, las muertes maternas, la violencia obstétrica, el matrimonio infantil forzoso, la discriminación en el acceso a la tierra y la falta de inclusión en los procesos de adopción de decisiones tanto tradicionales como formales.
Conclusión

Me gustaría concluir señalando que, en vista de los expuesto, persiste una brecha de implementación tanto en relación con las recomendaciones hechas por el Relator Especial Stavenhagen como en relación con la implementación de la Declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas. El Gobierno mexicano debería reconocer sus responsabilidades por los problemas descritos y adoptar medidas decididas para mostrar un verdadero compromiso para cumplir con los derechos de los pueblos indígenas. 

Esto podría generar las condiciones necesarias para un diálogo sostenido e incluyente con los pueblos indígenas en que pudieran tratarse todas estas cuestiones pendientes y proporcionaría una oportunidad para para establecer la confianza y crear una nueva relación entre los pueblos indígenas y el Estado basada en la igualdad, el respeto y la no discriminación. Quisiera expresar mi firme compromiso de proporcionar ayuda técnica a las autoridades mexicanas para conseguir estos objetivos

Por último, quiero terminar dando las gracias a los pueblos y comunidades indígenas que me han recibido en sus tierras y territorios y a aquellos que han viajado desde lejos para compartir sus historias conmigo. Me siento inspirada por su fuerza y determinación en seguir defendiendo sus derechos y los de otros.
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NOTAS

[1] IACHR, The Human Rights Situation in Mexico, OEA/SER.L/V/II/. (31 December 2015), ["IACHR Mexico Report"], paras. 252-3.

[2] See, "Consultation and consent: Principles, experiences and challenges", Presentation by the UN Special Rapporteur on the rights of indigenous peoples, Victoria Tauli-Corpuz, for the International Colloquium on free, prior and informed consultation: International and regional standards and experiences (Mexico City, 8 November 2016). Available at: http://unsr.vtaulicorpuz.org/site/index.php/en/statements/166-consultation-and-consent;
Comentarios de la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas en relación con el Anteproyecto de Ley Marco de consulta libre, previa e informada a los pueblos indígenas y afrohondureños (Honduras), 22 December 2016, pp. 18-20. Available at: http://unsr.vtaulicorpuz.org/site/images/docs/special/2016-honduras-unsr-comentarios-anteproyecto-ley-consulta-sp.pdf.

[3] CDI, Indicadores socioeconómicos de los pueblos indígenas de México, 2015, Coordinación General de Planeación y Evaluación, p. 18. Available at: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/239921/01-presentacion-indicadores-socioeconomicos-2015.pdf.

[4] Ibid.

VER TEXTO EN VERSIÓN PDF
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Declaración de cierre de misión a México. Relatora Especial Victoria Tauli-Corpuz

sábado, 18 de noviembre de 2017

Informe sobre derechos de mujeres indígenas publica la CIDH



CIDH publica informe sobre los derechos humanos de las mujeres indígenas en América

EL CIUDADANO

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó un informe sobre los derechos humanos de las mujeres indígenas en América, el cual describe las diferentes formas de discriminación que afectan a su población, en función de diversas facetas de su identidad. Asimismo, analiza cómo esta situación acentúa su exposición a la violencia y obstaculiza su acceso a la justicia y el ejercicio de sus derechos económicos, sociales y culturales.


A través de este informe, además, la CIDH establece principios rectores que deben guiar la acción de los Estados para prevenir y abordar todas las violaciones de derechos humanos que afectan a las mujeres indígenas en el continente, desde una perspectiva holística, de género e intercultural.


 


En razón de su identidad multidimensional, señala el documento, las mujeres indígenas están expuestas a una intersección de formas de discriminación basadas en su identidad cultural, sexo y género, entre otros factores, tanto fuera como dentro de sus propias comunidades, o como resultado de los remanentes históricos y estructurales del colonialismo. 


La intersección de estas fuentes de discriminación crea capas superpuestas de violaciones de derechos humanos que se refuerzan mutuamente.

Así, esta discriminación les genera obstáculos para el goce de sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, y para su acceso a la justicia. 

Además, se agrega que las mujeres indígenas aún encuentran muy pocas oportunidades para acceder al mercado laboral, y presentan dificultades geográficas y económicas singulares para tener acceso a servicios de salud y/o educación, acceso limitado a programas y servicios sociales, y escaso espacio para participación en procesos políticos.

Finalmente, el informe recomendó a los Estados que, al elaborar y aplicar medidas para asegurar que se respeten los derechos humanos de las mujeres indígenas, adopten un enfoque holístico para abordar las formas múltiples e interconectadas de discriminación que enfrentan las mujeres indígenas en diferentes contextos, así como para prevenir, investigar, enjuiciar y sancionar todas las formas de violencia en su contra.

Este enfoque debe tener en cuenta el sexo, el género y la cosmovisión de las mujeres indígenas, así como los antecedentes de racismo y discriminación que han sufrido. 

Los Estados deben guiarse en base a los principios de igualdad y no discriminación y tener como base el derecho de las comunidades indígenas a la autodeterminación y a la identidad cultural.

Revisar el Informe Aquí