La comunidad Fermin Manquilef del sector Rucahue, Quepe deja en conocimiento de la opinión pública lo siguiente:
1.- Frente a las demandas de tierras adjudicadas por el articulo 20 b de la ley indígena, la comunidad ha seguido todos los conductos regulares exigidos por CONADI sin llegar a esta fecha alguna conclusión con las compras de algún predio.
2.- La instalación del “nuevo aeropuerto para la Araucanía” solo ha traído a nuestro territorio aprovechamiento por parte de latifundistas que han comenzado con el negocio de la especulación subiendo al triple el valor de sus predios, basándose en que la cercanía con el aeropuerto ha elevado los precios de sus terrenos.
Latifundistas usurpadores de nuestras tierras que hoy gozan de atenciones por parte de la PDI y CARABINEROS DE CHILE. Situación que nos deja bastante preocupados en vista y considerando la alta delincuencia que hoy afecta a este país, los que debieran preocuparse y evitar esta problemática están resguardando predios de particulares tales como la familia HELLER SOLARI Y SUS FUNDOS SANTA TERESA, SANTA CAROLINA, SAN JUAN. FAMILIA SHELCHY Y SU FUNDO HUALE Y GEORGINA.
3.- Frente a esta situación es que denunciamos a la opinión pública que mientras que en las calles de Temuco, habían menos efectivos policiales resguardando a la ciudadanía, estos se encontraban resguardando hoy 7 de septiembre de 2013, el Remate del latifundista Sergio Shelchy en el sector Rucahue Quepe con un carro lanza agua, una micro con efectivos de fuerzas especiales, cinco patrullas de carabineros y 7 vehículos de la PDI.
4.-Situación que alienta a nuestra comunidad a continuar reivindicando los fundos HUALE DE SERGIO SHELCHY. SANTA TERESA, SANTA CAROLINA Y SAN JUAN DE CARLOS HELLER SOLARI. Predios que pertenecen al título de merced de FERMÍN MANQUILEF los cuales hacen un total de 2.000 hectáreas usurpadas por el estado Chileno y entregadas a colonos que hoy en día siguen recibiendo los gestos paternalista del estado Chileno.
5.- El gran contingente de efectivos policiales no hace más que provocar y amedrentar a una comunidad pacifica que ha vivido dialogando y esperando respuestas de autoridades que no han sido capaces de dar solución de nuestras demandas y que responden con represión y amedrentamiento.
6.- Que el director de aeropuerto región de la Araucanía Don Luis Henriquez, ha solicitado de forma verbal a nuestra presidenta Luz María Huincaleo retirar el rewe apostado en frente a la torre de control argumentado que el sitio en el cual se encuentra este, ya no está protegido por la ley de monumentos nacionales.
Por lo tanto debe ser retirado del lugar.
Atte.
Comunidad Fermin Manquilef del sector Rucahue, Quepe
Wallmapu.
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Abya Yala/Argentina- Una ONG ambientalista objeta una nueva semilla. (5sep13-Darío Aranda-pagina12-ayi) El Centro de Estudios Legales del Medio Ambiente (Celma) denunció ante la Justicia Federal que es “irregular” la forma en que fue aprobada la nueva estrella del agro, la semilla de soja Intacta RR2, de la empresa Monsanto.
Argumentó que en la aprobación no hubo consulta pública, como establece la ley argentina, y que carece del debido estudio de impacto ambiental. La organización cuestionó el accionar de los organismos estatales y sostuvo que se omitió frondosa bibliografía científica sobre los efectos negativos en salud y ambiente de los transgénicos.
La acción judicial solicita que se anule la aprobación de la soja y se suspenda la comercialización de la semilla. La denuncia explicita, como trasfondo, la forma en la que se aprueban los transgénicos y los agrotóxicos en Argentina. Monsanto defendió la aprobación de la nueva soja.
El 10 de agosto de 2012, el Ministerio de Agricultura de la Nación firmó la resolución 446/12, de aprobación de la nueva generación de soja, llamada Intacta RR2 Pro. La compañía la publicitó como beneficiosa por su mayor rendimiento y ya se aseguró el cobro de regalías.
El 19 de marzo, el Celma presentó una acción ante el juez en lo Contencioso y Administrativo Ernesto Marinelli y solicitó frenar su comercialización.
Entre las primeras medidas, el juez permitió que la parte denunciante (Celma) accediera al expediente administrativo de aprobación. Son casi tres mil fojas, con mucho lenguaje técnico. Tras la lectura legal, la organización concluyó que no hubo convocatoria a audiencia pública (leyes 24.375 y 25.675), para que los distintos sectores de la sociedad puedan informarse y expresar sus opiniones, “lo cual hace nulo al procedimiento administrativo”; que no posee una “debida declaración de impacto ambiental” por parte de la Conabia (Comisión Nacional de Biotecnología Agropecuaria) y que la aprobación “se sustenta en estudios sólo de Monsanto”. El Celma sostiene que el Estado no realizó estudios.
De acuerdo con la denuncia del centro, en la foja 2 del expediente se detallan los estudios realizados. Entre otros, con el subtítulo (Aspectos) “Moleculares” presenta cuatro estudios, todos realizados por Monsanto. Sobre “actividad biológica” presenta tres trabajos, también todos de la misma empresa solicitante. La organización sostiene que se repite la situación en “aptitud nutricional” (un trabajo) y “toxicidad crónica” (dos trabajos de la misma Monsanto).
Fernando Cabaleiro, del Celma, cuestionó el rol de la Conabia y del Senasa (Servicio de Sanidad y Calidad Agroalimentaria). “Se basan sólo y exclusivamente en los estudios realizados por la propia firma solicitante, Monsanto. No existe ninguna observación ni pregunta sobre los trabajos presentados por la empresa”, afirmó el abogado y señaló que en la foja 37, documento de decisión con el que la Conabia aprobó la nueva soja, se visualizan “once garabatos-firmas, sin aclaración de nombres, especialidad ni cargos. Pudo ser cualquiera. Es insólita la impunidad con la que dan luz verde a una semilla que abarcará millones de hectáreas”, cuestionó.
Monsanto señaló en un comunicado que Intacta RR2 se aprobó “cumpliendo con todos y cada uno de los requisitos exigidos por la Resolución 763/11 del Ministerio de Agricultura”, que regula la autorización de transgénicos. La empresa valoró la acción de la Conabia y Senasa. El escrito de Monsanto sostiene que “las normas que regulan el proceso de aprobación no prevén audiencia pública” y afirmó que “Argentina cuenta con un sistema regulatorio consistente con los estándares internacionales; el principio subyacente de la normativa argentina es la seguridad y a tales fines las evaluaciones sólo permiten argumentos científicos, sólidos y estrictos”.
La soja transgénica abarca en Argentina 20 millones de hectáreas (la mitad del área cultivada).
Fue aprobada en 1996 por el entonces secretario de Agricultura Felipe Solá y su expediente de autorización fue secreto hasta abril de 2009.
Diecisiete años después de la primera soja transgénica, Cabaleiro comparó: “La historia parece repetirse, la forma en que se aprobó esta nueva soja es muy similar a lo sucedido en 1996”.
Afirmó que es necesario que se reexaminen todas las semillas transgénicas liberadas en Argentina y exigió que “la aprobación no se haga a carpeta cerrada.
El procedimiento debe ser transparente y se debe cumplir el requisito de la participación ciudadana para poder realizar las objeciones fundadas que hoy los organismos oficiales ignoran abiertamente”.
- http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-228335-2013-09-05.html
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ES UN ATROPELLO A LOS DERECHOS HUMANOS!!!
A salvar nuestra Madre Tierra....
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