martes, 28 de julio de 2015

Ekuador- Así sera la marcha Por la vida, la dignidad y la libertad y contra el neoliberali$mo de Correa.

 Siete provincias y casi 1.000 kilómetros recorrerá movilización. Dicen que no pedirán permisos a autoridades locales.

A menos de ocho días del inicio de la movilización indígena, y a casi tres semanas del paro nacional convocado por las centrales sindicales para rechazar la política económica y social del Régimen, más sectores se suman a la convocatoria.

A la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), de los cinco prefectos agrupados en la Mancomunidad de Gobiernos Provinciales de la Amazonìa (Conga), la Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador (FESE), y la Unión Nacional de Educadores (UNE) y otras 11 agrupadas en el Frente Popular, también se integró la Federación de Barrios de Quito, la Federación de Estudiantes de la Politécnica Nacional, un sector de los estudiantes de la Universidad Central, la Federación Médica, y un sector de los jubilados.

Peticiones

Estos sectores objetan y exigen, por ejemplo, la devolución del 40% para las pensiones jubilares, el archivo definitivo de los proyectos de ley de herencias, de plusvalía, de enmiendas a la Constitución y que se convoque a una consulta popular para que el pueblo se pronuncie si está o no de acuerdo con la reelección indefinida, etc.

“Esta vez no va a quedar ninguna región fuera de la movilización nacional indígena generalizada”, adviertió Carlos Pérez Guartambel, presidente de la Ecuarunari, al ratificar la protesta cuyo inicio se prevé para este 2 de agosto.


Cómo será la marcha

La marcha denominada Por la vida, la dignidad y la libertad que partirá desde Zamora Chinchipe, se unirá a la convocatoria de paro de los sectores sindicales el próximo 13 de agosto en Quito, donde se planifica una toma “pacífica” y “simbólica” de calles y avenidas.

El recorrido desde el sur será: Zamora Chinchipe, Loja, Azuay, Chimborazo, Tungurahua, Cotopaxi, y Pichincha. (Ver gráfico del recorrido).

Desde el norte, la marcha partirá desde Ibarra u Otavalo. También se estima la llegada a Quito de un grupo de indígenas desde la Amazonia.

Guartambel y el presidente del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), Pablo Serrano, ratificaron la decisión de “no pedir permiso” a las autoridades locales de las provincias donde se producirá las concentraciones.

Sin permiso

“A ninguno de los alcaldes, ni a los gobiernos locales vamos a pedir permiso. A los únicos que vamos a pedir permiso para entrar es a la Pachamama, tal como nos han enseñado nuestros abuelos…”, señaló Carlos Pérez.

Y, dice que no aceptan la “pretensión” de los descendientes de los españoles de que se les pida permisos y autorizaciones.

“Nosotros estamos diez mil años antes acá y recién hace 523 años que vinieron los españoles (…) que den autorizaciones a donde les corresponden, pero nuestras tierras pertenecen a nuestros abuelos, las calles son de los ecuatorianos y no tenemos por qué pedir permiso a nadie sino a la madre Tierra”, insistió Carlos Pérez.

La resistencia

Pablo Serrano también aclaró que, al tratarse de una movilización convocada por las organizaciones y “apoyadas por la ciudadanía”, se hará uso de un derecho a la resistencia que está garantizado en el artículo 98 de la Constitución.

“Esto es una contradicción: si vamos a ir a una paralización nacional, ¿tenemos que pedirle permiso al presidente de la República? preguntó Serrano, quien calificó como una estrategia “desesperada” por la reacción del “pueblo de paralizarse”, la decisión del Régimen de enviar a ministros como el canciller, Ricardo Patiño, a los barrios para tratar de convencer lo que según el Gobierno ha logrado en los últimos ocho años, o plantear el debate sobre el uso legal de la marihuana, o que la Asamblea haya aprobado un proyecto de resolución que regule la difusión de videos, documentos y discursos durante los debates en el Pleno.(SC)


Correa dice que protestas son 'ilegales'

En su enlace sabatino desde el cantón Santa Rosa (El Oro), el presidente, Rafael Correa, calificó ayer las acciones de protesta como "ilegales" y recordó que la Constitución prohíbe la paralización de los servicios públicos.

El jefe de Estado señaló que los llamados a manifestaciones “son un pretexto, un modo de vida, querer llamar la atención”. Desde allí también hizo un llamado a su militancia a rebelarse y resistir.

“… Si ellos tienen derecho a resistir, nosotros también tenemos derecho a resistir. (La oposición) tiene todo el derecho a marchar, pero no permitiremos que nos dañen nuestras carreteras que tanto sacrificio nos ha costado construir, no permitiremos que nos cierren los caminos”, señaló.

A criterio de Correa, estas son medidas de hecho con las que se quieren “imponer a la fuerza lo que no lograron en las urnas”.

________________________________________________




La marcha del movimiento indígena

La Conaie se suma con sus movilizaciones al paro nacional. 

Jorge Herrera, actual presidente de la Conaie, responde a los cuestionamientos de sectores afines al régimen y explica cuáles son los reclamos del movimiento indígena.

24 de julio del 2015-REDACCIÓN PLAN V


Luego de una larga consulta con las organizaciones de base, la dirigencia indígena resolvió apoyar el llamado al paro nacional de las centrales sindicales y otras organizaciones para este 13 de agosto. 
La decisión, sin embargo, no fue fácil: el poco tiempo para organizar la medida "indefinida", el mismo caracter de tal han generado dudas sobre la eficacia para sostener la medida. 

Pero, a pesar de las previsiones, hay un factor esencial que desató la decisión de la Conaie: la necesidad de retomar la iniciativa política del movimiento popular en la oposición, frente al gobierno y a los sectores de centro de derecha. 

Es decir, empujar una agenda política propia frente a la coyuntura. 

¿El objetivo?: generar un proceso de acumulación de fuerzas para echar abajo los cambios a la Constitución que impulsa el oficialismo y, sobre todo, la reelección indefinida y la posibilidad de un nueva mandato del presidente Rafael Correa, y enfrentar el 2016, año electoral, en estado de movilización permanente.


-Entonces, ¿va la marcha?

La marcha va; levantamiento indígena y popular. Esto ya es una decisión colectiva, de la asamblea del 18 (de julio) y va este levantamiento y el paro nacional. A partir del 18 de julio, existe un acuerdo sobre la movilización que significa encuentros, reuniones, foros y plantones a nivel de todo el país. Esto llega hasta el 2 de agosto; el 2 de agosto inicia la caminata desde Zamora Chinchipe y avanza hacia la ciudad de Quito. El 10 (de agosto) inicia el gran levantamiento que se une al paro que está convocado por el colectivo nacional de la dirigencia de la clase obrera y no sabemos hasta cuándo… Lo único que tenemos que decir es que vamos a estar en las calles hasta tener respuesta por parte del régimen.

-Se dice que dudaban comenzar la marcha, ¿es así?

Para nada, no ha habido dudas; es más, ha habido un decisión consensuada en esta gran asamblea (de la Conaie) desarrollada en la provincia de Tungurahua. Lo que sí nos preocupa es que algunas personas de algunas organizaciones, inocentemente, van a estar en las filas de Alianza País y que el gobierno busque una confrontación entre la misma ciudadanía. Por esa parte hacemos un llamado a la ciudadanía, a la gente que pueda asistir para reclamar los justos derechos, fundamentales e históricos, del movimiento indígena y de la ciudadanía.

-A propósito, Telesur* publicó que varios movimientos indígenas se oponen a la Conaie.

Bueno, no son movimientos; más bien son personas afines al gobierno de la "revolución ciudadana" que, por intereses netamente personales, están dando algún pronunciamiento como para mostrar que estamos debilitados, divididos. Pero eso no nos preocupa porque eso viene haciendo el gobierno desde un inicio, tratando de dividir y fraccionar estructuras históricas del movimiento indígena, pero no lo ha logrado. Ya, a estas alturas del tiempo, la Conaie más bien está fortalecida en las tres regiones del país.

-¿Qué responde a lo que dicen; que ustedes le hacen el juego a la derecha?

El gobierno con tal de defender su espacio y continuidad en el poder, no sólo dice eso, acaba diciendo otras cosas... Que le hacemos el juego a la derecha, que estamos sin propuestas, que "les hemos dado todo"… un sinnúmero de respuestas con tal de opacar la realidad política y económica que hoy aparece como efecto de la mala conducción del gobierno que quiere ocultar. No nos preocupa que quiera demostrar que el movimiento indígena está cuestionando a la Conaie. Eso no es cierto. Eso se verá en los momento cruciales.

-¿Cuál es la posición de la Conaie frente a los plantones desde otros sectores?

Nosotros tenemos nuestra agenda propia, nuestra agenda histórica. Estamos en un país democrático y lo que queremos es construir una propuesta; un modelo económico comunitario, solidario, que permita alcanzar el Sumak Kawsay a través del replanteamiento de políticas públicas para que la riqueza del país sea redistribuida y se pueda garantizar el futuro de las siguientes generaciones . Si en esta coyuntura, otros hacen sus movilizaciones, ya dependerá de cada organización y cada persona las explicaciones que den. Pero nosotros no podemos suspender una decisión particular; ellos sabrán cuáles son sus intereses; los nuestros son históricos y no coyunturales, los seguiremos sosteniendo como un proyecto político.

-¿Y frente a la propuesta de diálogo del gobierno?

No podemos ir a un diálogo en estas condiciones: por un lado se llama al diálogo y, por otro, estamos cogidos de la garganta cuando crean resoluciones para criminalizar luchas, para condenar acciones organizativas; llamando a procesos judiciales contra nuestros dirigentes, como a Agustín Wachapa del pueblo shuar; así también en Íntag, contra Javier Ramírez, detenido diez meses sin causa alguna. El gobierno no ha transparentado la situación de los desaparecidos y asesinados, en el caso de José Tendetza, de Bosco Wisum, de Freddy Taish. Ese es uno de los temas que nos afecta directamente.

-¿Afecta de alguna manera la última resolución de la Asamblea?

Bueno, son estrategias de parte del gobierno; ahora es la resolución de querer condenar a las luchas sociales y eso no nos preocupa porque la mayoría del pueblo ecuatoriano siente una inconformidad con las políticas del actual régimen. Sobre las resoluciones y las leyes, está la constitución, así que no nos preocupa.

-¿Cómo ve la Conaie los impuestos a la plusvalía, a la herencia?

El presidente Correa manda un discurso camuflado, diciendo que no va a afectar a las pequeñas y medianas economías sino a los grandes grupos económicos, pero ya vivimos la experiencia de las medidas de salvaguardias, cuando dijo que no se iba a afectar a la ciudadanía, pero tantas familias que vivían de la venta de manzanas, por ejemplo, ahora ya no trabajan. No se afectó a los grandes poderes económicos, ellos nunca pierden.

-¿Cuál es el mensaje de su protesta?

Estamos viviendo en un país diverso, reconocidos por la constitución, somos culturas milenarias. Nuestra propuesta es la construcción de un estado para todos; un estado de equidad, de paz; un estado que garantice la soberanía alimentaria, un estado que reconozca y permita el acceso a los derechos fundamentales de toda la sociedad y especialmente de la juventud, que tiene aspiraciones de prepararse, pero este modelo educativo es excluyente. 
 La educación bilingüe es un tema no negociable porque es parte de nuestra identidad cultural. 
Con un discurso de izquierda se nos ha callado y confundido, desapareciendo el derecho a la educación intercultural bilingüe. Para eso es esta movilización: archivo de las enmiendas constitucionales, dejar sin efecto el decreto 16, archivo de la ley de tierras, oponerse al tratado de libre comercio con la Unión Europea, acceso libre a las universidades y un alto al extractivismo.
http://planv.com.ec/historias/politica/la-marcha-del-movimiento-indigena

*Nota de AYI- El canal venezolano Telesur al ser un medio de comunicación estatal esta alineado con el régimen estatal de Correa. Desinforma de manera grosera los planteamientos de las naciones ancestrales no solo de Ecuador sino también de otros países que están dentro de la esfera del llamado sociali$mo del siglo 21.
______________________________________________
Conaie pide no caer en provocaciones y asegura que la marcha no se va a detener

Publicado el Viernes 24 de julio de 2015
Rueda de prensa de dirigentes sobre la Coordinadora Unitaria de Pichincha. Foto: Conaie


La Coordinadora Unitaria de Pichincha (CUTCOP) se reunirá mañana en Quito para definir acciones frente al paro nacional del pueblo del próximo 13 de agosto.

En rueda de prensa, el dirigente de la Conaie Severino Sharupi, anunció que se hará una asamblea en las provincias para definir estrategias para el levantamiento indígena y el paro nacional. “Hay asambleas en cantones, barrios, Quito está movilizado”, dijo.

El dirigente pidió a quienes no están de acuerdo con el paro que se queden en sus casas y no caigan en provocaciones y aseguró que la marcha no se va a detener.

José Chusin, dirigente barrial de Quito, señaló que “el pueblo ya no le cree a la revolución ciudadana” y agregó que mañana se ratificará la plataforma de lucha. Además, insistió en que el paro nacional no es un intento de desestabilización.

La representante de la Unión Nacional de Educadores (UNE), Isabel Vargas, ratificó este viernes su apoyo al paro convocado para el 13 de agosto. “Sabemos que los actos violentos se quieren endosar al pueblo ecuatoriano. Nosotros saldremos de forma pacífica”, mencionó.

El representante de un grupo de estudiantes de la Universidad Central, Tito Madrid, aseguró que también se unen al paro. (I)




“La firma del tratado de libre comercio con la Unión Europea atenta contra la paz y la seguridad de nuestros pueblos”

Entrevista a Jorge Herrera, Presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, en el marco de los 25 años de aniversario del Primer Levantamiento Indígena en Ecuador

Mª Cruz Tornay

Hace 25 años, el mundo se preparaba para celebrar los quinientos años del denominado “encuentro” entre dos mundos. Cinco siglos después del inicio de la dominación colonial, las poblaciones indígenas seguían sufriendo la explotación en las grandes haciendas y registraban las tasas más altas de pobreza, agravadas por la imposición de las políticas neoliberales. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) convocó la movilización que articuló territorial y orgánicamente a pueblos y nacionalidades bajo un discurso de clase vinculado a lo étnico, crítico con el modelo de estado.

En los primeros días de junio de 1990, miles de hombres y mujeres marcharon desde las comunidades indígenas de la Amazonía y de la sierra andina bajo el lema “Mandato por la defensa de la vida y los derechos de las nacionalidades indígenas”, acompañado de consignas como “Ni una hacienda para 1992”, en alusión a las propiedades en las que eran salvajemente explotados. En esos días tomaron las iglesias mandadas a levantar siglos antes por los colonizadores y demostraron a los mestizos la fuerza de un movimiento heredero de líderes históricas como Dolores Cacuango o Tránsito Amaguaña.

A esta insurrección le siguieron otras revueltas que terminaron por tumbar varios gobiernos y se inició una década en la que se sucedieron levantamientos históricos en todo el continente. No en vano, los festejos del Inti Raymi dedicados a honrar la fertilidad de la pacha mama acompañaron los días de protestas marcando el “florecimiento” de las luchas populares, según recuerdan los protagonistas.

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador celebra este aniversario con la mirada puesta en las luchas, en el contexto de un modelo de estado que sólo les reconoce en lo jurídico, y augura nuevos conflictos a causa de las políticas extractivistas que están atacando sus territorios.

- El movimiento indígena celebra el aniversario del primer levantamiento en Ecuador. ¿Cómo recuerdan esa fecha histórica, 25 años después?

– El levantamiento fue un producto de las luchas internas, del descontento por tanta discriminación, racismo y violaciones de derechos humanos, ya que los indígenas, dentro de las grandes haciendas, eran considerados como animales. En el año 90 los indígenas pasan de ser un objeto a un sujeto político de incidencia dentro de las decisiones y políticas de estado. El levantamiento se produjo para hacer una reivindicación de los pueblos y nacionalidades, pero también para construir un proyecto político. Era necesario constituir un estado plurinacional e intercultural donde fueran reconocidos estos pueblos diversos en la estructura jurídica del estado.

- ¿Qué se logró con estas movilizaciones?

– En la última asamblea constituyente de 2008 se reconocieron las 14 nacionalidades y 18 pueblos del Ecuador. Los pueblos oprimidos y olvidados por los gobernantes pasaron a tener derechos fundamentales. Se exigió el derecho a la educación intercultural bilingüe y a ejercer el idioma materno, el kichwa. Pero en estos 25 años, el movimiento indígena, como un ente social activo en los procesos de lucha, ha tenido que ser crítico ante distintos modelos de desarrollo y de gobierno, y, gracias a las protestas, han caído gobiernos corruptos como el de Abdalá Bucaram o el de Lucio Gutiérrez, y se ha descartado el tratado de libre comercio que se quería firmar con Estados Unidos. Estas luchas han tenido que hacerse en todo el país, pero también en todo el mundo, con la convocatoria de debates para construir alternativas políticas de estado que encaminen este salvar a la humanidad, respetando la naturaleza.

Al cumplir los 25 años del levantamiento, las organizaciones de base de la CONAIE miramos nuevas estrategias. Seguimos en esta lucha reclamando derechos fundamentales, pero también exigiendo un nuevo modelo de desarrollo en el Ecuador.

- La definición del estado ecuatoriano como estado plurinacional fue una de las principales conquistas del movimiento. ¿Qué ha significado esto para los pueblos indígenas y para el país en su conjunto?

– En el Ecuador vivimos con un Gobierno aparentemente de izquierda que ha sido un producto de las luchas sociales que se han dado en el país. No es un Gobierno que vino participando en estas luchas, sino que, muy oportunamente, apareció agarrando el discurso de los movimientos sociales. En ese momento, nosotros exigimos la nueva constituyente y se aceptó. Exigimos el estado plurinacional e intercultural como el camino para un cambio estructural y económico profundo, lo que significó una propuesta revolucionaria, obviamente. Pero después del primer período, el actual régimen fue acomodándose al sector capitalista de derecha. Si evaluamos cuánto se ha avanzado en los derechos ganados en la historia del movimiento indígena, vemos que ha habido retrocesos y por eso se dan hoy confrontaciones en la sociedad ecuatoriana. En vez de sostener la diversidad de culturas en el Ecuador y la biodiversidad, más bien se ha ido en contra de los derechos de los pueblos indígenas y de la naturaleza, como es el caso, entre otros, de la explotación del Yasuní.

- ¿Cómo ha sido la relación entre el movimiento indígena y la Revolución Ciudadana?

– Más bien, no ha habido relación. Al principio planteamos una política de gobernabilidad en la construcción del estado plurinacional, pero esta propuesta no se ha respetado ni demostrado en hechos reales. Por este motivo, hemos dejado de tener acercamientos y nos hemos dedicado a fortalecer las organizaciones de base y las de la sociedad civil.

- ¿Cuáles son los temas que enfrentan al movimiento indígena y al Gobierno de Rafael Correa?

– En el marco de la propuesta de la nueva constitución se reconoce la redistribución de los elementos estratégicos para garantizar la soberanía alimentaria. Pero la ley de tierras y de agua que plantea el Gobierno en el cambio de matriz productiva está pensada como una respuesta a los intereses de las empresas transnacionales. Por otro lado, la firma del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea atenta contra la paz y la seguridad de nuestros pueblos. Esto implica que habrá mayores descontentos y luchas por la imposición de las empresas extractivistas, relacionadas con las minas, el petróleo y las madereras.

- Las leyes de herencias y de plusvalía han generado movilizaciones en diversas ciudades del país en las últimas semanas. ¿Cuál es la posición de la CONAIE?

– Antes de la ley de herencias ya se aprobó una ley sobre los aranceles con la política de salvaguardas que, aparentemente, afectaba a 2.800 productos y no iba a perjudicar ni a los productores campesinos ni a la clase media, pero la realidad es que sí lo hizo. Esta ley de herencias afecta a la mayoría de la población ecuatoriana, no es cierto que vaya dirigida únicamente al dos por ciento. Es una medida tramposa, y esto se ha hecho también con la ley de tierras y de agua. Estas medidas que se han venido haciendo de manera secuencial responden a modelos impuestos tomados de un modelo europeo, que no es coherente para el Ecuador. Por eso vamos a seguir insistiendo en las luchas que permitan replantear ejes temáticos para buscar la paz y la estabilidad política.

- ¿No temen que la oposición a las políticas del Gobierno se interprete como un acercamiento a los sectores contra los que lucharon en los 90?

Eso es evidente. No podemos descartar que estos partidos de derecha tengan intereses y estén mirando a las elecciones de 2017. Ahí va la capacidad de nuestra propuesta, que tiene que ir más allá de ver o elegir un candidato. Se tienen que discutir las propuestas y plantear la alternativa de un gobierno diferente. Nuestra lucha no se dirige a provocar la inestabilidad del Gobierno ni hacer el juego a la derecha. Vamos a seguir la lucha constante para reivindicar los derechos, con un gran interés en el debate sobre el modelo agrario que permita una reforma profunda en el país.

Mª Cruz Tornay forma parte del consejo de redacción de Pueblos – Revista de Información y Debate. Actualmente reside en Quito (Ecuador).



_____________________________________________________
https://twitter.com/CONAIE_Ecuador
____________________________

VIDEO: Entrevista al presidente de la CONAIE Jorge Herrera

https://youtu.be/6dsWdQYicAc



domingo, 26 de julio de 2015

$hile- Bachelet quiere prorrogar pinochetista Decreto 701 sobre forestales sin consulta previa


Chile: Un nefasto subsidio forestal
FRANCISCO MARÍN
24 DE JULIO DE 2015

Valparaíso (apro).- Sin considerar la evidencia que demuestra los graves perjuicios ecológicos, sociales, económicos y ambientales que provocó en 40 años de aplicación, el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet otorgó carácter de “urgencia” al trámite legislativo del proyecto que prorroga por tres años la vigencia del Decreto Ley (DL) 701 de 1974, que subsidia el monocultivo forestal.

Este proyecto ingresado a la Cámara de Diputados el 15 de mayo, que contempla un desembolso fiscal de 55 millones de dólares, busca “disminuir la incertidumbre sectorial y generar las condiciones políticas y comunicacionales favorables para iniciar una discusión amplia sobre los contenidos que debe tener una nueva ley de fomento forestal”, destaca el mismo proyecto.



El pasado 2 de julio el gobierno decidió otorgarle carácter de “urgencia” al trámite de la norma, lo que supone un tiempo de debate máximo de un mes en cada una de las dos cámaras legislativas.

El 15 de julio los miembros de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados la aprobaron por unanimidad, por lo que ahora deberá ser analizada en la Comisión de Hacienda y luego en el Pleno de los Diputados, antes de pasar al Senado.

La parte del león

El decreto DL 701 fue dictado en 1974 por el dictador Augusto Pinochet e implementado por su yerno, el ingeniero forestal Julio Ponce Lerou, con el argumento de que impulsaría la industria forestal. Sin embargo, esa norma ha tenido como consecuencia que desde entonces se hayan plantado casi 3 millones de hectáreas de pino radiata y eucaliptus, la mayor parte sobre milenarios bosques nativos.

Dicha norma estableció un subsidio en dinero para las plantaciones, que cubría casi el 100% del costo de éstas; la eliminación de la tributación de los terrenos y de la producción forestal; el otorgamiento de créditos estatales en extraordinarias condiciones, y el no pago de aranceles de exportación.

A precios irrisoriamente bajos, la dictadura vendió a grupos económicos grandes extensiones de tierras –muchas de ellas arrebatadas a comunidades mapuche o a cooperativas campesinas–, así como viveros y plantas industriales.

Fruto del incentivo a estas empresas, el sector forestal pasó de exportar 254 mil dólares en 1980 a 6 mil 904 millones en 2014, convirtiéndolo en el segundo de importancia en el país, después de la minería. La superficie ocupada por el monocultivo forestal creció de las 300 mil hectáreas en 1974, a 3 millones en la actualidad, gran parte de las cuales estaban antes cubiertas de bosque nativo.

Según un estudio de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), 69.8% de los subsidios entregados mediante el DL 701 han favorecido a grandes y medianos empresarios forestales. Sin embargo, son dos conglomerados los que se llevaron la parte del león: Forestal Arauco (del grupo Angelini) y CMPC-Mininco (Grupo Matte), que controlan 80% de las exportaciones forestales de Chile.

Según denunció la ONG Bosques sin Forestales en un artículo publicado el 17 de julio, “en Chile, el gran empresariado en general, y el forestal en particular, tienen sendos privilegios tributarios, que tras la Reforma Tributaria de 2014, siguen plenamente vigentes”. Citando al economista de la Fundación Sol, Gonzalo Durán, afirmó que las grandes empresas forestales “no pagan impuestos”.

Hay que tener presente que las grandes plantaciones forestales se han instalado en el centro sur de Chile, principalmente en las regiones del Bío Bío, La Araucanía y Los Ríos. Esta zona corresponde al antiguo Wallmapu o país de los Mapuche, pueblo originario que hoy posee sólo 3% de las 10 millones de hectáreas que pudo mantener durante el reinado de España en América y que sólo le fueron arrebatadas con la ocupación militar conocida como “Pacificación de la Araucanía”. Esta fue una campaña militar de ocupación verificada entre 1861 y 1869, tras la cual se confinó a las comunidades mapuche en pequeñas reducciones.

La expansión del monocultivo ha derivado en una drástica disminución de las aguas subterráneas, así como de la fauna y vegetación silvestre, lo que ha mermado dramáticamente la agricultura tradicional campesina y mapuche. Asimismo, las zonas más densamente pobladas por las plantaciones forestales son las que exhiben mayores tasas de pobreza, desempleo y migración.

De acuerdo con lo señalado por el Ministerio de Planificación en su Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN) de 2009, la provincia de Arauco (Región del Biobío) presenta un índice de pobreza de 26.9%, mientras que en las provincias de Malleco y Cautín (Región de La Araucanía) este flagelo alcanza a 25% y 35.1%, respectivamente. Estas cifras de pobreza están entre las más altas del país.

En materia ambiental, el balance de la expansión del monocultivo forestal también es desolador.

Según una carta enviada a la presidenta Bachelet el 15 de julio por 27 científicos de la Universidad Austral –con sede en Valdivia–, la aplicación de del DL 701 ha traído, entre otras consecuencias, la disminución de la provisión y calidad de agua en cuencas dominadas por plantaciones forestales; incremento de incendios forestales; homogenización del paisaje y la pérdida de biodiversidad; sustitución y fragmentación de bosques nativos de relevancia global para el sostenimiento de la biodiversidad, y la invasión de especies exóticas como el pino radiata y el eucaliptus.

De acuerdo con lo establecido por la ONG Observatorio Ciudadano en su investigación Pueblo Mapuche y Recursos Forestales en Chile (2013), el efecto del monocultivo forestal es devastador: “Los mayores impactos se generan por el desecamiento y contaminación de las fuentes de agua, uso de pesticidas, sistemas inapropiados de cosechas, reemplazo de bosques nativos y aumento de riesgo de incendios forestales”.

Indígenas vilipendiados

Los subsidios contenidos en el DL 701 se mantuvieron hasta fines de 2013. Ese año el gobierno del derechista Sebastián Piñera hizo grandes esfuerzos por renovar por 20 años su aplicación, pero no pudo debido a la oposición mapuche y al hecho que en el Senado, por donde se ingresó el proyecto en dicha oportunidad, hubo una férrea exigencia a que la prórroga fuera consultada a los pueblos indígenas, tal como se contempla en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Bachelet inició su gobierno con el propósito de mantener el subsidio a las forestales. En la Cuenta Anual rendida el 21 de mayo de 2014 lo planteó sin tapujos: “Los bosques son también un pilar importante de nuestra economía y hay que apoyar la inversión en ellos, una inversión que sea social y medioambientalmente sustentable (…) con ese fin prorrogaremos la vigencia del DL 701”. Nada mencionó respecto de la consulta indígena. Tampoco explicó por qué llamó bosques a plantaciones de monocultivo forestal.

Pero a la mandataria socialista le sucedió algo similar que a Piñera: la oposición de mapuches y senadores del ala de izquierda de la oficialista coalición Nueva Mayoría trabaron momentáneamente su propósito.

En junio de 2014 los senadores de la oficialista Nueva Mayoría Alfonso de Urresti (Partido Socialista) y Alejandro Navarro (Movimiento Amplio de Izquierda), escribieron una carta a la entonces ministra de Desarrollo Social, María Villegas, en la que expresaron su rechazo al proyecto y exigieron la aplicación de la consulta indígena.

En dicha misiva, los parlamentarios recordaron un aspecto del Programa de la Nueva Mayoría, contenido en la página 172 del mismo: “La nueva política indígena se fundamentará en el marco internacional de derechos que garantizan a los Pueblos Indígenas que ellos pueden proveer su mejor forma de desarrollo político, económico, social y con pertinencia cultural. En dicho sentido implementaremos en plenitud el Convenio 169 de la OIT”.

Después de más de tres meses (9 de octubre), la ministra Villegas respondió que el gobierno aplicará la consulta “en caso de medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectar directamente a los pueblos indígenas”, aclarando que hasta dicha fecha “no existen antecedentes o proyectos” relacionados con el subsidio al monocultivo forestal.

El 14 de junio pasado, 200 campesinos y comuneros mapuches, pertenecientes a una treintena de organizaciones del sector costero de la comuna de la Unión (Región de Los Ríos), enviaron una carta a la presidenta Bachelet, rogándole que no prolongue el subsidio forestal.

Allí sostienen que éste ha tenido como resultado la migración del campo a la ciudad “con el consecuente desarraigo y posterior marginalidad urbana”, la concentración de la propiedad en muy pocas manos, la pérdida de fertilidad de los suelos vecinos de las grandes plantaciones industriales, “y lo más angustiante: la perdida de nuestras fuentes de abastecimiento de agua a nivel predial, con el consecuente empobrecimiento de nuestras pequeñas propiedades”.

Sin embargo, pese a las exigencias en sentido contrario, el gobierno envió el proyecto al Congreso sin que su tramitación contemple la consulta indígena. Lo hizo por la Cámara de Diputados, donde la oposición a ésta iniciativa se ha mostrado minúscula.

Lo que distingue este proyecto del original, de 1974, es que ahora no busca ampliar la extensión de las propiedades para los grandes empresarios forestales, sino que va dirigido a pequeños propietarios. “Hoy se avanza en la diseminación de las plantaciones al interior de los predios campesinos, quienes, a cambio de proporcionar el uso de sus tierras, reciben subsidios del Estado, con fondos procedentes de la banca multilateral”, como señala el historiador mapuche Víctor Toledo Llancaqueo en su artículo “El enclave forestal chileno en territorio mapuche”.

“Un mal proyecto”

En entrevista con Apro, el senador De Urresti expresa que la prórroga del DL 701 “es controvertida” y “no puede legislarse a toda velocidad sólo porque sea una materia priorizada por Hacienda”.

Este Parlamentario –que representa a la Región de los Ríos– subraya el hecho de que el subsidio forestal “afecta los intereses de comunidades indígenas y de vastos territorios”.

De Urresti sostiene que desde 2014 discute con la ministra de Agricultura y con la Conaf sobre esta propuesta legislativa por varias razones, entre las cuales destaca su parecer respecto de que ya sería tiempo “de tener una política forestal moderna, que haga una opción preferencial por el bosque nativo, que respete la vocación productiva de los territorios y, sobre todo, que respete a las comunidades indígenas, tal como lo establece el Convenio 169 de la OIT que Chile ratificó en el pasado gobierno de la Presidenta Bachelet (2009)”.

El legislador sostiene que en 40 años “no hemos conocido una evaluación acerca de los impactos y eventuales beneficios de esta ley, sin embargo, se sigue prorrogando como si no hubiera otra opción”.

Al preguntarle por qué la Nueva Mayoría, de la que es parte, insiste en propiciar el monocultivo forestal, pese a las nocivas consecuencias sociales y ambientales, De Urresti expresa: “Dentro del contexto de la dictadura, el desarrollo de una industria forestal encajaba a la perfección con el modelo exportador de materias primas”. Sin embargo, sostiene, “lo que podía tener significado en 1974, hoy, en democracia y con un modelo que busca mejorar las condiciones de equidad social y medioambiental, carece de sentido”.

Completa: “Lo que ha permitido la subsistencia del DL 701 es una mirada económica y empresarial que no ha variado en todo este tiempo”.

Finalmente, señala que él no se opone a la actividad forestal, pero sí a que ésta se haga a costa de comunidades pobres e indígenas, “hipotecando otras vocaciones productivas territoriales”.

http://www.proceso.com.mx/?p=411479

_______________________________________


DL 701: En 40 años 70% de aportes fueron a grandes forestales


Según catastro de Conaf, entre 1974 y 2013, por tal concepto se entregaron US$ 875 millones.



Cerca de 40 años estuvo vigente el Decreto de Ley 701 de Fomento Forestal, que incentivó las plantaciones que otorgaban materia prima a dicho sector. Tras dos años en el congelador, hoy el Congreso discute su regreso.

Desde su aplicación, por ese concepto, el Estado desembolsó unos US$ 875 millones. De ese total, el 69,8% de los recursos fue en beneficio de grandes y medianos propietarios forestales.

El anuncio de la intención de prorrogar esta bonificación a la plantación forestal si bien fue hecho en la cuenta pública del 21 de mayo de 2014, recién el 20 de mayo de 2015 ingresó al Congreso el proyecto tendiente a reflotar la aplicación de esta medida.

Esta prórroga de tres años, según cálculos del Ejecutivo, implicaría un mayor gasto fiscal de $ 35.063 millones (unos US$ 54 millones) en el período 2016-2018. El sector forestal en 2014 tuvo un récord de exportaciones de US$ 6.094 millones.

Historia

Creado en 1974, en el período en que Julio Ponce, actual controlador de SQM, era el director de la Conaf, su finalidad fue hacer crecer la masa forestal disponible en el país para abastecer a la industria forestal del país, estableciendo bonificaciones y exenciones tributarias. De paso, estableció la obligatoriedad de reforestar los bosques explotados, y cláusulas de inexpropiabilidad de predios.

Entre 1974 y 1997, año previo a su primera modificación, el DL 701 bonificó a 952.000 hectáreas, y el Estado entregó US$ 369 millones en bonificaciones, de los cuales 95% fueron directamente a grandes y medianos propietarios forestales, dejando solo 5% de los aportes para pequeños propietarios.

En mayo de 1998 fue promulgada la ley n°19.561, que modificó aspectos del DL 701. La modificación, vigente hasta 2010, entregó beneficios por US$ 476 millones, de los cuales 49% fueron directamente a pequeños propietarios forestales, mientras que el 51% restante fue al resto de los actores del sector.

En 2011, bajo la administración de Sebastián Piñera, y con José Antonio Galilea como ministro de Agricultura, se estableció una nueva modificación de este decreto, prorrogándolo por dos años. En términos de medidas, esta nueva actualización creó un registro de operadores forestales y, además, incluyó medidas y beneficios especiales para comunidades indígenas.

Tras esta modificación, y hasta su fecha de expiración en 2013, se entregó financiamiento por US$ 30,9 millones. Según datos proporcionados por Conaf, del total de los aportes, sólo 39% correspondió a superficie de pequeños propietarios.

Razones del Ejecutivo

Entre las razones del Ejecutivo para revivir el DL 701 están el dar continuidad a “una política pública de larga data, disminuir la incertidumbre sectorial, y generar las condiciones políticas y comunicacionales favorables para iniciar una discusión sectorial amplia sobre los contenidos que debe tener una nueva ley de fomento forestal”.

Los artículos incluidos en el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo, establecen que el Estado entregará la bonificación a partir del 1 de enero de 2016, y hasta el 31 de diciembre de 2018. Se establece también que el financiamiento de esta medida será con cargo a “la partida presupuestaria Tesoro Público” en el primer año, para ser posteriormente incluido en el presupuesto regular de subsidios del Tesoro Público.

http://www.latercera.com/noticia/negocios/2015/07/655-639180-9-dl-701-en-40-anos-70-de-aportes-fueron-a-grandes-forestales.shtml

___________________________________


Ponencia del Consejo de Todas las Tierras en la ONU respecto de las empresas y PI.



Ponencia de Aukiñ Wallmapu Ngulam, Consejo de Todas las Tierras ante el Mecanismo de Expertos en Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU.


Pueblos Indígenas y las actividades de las empresas.

Werkén/Vocero: Aucan Huilcaman
8a Sesión del Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, MEDPI ONU, 21 de julio de 2015.


Señor Presidente.

El asunto de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas y las actividades de las empresas en su múltiple dimensión, constituye uno de los principales problemas que afectan a los Pueblos Indígenas y sus derechos en la actualidad. Esta situación se ve fuertemente acrecentada en los países en donde no existen normas jurídicas constitucionales que reconozcan y protejan los derechos colectivos de los Pueblos Indígenas, como es el caso de Chile.

Varias son las causas del por qué las empresas se han convertido en una verdadera amenaza con los Pueblos Indígenas y su derechos patrimoniales territoriales, entre otros.

Entre las causas se encuentran la celebración de los acuerdos económicos multilaterales o Acuerdos de Libre Comercio que establecen los gobiernos y cuyos acuerdos se alejan de los estándares internacionales de los Derechos Humanos y en otros casos simplemente se celebran sin tener en consideración las normas de protección a los Derechos Humanos.

Entre otra de las causas también se encuentran la creación de mecanismos institucionales de parte de los Estados, para otorgarle certeza jurídica y administrativas a las empresas, para que operen en los territorios indígenas, cuyas instituciones son absolutamente coherentes con los criterios y fines del mercado y de esta manera las empresas trasnacionales materializan sus proyectos mineros, hidroeléctricos que se instalan al interior de los territorios de los Pueblos Indígenas

Señor presidente.

Es innegable que las empresas han permeados los Derechos Humanos, han debilitados el respeto de las normas de Derechos Humanos, han minado su aplicación.

Observamos que los Derechos Humanos no han sido aplicados y respetados con la debida fuerza y vigor, de parte de los Estados Nacionales, a pesar que el principio general de los derechos humanos exhorta a una firme y debida reacción cuando los derechos humanos, entre ellos de los Pueblos Indígenas, son vulnerados en donde quieran que ocurran.

Los principios rectores sobre los derechos humanos y las empresas, son muy útil, pero han sido sobrepasados, debido a celeridad con que opera el capital trasnacional, considerando que la empresa trasnacional es la movilidad del capital económico

Señor Presidente

Las empresas por su naturaleza tan amplia, afectan los derechos tangibles e intangibles de los Pueblos Indígenas.

Empresas que en sus actividades tienen un impacto en los recursos económicos de las comunidades, en los ecosistemas, en la biodiversidad, en la seguridad alimentaria, en la propiedad intelectual y con sus operaciones, sin regulación ambiental, contribuyen a acelerar el desastre que está provocando el Cambio Climático, y en el caso del Pueblo Mapuche en Chile, su territorio ha sido afectado por el monocultivo de especies exóticas, lo que provoca una migración forzada.

Señor Presidente.

Otro asunto relativo a las empresas y los derechos humanos, me refiero el derecho a la reparación.

Este es un derecho general que debiera operar en cualquier sistema jurídico. Si eventualmente este principio general o este derecho no funciona, en definitiva el ordenamiento jurídico sería completamente discriminatorio con los Pueblos Indígenas.

En mi opinión, este no es asunto que debe ponerse en debate, esto simplemente debe operar.

Además debo recordar que en todo ordenamiento jurídico el derecho a la reparación opera cuando se ha causado un daño a cualquier propiedad protegido en un estado de derecho.

Señor Presidente.

Recomiendo que el MEDPI, debe elaborar en su informe una acabada información para su presentación en el Consejo de Derechos Humanos y subrayar las consecuencias que están provocando las empresas en los territorios de los Pueblos Indígenas y que afectan intrínsecamente los derechos humanos y al mismo tiempo el informe debe destacar las limitantes normativas en la esfera nacional y en las normas de los derechos humano de protección a los pueblos indígenas.


Muchas gracias Señor Presidente.

https://youtu.be/I-c5a8pDGh0




_______________________________

Vea también:

La Declaración Universal de Derechos Humanos
https://abyayalainternacional.wordpress.com/declaracion-universal-de-derechos-humanos/


- Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas
http://ayi-noticias.blogspot.com/p/declaracion-de-las-naciones-unidas.html


- Convenio 169,OIT
https://abyayalainternacional.wordpress.com/convenio-oit-nro-169/

______________________________________

Acerca del proyecto de ley de prórroga del DL 701




Declaración Pública- Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo (AIFBN).

En relación al ingreso a la Cámara de Diputados de la prórroga al Fomento Forestal para ampliar la bonificación hasta el año 2018, la Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo (AIFBN), manifiesta que:

Concordamos que es necesario que el Estado mantenga su política de fomento a la forestación, sin embargo, los mecanismos que se establezcan deben estar en sintonía con la realidad del país. Deben ser concordantes con las actuales necesidades y desafíos que el país enfrenta, como el cambio climático, las energías renovables, la protección y recuperación de los acuíferos, la conservación de la biodiversidad y la distribución de la riqueza, en donde la actividad forestal puede contribuir positivamente.

Cabe recordar que cuando el Estado subsidia una actividad, somos todos los chilenos los que estamos contribuyendo a financiarla, en el bien entendido que sus beneficios ayudarán a resolver problemas, y no a agudizarlos. Durante los 40 años en que ha operado el actual esquema de fomento a la forestación, los beneficios económicos generados se han concentrado en las grandes empresas, mientras que sus costos (falta de agua, pérdida de biodiversidad, estrangulación económica de las PYMES y otros) han sido pagados por el medio ambiente, las comunidades locales, y los escasos emprendedores que han sobrevivido al duopolio que controla el sector. La experiencia demuestra que las grandes empresas siguen beneficiándose del subsidio incluso cuando éste se orienta preferentemente a pequeños y medianos propietarios, pues si bien éstos reciben algunos ingresos económicos, buena parte de la madera generada termina alimentando la gran industria por la vía del arriendo o del convenio de plantación.

Los problemas que hoy prioriza el país son muy distintos a los que se establecieron en el año 1974, cuando se promulgó el Decreto Ley 701, y que básicamente era la necesidad de generar materia prima para una industria que se pretendía impulsar. Esa industria ya está consolidada, y ese objetivo - puntos a favor, puntos en contra – está más que cumplido y nada justifica que los chilenos sigan financiándola.

Hoy, innegablemente, el establecimiento de bosques debe orientarse a la solución de aquellos problemas que el país y el mundo reconocen como altamente prioritarios.

La creación de cobertura forestal diversa es una de las opciones más eficientes y económicas para contribuir con la mitigación del cambio climático. Chile se ha comprometido internacionalmente a restaurar, con recursos propios, alrededor de 100.000 hectáreas de tierras degradadas (forestación) con una inversión estimada de 250 millones de dólares y alcanzar un área de al menos de 100.000 hectáreas manejadas al año 2035.

Las menores precipitaciones observada en la zona central y norte de Chile, y una consecuente y cada vez más prolongada condición de sequía en los territorios, imprime una necesidad urgente de tomar acciones que permitan mejorar la regulación del ciclo hidrológico en los paisajes forestales. Una herramienta de fomento debe estar enfocada en la forestación o reforestación con especies nativas, e incluso el uso de especies arbustivas o herbáceas que permitan la recuperación de suelos y el mejoramiento en general de las condiciones hidrológicas de las cuencas. En ese sentido, cientos de pequeñas cuencas necesitan que su espacio territorial sea visto no sólo para la producción de madera, sino que además para proveer de agua en calidad y cantidad. A ello se sumarían importantes externalidades positivas en el ámbito del paisaje, la calidad de vida, la conservación de la fauna y la industria turística.


Existe un enorme potencial de vincular la creación de nuevas plantaciones forestales con el fomento al uso de la madera en la construcción y a la generación de energía renovable con tecnología de punta basada en biomasa. Estas actividades productivas debiesen fortalecer y aumentar la participación de la PYMES forestales y madereras en el negocio forestal, promoviendo la asociatividad de éstas y consiguiendo de esta forma un factor de desarrollo sinérgico. Así, el diseño de los instrumentos de incentivo para conseguir estos objetivos debe estar fuertemente orientado a conseguir un mejoramiento significativo de los ingresos económicos de los aproximadamente 160.000 pequeños y medianos propietarios forestales en Chile.

Hoy observamos un gran desequilibrio entre las políticas públicas referidas al incentivo de plantaciones y las destinadas a la conservación y uso sustentable del bosque nativo. Durante 40 años rigieron los subsidios a la forestación del Decreto Ley 701 con amplias flexibilidades normativas para generar una riqueza que se concentró en pocas manos, mientras el manejo del bosque nativo continúa estancado por una ley generosa en burocracia y mezquina en subsidios (Ley 20.283).

La Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo, solicita al Congreso Nacional no legislar la prórroga al 701 recién ingresada el pasado 20 de mayo. Nos parece que el camino correcto es la formulación y tramitación de una Nueva Ley de Fomento Forestal que considere los argumentos aquí expuestos, invirtiendo el tiempo legislativo que sea necesario para ello. Finalmente nos permitimos subrayar la urgente necesidad de resolver las debilidades institucionales, con el fin de propender a una correcta aplicación de las herramientas legales sectoriales.

Directorio

Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo

AIFBN

http://www.bosquenativo.cl/index.php?option=com_k2&view=item&id=1321:acerca-del-proyecto-de-ley-de-pr%C3%B3rroga-del-dl-701&Itemid=51


_____________________________________


VIDEO: PLANTAR POBREZA, EL NEGOCIO FORESTAL EN CHILE - DOCUMENTAL

"Plantar Pobreza, el negocio forestal en Chile" es un documental de Periódico Resumen que aborda el origen y las consecuencias de la expansión de la industria forestal en la zona centro sur del país.

Las plantaciones de pinos y eucaliptos, las plantas de celulosa y toda la infraestructura vial y portuaria a su servicio son elementos que, a la vez de constituir el engranaje de un sustancioso y exclusivo negocio, representa la explotación de los territorios que ocupan y el empobrecimiento de sus comunidades.

Actualmente, los lugares que soportan plantaciones y albergan plantas de celulosa no ofrecen condiciones de habitabilidad para su gente obligándola a emigrar, dejando a completa disposición del negocio forestal los espacios anteriormente usados en la producción o recolección de alimentos y en la conservación del bosque. Muestra de esta realidad es que las comunas presentadas como "de vocación forestal" alcanzan índices de migración y pobreza que superan la media nacional.

Sin embargo, todo este proceso se ha configurado ante la obsecuencia y el servilismo de las autoridades de turno. Desde la Dictadura Militar hasta los gobiernos civiles, todos han defendido este empresariado, llamando desarrollo a la apertura de nuevos focos de extracción y servicios para la industria forestal, llamando a las plantaciones forestales como bosques y llamando estado de derecho a la imposición de la voluntad empresarial a través de la represión y el terrorismo de Estado.

"Plantar Pobreza" tiene el propósito de contribuir a entender el proceso en que se ha expandido esta industria y sus efectos a diferentes escalas. Sin quedarse en una constatación de desastres y miserias, "Plantar Pobreza" muestra la posibilidad de revertir las condiciones provocadas por el negocio forestal, a través del testimonio de comunidades invisibilizadas que realizan experiencias de recuperación del bosque, recuperación del agua y de la soberanía alimentaria.

A quienes vivimos en este territorio nos han intentado convencer de un falso dilema: "O hay forestales o hay pobreza". En realidad, hemos visto que nuestro empobrecimiento se ha agravado en tanto éstas se han expandido. Hoy, la recuperación de nuestro territorio se impone como condición necesaria para nuestra subsistencia y en esto no caben ambigüedades, la industria forestal debe irse y deben implementarse políticas de reparación ambiental y social. El documental "Plantar Pobreza", intenta contribuir a esta lucha.

https://youtu.be/A42dHCxuJ1w




__________________________________________________

Alertan que ampliación del decreto 701 que regala dinero a Forestales es peor que la Ley de Pesca



Si usted cree que la Ley de Pesca es la legalización, vía coimas, del saqueo de los recursos marítimos de Chile, ponga atención a lo que está haciendo el Gobierno y el Parlamento en estos días con la Ley de Fomento Forestal.

Por: Luis García Huidobro
23 de julio de 2015

El 2 de julio pasado el Gobierno de Bachelet puso urgencia a la prórroga al fomento forestal ingresada en mayo al Parlamento. Curiosamente el tema no había aparecido en la cuenta anual de la Presidenta. El 15 de julio la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados aprobó la prórroga. La ley en trámite busca seguir incorporando al negocio forestal, por la vía del subsidio a la plantación de pino y eucalipto, dos millones de hectáreas de tierra que no son propiedad de los grupos Matte y Angelini.

La Ley de Fomento Forestal (DL 701) es el mayor legado de Julio Ponce Lerou durante la dictadura. En 1974, siendo Director Nacional de Conaf, idea este subsidio para dar rentabilidad a las tierras que estaban en manos de la Cora (Corporación de Reforma Agraria) –gran parte de ellas asentamientos mapuche– y que en los años siguientes serían privatizadas en precios irrisorios en beneficio de los grupos Cruzat, Matte y Vial.

Tras la quiebra de Cruzat y Vial, los actores hasta el día de hoy son los Matte (CMPC, Forestal Mininco) y los Angelini (Forestal Arauco).Sólo por poner un ejemplo de un fundo que acaba de ser vuelto a comprar por el Estado a Forestal Arauco a través de Conadi, mencionemos el Fundo Tranaquepe. Son 2110 hectáreas que fueron vendidas en enero de 1989 por Conaf a Forestal Arauco en $41.804.363. Reajustado según el IPC al año 2015, serían actualmente $188.888.911 (es decir, aproximadamente $85.000 la hectárea, hablando en plata de 2015, un precio irrisorio). En 2014 Conadi compra 1859 hectáreas del fundo a Forestal Arauco en $5.151.134.962, es decir, $2.770.500 cada hectárea. El segundo fundo comprado por Conadi durante este Gobierno en la zona es el fundo El Canelo, a Forestal Volterra. Ahí las utilidades son aún mayores, pues Conadi compró a $4.312.978 cada hectárea.

Matte, como sabemos, es el mayor financista (por la vía legal) de la actividad política en Chile. Angelini, por su parte, está involucrado como aportante ilegal en el caso Martelli. La cercanía del gremio forestal con todos los gobiernos es graficada de manera elocuente por el presidente de la Corporación de la Madera (Corma) Fernando Raga:

“Hemos trabajado estrechamente con todos los gobiernos, por lo tanto con las autoridades hemos tenido una relación muy fluida. Ustedes probablemente han visto que nosotros no somos de debates por la prensa con el Gobierno, ni de criticar ni de protestar cosas, porque tenemos una relación directa bastante fluida y nuestros temas son planteados de forma muy razonable y hemos sido en general atendidos”.

(Ver documental Plantar Pobreza: El Negocio Forestal en Chile, Periódico Resumen, 2014.https://www.youtube.com/watch?v=A42dHCxuJ1w. La cercanía de los Angelini y los Matte con la actividad política es permanente. La última reunión de Eliodoro Matte en La Moneda fue precisamente el martes recién pasado. A la salida declaró escuetamente que “vine como director del CEP, a tratar temas académicos”. Una visita de un intelectual, no de un empresario).

Por el contrario, la contraparte mayor en el conflicto forestal en Chile, el movimiento mapuche, con más de un millón de hectáreas potenciales en disputa con las forestales por derechos ancestrales, no tiene interlocución legítima con el Estado sobre este tema. El proyecto actual, al no ser sometido a consulta indígena, viola el Convenio 169 de la OIT, ratificado por la misma Presidenta Bachelet.

El Gobierno de Sebastián Piñera intentó revalidar el DL 701, sin embargo, echó pie atrás por los resultados de la consulta indígena efectuada por Conaf, en la que se vio ampliamente la oposición mapuche al proyecto.

Bachelet, en cambio, no tiene problema en echar adelante el proyecto sin consulta indígena, con lo que se hace responsable de la radicalización de la conflictividad que vendrá en los territorios en disputa. No es casualidad que la Provincia de Arauco, la mayor productora de madera, tenga un gasto policial por habitante 10 veces mayor que cualquier provincia ajena a este conflicto. Desde que el Gobierno volvió a introducir en el Parlamento el DL 701, más de 10 ataques y atentados han ocurrido en el sur de la Provincia.

El negocio forestal es sumamente rentable. Dadas las ventajas comparativas de Chile en el mercado mundial de la celulosa y la madera, no existe hoy otro cultivo más rentable para este territorio. El costo es el agotamiento de las napas subterráneas, por el cultivo intensivo en terrenos muy amplios. Se trata de un recurso natural valiosísimo a largo plazo, en el contexto del cambio climático global, dado que el agua dulce constituye el 3% del agua total del planeta. De este 3%, ¾ partes son hielo polar, de altísimo costo para ser convertida en agua disponible para el consumo humano. Sólo el 0,32% del agua dulce del planeta está en lagos, ríos y humedad del suelo. Cerca del 25% del agua dulce está en las napas subterráneas, las cuales en el centro y sur de Chile están siendo consumidas por la industria forestal. En las comunas emblemáticas de producción forestal, las familias y comunidades durante el verano obtienen el agua para beber en camiones aljibe.

Las ganancias de la explotación forestal se la lleva el dueño del terreno, que en más de un 90% del territorio explotado no es alguien que vive ahí. En cambio son los vecinos los que sufren la falta de agua. Este es el motivo legítimo por el que las comunidades mapuche de Arauco están masivamente cosechando los predios forestales al margen de la ley wingka, lo que el Gobierno llama “robo de madera”.

Los estudios de los investigadores científicos (AIFBN, Académicos Universidad Austral) coinciden con el conocimiento experiencial mapuche de que la industria forestal está secando el territorio, y que urge una política de impulso a la reforestación con bosque nativo. El territorio desertificado (la poda y la tala además generan toneladas de combustible seco) queda a merced de incendios forestales, cada vez más devastadores entre las regiones de Valparaíso y Los Lagos. Sin embargo, el Gobierno y el Parlamento solo tienen oídos para la palabra dinero. Crecimiento económico a toda costa.

La excusa para dotar de legitimidad ambiental al DL 701 es la de los “terrenos degradados”, pero solamente personas tan alejadas de la realidad, como los parlamentarios, pueden creer lo que contradice la experiencia en terreno de todos los días de quienes vivimos invadidos por plantaciones forestales.

Los informes de Conaf reconocen que en Chile se sigue destruyendo bosque nativo para plantar pino y eucalipto, y que en Chile se sigue sustituyendo tierra agrícola por plantación forestal. La rotación de cosechas y cultivos forestales es de 100 mil hectáreas anuales. Es decir, todos los años 100 mil hectáreas sufren la tala rasa, que significa la destrucción de toda vegetación y consecuente erosión del terreno, además del alto riesgo de incendio. Las 100 mil hectáreas que se plantan anualmente estarán expuestas a la erosión durante 2 o 3 años más en que demora la plantación en tener una densidad suficiente como para afirmar el terreno. La recuperación de terrenos degradados a través de cultivos destinados a la tala rasa es un remedio peor que la enfermedad. La solución es la restauración de bosque nativo.

El modelo promovido bajo las consignas “Chile País Forestal” y “Chile País Maderero” está en crisis por sobreexplotación. Los millones de dólares que ingresan al país por exportación de madera y celulosa (récord de 6.094 millones de dólares en 2014) tienen por consecuencia la radicalización de la conflictividad ambiental-cultural-social, especialmente mapuche.

Por la ambición y falta de visión de futuro de la clase empresarial y política, es de esperar que la situación de conflicto por el agua y el territorio, que hoy se vive fuertemente en las Provincias de Arauco y Malleco, se siga extendiendo en el mediano plazo a Ñuble, Bío Bío, Cautín, Valdivia, Ranco, Osorno y Chiloé.

La legitimidad del conflicto se refuerza ante actuaciones ilegales del Gobierno de Chile, como lo está siendo hoy el impulso al fomento forestal sin consulta indígena.

http://www.radiodelmar.cl/rdm/alertan-que-ampliacion-del-decreto-701-que-regala-dinero-a-forestales-es-peor-que-la-ley-de-pesca/#

____________________

Ong CODEFF rechaza prórroga de Decreto Ley 701: “No queremos un espejo de la Ley de Pesca



CODEFF llamó a los poderes Ejecutivo y Judicial a “terminar con esta ley y estudiar una que permita el real desarrollo de las comunidades y de los pequeños propietarios, y que no signifiquen la destrucción de nuestros bosques”.


Santiago, 23 de julio de 2015.(Codeff)– El Comité Pro Defensa de la Fauna y Flora (CODEFF) rechazó la prórroga a la vigencia del Decreto Ley 701 de Fomento Forestal, propuesta por el Gobierno y aprobada en general y particular por la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados.

“Esta ley ha sido uno de los principales responsables de la sustitución del bosque nativo por monocultivos forestales, lo que ha implicado la pérdida de biodiversidad, hábitats de fauna nativa y deterioro de cuenca hidrográfica, entre otros efectivos negativos”, afirmó la entidad.

“Adicionalmente, no ha implicado un real desarrollo de las comunidades locales o de propietarios de pequeños predios forestales, sino que ha sido destinada en más de un 70% a financiar a las grandes empresas forestales, transformándose en un ejemplo equivocado de políticas de Gobierno de subsidio”, agregó la ONG.

De hecho, alrededor del 80% de la actividad subsidiada está en manos de los grupos Matte y Angelini.

Desde su promulgación hasta 2013, se entregaron US$ 875 millones. De ellos, el 70% de los aportes fueron a grandes forestales, según CONAF.

En ese sentido, CODEFF llamó a los poderes Ejecutivo y Judicial a “terminar con esta ley y estudiar una que permita el real desarrollo de las comunidades y de los pequeños propietarios, y que no signifiquen la destrucción de nuestros bosques”.

“No queremos que esto sea un espejo de lo que pasó con la última Ley de Pesca, donde sabemos quiénes fueron los grandes beneficiados”, enfatizó la institución.

http://www.radiodelmar.cl/rdm/codeff-rechaza-prorroga-de-decreto-ley-701-no-queremos-un-espejo-de-la-ley-de-pesca/
____________________________________________


El robo del agua a través de las transnacionales fore$tales en Arauko



"¿Agua para quién?
Escasez hídrica y plantaciones forestales en la Provincia de Arauco” un informe develador y por eso indignante

[resumen.cl]

Hace algunas semanas, fue publicado el informe “¿Agua para quién? Escasez hídrica y plantaciones forestales en la Provincia de Arauco” por la investigadora Marien González-Hidalgo, quien trabajó durante entre los meses Agosto y Octubre de 2014 en colaboración con la iniciativa “Agua que has de beber” y la ONG Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo.

Tal como se plantea en su introducción, en el informe “se describen las principales causas que afectan la baja disponibilidad de agua para el consumo humano en las áreas rurales, quedando en evidencia los problemas generados por el actual modelo de gestión del agua en Chile”. En él se constatan diversas situaciones atribuibles a la expansión de la industria forestal, relegando al estante de las mentiras los informes oficiales negadores de la vinculación entre ésta y la pauperización de la vida de la población. En este documento también se mencionan casos que evidencian el contubernio entre autoridades de instituciones del Estado y el empresariado que usufructúa y agota un recurso imprescindible para la reproducción de la vida.

Resumen ha conversado con Marien sobre esta investigación y su evaluación de las políticas sociales aplicadas a la empobrecida provincia de Arauco. Aquí están sus respuestas.

-Una de las primeras afirmaciones del texto es que no pudiste encontrar catastros de la región del Bío Bío que informaran, por ejemplo, sobre los cursos de agua que aprovisionan a quienes habitamos aquí. ¿Cuál es tu evaluación de esta situación?

Esto es alguna de las cosas que más me sorprendió, y que entendí gracias a mi colaboración con la Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo y la campaña Agua que has de Beber. En la Región del Bío Bío, la DOH-MOP, encargada del programa APR, sólo proporciona información sobre los puntos de captación, que es donde los Comités de Agua Potable Rural toman el agua desde esteros para su potabilización y distribución. Sin embargo, no hay información de dónde procede el agua ni de cuanta agua se tiene disponible, es decir no se manejan con información de cuenca, sino sólo del proceso de captación del agua. Como se dice en el informe, esto es grave ya que evidencia que el modelo económico basado en extracción forestal, que predomina en el Bio Bío, se definió y define de espaldas a las características e información del territorio, y por lo tanto la ordenación territorial se basa únicamente en los márgenes de beneficios que puede tener el estado o capitales privados, pero sin conocer, entre otras cosas, si las características ecológicas del territorio puede sostenerlos.

-En el informe también hay una denuncia que trata sobre el mal uso de datos pluviométricos por parte de representantes gubernamentales en la “Mesa del Agua en la provincia de Arauco”. Explícanos cuál crees que es el propósito de esto y en qué radica su gravedad.

El uso interesado de datos “científicos o ambientales” para sostener argumentos o nuevas políticas económicas es un lugar común y muy habitual, especialmente desde que las ciencias “duras” se instauraron con una legitimidad sobre “la verdad”. Especialmente en contextos rurales, los datos empíricos que estén firmados por ingenieros, licenciados, etc (el uso del masculino es a propósito) suele dar una legitimidad a nivel local que es difícil de contestar. Desconozco si las motivaciones de mostrar los datos como escasez hídrica en la provincia de Arauco como directamente causados por la reducción de precipitaciones fueron pensados premeditadamente o no, pero lo importante es que los datos apoyaban el discurso general que se pretende desde la institucionalidad pública y privada en el sur de Chile: el mensaje que se quiere dar es “si falta agua acá, la culpa es del cambio global, nosotros no tenemos nada que ver”. Esto no quiere decir que el cambio climático no esté ocurriendo, sino que en este contexto se utilizaba como una forma de des-responsabilizarse de las causas estructurales y biofísicas de lo que ocurre en el día a día de una provincia cuya ordenación territorial está a la orden del extractivismo forestal.

-Tú eres europea ¿Qué diferencias puedes establecer entre las políticas de ordenación territorial de los llamados países desarrollados de Europa y Chile, teniendo en consideración que, en promedio, las comunas de la provincia de Arauco tienen un 58% de su suelo cubierto de plantaciones forestales y en el caso de Curanilahue, la proporción llega a ser de un 82%, y que además, para el año 2010 se había registrado erosionada el 32% de la superficie de la Región del Bío-Bio?

Bueno, el tema de “países desarrollados”, abriría un gran debate entre relaciones Norte-Sur, colonialismo, etc, que no voy a abrir acá. Pero es importante destacar que los “países europeos o desarrollados” , a menudo pueden gozar de otros desarrollos territoriales gracias a que los extractivismos se expanden (y se sufren) lejos de sus fronteras. Chile exporta gran parte de sus productos forestales a Japón y EE.UU. (y a China, pero ése es otro modelo), que de alguna manera se evitan esos impactos ambientales y conflictos (o externalidades negativas dirían algunos) en sus territorios. Por otro lado, España y Portugal también son países con desarrollo de plantaciones forestales (ver informe de Greenpeace acá: http://www.greenpeace.org/espana/Global/espana/report/bosques/Mapa_InformeEucalipto2011_2.pdf) fruto del impulso de las celulosas y en colaboración con la institucionalidad pública. Esto también está relacionado con procesos de éxodo rural y sobretodo en el caso del Eucaliptus Globulus, falta de agua. Mi sensación es que no seamos optimistas, aunque el capitalismo puede ser más salvaje o más evidente en algunos lugares, lo que es en Chile el extractivismo forestal o minero puede ser en España la industria de la construcción y burbuja inmobiliaria o la industria del turismo- donde todos comparten que, en contextos neoliberales, pueden pasar por encima de límites de la naturaleza, derechos humanos y procesos democráticos.

-El presidente de la CORMA (Corporación de la Madera), Fernando Raga ha afirmado que “es imposible que una actividad actividad económica produzca pobreza”. Sin embargo, el índice de desarrollo humano del PNUD coloca a las comunas “de vocación forestal” en un lugar de alerta por los bajos valores que poseen. ¿Cuál es tu opinión respecto a los efectos socioecómicos de la expansión de la industria forestal?

Fernando Raga tiene razón. El extractivismo forestal produce riqueza. Riqueza de un sólo tipo (monetaria) y acumulada en manos de unos pocos. Es cierto que muchas familias y comunidades campesinas y/o Mapuche en Chile pueden haber encontrado una forma de diversificar sus ingresos económicos dedicando una zona a plantar Pino o “Euca”. Pero esto, solo en los casos de quienes tenían tierras, quienes no fueron forzadas a venderlas de formas directas o indirectas. La propiedad forestal en Chile está altamente concentrada en grandes y medianos propietarios; la mayoria del trabajo es subcontratado y temporal; las comunidades, tengan o no pequeña propiedad forestal ven mermada el acceso al agua, a productos forestales no madereros, a espacios de relevancia espiritual, ritual y territorial como denuncian varias comunidades Mapuche… basta visitar el territorio y escuchar a quien los habita, para ver que el extractivismo forestal está creando pobreza para muchos y muchas en el Sur de Chile.

-La provincia de Arauco ha sido catalogada como “zona de rezago”. ¿Qué evaluación haces de las decisiones tomadas a partir de esta declaración?

Creo que seguiria con el argumento anterior. Zona de rezago, ¿para quien? Para las empresas forestales Arauco es (excepto en las zonas en las que las recuperaciones territoriales Mapuche son mas fuertes) una zona de riqueza. “Bajo nivel de desarrollo productivo, bajos niveles de ingreso, altos niveles de pobreza, altas tasas de desempleo”… son denuncias que se vienen expresando desde hace años en Chile, asi como países donde se ha optado por modelos forestales basados en plantaciones. Valdría la pena, por un lado, que Estado e instituciones publico y privadas realizaran un análisis estructural de qué procesos han llevado a Arauco a ser una “zona de rezago”. Esto debería ayudar a ver que seguir con políticas extractivas y paternalistas, sólo hace sino extender la forma de actuación por más tiempo.
Sin embargo, rescato que en las Mesas de Agua a las que asistí había mucha gente de CAPR y algunas comunidades, asi como creo que pasó en el encuentro “Cumbres de Nahuelbuta”. Es buena señal que la gente se movilice, no para salir de situaciones de “rezago” que marcan otros, sino para salir de la parálisis en que son otros los que manejan no solo el territorio, sino la vida de los que habitan mismo. No digo que sea fácil ni inmediato, pero creo que sería bueno que se dieran y visibilizaran espacios para que sean las propias personas, comunidades y colectivos en Arauco que definan sus situaciones y sus prioridades. En Arauco, algunas comunidades Mapuche tienen experiencia en generar espacios en que el extractivismo forestal no es el actor con más poder de decisión, pero aún queda mucho por hacer, y ojalá siga pasando y se reproduzca a más comunidades indígenas y campesinas del sur de Chile.

-En el informe se afirma que la ONEMI explicó la escasez hídrica en la provincia de Arauco, planteando que “los municipios sostienen que a consecuencia del Terremoto y Tsunami del 27 de febrero de 2010, un importante número de pozos o norias sufrieron daños”. Desde tu perspectiva, cómo se puede entender esta respuesta.

Es como lo que comentaba antes del cambio climático. ¿Se viven los impactos del cambio climático en Chile?, si. ¿Hay terremotos en Chile?, si. Pero, ¿ se han dado políticas neoliberales, de despojo y acumulación en Chile? Sí. Es decir, yo no soy experta en evaluación de impactos de desastres naturales, y seguro que los pozos y norias como otras infraestructuras sufrieron daños, pero qué implica que 5 años después del terremoto aún se mantengan los daños? En todo caso, las comunidades locales no refieren a ausencia de agua en los últimos 5 años, sino mucho antes: el terremoto puede haber agravado, pero no se le pueden cargar todos los males para mirar hacia otra parte.

-Finalmente, cómo responderías a la pregunta que titula el informe: ¿Agua para quién?

Agua, directa o indirectamente, para los proyectos extractivos que se deciden entre unos pocos.

Argentina- Asesinatos de Napalpí pueden ser juzgados como delito de lesa humanidad


91 años después
La Masacre de Napalpí podría ser juzgada como delito de lesa humanidad

Más de cuatrocientos indígenas fueron baleados en 1924 en Chaco por hacer una huelga y protestas por las condiciones de esclavitud en las que vivían. Los heridos eran rematados a machetazos. Pedro Balquinta hoy tiene 108 años y es el único sobreviviente vivo de la masacre. El año pasado el hombre declaró en la fiscalía federal de Resistencia y la investigación podría derivar en un juicio por la verdad.


Con 108 años, Pedro Balquinta es el único sobreviviente- Fiscalía Federal de Resistencia

Por: Gustavo Ahumada

En 1924, más de cuatrocientos indígenas que realizaron una huelga para mejorar sus condiciones de vida y trabajo en la reducción Napalpí, provincia de Chaco, fueron asesinados. Noventa y un años después, esa masacre puede terminar en un juicio por la verdad. 
Los fiscales federales de Chaco presumen que la matanza se trató de delitos de lesa humanidad y analizan la posibilidad de la intervención del Equipo de Antropología Forense (EAAF) para examinar la fosa común donde fueron depositados los cuerpos de los indígenas.

“El motivo de la protesta fue mejorar las condiciones de vida, esclavitud en realidad, a la administración de la reducción indígena”, cuenta Juan Chico, historiador y autor de “Napalpí. La voz de la sangre”.

La huelga incluía a indígenas de las etnias Moqoit, Qom y Vilelas porque la paga no era buena, se les daban vales en lugar de dinero por su trabajo, había maltratos y además estaban cercados por el propio gobierno provincial. Al iniciarse la protesta, y ante los reclamos de los terratenientes de la zona, el entonces gobernador Francisco Centeno firmó un decreto donde prohibió la salida de los indígenas de la reducción. Una salida que buscaban por aquellos años los indígenas ante las malas condiciones laborales era ir hacia el norte argentino para trabajar en los ingenios azucareros ubicados en Salta y Jujuy. Pero la presión de la oligarquía los cercó en la reducción.

El 19 de julio de 1924 era sábado, los mayores esperaban reunirse en el parlamento indígena y los chicos jugaban y correteaban por ahí. Dos días antes, una avioneta piloteada por policías había pasado por el lugar de la huelga para ver quiénes estaban allí y los diarios de Resistencia ya hablaban de “sublevación indígena”. “Aún seguía vigente una idea del famoso malón que iba a atacar a Resistencia”, explicó Chico. El gobernador Centeno dio la orden.

“Llegaron las fuerzas policiales, estaban a 200 o 300 metros de la toldería y venía un jefe en un jeep”, contó Mario Yrigoyen, hijo de Melitona Enrique, una de las sobrevivientes de la masacre. Comenzaron los tiros. Ciento treinta policías y algunos civiles comenzaron a disparar unos 5 mil tiros durante 45 minutos, no importaba si eran hombres, mujeres o niños. Los heridos eran rematados a machetazos, los que escapan eran perseguidos y también muertos.

Pedro Balquinta hoy tiene 108 años y es el único sobreviviente vivo de la masacre. El año pasado declaró en la fiscalía federal de Resistencia, ante el fiscal Diego Vigay, y recordó que “en la reducción Napalpí mataron a muchos. Los taparon en un pozo grande, un solo pozo”. “Tiraban todos juntos. No le dieron tiempo a salir. Muchos murieron con la primera descarga. Tiraban sin ninguna contemplación. Había ancianos, niños, jóvenes, mujeres embarazadas. Los heridos trataban de correr. La policía avanzaba y seguía tirando, para aniquilar, para fundirle a todos los que estaban haciendo el reclamo”, contó Sabino, el otro hijo de Melitona. Más de 400 indígenas fueron asesinados y algunos de sus restos fueron exhibidos como trofeos en la comisaría de Quitilipi.

La investigación

Junto con Vigay, los fiscales federales Federico Carniel y Patricio Sabadini, comenzaron una investigación de oficio de la masacre con la recopilación de documentos que incluyen investigaciones históricas sobre los hechos; el expediente judicial original de la época; informes de la Comisión de Reducciones de Indios sobre el funcionamiento de las Reducción Napalpi; las memorias del Ministerio del Interior de la Nación; y el libro de sesiones de la Cámara de Diputados cuando interpelaron al Ministro de Gobierno de la Nación por los hechos.

En diálogo con Infojus Noticias, Vigay explicó que aún “debe analizarse la factibilidad de realizarse exhumaciones con la debida autorización de las comunidades Qom y Moqoit y la intervención del EAAF” y una vez finalizado esto “la Fiscalía deberá requerir - al no existir imputados con vida - la apertura de un juicio por la verdad y que se pretendemos sea oral y público”. En noviembre del año pasado los fiscales tomaron declaración a Balquinta y a los hijos de las sobrevivientes de la masacre, Melitona Enrique y Rosa Chara.

Además, en la fiscalía también tienen los legajos de agentes policiales que participaron del ataque, el informe y fotografías tomadas por el antropólogo alemán Lehman Nietsche que estuvo al mismo momento de la masacre, reportes periodísticos de la época, “Informes y Documentos del Archivo Histórico de la Provincia del Chaco” Monseñor José Alumni” del Museo del Hombre Chaqueño, del Ministerio de Defensa de la Nación, entre muchos otros documentos.

Vigay recordó lo que decía el acta de apertura de la investigación de la Fiscalía; al sostener la necesidad de “la búsqueda de la verdad y el ejercicio de la memoria histórica para que los hechos de violencia no se repitan”.

“Los viejos prefirieron morirse de pie luchando”

“Es un hecho histórico, es la primera vez que se está planteando un juicio por la verdad, el tiempo que estamos viviendo en el país y en la provincia, reivindicar la lucha de nuestros mayores”, explica Juan Chico sobre lo que realizan los fiscales y recuerda palabras del ex integrante de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni, cuando sostuvo que “la sociedad Argentina tiene que empezar a reconocer que la nación fue fundada a partir del genocidio indígena”.

Además, que hoy se esté investigando en la Justicia la masacre, para Chico muestra “el avance y el reconocimiento del movimiento indígena en el Chaco y en el país”. “Pensar que los viejos prefirieron morirse de pie luchando” aunque “sabían que con lo que hacían lo que les tocaba era la pena de muerte”, reflexionó.

Este año, a los 91 años de la masacre, fue la primera vez que la comunidad realizó un homenaje en el lugar de los hechos, donde está la fosa donde se enterraron los cuerpos de los indígenas asesinados.

GA/AF
http://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/la-masacre-de-napalpi-podria-ser-juzgado-ser-delito-de-lesa-humanidad-9254.html
___________________________________________




VIDEO: SOBREVIVIR (masacre de Napalpi)
https://youtu.be/LAj2zAm4dg4


Masacre de Napalpí
De Wikipedia, la enciclopedia libre

La Masacre de Napalpí es el nombre con el que se conoce la matanza de 200 indígenas de las etnias qom y mocoví a manos de la policía chaqueña y grupos de estancieros, acaecida el 19 de julio de 1924, hace ya 91 años y 7 días, en la Colonia Aborigen Napalpí, Provincia del Chaco, Argentina.

Fue una de las masacres de mayor magnitud cometida en Argentina durante el siglo XX.

Antecedentes

Unos cuarenta años antes, el ejército argentino había lanzado una campaña militar para someter a los pueblos indígenas del Chaco que dio como resultado la muerte de millares de indígenas y la desintegración social y cultural de numerosas etnias en las actuales provincias argentinas de Formosa y Chaco que en ese momento eran territorios nacionales.

Se fundaron numerosos fortines con el fin de mantener a raya a los indígenas vencidos. Sus tierras fueron vendidas a colonos europeos, en particular italianos y franceses, quienes pronto las destinaron a la producción de algodón. Numerosas tribus fueron confinadas en reducciones en donde fueron sometidas a un régimen de explotación muy cercano a la esclavitud. Una de tales reducciones era Napalpí, nombre qom (toba) que significa, precisamente, lugar de los muertos, fundada en 1921 y cuyo nombre actual es Colonia Aborigen Chaco.

Los aborígenes de la reducción, de la etnia qom, se dedicaban al cultivo de algodón y estacionalmente al cuidado de las haciendas de los colonos de estancias vecinas.

En 1924 las autoridades de la reducción dispusieron que los indígenas debían entregarles el 15% de su producción de algodón. Esta quita compulsiva provocó gran descontento entre los habitantes.

A ello, se le sumó cierto grado de efervescencia popular producido por el resurgimiento en las comunidades de prácticas chamánicas asociadas con un cierto mesianismo. Aparecieron líderes indígenas que aseguraban que los dioses volverían a la Tierra y les devolverían la vida a los indios que habían sido «mal muertos por los blancos».

Empezaron a producirse enfrentamientos en los que grupos de indígenas comenzaron a matar animales y saquear granjas de los colonos. En junio un chamán llamado Sorai fue asesinado por la policía en un confuso episodio y poco tiempo después, probablemente en venganza, mataro un colono francés los indígenas. El gobernador del Chaco, Fernando Centeno, inició los preparativos para una feroz y brutal represión.
La masacre

El día 19 de julio de 1924 muy temprano, un grupo de unos 130 hombres, entre policías, estancieros y civiles blancos de la zona, fuertemente armados con fusiles Winchester y Mauser, rodearon el campamento donde se habían reunido los indígenas alzados que, armados tan sólo con palos, bailaban en una fiesta religiosa organizada por los chamanes en la zona del Aguará, un área considerada sagrada por los qom ubicada dentro de los límites de la colonia. Convencidos de que los dioses los protegerían de las armas de fuego de los hombres blancos no pudieron ofrecer resistencia a los disparos dirigidos al campamento durante cuarenta minutos. Luego los blancos entraron al mismo para rematar a machetazos a los indígenas que quedaban, muchos moribundos, incluidos mujeres y niños.

A finales de los años veinte, el periódico Heraldo del Norte recordó así el hecho:


Como a las nueve de la mañana, y sin que los inocentes indígenas hicieran un sólo disparo, [los policías] hicieron repetidas descargas cerradas y enseguida, en medio del pánico de los indios (más mujeres y niños que hombres), atacaron. Se produjo entonces la más cobarde y feroz carnicería, degollando a los heridos sin respetar sexo ni edad.

El 29 de agosto —cuarenta días después de la matanza—, el ex director de la Reducción de Napalpí Enrique Lynch Arribálzaga escribió una carta que fue leída en el Congreso Nacional:


La matanza de indígenas por la policía del Chaco continúa en Napalpí y sus alrededores; parece que los criminales se hubieran propuesto eliminar a todos los que se hallaron presente en la carnicería del 19 de julio, para que no puedan servir de testigos si viene la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados.

En el libro Memorias del Gran Chaco, la historiadora Mercedes Silva, confirma el hecho y cuenta que al mocoví Pedro Maidana, uno de los líderes de la huelga «se lo mató de manera salvaje y se le extirparon los testículos y una oreja para exhibirlos como trofeo de batalla».

En el libro Napalpí, la herida abierta, el periodista Mario Vidal detalla: «El ataque terminó en una matanza, en la más horrenda masacre que recuerda la historia de las culturas indígenas en el siglo XX. Los atacantes sólo cesaron de disparar cuando advirtieron que en los toldos no quedaba un indio que no estuviera muerto o herido. Los heridos fueron degollados, algunos colgados. Entre hombres, mujeres y niños fueron muertos alrededor de doscientos aborígenes y algunos campesinos blancos que también se habían plegado al movimiento huelguista».

Un reciente microprograma de la Red de Comunicación Indígena destacó:

Se dispararon más de 5000 tiros y la orgía de sangre incluyó la extracción de testículos, penes y orejas de los muertos, esos tristes trofeos fueron exhibidos en la comisaría de Quitilipi. Algunos muertos fueron enterrados en fosas comunes, otros fueron quemados.

En el mismo audio, el cacique toba Esteban Moreno, contó la historia que es transmitida de generación en generación:


En las tolderías aparecieron soldados y un avión que ametrallaba. Los mataron porque se negaban a cosechar. Nos dimos cuenta que fue una matanza porque sólo murieron aborígenes, tobas y mocovíes, no hay soldados heridos, no fue lucha, fue masacre, fue matanza, por eso ahora ese lugar se llama Colonia La Matanza.

La Reducción de Napalpí había sido fundada en 1911, en el corazón del Territorio Nacional del Chaco. Las primeras familias que se instalaron eran de las etnias Pilagá, Abipón, Toba, Charrúa y Mocoví.

En julio de 1924, Federico Gutiérrez (corresponsal del diario La Razón) escribió: «Muchas hectáreas de tierra flor están en poder los pobres indios, quitarles esas tierras es la ilusión que muchos desean en secreto».

Paradigma del despojo

Napalpí no fue una matanza aislada, sino una práctica recurrente del poder político y los terratenientes - con la mano de obra policial o militar - para privar a los pobladores originarios de su forma ancestral de vida e introducirlos por la fuerza al sistema de producción. Todos los historiadores revisionistas coinciden en esa mirada y, en el libro La violencia como potencia económica: Chaco 1870-1940, Nicolás Iñigo Carrera afirma: «Los aborígenes de la zona chaqueña vivían sin la necesidad de pertenecer al mercado capitalista. La violencia ejercida hacia ellos, por la vía política con la represión y por la vía económica tuvo como objetivo eliminar sus formas de producción y convertirlos en sujetos sometidos al mercado. [...] Se comenzó a privar a los indígenas de sus condiciones materiales de existencia. Se inició así un proceso que los convertía en obreros obligados a vender su fuerza de trabajo para poder subsistir, premisa necesaria para la exitencia de capital. Un modo de vivir había sido destruido».

Además de someterlos, el gobierno quería ampliar los cultivos, dar tierra a grandes terratenientes y concentrar a los indígenas en reservas. Siempre la versión oficial, «civilizadora y cristiana», hablaba de malones o enfrentamientos despiadados. 
Pero los muertos siempre eran pobladores originarios. 

Acerca de estos imaginarios combates, el historiador Alberto Luis Noblía remarca que «las naciones aborígenes chaqueñas no practicaron el malón, usual en otros pueblos. Todo lo contrario, los inmigrantes llegados de Europa nunca fueron perseguidos por los entonces dueños de las tierras. Al contrario, el colono supo encontrar en el indígena mano de obra barata».

El 21 de julio de 1925 —un año después de la matanza—, el ministro del Interior, Vicente Gallo, reconocía los deseos del presidente Alvear: «El Poder Ejecutivo considera que debe encararse definitivamente, como un testimonio de la cultura de la República, el problema del indio, no sólo por razones de humanidad y de un orden moral superior, sino también porque una vez incorporado a la civilización será un auxiliar valioso para la economía del norte del país».

Los testimonios de testigos oculares hablan de unos doscientos muertos. Las fuentes coinciden en señalar que no hubo resistencia alguna por parte de los indígenas, por lo que el hecho fue, en la práctica, un fusilamento masivo seguido de actos aberrantes:

...les extraían el miembro viril con testículos y todo, que guardaba la canalla como trofeo... 

Los de Quitilipi declararon luego que estos tristes trofeos fueron exhibidos luego, haciendo alarde de guapeza en la comisaría... Para completar el tétrico cuadro, la policía puso fuego a los toldos, los cadáveres fueron enterrados en fosas... hasta ocho cadáveres en cada una... (y algunos quemados).

Ninguno de los hombres que cometieron la masacre murió o resultó herido y nunca se realizó una investigación ni se llevó a juicio a los culpables.

Pedido de perdón de la Provincia del Chaco

En enero de 2008, el gobierno de la Provincia del Chaco pidió disculpas públicas y oficiales por la masacre y rindió homenaje a la única sobreviviente, Melitona Enrique, que cumplía 107 años ese día y que fallecería el 13 de noviembre de 2008.

https://es.wikipedia.org/wiki/Masacre_de_Napalp%C3%AD
_____________________________________________

LA MASACRE DE NAPALPÍ - 19 de julio de 1929

Melitona Enrique, sobreviviente de
la masacre, a los 106 años de edad.

80 años de memoria prohibida
(Por Darío Aranda)

En 1924 asesinaron a 200 aborígenes de Napalpí, Chaco. Reclamaban por sus salarios. A los descendientes ni siquiera les permiten recordar el hecho en un acto en las escuelas.

El cacique José reclama una reparación histórica.

Cuando se cumplen 80 años de la matanza de 200 tobas y mocovíes, en Napalpí, Chaco, un cacique reclama una reparación histórica que, desde hace décadas, es incumplida: un cartel que indique que allí tuvo lugar la masacre ordenada por el gobernador chaqueño, Fernando Centeno. El 19 de julio de 1924, a la mañana, la policía rodeó la Reducción Aborigen de Napalpí, de población toba y mocoví, y durante 45 minutos no dejaron descansar los fusiles. No perdonaron a ancianos, mujeres ni niños.

Asesinaron a todos y, como trofeos de guerra, cortaron orejas, testículos y penes, que luego fueron exhibidos como muestra de patriotismo en la localidad cercana de Quitilipi. Los asesinados fueron más de 200 aborígenes que reclamaban una paga justa para cosechar el algodón de los grandes terratenientes. Para justificar la matanza, la versión oficial esgrimió una "sublevación indígena". A 80 años de la masacre, no habrá actos oficiales, pero los pobladores originarios la recordarán en cada comunidad.

En 1895, la superficie sembrada de algodón en el Chaco era de sólo 100 hectáreas. Pero el precio internacional ascendía y los campos del norte comenzaron a inundarse de capullos blancos donde trabajaban jornadas eternas miles de hombres de piel oscura. En 1923, los sembradíos chaqueños de algodón ya alcanzaban las 50 mil hectáreas. Pero también debían multiplicarse los brazos que recojan el "oro blanco".


El 12 de octubre de 1922, el radical Marcelo T. de Alvear había reemplazado en la presidencia a Hipólito Yrigoyen y el Territorio Nacional del Chaco ya se perfilaba como el primer productor nacional de algodón. 
Pero en julio de 1924 los pobladores originarios toba y mocoví de la Reducción Aborigen de Napalpí –a 120 kilómetros de Resistencia– se declararon en huelga: denunciaban los maltratos y la explotación de los terratenientes. Los ingenios de Salta y Jujuy ofrecieron mejor paga. Hacia allá intentaron ir los pobladores, pero el gobernador Centeno prohibió a los indígenas abandonar el Chaco. 
Los pobladores de Napalpí decidieron resistir. El 18 de julio, y con la excusa de un supuesto malón indígena, Fernando Centeno dio la orden.

A la mañana del 19 de julio, 130 policías y algunos civiles partieron desde la localidad de Quitilipi hasta Napalpí. Después de 45 minutos de disparar los Winchester y Mauser a todo lo que se movía, sólo quedó el silencio y la humareda de los fusiles. Los heridos –fueran hombres, mujeres o niños– fueron asesinados a machetazos. El periódico Heraldo del Norte recordó el hecho a finales de la década del ’20: "Como a las nueve, y sin que los inocentes indígenas realizaran un solo disparo, hicieron repetidas descargas cerradas y enseguida, en medio del pánico de los indios (más mujeres y niños que hombres), atacaron. Se produjo entonces la más cobarde y feroz carnicería, degollando a los heridos sin respetar sexo ni edad".

El 29 de agosto –cuarenta días después de la matanza–, el ex director de la Reducción de Napalpí, Enrique Lynch Arribálzaga, escribió una carta que fue leída en el Congreso nacional: "La matanza de indígenas por la policía del Chaco continúa en Napalpí y sus alrededores; parece que los criminales se hubieran propuesto eliminar a todos los que se hallaron presentes en la carnicería del 19 de julio, para que no puedan servir de testigos si viene la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados".

El libro Memorias del Gran Chaco, de la historiadora Mercedes Silva, confirma el hecho y cuenta que el mocoví Pedro Maidana, uno de los líderes de la huelga, corrió esa suerte. "Se lo mató en forma salvaje y se le extirparon los testículos y una oreja para exhibirlos como trofeo de batalla", asegura.

En el libro Napalpí, la herida abierta, el periodista Vidal Mario detalla: "El ataque terminó en una matanza, en la más horrenda masacre que recuerda la historia de las culturas indígenas en el presente siglo. Los atacantes sólo cesaron de disparar cuando advirtieron que en los toldos no quedaba un indio que no estuviera muerto o herido. Los heridos fueron degollados,algunos colgados. Entre hombres, mujeres y niños fueron muertos alrededor de doscientos aborígenes y algunos campesinos blancos que también se habían plegado al movimiento huelguista".

Un reciente microprograma de la Red de Comunicación Indígena destaca: "Se dispararon más de 5 mil tiros y la orgía de sangre incluyó la extracción de testículos, penes y orejas de los muertos, esos tristes trofeos fueron exhibidos en la comisaría de Quitilipi. Algunos muertos fueron enterrados en fosas comunes, otros fueron quemados". En el mismo audio, el cacique toba Esteban Moreno contó la historia que es transmitida de generación en generación. "En las tolderías aparecieron soldados y un avión que ametrallaba. Los mataron porque se negaban a cosechar. Nos dimos cuenta de que fue una matanza porque sólo murieron aborígenes, tobas y mocovíes, no hay soldados heridos, no fue lucha, fue masacre, fue matanza, por eso ahora ese lugar se llama Colonia La Matanza."

La Reducción de Napalpí –palabra toba que significa lugar de los muertos– había sido fundada en 1911, en el corazón del Territorio Nacional del Chaco. Las primeras familias que se instalaron eran de las etnias Pilagá, Abipón, Toba, Charrúa y Mocoví. El corresponsal del diario La Razón, Federico Gutiérrez, escribió en julio de 1924: "Muchas hectáreas de tierra en flor están en poder de los pobres indios; quitarles esas tierras es la ilusión que muchos desean en secreto".

A ochenta años de la masacre, el lugar está sólo habitado por una familia que dice escuchar los lamentos de las víctimas cuando cambia el viento. El cacique Alfredo José dijo a Télam que reclama una reparación histórica. Su antecesor, Angel Nicola, recordó con amargura las promesas incumplidas de autoridades y legisladores. Reclaman que se coloque un cartel que indique que allí, en Napalpí, ocurrió la matanza. José impulsó una ceremonia en la escuela de Colonia Aborigen, pero no prosperó porque el tema no figura en los programas de estudios de los descendientes de los masacrados. Una frustración más: los carteles oficiales de la Ruta Nacional 16 ubican a Napalpí en otra parte, como otra muestra del olvido y ocultamiento.


http://www.lagazeta.com.ar/napalpi.htm
_______________________________________



Fernando Centeno, gobernador del Chaco y promotor de la masacre de Napalpí perpetrada por las fuerzas policiales, del ejército y civiles contra los indígenas qom y wichi en 1924.
_____________________________________________________
Vea un completo informe sobre estos asesinatos en:  http://www.elortiba.org/napalpi.html

__________________________________________________

AYI- Abya Yala Internacional
noticias de las naciones indígenas/originarias del continente Abya Yala-Amèrika-Technochtitlan-Pachamapu-Isla de la Tortuga
http://ayi-noticias.blogspot.com