sábado, 30 de noviembre de 2013

Misión Internacional constata la sistemática violación de derechos humanos en Paraguay



El caso de los Sawhoyamaxa es uno de los llamados “emblemáticos” en ese país, y replica la fórmula de abusos con que las repúblicas de América han tratado a los pueblos originarios de estos territorios desde su conformación. Y el de las comunidades campesina de los departamentos de Presidente Hayes, Concepción, San Pedro y Canindeyú, abunda en abusos en contra de personas que han sido desprotegidas por el Estado, y víctimas de los intereses económicos que se desprenden del control de la tierra.

A mediados de noviembre, la Misión de Observación Internacional sobre la Situación de los Derechos Humanos en Paraguay, conformada por 43 representantes de entidades de derechos humanos de Suecia, Estados Unidos, Colombia, Chile, Brasil, Argentina, Uruguay y el Paraguay, visitó la zona y elaboró un informe preliminar que, si bien no constituye sorpresa, sistematiza las vulneraciones de que son objeto los campesinos y campesinas, y niños, niñas, mujeres y hombres de los sawhoyamaxa.

La Misión plantea la exigencia de que el Estado paraguayo corrija de manera inmediata las prácticas que se alejan de la protección de los derechos de estos sectores vulnerados, y que se restablezca el imperio del Estado de Derecho, asegurando el acceso al debido proceso, en casos que lleguen a la Justicia, y que genere los cambios que permitan restablecer la confianza perdida en los diversos agentes del Estado.

En el año 2006, acogiendo una demanda internacional que presentaron representantes de los Sawhoyamaxa, la Corte Internacionalde Derechos Humanos (CoIDH) ordenó al Estado paraguayo la restitución de sus tierras ancestrales. Hasta la fecha, siete años después, la resolución internacional no se ha cumplido.

Los Sawhoyamaxa esperaron hasta que perdieron la paciencia y ocuparon sus tierras, ubicadas en el kilómetro 370 de la ruta que une Pozo Colorado con Concepción, departamento de Presidente Hayes, y el acto legal no ha llegado, a pesar de los ojos que se posaron sobre la situación, y ante la legislación internacional que mantiene el caso vigilado. La cosmovisión de los indígenas suele ser ignorada en las políticas del Estado y se posterga a pesar de la exigibilidad de los derechos que se ha manifestado en los hechos.

Los campesinos y campesinas de Concepción
El equipo de la Misión de Derechos Humanos se reunió en el distrito de Horqueta y entrevistó a representantes de organizaciones sociales y campesinas del departamento de Concepción, y a familiares de personas judicializadas en el distrito de Tacuatí -comunidad Tacuatí Poty-, departamento de San Pedro; y conoció la versión de la Comisión de Víctimas y de familiares de víctimas de la Masacre de Marina Cue, distrito de Curuguaty, departamento de Canindejú.

Una de las primeras preocupaciones manifestadas por el grupo multinacional de observadores/as, es “la precariedad e irregularidad de la institucionalidad estatal en materia de derechos humanos, de lo cual es un ejemplo la Defensoría del Pueblo de Paraguay”. El titular de esta institución, Manuel María Páez Monges, permanece en el cargo a pesar de que su mandato venció en 2011, debido a una irregularidad legal, dado que el Senado no logró presentar una terna para reemplazarlo, pese a una gran cantidad de postulantes.

Páez Monges ha tenido varios cuestionamientos por parte de organizaciones de víctimas de la dictadura y de derechos humanos. Su historial es antiguo y arrastra desde que fuera funcionario de la dictadura de Stroessner, pero las irregularidades en la institucionalidad paraguaya, que poco tiene de garantista en materia de los derechos de sus pueblos originarios y de los más desposeídos, se da en un país que poca presencia tiene en el debate internacional y regional.

La Misión constató que, según el informe preliminar, se violan los derechos de los pobladores con el argumento de la persecución al enemigo interno, específicamente al Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) -grupo guerrillero marxista-leninista que opera en Paraguay, sobre todo en algunos distritos del departamento de Concepción, en el noreste del país-.

Desde el primer estado de excepción decretado en 2010, el Gobierno ha profundizado sus prácticas represivas con la asignación de funciones de seguridad interna a los cuerpos militares, la ampliación territorial de los procedimientos represivos, el creciente uso de la violencia física y simbólica, y la aprobación de normas legales que disminuyen las garantías de la ciudadanía.

La Misión señaló que “lejos de llevar la seguridad a los departamentos militarizados, lo que se produce es la desarticulación del tejido social, el debilitamiento de los vínculos comunitarios y de las propias organizaciones sociales, a través del amedrentamiento constante”. Se ha observado, además, que la concentración de la propiedad de la tierra y la masiva implementación del modelo de cultivos de soja conlleva el uso de agrotóxicos que afectan la salud de las personas y el ambiente. Y la respuesta del Estado asocia las reivindicaciones por el acceso a la tierra y por un ambiente sano “a una problemática de seguridad interna que legitima abusos de autoridad y la instalación de un estado de excepción permanente”.

El texto del informe relata que como resultado de todo lo anterior que “familias enteras se encuentran sin condiciones mínimas para desarrollar una vida digna. El despojo que sufren trasciende el aspecto territorial y se traduce en la vulneración integral de sus derechos, su cultura y formas de vida”.

En el detalle, la realidad deja ver que gran parte de la población no tiene acceso a derechos básicos como vivienda, trabajo, salud, saneamiento, ni agua potable. Hay un reclamo por la presencia estatal en la garantía de los derechos económicos, sociales y culturales, mientras el Gobierno llega con la militarización de una forma “que es fuente de represión y de miedo”.

Las tierras ancestrales de los Sawhoyamaxa
La Misión señala que hay una altísima vulneración de los derechos de los pueblos indígenas en Paraguay, particularmente en el derecho al territorio. Y se refleja discriminación en los pocos casos en que reciben una precaria atención en salud y educación.

En el caso de la comunidad Sawhoyamaxa, el Estado paraguayo sigue incumpliendo la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que data de 2006 y obliga al Estado a restituirle sus tierras ancestrales, entre otras exigencias. Los relatos de las comunidades manifiestan que hay presencia de grupos paramilitares constituidos para la defensa de los intereses del sector agroexportador, así como otros vinculados al narcotráfico, grupos que serían responsables de asesinatos de campesinos e indígenas, y operarían criminalmente en complicidad con miembros de la fuerza pública, la cual actuaría de manera permisiva, cediendo el Estado espacios y renunciando al monopolio de la fuerza.

Las vulneraciones en las zonas campesinas

Uno de los señalamientos respecto a la Justicia, que constata el informe, es que ésta ha operado reiteradamente como un instrumento de agresión en contra de defensores y defensoras de derechos humanos, líderes campesinos/as, educadores/as, comunicadores/as, entre otros, quienes son judicializados/as periódicamente.

Entre las violaciones a los derechos de las personas, la misión señala que se vulnera “el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica”, con ejecuciones extrajudiciales, tortura, tratos crueles e inhumanos; amenazas de procesamientos y vinculaciones con el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).

Las denuncias van desde falta de acceso a la Justicia, ya que tanto el Ministerio Público, como el Poder Judicial no representan garantías para el debido proceso, y que son considerados una amenaza, ya que frecuentemente se observan irregularidades en sus intervenciones.

La falta de infraestructura adecuada en esas zonas es evidente y, por lo tanto, no se garantiza el acceso a salud y educación. Los niños, niñas y adolescentes, aunque se supone que deben tener protección diferenciada, son agredidos física y verbalmente en los operativos de desalojo y/o allanamiento por parte de la fuerza pública, y presentan trauma psicológico. Hay testimonios que señalan que niñas y adolescentes son víctimas de violencia sexual sin que se les preste asistencia, incluso si que siquiera se investigan los hechos punibles.
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Entidades que conformanla Misión

Diakonia; Centro Cooperativo Sueco; Fellowship of Reconciliation USA (FOR USA); Madres de Plaza de Mayo – Línea Fundadora; Jubileo Sur/Américas; Servicio Paz y Justicia en América Latina (Serpaj – AL); Servicio Paz y Justicia Argentina (Serpaj Ar); Servicio Paz y Justicia Uruguay (Serpaj Uy); Corporación Servicio Paz y Justicia (Serpaj Chile); Centro porla Justiciay el Derecho Internacional (Cejil); Instituto Espacio y Memoria (IEM); Latinamerican Working Group; Coordinadora Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU); Servicio Paz y Justicia Paraguay (SERPAJ Py); Coordinación de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy); Coordinadora de Mujeres Rurales e Indígenas (Conamuri); Base Investigaciones Sociales (Base IS); Coordinadora Ykua Bolaños; Callescuela; FCPA; DECIDAMOS Campaña por la expresión ciudadana; Tierraviva; Coordinadora por los Derechos dela Infanciayla Adolescencia(CDIA); Articulación Curuguaty; Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP); Federación Nacional Campesina (FNC); Mesa Memoria Histórica; Fundación Andrés Rivarola (Fundar); Comité de América Latina y El Caribe parala Defensade los Derechos de las Mujeres (Cladem); Cladem Paraguay; Sobrevivencia; Demoinfo; Internacional de Resistentes ala Guerra(IRG);La Comuna; Mesa de los Derechos Humanos y de las Memorias Históricas del departamento de Concepción; Coordinación de Mujeres del Paraguay.
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viernes, 29 de noviembre de 2013

Denuncian subastas de objetos sagrados de indígenas estadounidenses en París

Denuncian subastas de objetos sagrados de indígenas estadounidenses en París

La asociación de defensa de los pueblos indígenas Survival International anunció este jueves que intentará bloquear de nuevo la segunda semana de diciembre una subasta en París de objetos sagrados de una tribu indígena Hopi.


Para los indios Hopi, toda presentación pública de un Katsinam es considerada ofensiva e irrespetuosa de sus creencias (Foto: Archivo)




La casa de subastas explicó que la colección de objetos puestos a la venta son màscaras, piel y material vegetal. (Foto: Archivo)


La Organización No Gubernamental, Survival International (ONG), anunció este jueves que intentará bloquear de nuevo la segunda semana de diciembre una subasta en París de objetos sagrados de una tribu indígena Hopi de Arizona (suroeste de Estados Unidos).

La suspensión de la venta de 25 objetos sagrados, llamados "katchinas", tiene un significado especial para esa tribu.

La asociación de defensa de las comunidades indias Survival International se encargó, el pasado mes de abril en nombre de los Hopi, de formalizar la demanda judicial para paralizar la operación de Neret-Minet Tessier & Sarrou, como un primer paso antes de aclarar la propiedad de los objetos y cómo habían llegado hasta París.

También, evitaron que se vendieran otras 70 "katchinas" que dieron ganancias por 930 mil euros, cerca de 1,3 millones de dólares.

En esa subasta un comprador particular identificado, como Servan-Schreiber, adquirió un Katsinam, una figura indígena, que de inmediato devolvió a la tribu Hopi. Para estos indios de Arizona, toda presentación pública de un Katsinam es considerada ofensiva e irrespetuosa de sus creencias.

La próxima subasta en París está prevista para el 9 y 10 de diciembre en la casa de subastas EVE, pese a las demandas de autoridades religiosas de los Hopi, indicó Survival International en un comunicado.

La casa de subastas explicó que la colección de objetos puestos a la venta (las principales son máscaras de madera, piel, materiales vegetales y pigmentos naturales) fue recopilada por un "aficionado" francés que vivió en los años 1930 en Estados Unidos, y que datan de finales del siglo XIX y comienzos del XX.

Una portavoz precisó que el coleccionista, un jubilado que vive ahora en Francia y del que no se ha querido dar la identidad, compró a galerías o en subastas los elementos de los que ahora pretende deshacerse.

La estrella de esa colección es una máscara-casco Angwusnasomtaqa con un fondo azul turquesa, boca y ojos agujereados con forma de rectángulo y alas de cuervo desplegadas con un precio de partida de 40 mil a 50 mil euros (52 mil 300 a 65 mil 500 dólares).
teleSUR-Efe-bb/GP

 http://www.telesurtv.net/articulos/2013/11/28/instan-a-suspender-subastas-de-objetos-sagrados-de-indios-de-eeuu-en-paris-7137.html/#mediabox
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jueves, 28 de noviembre de 2013

Tawantinsuyu/Perú- La expansión del castellano, política lingüística colonial, hoy


Abya Yala/Perú- La expansión del castellano, política lingüística colonial, hoy

Por Pável H. Valer Bellota*

28 de noviembre, 2013.- “Siempre la lengua fue compañera del imperio” decía Elio Antonio de Nebrija en su obra de lingüística española (1492), escrita en plena incursión colombina. Uno de los principales intereses de los peninsulares en América fue la implantación del castellano como lengua franca. Para los colonizadores, la suplantación de los idiomas autóctonos fue más difícil que el desalojo del poder de los vencidos de las empresas coloniales; los hispanos asaltaron en pocos años el espacio político y social, pero su lengua lo está logrando solo al cabo de cinco siglos de dominación y violencia cultural, y aun en contra de considerables resistencias de los pueblos indígenas.

Desde la época colonial las lenguas indígenas de América formaron parte del debate de la política de consolidación del modelo de dominación. De hecho, las posiciones más duras mostraban un menosprecio explícito por ellas, junto a un deseo expreso de extinguirlas.

Tomás López Medel, Oidor de Guatemala, escribió en 1550 refiriéndose a la necesidad de expandir el castellano: “Y de esta manera se dará entrada para nuestra lengua y para las cosas de nuestra religión y para desterrar la bárbara lengua de estos [indios], y sus abominables costumbres”. Igualmente, en Perú, el oidor Juan de Matienzo propuso que se forzara a los indios a aprender el español.

Por otro lado se encontraban las posiciones más objetivas y equilibradas, por ejemplo el jesuita José de Acosta escribe en 1588: “hay quienes sostienen que hay que obligar a los indios con leyes severas a que aprendan nuestro idioma […] si unos pocos españoles en tierra extraña no pueden olvidar su lengua y aprender la ajena […] ¿en qué cerebro cabe que gentes innumerables olviden su lengua en su tierra y usen solo la extraña que no la oyen sino raras veces y muy a disgusto?” (1).

La política pública de castellanización comenzó sus andaduras como un instrumento necesario para la propagación del cristianismo, la evangelización fue el norte cultural de la invasión y la lengua un instrumento de prédica. En los preámbulos de ciertas cédulas incorporadas a la recopilación de las leyes de los reinos de las Indias se considera a las lenguas nativas incapaces de expresar las complejidades teológicas (2). Junto a la religión, la tarea de alfabetizar y enseñar el castellano a los millones de nativos del continente constituyó una labor interminable. Cualquier disposición legal colonial orientada a su implantación forzosa estaba condenada de antemano al fracaso.

Por eso, en lugar de operar sobre un enorme conjunto, la Corona apostó por actuar desde arriba de la escala social originaria: fueron creados colegios para los hijos de caciques, donde se enseñaba el castellano. Ejemplos ‘exitosos’ de estas escuelas para hijos de la nobleza indígena fueron los de Tlatelolco, Texcoco (en México), Lima y Cusco (en Perú).

La cédula de 1550, recogida en la Recopilación (Libro VI, T. VI, Ley XVIII), dice textualmente: “Que a los indios se les pongan maestros, que enseñen a los que voluntariamente las quisieren aprender, como les sea de menor molestia y sin costa y ha parecido que esto pudieran hacer bien los sacristanes como en las aldeas de estos reinos enseñan a leer y escribir la doctrina cristiana. (3)”

Con el tiempo, las campañas de castellanización se fueron haciendo cada vez más agresivas. En 1638, por ejemplo, el obispo del Cusco escribió al rey de España: “es triste cosa que los latinos y griegos diesen su lengua a los vencidos y nosotros no a estos indios (4)”.

El Duque de la Palata, virrey del Perú, organizó por su cuenta una ambiciosa campaña educativa en 1685 justificándose en que se hallaba “tan conservada en esos naturales su lengua india, como si estuvieran en el imperio del inca, pues sólo en esa Ciudad de los Reyes y en los valles entendían la castellana, que resultaba en lo político y lo espiritual el mayor impedimento para la crianza de los naturales”. Disgustado por esto decidió ‘sembrar’ los Andes de escuelas rurales en todos los pueblos que tuvieran cura, y dispuso excluir de los cargos públicos, de cacique para abajo, a los indios que ignoraran el español o no lo hubieran enseñado a sus hijos. Igualmente, Carlos III emitió una cédula en 1770 en la que expresaba el afán de desaparecer las lenguas indígenas y de reemplazarlas por el castellano, después promulgó las leyes complementarias de 1778 y 1782 sobre construcción y dotación de escuelas (5).

Desde la apreciación histórica de esos antecedentes, se puede concluir que el proceso de castellanización es una campaña permanente desde hace cinco siglos -en desmedro de los idiomas indígenas- que ha tomado forma de política de Estado y que se viene aplicando en la actualidad, bajo la anuencia del modelo político de dominación: la Constitución política realmente existente más allá del derecho escrito.

Las políticas públicas de castellanización para la implantación de la religión, usando la alfabetización de los indígenas en ese idioma, tienen su origen en un planteamiento colonial. Y continúan hasta nuestros días basadas en el mito de la escuela. Como explica Montoya, en el siglo XX los herederos de los colonizadores en el poder consideraron que el único modo de ‘civilizar’ a los ‘bárbaros’ o ‘salvajes’ sería a través de la escolarización. El modelo occidental de dominación fue creando lentamente el mito civilizatorio de la escuela a través de la oposición oscuridad–analfabetismo–salvajismo frente a luz–alfabetización–civilización. Bajo este esquema “(…) la escuela significa liquidar las culturas indígenas entendidas como salvajes”(6).

Los procesos de educación formal, después de la declaración de la Independencia, tuvieron la labor de continuar la campaña de castellanización diseñada en la época colonial orientada a homogeneizar las culturas del país. Basándose en el principio de igualdad -confundido con estandarización cultural- los programas de alfabetización se convirtieron en armas políticas-culturales de los sectores conservadores en poder del Estado, útiles en la lucha para acabar con el ‘problema’ de la diversidad nacional.

La imposición del castellano invadió también la educación superior. Actualmente el sistema educativo dominante tiene valores, categorías conceptuales y modos de pensar provenientes de tradiciones occidentales. Utiliza una multiplicidad de palabras latinas ligadas a la sectorización de la ciencia, con una lógica matemática relacionada a la creación de tecnologías, lo cual explica su postura frente a las culturas nativas. De esta manera se produce un “dislocamiento cultural” (7).

¿En cuántas universidades se dictan clases en quechua, aymara, harambut, matsigenka?

En esta orientación, se produce la impunidad jurídica de la violación de derechos culturales por parte del Estado. Si se desconocen las diferencias lingüísticas, y se pretende la implantación de un modelo cultural único, se arrinconan varios derechos constitucionales. Por ejemplo el derecho de no ser discriminado por motivo de idioma, el derecho a la identidad, integridad moral, psíquica y física y al libre desarrollo y bienestar”. Se incumple el deber de respetar y proteger la pluralidad étnica (Art. 2°, Constitución 1993).

El arcaico modelo político cultural, diseñado en la colonia, persiste hoy en el proceso de expansión e implantación del castellano. Las políticas orientadas a extinguir el uso de los idiomas autóctonos, mediante la enseñanza solo en el idioma de los invasores, es parte central de dicho modelo. Ante esto, las políticas públicas de naturalización del uso social y normalización lingüística para la recuperación, preservación y promoción de los idiomas autóctonos son una necesidad urgente, y una tarea democrática aun no llevada a cabo por el Estado.

¡Ama hinakanqichis, wiraqochakuna!

Notas

(1) DE ACOSTA, José; De procurandaindorum salute; Madrid: Colección España Misionera, 1952. Págs. 357–358. [Cfr. SÁNCHEZ–ALBORNOZ, Nicolás; “De las lenguas amerindias al castellano. Ley o interacción en el periodo colonial”; en Colonial Latin Américan Review, Vol. 10, No. 1, 2001. Págs. 49–67.]

(2) “(..) que en la mejor y más perfecta lengua de los indios no se pueden explicar bien y con propiedad los misterios de la fe, sino con grandes absurdos e imperfecciones”. Otros previenen de que los padres transmiten de palabra a los hijos la religión ancestral “se ha tratado y deseado que desde niños aprendiesen la lengua castellana, porque en la suya se dice que les enseñan sus mayores los errores de sus idolatrías, hechicerías y supersticiones, que estorban mucho a su cristiandad”. [Ibíd.]

(3) SÁNCHEZ-ALBORNOZ, Óp. Cit. Pág. 51.

(4) KONETZKE, Richard. 1953–1962. Colección de documentos para la historia de la formación social de Hispano-América. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1964. Pág. 89 [Cfr. Sánchez Albornoz, Pág. 58]

(5) Ibíd.

(6) MONTOYA, Rodrigo;“La democracia y el problema étnico en el Perú”, Revista Mexicana de Sociología Vol. 48, No. 3. Jul. – Sep. 1986, Págs. 45–50.Pág. 46.

(7) BERMÚDEZ TAPIA; Manuel: “Pérdida de identidades lingüístico culturales en el Perú”; en Revista Virtual de Antropología. Disponible en la web, a Enero de 2008, en http://www.antropologia.com.br/arti/colab/a5-mbtapia.pdf

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*Pável H. Valer Bellota es investigador en temas de Multiculturalidad, Estado y Derecho. Abogado graduado en la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco (Perú) es doctor en Derecho por la Universidad del País Vasco.

Blog personal: http://www.pavelvaler.blogspot.com/

VIDEO_ https://www.youtube.com/watch?v=iV4Iz1wt1Jo
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