miércoles, 4 de marzo de 2015

Kolombia- Nadie puede suplantar los intereses de pueblos originarios


LOS INDÍGENAS TIENEN DERECHO A REPRESENTAR SUS PROPIOS INTERESES. NADIE PUEDE SUPLANTARLOS
Martes, 03 Marzo 2015 16:16

Todd Howland, representante de la ONU en Colombia del Alto Comisionado para los Derechos Humanos recoge en una columna lo que no han querido ni podido entender ni asumir los poderes, los actores armados y la gran mayoría de la sociedad colombiana: los pueblos indígenas no deben ser salvados, rescatados, ayudados, dirigidos, orientados ni sometidos a la justicia y mandatos de nadie. 

Ni el Estado colombiano ni las FARC pueden hablar por los pueblos indígenas ni someterlos a su poder. Ni terratenientes con un largo prontuario de crímenes y despojo, ni transnacionales que vienen con leyes y tratados de libre comercio bajo el brazo a despojar para sus megaproyectos, pueden usurpar ni ignorar los derechos de los pueblos indígenas. 

Lo hacen, lo han hecho, lo están haciendo ahora mismo cuando la articulación entre brutales fuerzas criminales del gobierno al servicio de la industria de la caña de azúcar y de las familias que para sembrarla se han robado las tierras más fértiles de Colombia, arremeten de manera violenta contra indígenas Nasa en el resguardo de Corinto quienes reclaman algunas de estas fincas que son su derecho. 

Como explica Howland, muy a pesar de la mentalidad racista, autoritaria, abusiva, intolerante, hay un amplio marco de legislación nacional e internacional frente a la que Colombia tiene obligaciones que debe reconocer la autoridad indígena porque, sencillamente, son tan autoridades como cualquiera en el Estado y, aún más, son las únicas autoridades en sus territorios y en los ámbitos de su derecho que van más allá de los territorios demarcados o reconocidos. 

No les hagan el favor de someterlos, asuman la obligación de respetarlos y de respetar su autoridad y sus territorios. Howland hace algunas recomendaciones que hoy le vendría bien recordar al Presidente Santos mientras habla y avanza en la paz con la insurgencia armada. No puede andar por el mundo promoviéndose como adalid de la paz mientras gobierna contra la ley, la Constitución y los acuerdos y tratados internacionales violentando y negando los derechos de los indígenas, empezando por su derecho al territorio y a la vida. 

Lo que explica Howland, debe conocerse en todas partes, por todo el mundo y asumirse de una vez por todas. Así Sí! Pueblos en Camino

La Constitución reconoce a las autoridades indígenas como autoridades del Estado en derecho y en la práctica



Todd Howland, representante en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, escribe un texto sobre los derechos de los pueblos indígenas.

Las normas de derechos humanos siempre han sido consideradas, conceptualmente, como extrañas. El derecho internacional, por lo general, se limita a la regulación entre los Estados. Sin embargo, el derecho de los derechos humanos surgió del reconocimiento de que todas las personas tienen derechos.

Varios documentos históricos de derechos humanos, especialmente en las Américas, entre ellos la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (la Declaración de Bogotá de 1948), no se refieren sólo a las obligaciones de los Estados en materia de derechos humanos sino que se conciben también pensando en los titulares de derechos, que somos todas las personas.

El enfoque tradicional de los derechos humanos concibe sólo al Estado como portador de obligaciones. Sin embargo, conforme a una escuela moderna de pensamiento quienes tienen poder sobre otras personas tienen la obligación de respetar los derechos humanos y de reparar las violaciones en que incurran. El Estado, por supuesto, mantiene sus obligaciones de garantía en todo en territorio nacional y en relación con todas las personas.

Esta visión más moderna de los derechos humanos proporciona una base más coherente de cómo, por ejemplo, el Estado, inclusive las autoridades indígenas cuando ejercen gobierno propio, y actores no-estatales, como las empresas o grupos armados como las FARC y el ELN, en el ejercicio de control sobre los demás, tienen obligaciones en materia de derechos humanos. En algunas escuelas de pensamiento los derechos humanos han completado el círculo conceptualmente, pues algunos titulares de derechos también pueden ser portadores de obligaciones.

Un análisis desde la perspectiva de derechos humanos de los resultados de la asamblea del pueblo Nasa del domingo 9 de noviembre convocada para tomar decisiones frente a los de 7 miembros de las FARC involucrados en los hechos relativos al asesinato de dos guardias indígenas, Daniel Coicué y Manuel Antonio Tumiña, el 5 de noviembre, debería darse a la luz de lo que significa ser portador de obligaciones y titular de derechos.

Asimismo, dicho análisis debería darse a la luz de la comprensión plena y sin sesgos de la cosmovisión de este pueblo, inclusive de su concepto de justicia. Adicionalmente, debería darse revisando los desafíos (o más bien los vacíos) y avances en materia de fortalecimiento de la justicia propia desde que en el 1991 la Constitución reconoció el derecho de los pueblos indígenas de Colombia a “ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad con sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a la Constitución” (Artículo 246).

En esta columna ofreceré una serie de reflexiones basadas en el significado de lo que es ser portador de obligaciones y titular de derechos, enfocado en particular en los derechos de los pueblos indígenas.

Algunos de los comentarios públicos relacionados con el pueblo Nasa del Cauca, que hace dos semanas ejerció su derecho al territorio, a la autonomía y al uso de la jurisdicción indígena, revelan mucho sobre los sesgos de su justicia en relación con las FARC.

En SEMANA, hace dos años, escribí una columna titulada: “¿Pueden ustedes, por favor, pelear su guerra en otra parte?”. Me inspiré en una visita al Cauca, donde estaba claro que el pueblo indígena está cansado de algunas autoridades del Estado y de las FARC, que utilizan los territorios indígenas como escenario para desarrollar el conflicto armado.

Dos años después de dicha columna, la frustración ha crecido aún más. Durante años las FARC han supuesto erróneamente que pueden representar los intereses de los pueblos indígenas, tradicionalmente marginados. Sin embargo, la lucha de los pueblos indígenas por la integridad de su territorio y su mirada del conflicto es muy diferente a la de los actores armados.

Para el pueblo indígena, las FARC son violadoras de sus derechos cuando operan en territorio indígena. Las fuerzas armadas del Estado colombiano también lo son, en especial debido a que por años han creído erróneamente que los pueblos indígenas están en contra del ellos cuando en realidad sólo defienden su derecho al autogobierno. Pensar que el pueblo indígena ha tomado parte por uno de los actores del conflicto es tan facilista como equiparar la realidad a un partido de fútbol, en el que hay solo un equipo contra otro.

Tanto las FARC como algunas partes del Estado ven el conflicto armado de una manera que les impide entender la realidad de quienes no hacen parte de la insurgencia o de la contrainsurgencia.

Para el pueblo la Nasa del Cauca hacer valer sus derechos frente al Estado y a las FARC es una constante y una lucha diaria. El hecho de que el conflicto armado se encuentre en su patio trasero hace que sea aún más difícil de entender, para las miradas miopes, que los miembros del pueblo Nasa no toman partido, sino que lo que desea la mayoría de sus integrantes es que los actores armados combatan fuera de su territorio.

Los comentarios a favor de la jurisdicción indígena se deben leer como una expresión de apoyo a su derecho al autogobierno dentro de su territorio. El autogobierno es lo que tanto la Constitución de 1991 como el derecho internacional de los derechos humanos reconocen.

El autogobierno evidentemente no se limita a ejercer jurisdicción. 

El autogobierno y la autonomía significan mucho más, como por ejemplo:

a. Implementar seriamente el derecho a la consulta previa, como mecanismo de protección de otros derechos colectivos, no sólo ofreciendo 75,000 dólares a una comunidad indígena empobrecida a cambio de la perforación de pozos de petróleo en sus territorios, sí o sí.
b. Poner en práctica decisiones de la Corte Constitucional a favor de los pueblos indígenas, incluyendo los fallos contra la fuerza pública;

c. Tomar en serio situaciones en que el pueblo indígena considera que ha reintegrado a miembros de su comunidad que fueron recrutados siendo niños por las FARC, tomando en consideración que muchos de ellos ahora trabajan en favor de la integridad del territorio y la comunidad. Judicializar a estas personas demuestra la miopía de algunos frente a las realidades del conflicto armado;

d. Regular y crear protocolos con presupuestos aceptables para que los pueblos indígenas puedan asumir la salud, la educación y la justicia;

e. Aclarar cuestiones difíciles de jurisdicción y competencia;

En otras palabras: la Constitución de 1991 reconoce a las autoridades indígenas como autoridades del Estado en derecho y en la práctica. Lo que se requiere es un replanteamiento de la relación de la sociedad con los pueblos indígenas sobre la base del reconocimiento de sus derechos.

Esta relación debería basarse en el reconocimiento de la diferencia e igualdad ante la ley. Como el jefe de la nación Onandaga, Oren Lyons, dijo: “Aunque estemos en barcos diferentes compartimos el mismo río de la vida, usted en su barco y nosotros en nuestra canoa”.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha trabajado y seguirá trabajando por el verdadero reconocimiento del autogobierno indígena y continuará con esta labor para que varios pueblos puedan ejercer su poder de conformidad con estándares de derechos humanos. 

Trabajaremos por el fortalecimiento de todas las jurisdicciones, incluyendo la justicia indígena. Hay mucho por hacer:

a) La inclusión efectiva de la justicia indígena en la rama judicial. Esto facilitaría la capacitación y la coordinación entre ambos sistemas de justicia cuando sea necesario.

b) La creación de centros de rearmonización indígena, (rearmonización: es un tipo de justicia restaurativa y reparadora, aunque el concepto de rearmonización sea más amplio y tenga como enfoque la comunidad y el territorio y no simplemente los individuos). Si existieran centros de rearmonización esto evitaría probablemente la figura del “patio prestado”, figura a través de la cual personas sentenciadas a penas privativas de libertad por la justicia indígena son enviados a un centro de detención administrado por el INPEC. Como los pueblos indígenas ejercen funciones en pie de igualdad con los Estados, dichos pueblos deberán tener en cuenta que todas las entidades públicas y sus jurisdicciones (por ejemplo: indígenas, militares y ordinarias) deben actuar en conformidad con estándares internacionales de derechos humanos.

c) La valoración de otros paradigmas completamente válidos sobre el concepto de justicia (como un todo donde se involucra a una colectividad), donde se entiende al “delito” como una enfermedad que hay que remediar través de una acción sanadora. Contraria a sanciones, penas y castigos al individuo.

Los errores y las falencias, desde un punto de vista de derechos humanos, son comunes en el ejercicio de la actividad jurisdiccional y se pueden dar en todas las jurisdicciones. Los retos, como la lucha contra la impunidad, también corresponden a todas las jurisdicciones. Nuestro papel es continuar brindando luces y apoyando el fortalecimiento de la justicia, en el sentido más amplio, en el marco de los estándares internacionales de derechos humanos con el objetivo de que mejore la vida de todas las personas.

Finalmente, pienso que la polémica generada por el juicio a los miembros de las FARC debe contribuir a fortalecer, institucionalizar y mejorar el gobierno propio al interior de los pueblos indígenas.

por TODD HOWLAND*

Semana 24 de noviembre de 2014

http://www.semana.com/opinion/articulo/opinion-la-constitucion-de-1991-reconoce-las-autoridades-indigenas-como-autoridades-del-estado-en-derecho/410056-3

*Representante en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Paraguay- Pueblo AYOREO pide protección de su territorio


Pueblo Ayoreo reclama protección de su hogar
01 de Marzo, 2015

Un grupo de indígenas ayoreo se desplazó desde el Chaco paraguayo, en el norte del país, hasta Asunción para pedir al Gobierno que no realice prospecciones geológicas en el Cerro León.
Cerro León es un área protegida que es parte de su "hogar y cultura" y donde viven algunos de sus familiares en aislamiento voluntario.

El Cerro León está integrado dentro del Parque Nacional Defensores del Chaco, que ocupa cerca de 780.000 hectáreas, y en esa área el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones de Paraguay (MOPC) planea realizar prospecciones geológicas con "fines de investigación científica".

En una entrevista a Efe, los ayoreos reivindicaron que el Parque forma parte de su "tekohá", un término que en la lengua guaraní quiere decir "territorio", como noción de "tierra" o "espacio vital", y no en el sentido jurídico de propiedad legal de un lugar.

Además, han constatado que el parque es la zona por la que transitan grupos de ayoreos no contactados, lo que los convierte en el último pueblo indígena americano aislado fuera de la Amazonía.

"Hemos visto las huellas, los huecos que hacen para sacar la miel. Sabemos que nuestros familiares no contactados están ahí. No podemos decir que viven ahí, porque son nómadas, pero sí sabemos que cruzan por ese lugar", asegura Mateo Sobode, indígena ayoreo de la comunidad de Campo Loro, en el departamento de Boquerón, a unos 200 kilómetros al sur del parque.

Mientras habla exhibe orgulloso su cédula de identidad, en la que se indica que su lugar de nacimiento no es otro que el mismo Cerro León, "cucaani" en lengua ayoreo, al que considera "como una madre" que alberga además a parte de sus ancestros.

"Allí es donde está enterrado mi abuelo. ¿Cómo vamos a dejar que entren con excavadoras en las tumbas de nuestros antepasados?", se pregunta Sobode.

Por su parte Óscar Posoraja, líder de la comunidad ayoreo Nueva Esperanza, en el departamento de Alto Paraguay, donde se ubica el parque, explica que "el Cerro es la naturaleza de la que dependen los ayoreos aislados, porque para ellos el monte es su casa y su supermercado".

Alerta además de que "si se deja que entren las máquinas en Cerro León, después vendrán empresas que querrán explotar otras zonas del bosque", dado que "los empresarios son insaciables", opina.

Para Carlos Diri Etacora, de la comunidad de Ijnapui, a 150 kilómetros del Cerro León, si se llegan a ejecutar las obras en el parque "los indígenas no van a saber ya dónde vivir".

Recuerda cómo los miembros de su comunidad y de otras zonas de ayoreos se vieron sorprendidos un día cuando escucharon en las noticias los planes que tenía el Gobierno sobre sus espacios y los de sus parientes aislados.

"Ni siquiera nos habían consultado, nadie nos escuchó", lamenta.

El Estado paraguayo está obligado a realizar una consulta "previa, libre e informada" a las comunidades indígenas sobre todas aquellas iniciativas que puedan afectar a sus territorios, debido a que suscribió el Convenio 169 de la Organización Mundial del Trabajo (OIT).

En ese sentido, organizaciones defensoras de los derechos indígenas alertan de que el proyecto sobre el Cerro León "es ilegal" porque se redactó sin una consulta previa.

Además, en el caso de comunidades de nativos no contactados, siempre se debe interpretar que se oponen a cualquier proyecto que les afecte, dado que al vivir aislados es imposible incluirles en las consultas, según explica la organización Tierraviva.

Según la organización Iniciativa Amotocodie, estas personas resistieron las "búsquedas y contactos sistemáticos" que desde 1960 las misiones evangélicas y católicas emprendían precisamente desde la falda del Cerro León.

El proyecto de prospecciones geológicas en el Cerro León fue presentado en diciembre por el MOPC y actualmente se encuentra en estudio de la Secretaría del Ambiente (Seam), que debe determinar si otorga o no su autorización a las obras.

Grupos de ciudadanos y organizaciones ecologistas ya han protagonizado varias movilizaciones en contra del proyecto. EFE

Mayor acceso a la "justicia" piden mujeres de naciones originarias


MUJERES INDÍGENAS DE AMÉRICA PIDEN MAYOR ACCESO A LA JUSTICIA

Representantes de las mujeres indígenas de 20 países americanos reclamaron hoy en Lima a sus respectivos Gobiernos un mayor acceso a la Justicia para poder defenderse de la violencia a la que se ven expuestas por amenazas como la trata de personas, los abusos sexuales y los desplazamientos forzados.

Cuatro líderes nativas de Perú, Colombia, Panamá y Canadá coincidieron en señalar, durante una conferencia de prensa, que la carencia de políticas públicas contra la violencia es el mayor obstáculo para la igualdad, tras 20 años de vigencia de la Plataforma de Acción de Pekín, un acuerdo suscrito por 189 países.

En el acto participó la coordinadora del Observatorio de Igualdad de Género (OIG) de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Alejandra Valdés, quien destacó que el 38% de las indígenas de Perú y Ecuador ha sufrido violencia física o sexual por parte de su pareja, según un estudio presentado en noviembre pasado.

También participaron las voceras de la Red de Organizaciones de Jóvenes Indígenas de Perú, Tania Pariona; de la Alianza de Mujeres Indígenas de Centroamérica y México, Dialys Ehrman; de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), Dayana Urzola Domicó, y de la Asociación de Mujeres Nativas de Canadá, Dawn Harvard.

REUNIÓN EN LIMA

Las cuatro mujeres representan a las indígenas de sus países en la reunión "Mujeres Indígenas y Beijing+20", que se celebra en Lima hasta mañana para evaluar los avances en materia de igualdad del documento suscrito en 1995 en la cuarta conferencia mundial sobre la mujer.

Pariona afirmó que las dificultades de las mujeres indígenas para acceder a la Justicia también constituyen "una violencia estructural e institucional ejercida por parte del propio Estado", lo que calificó como "la llaga de la herida más fuerte de nuestros países".

"Nos vemos relegadas en esta nueva etapa que empieza a plantear nuevos objetivos de desarrollo sostenible posteriores al año 2015. Creemos que es momento de aplicar políticas de inclusión que finalmente se reflejen en el cambio de nuestra vida propia y la de nuestras familias", indicó Pariona.

TESTIMONIOS

La panameña Dialys Ehrman, de la etnia kuna, denunció que la violencia hacia las mujeres queda impune en la comarca Ngäbe-Buglé, en el norte de la costa atlántica del país, porque "en esas comunidades no hay mínimamente un juzgado de menores o fiscalía de familia donde la mujer pueda acudir a hacer valer sus derechos".

"En la comarca emberá también se da esa situación, donde tampoco pueden acudir a las autoridades tradicionales, y eso se conjuga con otros factores de salud como el VIH/sida", añadió Ehrman.

La colombiana Dayana Urzola advirtió que el conflicto armado en su país "afectó a 1.400 indígenas entre 2002 y 2010" y alertó de la situación crítica en la región del Cauca (suroeste), donde "las comunidades indígenas están en medio de dos guerras entre militares y guerrilleros".

Urzola dijo que los últimos asesinatos tuvieron como víctimas a líderes indígenas y denunció que también hay violencia sexual y reclutamiento de menores, pero lamentó que la Justicia revisa el caso para luego "no hacer nada con la víctima ni con el victimario".

La canadiense Dawn Harvard aseguró que ser mujer indígena en su país también es un peligro, al comentar que su primer ministro, Stephen Harper, ya manifestó que la violencia hacia las mujeres nativas de Canadá no está dentro de su agenda.

(Fuente: EFE)