El caso de los Sawhoyamaxa es uno de los llamados “emblemáticos” en ese país, y replica la fórmula de abusos con que las repúblicas de América han tratado a los pueblos originarios de estos territorios desde su conformación. Y el de las comunidades campesina de los departamentos de Presidente Hayes, Concepción, San Pedro y Canindeyú, abunda en abusos en contra de personas que han sido desprotegidas por el Estado, y víctimas de los intereses económicos que se desprenden del control de la tierra.
A mediados de noviembre, la Misión de Observación Internacional sobre la Situación de los Derechos Humanos en Paraguay, conformada por 43 representantes de entidades de derechos humanos de Suecia, Estados Unidos, Colombia, Chile, Brasil, Argentina, Uruguay y el Paraguay, visitó la zona y elaboró un informe preliminar que, si bien no constituye sorpresa, sistematiza las vulneraciones de que son objeto los campesinos y campesinas, y niños, niñas, mujeres y hombres de los sawhoyamaxa.
La Misión plantea la exigencia de que el Estado paraguayo corrija de manera inmediata las prácticas que se alejan de la protección de los derechos de estos sectores vulnerados, y que se restablezca el imperio del Estado de Derecho, asegurando el acceso al debido proceso, en casos que lleguen a la Justicia, y que genere los cambios que permitan restablecer la confianza perdida en los diversos agentes del Estado.
En el año 2006, acogiendo una demanda internacional que presentaron representantes de los Sawhoyamaxa, la Corte Internacionalde Derechos Humanos (CoIDH) ordenó al Estado paraguayo la restitución de sus tierras ancestrales. Hasta la fecha, siete años después, la resolución internacional no se ha cumplido.
Los Sawhoyamaxa esperaron hasta que perdieron la paciencia y ocuparon sus tierras, ubicadas en el kilómetro 370 de la ruta que une Pozo Colorado con Concepción, departamento de Presidente Hayes, y el acto legal no ha llegado, a pesar de los ojos que se posaron sobre la situación, y ante la legislación internacional que mantiene el caso vigilado. La cosmovisión de los indígenas suele ser ignorada en las políticas del Estado y se posterga a pesar de la exigibilidad de los derechos que se ha manifestado en los hechos.
Los campesinos y campesinas de Concepción
El equipo de la Misión de Derechos Humanos se reunió en el distrito de Horqueta y entrevistó a representantes de organizaciones sociales y campesinas del departamento de Concepción, y a familiares de personas judicializadas en el distrito de Tacuatí -comunidad Tacuatí Poty-, departamento de San Pedro; y conoció la versión de la Comisión de Víctimas y de familiares de víctimas de la Masacre de Marina Cue, distrito de Curuguaty, departamento de Canindejú.
Una de las primeras preocupaciones manifestadas por el grupo multinacional de observadores/as, es “la precariedad e irregularidad de la institucionalidad estatal en materia de derechos humanos, de lo cual es un ejemplo la Defensoría del Pueblo de Paraguay”. El titular de esta institución, Manuel María Páez Monges, permanece en el cargo a pesar de que su mandato venció en 2011, debido a una irregularidad legal, dado que el Senado no logró presentar una terna para reemplazarlo, pese a una gran cantidad de postulantes.
Páez Monges ha tenido varios cuestionamientos por parte de organizaciones de víctimas de la dictadura y de derechos humanos. Su historial es antiguo y arrastra desde que fuera funcionario de la dictadura de Stroessner, pero las irregularidades en la institucionalidad paraguaya, que poco tiene de garantista en materia de los derechos de sus pueblos originarios y de los más desposeídos, se da en un país que poca presencia tiene en el debate internacional y regional.
La Misión constató que, según el informe preliminar, se violan los derechos de los pobladores con el argumento de la persecución al enemigo interno, específicamente al Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) -grupo guerrillero marxista-leninista que opera en Paraguay, sobre todo en algunos distritos del departamento de Concepción, en el noreste del país-.
Desde el primer estado de excepción decretado en 2010, el Gobierno ha profundizado sus prácticas represivas con la asignación de funciones de seguridad interna a los cuerpos militares, la ampliación territorial de los procedimientos represivos, el creciente uso de la violencia física y simbólica, y la aprobación de normas legales que disminuyen las garantías de la ciudadanía.
La Misión señaló que “lejos de llevar la seguridad a los departamentos militarizados, lo que se produce es la desarticulación del tejido social, el debilitamiento de los vínculos comunitarios y de las propias organizaciones sociales, a través del amedrentamiento constante”. Se ha observado, además, que la concentración de la propiedad de la tierra y la masiva implementación del modelo de cultivos de soja conlleva el uso de agrotóxicos que afectan la salud de las personas y el ambiente. Y la respuesta del Estado asocia las reivindicaciones por el acceso a la tierra y por un ambiente sano “a una problemática de seguridad interna que legitima abusos de autoridad y la instalación de un estado de excepción permanente”.
El texto del informe relata que como resultado de todo lo anterior que “familias enteras se encuentran sin condiciones mínimas para desarrollar una vida digna. El despojo que sufren trasciende el aspecto territorial y se traduce en la vulneración integral de sus derechos, su cultura y formas de vida”.
En el detalle, la realidad deja ver que gran parte de la población no tiene acceso a derechos básicos como vivienda, trabajo, salud, saneamiento, ni agua potable. Hay un reclamo por la presencia estatal en la garantía de los derechos económicos, sociales y culturales, mientras el Gobierno llega con la militarización de una forma “que es fuente de represión y de miedo”.
Las tierras ancestrales de los Sawhoyamaxa
La Misión señala que hay una altísima vulneración de los derechos de los pueblos indígenas en Paraguay, particularmente en el derecho al territorio. Y se refleja discriminación en los pocos casos en que reciben una precaria atención en salud y educación.
En el caso de la comunidad Sawhoyamaxa, el Estado paraguayo sigue incumpliendo la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que data de 2006 y obliga al Estado a restituirle sus tierras ancestrales, entre otras exigencias. Los relatos de las comunidades manifiestan que hay presencia de grupos paramilitares constituidos para la defensa de los intereses del sector agroexportador, así como otros vinculados al narcotráfico, grupos que serían responsables de asesinatos de campesinos e indígenas, y operarían criminalmente en complicidad con miembros de la fuerza pública, la cual actuaría de manera permisiva, cediendo el Estado espacios y renunciando al monopolio de la fuerza.
Las vulneraciones en las zonas campesinas
Uno de los señalamientos respecto a la Justicia, que constata el informe, es que ésta ha operado reiteradamente como un instrumento de agresión en contra de defensores y defensoras de derechos humanos, líderes campesinos/as, educadores/as, comunicadores/as, entre otros, quienes son judicializados/as periódicamente.
Entre las violaciones a los derechos de las personas, la misión señala que se vulnera “el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica”, con ejecuciones extrajudiciales, tortura, tratos crueles e inhumanos; amenazas de procesamientos y vinculaciones con el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).
Las denuncias van desde falta de acceso a la Justicia, ya que tanto el Ministerio Público, como el Poder Judicial no representan garantías para el debido proceso, y que son considerados una amenaza, ya que frecuentemente se observan irregularidades en sus intervenciones.
La falta de infraestructura adecuada en esas zonas es evidente y, por lo tanto, no se garantiza el acceso a salud y educación. Los niños, niñas y adolescentes, aunque se supone que deben tener protección diferenciada, son agredidos física y verbalmente en los operativos de desalojo y/o allanamiento por parte de la fuerza pública, y presentan trauma psicológico. Hay testimonios que señalan que niñas y adolescentes son víctimas de violencia sexual sin que se les preste asistencia, incluso si que siquiera se investigan los hechos punibles.
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Entidades que conformanla Misión
Diakonia; Centro Cooperativo Sueco; Fellowship of Reconciliation USA (FOR USA); Madres de Plaza de Mayo – Línea Fundadora; Jubileo Sur/Américas; Servicio Paz y Justicia en América Latina (Serpaj – AL); Servicio Paz y Justicia Argentina (Serpaj Ar); Servicio Paz y Justicia Uruguay (Serpaj Uy); Corporación Servicio Paz y Justicia (Serpaj Chile); Centro porla Justiciay el Derecho Internacional (Cejil); Instituto Espacio y Memoria (IEM); Latinamerican Working Group; Coordinadora Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU); Servicio Paz y Justicia Paraguay (SERPAJ Py); Coordinación de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy); Coordinadora de Mujeres Rurales e Indígenas (Conamuri); Base Investigaciones Sociales (Base IS); Coordinadora Ykua Bolaños; Callescuela; FCPA; DECIDAMOS Campaña por la expresión ciudadana; Tierraviva; Coordinadora por los Derechos dela Infanciayla Adolescencia(CDIA); Articulación Curuguaty; Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP); Federación Nacional Campesina (FNC); Mesa Memoria Histórica; Fundación Andrés Rivarola (Fundar); Comité de América Latina y El Caribe parala Defensade los Derechos de las Mujeres (Cladem); Cladem Paraguay; Sobrevivencia; Demoinfo; Internacional de Resistentes ala Guerra(IRG);La Comuna; Mesa de los Derechos Humanos y de las Memorias Históricas del departamento de Concepción; Coordinación de Mujeres del Paraguay.
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