El Relator Especial de Naciones Unidas sobre la Situación de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de los Pueblos Indígenas, James Anaya, emitió ayer el informe referido a la Masacre de Bagua, en el que formula serias recomendaciones al gobierno peruano, principalmente sobre la necesidad de constituir una Comisión Independiente para una investigación exhaustiva, objetiva e imparcial de los hechos.
El Informe titulado “Observaciones sobre la situación de los pueblos indígenas de la Amazonía y los sucesos del 5 de junio y días posteriores en las provincias de Bagua y Utcubamba, Perú”, recomienda también revisar las imputaciones contra dirigentes indígenas perseguidos judicialmente, así como garantizar un proceso de consulta adecuado con los pueblos indígenas.
El Relator Especial James Anaya visitó el Perú el 17 y 19 de junio, donde se entrevistó con autoridades, pueblos indígenas y recabó información en el mismo lugar de los hechos. En su Informe presentado ayer, señala que recibió información sobre irregularidades en las detenciones, incluyendo una ausencia de notificación de los motivos de la detención, así como limitaciones en la defensa legal de los detenidos.
“Información adicional recibida señalaba con detalles y ejemplos un clima de persecución en contra de las comunidades indígenas en los días posteriores a los enfrentamientos del 5 de junio, incluyendo allanamientos sin orden judicial, y denuncias y acusaciones contra dirigentes indígenas”, señala el documento.
En el mismo tema, expresa su preocupación porque continúan haciéndose imputaciones penales contra dirigentes indígenas por su participación en los actos de protesta de los pueblos indígenas, tal como lo evidencian las órdenes de detención contra varios de ellos en la semana del 6 de julio. “Estas órdenes claramente ponen en peligro el proceso de diálogo”, advierte.
Agrega que “como una medida encaminada a generar confianza entre las partes para avanzar en el proceso de diálogo, el Relator recomienda que las autoridades competentes revisen las imputaciones y procesos judiciales contra dirigentes y autoridades indígenas, cuya participación en el dialogo es indispensable”.
Respecto a la comisión especial e independiente para el esclarecimiento de los hechos del 5 de junio de 2009 y días posteriores, Anaya recomienda que esté conformada por varias instituciones que tengan credibilidad para todas las partes involucradas y que cuente con representación indígena. Asimismo, recomienda la participación de actores de la comunidad internacional en el trabajo de esta comisión especial.
Para el Relator Especial, es indispensable que el Estado de Perú implemente efectivamente un procedimiento de consulta con los pueblos indígenas que sea compatible con las normas internacionales, como el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de la ONU sobre los derechos de los Pueblos Indígenas. “Este procedimiento debería ser puesto en práctica con la participación de los pueblos indígenas del país, y debería guiar al Estado en el desarrollo de futuros proyectos que afectan a los pueblos indígenas”, subraya.
En el proceso de diálogo, recomienda, deben estar representados todos los actores relevantes, “en particular, los pueblos indígenas a través de representantes libremente elegidos por ellos mismos. Debería propiciarse un consenso sobre objetivos, procedimientos y cronograma, así como un mecanismo para hacer ejecutables los acuerdos a que se llegue”.
En sus observaciones finales, el Relator Especial dice que se requiere “un claro compromiso estratégico, que incluya mecanismos permanentes de diálogo y resolución de conflictos, en los que se incluyan, entre otros, mecanismos relativos a los derechos territoriales y a otras reivindicaciones pendientes, para así prevenir actos de violencia y evitar que se repitan los lamentables sucesos acaecidos en Bagua”. Lima, 21 de julio de 2009
-------------------------------------------
OBSERVACIONES SOBRE LA SITUACIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE LA AMAZONÍA Y LOS SUCESOS DEL 5 DE JUNIO Y DÍAS POSTERIORES EN LAS PROVINCIAS DE BAGUA Y UTCUBAMBA, PERÚ- 20 Julio de 2009
I. Introducción
1. Este informe presenta las observaciones del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, James Anaya, sobre la situación de los pueblos indígenas de la Amazonía, en particular en
relación con los enfrentamientos del 5 de junio de 2009 y los eventos en días inmediatamente posteriores en las provincias de Bagua y Utcubamba, Departamento de Amazonas, en los que resultaron varias personas muertas y heridas. Estas observaciones son el fruto del intercambio de información con el Gobierno del Perú y otras partes interesadas, así como de la visita in situ al Perú entre el 17 y 19 de junio de 2009. El objeto de la visita fue observar, comprender y analizar la situación que se produjo en los alrededores de la cuidad de Bagua, en las provincias de Bagua y Utcubamba, así como los hechos que generaron esta situación.
2. El 10 de junio de 2009, el Relator Especial emitió un comunicado de prensa en respuesta a los enfrentamientos ocurridos el 5 de junio y en días posteriores, expresando sus condolencias hacia las víctimas y sus familias, y haciendo “un llamado urgente a todos los actores involucrados a que eviten otros acontecimientos de violencia”. El Relator Especial también exhortó a las autoridades del Estado “a implementar todas las medidas ya establecidas, así como a adoptar todas las medidas adicionales necesarias, de acuerdo con los principios internacionales de derechos humanos, para proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas afectadas”. Además, el Relator Especial instó “a las personas y pueblos indígenas involucrados que sus reclamos y manifestaciones siempre sean de forma pacífica, respetando los derechos humanos de otros”. Finalmente, el Relator Especial expresó “su disponibilidad de realizar una visita al país para revisar la situación y contribuir a la búsqueda de la solución a los conflictos, dentro del ámbito del mandato atribuido por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, para promover el respeto a los derechos humanos de los pueblos indígenas”.
3. Por medio de una nota verbal del 12 de junio de 2009, el Gobierno del Perú cursó una invitación al Relator Especial a visitar el país para analizar la situación a la que se enfrentaba Perú. Además, el Relator Especial recibió solicitudes para una visita al país de grupos indígenas y de la Comisión Especial Multipartidaria del Congreso encargada de estudiar y recomendar la solución a la problemática de los Pueblos Indígenas (“Comisión Multipartidaria”). Esta última acordó el 9 de junio de 2009 invitar al Relator Especial al Perú “con el objeto de que pueda contribuir en la búsqueda de soluciones a los conflictos … con los pueblos indígenas de la amazonía peruana”.
4. Durante la visita del 17 al 19 de junio, el Relator Especial realizó reuniones con, entre otros, el vice-Presidente del Congreso, miembros de la Comisión Multipartidaria, miembros de la Comisión de Constitución del Congreso de la República, el Ministro de Relaciones Exteriores, la Ministra de Justicia, la Ministra de Comercio, Exterior y Turismo, la Ministra del Interior, el Ministro de Defensa, el Primer Ministro, la Fiscal de la Nación, y otros funcionarios integrantes de estos ministerios. Además, el Relator Especial se reunió con la Defensora del Pueblo y con otros funcionarios de la Defensoría; asimismo, se reunió con integrantes de organizaciones y pueblos indígenas y de la sociedad civil, incluida en la región de Bagua, en donde pudo entrevistarse con varias personas que estuvieron presentes en los enfrentamientos del 5 de junio. El Relator Especial ha recibido, y continúa recibiendo, amplia información de diversas fuentes sobre los hechos sucedidos.
5. El Relator Especial agradece la invitación y el apoyo del Gobierno del Perú así como la cooperación recibida para la realización de la visita, que considera como un gesto de buena voluntad y apertura del Gobierno peruano. Asimismo, expresa su sincera gratitud a todas las organizaciones e individuos por la información proporcionada sobre esta delicada y sensible situación. La visita del Relator Especial al Perú forma una parte importante de su mandato, establecido por el Consejo de Derechos Humanos, de “[recibir e intercambiar]información y comunicaciones de todas las fuentes pertinentes incluidos los gobiernos, los indígenas y sus comunidades y organizaciones, sobre las denuncias de violaciones de sus derechos humanos y libertades fundamentales….[y de formular] recomendaciones y propuestas sobre las medidas y actividades adecuadas para evitar y reparar las violaciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas”.
6. Las siguientes observaciones y recomendaciones del Relator Especial pretenden contribuir a la búsqueda de soluciones constructivas a la presente situación, a la luz de las normas internacionales relevantes en la materia.
7. Mediante nota del 14 de julio 2009, el Relator Especial presentó al Gobierno una versión inicial de las presentes observaciones acerca de la situación, y el Gobierno transmitió comentarios sobre las mismas mediante nota de fecha 16 de julio de 2009. El Relator Especial expresa su agradecimiento al Gobierno por haber suministrado información adicional y comentarios, los cuales han sido tomados en cuenta para la versión definitiva de las observaciones presentadas en este documento.
II. Antecedentes
8. Los sucesos ocurridos en las provincias de Bagua y Utcubamba en junio 2009 han surgido en el contexto de tensiones crecientes que se centraban, principalmente, en la promulgación de varios decretos legislativos por parte del Poder Ejecutivo que fueron cuestionados por organizaciones y representantes indígenas. Entre marzo y junio de 2008,el Poder Ejecutivo promulgó 101 decretos legislativos con base en la Ley Nº 29157 del Congreso de la República, la cual delegó facultades legislativas al Poder Ejecutivo para la adopción de medidas relacionadas con la política de desarrollo del Gobierno y la implementación del Acuerdo de Promoción Comercial (conocido como el Tratado de Libre Comercio) suscrito entre el Perú y los Estados Unidos de América. Organizaciones indígenas, en particular la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), protestaron en contra de 38 y posteriormente 11 de estos decretos legislativos, tanto por razones de contenido como por el hecho que no se habían realizado consultas directamente con los pueblos indígenas con anterioridad a su promulgación.
9. Los 11 decretos que fueron objetos de protesta por las organizaciones indígenas son los siguientes: 994 (que promueve la inversión privada en proyectos de irrigación para la ampliación de la frontera agrícola); 995 (que modifica la Ley de Relanzamiento del Banco Agropecuario); 1015 (que unifica los procedimientos administrativos de las comunidades campesinas y nativas de la sierra y de la selva con los de la costa para mejorar su producción comercial y su competitividad agropecuaria); 1020 (que promueve los productos agrarios y la consolidación de la propiedad rural para el crédito); 1060 (que regula el Sistema Nacional de Innovación Agraria); 1064 (que estable una régimen jurídico para el aprovechamiento de las tierras de uso agrario); 1080 (que modifica la Ley General de Semillas); 1081 (que crea el sistema nacional de recursos hídricos); 1083 (que promueve el aprovechamiento y la conservación de los recursos hídricos); 1089 (que establece el régimen temporal extraordinario de formalización y titulación de predios rurales); y 1090 (que aprueba la ley forestal y de fauna silvestre). La Ley Nº 29338 Ley de Recursos Hídricos (31 de marzo de 2009),derogó los decretos legislativos 1081 y 1083, mientras que los demás permanecían vigentes. Se alegaba que los 11 decretos facilitaban pautas de actividad comercial, privatización y explotación de tierras y recursos naturales que atentaban contra los derechos de los pueblos indígenas sobre las mismas tierras y recursos.
10. Asimismo, la constitucionalidad de algunos de los decretos y/o su compatibilidad con el Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales, que ha sido ratificado por el Perú, fue cuestionada por varios actores,incluyendo la Defensoría del Pueblo2; la Comisión Multipartidaria encargada de estudiar y recomendar la solución a la problemática de los pueblos indígenas del Congreso de la República; el Sub-Grupo de Trabajo de la Comisión Agraria encargado del estudio de los Decretos Legislativos referidos al Sector Agrario del Congreso de la República4; y la Comisión de Constitución del Congreso5 así como varias organizaciones no-gubernamentales. El decreto más cuestionado fue el 1015, que fue modificado por el 1073, el cual, según se alegaba, facilitaba la venta de tierras comunales indígenas por rebajar el quórum necesario para acordar la enajenación de tierras, desde dos tercios a cincuenta por ciento de los votos de los comuneros reunidos en asamblea. Además se señalaba especial preocupación por los decretos 1064 y 1090, que, se alegaba, facilitaban el cambio del uso de las tierras.
11. En agosto de 2008, varias agrupaciones indígenas, organizadas bajo la dirección de AIDESEP, iniciaron movilizaciones consistentes en bloqueo de carreteras y toma de instalaciones de empresas petroleras, en protesta contra los decretos legislativos señalados,demandando su derogación, así como el cumplimiento del Convenio Nº 169 de la OIT y otros puntos de la demanda de lucha de los pueblos indígenas del país.
12. El 20 de agosto de 2008, el Presidente del Congreso suscribió, con participación de varios congresistas, un Acta de Acuerdo con representantes de pueblos indígenas amazónicos en la cual se acordó convocar al pleno del Congreso para debatir la derogatoria de los decretos legislativos Nºs 1015 y 1073, y conformar una Comisión Multipartidaria “encargada de estudiar y recomendar la solución a la problemática de los pueblos indígenas, con participación de sus representantes” (art. 2). Asimismo, se comprometió a “promover un proyecto de modificación del Reglamento del Congreso de la República con el propósito de incorporar el procedimiento de consulta del Convenio Nº 169 de la Organización Internacional de Trabajo” (art. 3). El 21 de septiembre de 2008, el Congreso publicó la Ley 29261, derogando los decretos legislativos 1015 y 1073. El día 26 de septiembre del 2008, se instaló la Comisión Multipartidaria encargada de estudiar y proponer soluciones a la problemática indígena, quedando a cargo de la presidencia la congresista Gloria Deniz Ramos Prudencio.
13. En febrero y marzo del 2009, AIDESEP y otros grupos indígenas dirigieron comunicaciones al Poder Ejecutivo y al Congreso expresando su preocupación por la no derogatoria de los demás decretos legislativos y por la percibida falta de voluntad política de algunos niveles del Gobierno para atender las demandas de los pueblos amazónicos. El 23 de marzo de 2009, el Presidente de la República suscribió un Decreto Supremo para la creación de la Mesa de Diálogo Permanente entre el Estado y los pueblos indígenas de la Amazonía. Sin embargo, AIDESEP rechazó la conformación de esta mesa de diálogo porque consideraba que no garantizaba la participación legítima y adecuada de los pueblos indígenas.
14. El 8 de abril de 2009, los dirigentes de aproximadamente 1350 comunidades amazónicas anunciaron que a partir del 9 de abril empezarían un paro por un periodo indefinido en toda la Amazonía peruana, en protesta a la alegada falta de compromiso del Estado para atender sus reclamos. A partir de esa fecha grupos de indígenas se desplazaron a varios lugares bloqueando carreteras y ocupando instalaciones de empresas petroleras.
Mientras aumentaban las tensiones, el 9 de mayo de 2009, el Gobierno declaró un estado de excepción en diversos distritos de los departamentos de Cuzco, Ucayali, Loreto yAmazonas7, lo que implicó la suspensión de varias libertades, como las de movimiento y de reunión. El 26 de abril, centenares de indígenas Awajún y Wampis ocuparon la instalación denominada “Estación 6” del Oleoducto Norperuano de la empresa estatal petrolera Petroperú, en la provincia de Bagua, Amazonas.
15. Paralelamente a las movilizaciones indígenas, entre abril y mayo, la AIDESEP y el Gobierno, representado por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), intercambiaron una serie de comunicaciones en un intento de restablecer el diálogo. El 20 de mayo de 2009, se conformó una “Comisión Multisectorial”, llamada también “mesa de diálogo”, integrada por la Presidencia del Consejo de Ministros y otros nueve ministerios, así como siete delegados de AIDESEP8. Sin embargo, después de dos reuniones, AIDESEP decidió suspender su participación en el diálogo porque, según los líderes indígenas, los representantes del Gobierno defendían la legalidad de los decretos legislativos durante las reuniones. Posteriormente, aumentó la presencia policial en el departamento de Amazonas, especialmente en los sitios de protesta y bloqueo de carreteras.
16. El 22 de mayo de 2009, la Ministra de Justicia confirmó que había dado órdenes al procurador de la PCM para que denunciara penalmente ante el Ministerio Público al presidente de la AIDESEP, Alberto Pizango, por alentar presuntamente a la rebelión, sedición y conspiración. La denuncia se realizó en respuesta a una declaración pública del Sr. Pizango, del 15 de mayo de 2009, en donde afirmó que los pueblos representados por la AIDESEP entraban en un estado de “insurgencia” contra el Gobierno. En un acta firmada el 16 de mayo de 2009, ante la Defensoría del Pueblo, el Sr. Pizango se comprometió a “dejar sin efecto la referencia al derecho a la insurgencia” y a “mantener y desarrollar la protesta dentro del estado de derecho.” La denuncia contra el Sr. Pizango se mantuvo, a pesar de lo expresado en dicha acta. Además, el 2 de junio de 2009, la Procuraduría Especializada en Asuntos de Orden Público del Ministerio del Interior, presentó una denuncia penal contra el Sr. Pizango por delitos de obstrucción a medios de transporte, comunicación y otros servicios públicos (atentado contra la seguridad común y entorpecimiento al funcionamiento de los servicios públicos), y delitos contra la tranquilidad pública (asociación ilícita). Posteriormente, los procuradores de los Ministerios del Interior y de Energía y Minas, denunciaron a otros líderes indígenas, como Marcial Mudarra Taki, Saul Puerta Peña, Servando Puerta Peña, Daniel Marzano Campos y Teresita Antaza Lopez, por supuestos delitos cometidos en relación con su participación en las movilizaciones.
17. El 4 de junio de 2009, el Congreso decidió suspender el debate que había sido puesto en la agenda sobre la derogatoria de los decretos legislativos 1064 y 1090. La razón dada para la suspensión del debate fue el deseo de esperar los resultados del proceso de dialogo dentro de la Comisión Multisectorial, aunque en ese momento dicha Comisión había dejado de funcionar debido a la no participación de AIDESEP.
18. El día siguiente, el 5 de junio de 2009, la policía se movilizó para desalojar a los manifestantes indígenas que ocupaban y bloqueaban la carretera “Fernando Belaúnde Terry” en un sector de la provincia de Utcubamba cerca de la ciudad y provincia de Bagua. Por siete semanas, pobladores de diversas comunidades indígenas de la región Amazonas habían tomado control de varios kilómetros de esa carretera y otros puntos estratégicos, como parte del paro que había sido llamado por AIDESEP, interfiriendo con el transporte y el abastecimiento de alimentos y energía en las ciudades y poblados aledaños. Por la mañana del 5 de junio efectivos de policía iniciaron el desalojo de los centenares de personas que estaban concentrados en el sector de la carretera denominado “Curva del Diablo” entre los caseríos Siempre Viva y El Reposo. Durante el proceso de desalojo estalló la violencia, resultando varias personas muertas y heridas, tanto policías como manifestantes. Enfrentamientos entre la policía y personas indígenas y otros civiles continuaron en la ciudad de Bagua y lugares aledaños durante el mismo día. Horas después del inicio del enfrentamiento en la Curva del Diablo, se dio a conocer que varios policías habían muerto en otro lugar que había sido ocupado por manifestantes indígenas, la Estación 6 del Oleoducto Norperuano de Petroperú, bajo circunstancias todavía no del todo esclarecidas. El mismo 5 de junio, la PCM (Presidencia del Consejo de Ministros) amplió el estado de emergencia en todo el departamento de Amazonas, en la provincia del Datem de Marañón del departamento de Loreto y en las provincias de Jaén y San Ignacio del departamento de Cajamarca.
19. El 10 de junio de 2009, el Congreso de la República promulgó la Ley Nº 29376, que suspendió indefinidamente los decretos legislativos 1090 y 1064. El 11 de junio de 2009, varios miembros del Congreso realizaron una vigilia en protesta por el manejo político de los decretos legislativos en cuestión y por los sucesos en Bagua, pidiendo la derogatoria por completo de estos decretos legislativos y alegando que la figura jurídica de “suspensión” no existía dentro del marco constitucional del Perú. El 11 de junio de 2009, el pleno del Congreso decidió sancionar a 7 miembros del Congreso, incluyendo la Coordinadora del Grupo Parlamentario Indígena y 6 de sus representantes, por 120 días, por alterar el orden de las sesiones del Congreso.
20. Durante el transcurso de la visita del Relator Especial al Perú, el 19 de junio de 2009, el pleno del Congreso votó a favor de la derogación definitiva de los decretos legislativos 1090 y 1064, hecho que fue reconocido y valorado por el Relator Especial en su comunicado al concluir su visita como un “paso [ ] decisivo [ ] encaminado [ ] a la solución a los problemas de fondo que aquejan a los pueblos indígenas del Perú por el camino del diálogo”. Los eventos ocurridos con posterioridad a la visita del Relator Especial en relación con esta situación son discutidos en los párrafos 33-41, infra.
III. Observaciones del Relator Especial sobre la información recibida acerca de los sucesos en Bagua.
21. El 19 de junio de 2009, el Relator Especial se reunió con la Defensora del Pueblo y recibió información con respecto a las investigaciones en curso sobre las personas afectadas por los enfrentamientos del 5 de junio y sucesos relacionados. La información proporcionada en esa reunión corresponde a información que fue incorporada en un informe emitido públicamente por la Defensoría del Pueblo a inicios de julio de 200910. En dicho informe, se confirma que fallecieron 33 personas, incluidos 10 civiles y 23 efectivos de la Policía Nacional, y que resultaron 200 personas heridas, incluidas 82 personas civiles heridas por armas de fuego. El informe señala, además, que un policia, el Mayor Felipe Bazón Soles, se halla desaparecido. Según el informe, 83 personas civiles fueron detenidas inicialmente por las autoridades estatales en relación con las movilizaciones y los sucesos del 5 de junio, y varias de estas personas fueron liberadas sin cargos penales.
El informe relata que se han abierto procesos judiciales penales en contra de quienes permanecieron en detención y, además, en contra de numerosas personas llegando a un total de 84 imputados por supuestos delitos relacionados con las manifestaciones y enfrentamientos violentos.
22. Aparte del número de muertos y heridos confirmados, el Relator Especial escuchó durante su visita versiones divergentes y hasta antagónicas sobre los sucesos del 5 de junio y días posteriores, inclusive en cuanto a los actos específicos de la policía y de los manifestantes. Aunque, según entiende el Relator Especial, estos sucesos siguen bajo investigación, cabe mencionar, en particular, que el Relator Especial escuchó, de varias personas presentes en los enfrentamientos del 5 de junio, relatos en los que se describía con detalle serios abusos cometidos por la policía, incluidos el uso excesivo de la fuerza y de armas de fuego. Oficiales de la policía encargados de la operación de desalojo de la carretera, al ser interrogados por el Relator Especial al respecto, negaron la posibilidad de que hubiera habido uso excesivo o desproporcionado de la fuerza por parte de la policía.
No es función del Relator Especial en estas observaciones catalogar los abusos que escuchó ni resolver las contradicciones al respecto. En cambio, lo que pretende el Relator Especial es señalar que no se pueden descartar las múltiples declaraciones que afirman hechos específicos de abuso policial, al igual que no habría que descartar las evidencias que hubieran de actos de violencia por parte de personas civiles en relación a los sucesos.
Al respecto, también debe tomarse en cuenta la información que existe sobre la manera en que fueron capturados y resultaron muertos agentes de policía en la Estación 6 por los manifestantes indígenas que ocupaban ese lugar.
23. En cuanto a las detenciones de varias personas indígenas, según la información proporcionada por funcionarios estatales entrevistados, las condiciones de detención fueron permanentemente supervisadas por fiscales y defensores de oficio que habrían brindado asistencia legal a los detenidos, y que no constataron ningún tipo de
irregularidades. No obstante, el Relator Especial recibió información de otras fuentes alegando irregularidades en las detenciones, incluyendo una ausencia de notificación de los motivos de la detención, así como limitaciones en la defensa legal de los detenidos.
Información adicional recibida señalaba con detalles y ejemplos un clima de persecución en contra de las comunidades indígenas en los días posteriores a los enfrentamientos del 5 de junio, incluyendo allanamientos sin orden judicial, y denuncias y acusaciones contra dirigentes indígenas.
24. Además, el Relator Especial recibió información divergente en cuanto a la respuesta del Gobierno y las investigaciones en días posteriores a los enfrentamientos del 5 de junio.
Por ejemplo, el Relator Especial recibió información alegando que durante los cinco días posteriores, representantes de la policía impidieron el acceso al lugar de los hechos en la Curva del Diablo y a la instalación del Ejército “El Milagro”, que sirvió como centro de detención; mientras que otros señalaron que hubo libre acceso a estos sitios durante ese período.
25. Por otro lado, el Relator Especial no encontró evidencia concreta ni escuchó testimonios específicos sobre muertos además de aquellos confirmados, como tampoco recibió evidencia concreta de la existencia de fosas comunes como se había difundido públicamente.
26. Con relación a las preocupaciones expresadas por varios actores sobre la ubicación de personas indígenas que habrían participado en las movilizaciones, la Defensoría del Pueblo informa que se registró la presencia de 1244 indígenas en los lugares donde se albergaban, en los días posteriores a los sucesos del 5 de junio, antes de retornar a sus comunidades. Además, según informa, la Defensoría del Pueblo realizó los días 11, 12 y del 22 al 27 de junio misiones a 39 comunidades indígenas, y condujo entrevistas con autoridades de otras 16 comunidades, llegando a “inferir que, en todos los casos, las autoridades reportaron el retorno de los pobladores indígenas, a excepción de las personas que permanecen hospitalizadas o internadas en el Establecimiento Penal de Chachopoyas.” El informe señala que las 39 comunidades visitadas se ubican en las provincias de Bagua y Condorcaqui de donde provienen personas que participaron en las movilizaciones, y que estas provincias tienen en total 181 comunidades indígenas. La Defensoría destaca que “la selección de las comunidades nativas visitadas durante las misiones itinerantes se realizó sobre la base de su ubicación y su densidad poblacional.
Además se puso mayor atención en las comunidades de donde provenían las denuncias públicas”. En su informe la Defensoría del Pueblo no presenta conclusiones específicas sobre aquellas comunidades que han quedado fuera de su ámbito de investigación, y señala que “permanecerá atenta en el caso de presentarse alguna denuncia por personas con paradero aún desconocido por sus familiares”.
27. Persisten preocupaciones, por parte de organizaciones indígenas y no-gubernamentales, de que todavía pueden haber varias personas indígenas cuyas condiciones se desconocen. De hecho, con posterioridad a la publicación del informe de la Defensoría, el hijo de Nelvin Waum Kasem, un indígena de la zona, denunció ante la Defensoría del Pueblo su desaparición, y la Defensoría ha abierto una invetigación al respecto. Además, poco después de esa denuncia la organización no-gubernamental Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) presentó a la Defensoría del Pueblo una lista de 16 personas presuntamente desaparecidas, 10 de las cuales han sido localizadas por la Defensoría. Al comentar al Relator Especial sobre este asunto, el Gobierno sostiene que APRODEH no ha proporcionado información suficiente para empezar la búsqueda en los seis casos restantes. Además, el Gobierno afirma que, a pesar de sus declaraciones sobre posibles desaparecidos, el AIDESEP no ha precisado ninguna denuncia concreta. Al respecto, el Relator Especial recuerda que el deber de investigar sobre presuntos desaparecidos corresponde al Estado y que las investigaciones deben ser realizadas de oficio.
28. En todo caso, pese a la información que se haya podido constatar sobre las condiciones de quienes presenciaron los sucesos del 5 de junio, aún queda mucha incertidumbre sobre los acontecimientos que generaron dichos sucesos. El simple hecho de que hubieran resultado en los eventos del 5 de junio varios muertos y heridos, y que no se hubiera esclarecido lo que llevó a estas bajas, ni se hubieran podido resolver por completo cuestiones sobre el paradero de todos aquellos presentes en los enfrentamientos,ha sido motivo de suma preocupación para el Relator Especial. Además, el Relator Especial destaca que durante su visita escuchó de las autoridades gubernamentales pertinentes entrevistadas versiones divergentes y carentes de coherencia acerca de la responsabilidad por las operaciones policiales que se inicaron en los alrededores de Bagua el 5 de junio, lo que también habría que esclarecer.
29. El Relator Especial observa con preocupación que, durante su visita, varios representantes del Gobierno, incluidos integrantes de la fiscalía y del Ministerio del Interior, indicaron que las investigaciones en curso se enfocaban principalmente, y hasta exclusivamente, en los posibles delitos de los manifestantes indígenas y no en posibles irregularidades de la policía y otros actores durante los sucesos del 5 de junio y días posteriores. Por su parte, la Defensoría del Pueblo se ha limitado a investigar y atender cuestiones humanitarias relativas a las condiciones de las personas afectadas por dichos acontecimientos, dejando a otras instituciones del Estado la investigación de los mismos tal como lo expresa en su informe y como le fue comunicado al Relator Especial. El Relator Especial toma nota de la reciente información proporcionada por el Gobierno según la cual el Ministerio Público iniciará “una investigación fiscal a raíz de los homicidios y lesiones ocasionadas por personal de la Policía Nacional en agravio de civiles”.
30. El Relator Especial afirma la necesidad de realizar un esclarecimiento e investigación completa y objetiva de los hechos, para que todas las partes, así como la población en general, tengan claridad sobre lo ocurrido y sobre la respuesta del Gobierno en días anteriores, durante y con posterioridad a los enfrentamientos. El Relator Especial nota asimismo que el esclarecimiento de los hechos es esencial para la creación de un clima de confianza que permita avanzar en la búsqueda de soluciones con la participación de todas las partes. A este respecto, el Relator Especial observa que sería muy difícil crear dicho clima de confianza sin que el Estado adopte previamente medidas conciliadoras para superar las tensiones existentes.
31. En cuanto a los problemas subyacentes a los enfrentamientos, el Relator Especial reconoce que el Gobierno ha tomado pasos importantes para dialogar con los pueblos indígenas afectados, incluyendo las mesas de diálogo realizadas durante el transcurso de 2008 y 2009. Sin embargo, el Relator Especial identifica la necesidad de profundizar y regularizar estos procesos de consulta. A este respecto, el Relator Especial nota que diversas instituciones, en particular la OIT15, la Defensoría del Pueblo16, la Comisión Multipartidaria del Congreso de la República17, así como varias organizaciones indígenas y de la sociedad civil18, han recomendado en varias ocasiones llevar a cabo un proceso de consulta con los pueblos indígenas afectados, incluidas recomendaciones sobre medidas específicas a adoptar. El Relator Especial observa que estas recomendaciones pueden constituir un marco de referencia importante en el desarrollo de un proceso de consulta que esté conforme con los estándares internacionales. El Relator Especial estima que, debido a la complejidad de los asuntos de fondo, así como la divergencia de puntos de vista entre el Gobierno y los pueblos indígenas afectados, este proceso de consulta podría beneficiarse de la participación de asesores técnicos internacionales con experiencia en la materia.
IV. Recomendaciones
32. Al concluir su visita al Perú el 19 de junio de 2009, el Relator Especial compartió con representantes del Gobierno y el público en general las siguientes recomendaciones, que desea reiterar en el presente informe:
Una Comisión Independiente para una investigación exhaustiva, objetiva e
imparcial.
a. El Relator Especial recomienda que se establezca una comisión especial e independiente para el esclarecimiento de los hechos del 5 de junio de 2009 y días posteriores, conformada por varias instituciones que tengan credibilidad para todas
las partes involucradas y que cuente con representación indígena. Asimismo, recomienda la participación de actores de la comunidad internacional en el trabajo de esta comisión especial.
b. El Relator Especial reconoce los pasos decisivos dados por el Gobierno encaminados a la solución a los problemas de fondo que aquejan a los pueblos indígenas del Perú por el camino del diálogo, como la derogación de los decretos
legislativos 1090 y 1064. Sin embargo, nota que persisten desafíos a enfrentar en cuanto a la aclaración de las circunstancias que llevaron a los sucesos trágicos en Bagua del 5 de junio de 2009 y el encuentro de vías de solución pacífica a los problemas subyacentes.
c. Cabe mencionar que esta comisión especial se propone sin prejuicio de las investigaciones que deben desarrollar las instituciones de la administración de justicia para determinar de manera objetiva, exhaustiva e imparcial, las
responsabilidades civiles, administrativas y penales que corresponden. A este respecto, el Relator Especial exhorta a las diferentes instancias que administran justicia a que realicen su trabajo conforme a los estándares internacionales
aplicables a la administración de justicia en un Estado de Derecho, especialmente las garantías de independencia, prontitud e imparcialidad.
d. En este sentido, es importante que todas las partes tengan claridad sobre los cargos imputados, los lugares donde las personas están detenidas, y la jurisdicción donde se realizarán los procesos. Asimismo, el Relator Especial enfatiza la importancia que los acusados gocen efectivamente de todas las garantías del debido proceso, especialmente la garantía de una defensa legal adecuada y efectiva, así como que se aseguren condiciones adecuadas de detención.
Revisión de imputaciones contra dirigentes indígenas.
e. Como una medida encaminada a generar confianza entre las partes para avanzar en el proceso de diálogo, el Relator recomienda que las autoridades competentes revisen las imputaciones y procesos judiciales contra dirigentes y autoridades indígenas, cuya participación en el dialogo es indispensable.
Proceso de consulta adecuado.
f. El Relator Especial recomienda que se profundice el proceso de diálogo iniciado. Destaca la necesidad de que el Estado de Perú implemente efectivamente un procedimiento de consulta con los pueblos indígenas que sea compatible con las
normas internacionales pertinentes, incluidos el Convenio Nº 169 de la OIT y la Declaración de la ONU sobre los derechos de los Pueblos Indígenas. Este procedimiento debería ser puesto en práctica con la participación de los pueblos
indígenas del país, y debería guiar al Estado en el desarrollo de futuros proyectos que afectan a los pueblos indígenas.
g. En el proceso de diálogo deberían estar representados todos los actores relevantes,en particular, los pueblos indígenas a través de representantes libremente elegidos por ellos mismos. Debería propiciarse un consenso sobre objetivos, procedimientos y cronograma, así como un mecanismo para hacer ejecutables los acuerdos a que se llegue y para resolver las cuestiones que se susciten durante el proceso.
h. Entre los aspectos sustantivos del diálogo debería incluirse el relativo a los otros decretos legislativos que han preocupado a los pueblos indígenas y son susceptibles de afectarles, así como los otros temas de fondo que dichos pueblos han planteado hasta el momento en las diferentes instancias de diálogo, incluyendo lo relacionado con sus derechos a tierras y territorios y proyectos de extracción de recursos naturales.
i. Tanto el proceso como los acuerdos a que se lleguen deben ser compatibles con los estándares internacionales de derechos de los pueblos indígenas, incluidos aquellos reconocidos en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas y el Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales, el cual ha sido ratificado por el Perú. El Relator Especial recomienda, en este sentido, que se recurra a la asesoría técnica de la OIT y de otros organismos internacionales.
V. Observaciones adicionales en vista de acontecimientos posteriores a su visita.
33. El Relator Especial no puede concluir el presente informe sin tomar nota de los importantes acontecimientos ocurridos durante las semanas posteriores a su visita. En particular, el Relator Especial reconoce la importancia del acuerdo del 22 de junio de 2009 para la constitución del Grupo Nacional de Coordinación para el Desarrollo de los Pueblos Amazónicos, compuesta por cuatro representantes del Poder Ejecutivo; los Presidentes de los Gobiernos Regionales de Loreto, Ucayali, Amazonas, San Martin y Madre de Díos; y diez representantes de las comunidades indígenas amazónicas, inclusive representantes de AIDESEP. Este Grupo Nacional de Coordinación ha adoptado medidas importantes que corresponden a las recomendaciones del Relator Especial, incluida la proposición de crear cuatro mesas de trabajo para investigar los sucesos en Bagua del 5 de junio, analizar los decretos legislativos cuestionados por las comunidades indígenas y proponer nuevas leyes, desarrollar un mecanismo de consulta, y proponer un plan de desarrollo amazónico, que incluye un análisis de tierras y territorios indígenas.
34. A este respecto, el Relator Especial exhorta al Gobierno del Perú y las otras partes interesadas a consolidar pasos hacia el esclarecimiento de los hechos en Bagua, por medio de una comisión independiente tal como se recomienda en el párrafo 32 a-d, supra. El Relator Especial reitera la importancia de contar con la participación tanto de los pueblos indígenas como de actores internacionales en este proceso e insta al Estado y a los organismos internacionales pertinentes a buscar y consolidar un mecanismo de asistencia técnica y monitoreo internacional para el proceso. El Relator Especial continuará monitoreando los avances del proceso de investigación.
35. El Relator Especial toma nota que el Congreso ha preparado un proyecto de ley para la regularización del proceso de consulta. Considera que dicho proyecto debe ser consultado con los pueblos indígenas y debe estar conforme con los estándares internacionales aplicables. El Relator valora la contribución que en este sentido aporta la Defensoría del Pueblo en su informe sobre el derecho de consulta de los pueblos indígenas. El Relator Especial, tal como prescribe el Convenio Nº 169 de la OIT, exhorta al Estado a “asumir la responsabilidad de desarrollar, con la participación de los pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto de su integridad” (art. 2.1). Además, el Relator Especial recuerda que, conforme al artículo 19 de la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, la consulta a los pueblos indígenas debe ser hecha de buena fe, a través de las instituciones representativas de dichos pueblos, y con el objeto de obtener su consentimiento libre, previo, e informado.
36. Asimismo, el Relator Especial reconoce que el Gobierno ha adoptado medidas hacia la reconciliación y la creación de un clima de confianza entre las partes, incluyendo la derogación de los decretos legislativos 1090 y 1064, el 19 de junio de 2009, y el levantamiento del estado de excepción en las provincias amazónicas de Amazonas, Ucayali, Loreto y Cuzco el 23 de junio de 2009. Al respecto, el Relator Especial llama a todas las partes a continuar esfuerzos hacia la reconciliación y el entendimiento mutuo, y a evitar que se descalifiquen, minimicen o descarten las preocupaciones legítimas de las partes interesadas. El Relator Especial estima que, entre las medidas a adoptar hacia la reconciliación deben figurar muestras claras de condolencias y simpatía hacia las familias de todas las víctimas, tanto por parte de los pueblos y organizaciones indígenas como por parte de las instituciones del Estado pertinentes.
37. Con respecto a la revisión de las imputaciones contra dirigentes indígenas como medida preliminar para crear confianza, el Relator Especial reconoce con agrado que el 26 de junio de 2009, la jueza del 37 Juzgado Penal de Lima, devolvió a la Fiscalía la denuncia interpuesta contra el presidente de AIDESEP, Alberto Pizango, y otros cuatro dirigentes de AIDESEP por no precisar el aporte delictivo de cada uno de los denunciados. Sin embargo, le preocupa que de conformidad con información recibida, el 23 de junio agentes de la policía habrían ingresado a la sede de ORPIAN, una organización regional indígena que forma parte de la AIDESEP, buscando a dirigentes de dicha organización y deteniendo a una persona. Además, el Relator Especial nota con preocupación que, al parecer, continúan haciéndose imputaciones penales contra dirigentes indígenas por supuestos delitos vinculados a su participación en los actos de protesta de los pueblos indígenas, tal como lo evidencian las ordenes de detención contra varios dirigentes indígenas en la semana del 6 de julio. Estas órdenes claramente ponen en peligro el proceso de diálogo iniciado en torno al acuerdo de 22 de junio de 2009 mencionado anteriormente.
38. El Relator reitera su recomendación de revisar las imputaciones penales contra personas y dirigentes indígenas, e insta al Estado a justificar cuidadosamente imputaciones futuras, en vista de las circunstancias especiales en las que surgen los delitos alegados y la necesidad de crear las condiciones adecuadas para el diálogo.
39. Al respecto, el Relator Especial quisiera enfatizar que si bien reconoce la necesidad de que se preserve el orden público y que se investigue y sancione a los responsables de delitos y/o violaciones de derechos humanos, el recurso o utilización de la vía penal no debería ser la vía ordinaria para abordar la conflictividad y protesta social, sino que debería ser el último recurso aplicable (ultima ratio) y debería estar estrictamente limitado al principio de necesidad social imperiosa en una sociedad democrática24. Al mismo tiempo, el Relator Especial reitera que las personas y pueblos indígenas deben siempre asegurar que sus reclamos y manifestaciones siempre sean de forma pacífica, respetando los derechos humanos de otros.
40. Estas consideraciones podrían tener especial importancia en situaciones que involucran las protestas de los pueblos indígenas, debido a que los canales tradicionales de denuncia, a través de los procesos democráticos representativos, no siempre responden adecuadamente las preocupaciones de los pueblos indígenas y a su frecuente marginalización del ámbito político mayoritario y estatal.
41. El Relator Especial observa, en general, que la falta de un mecanismo para reivindicar los derechos legítimos de los pueblos indígenas a ser consultados o a proteger sus derechos de tierras y territorios, podría contribuir a que los pueblos indígenas se sientan sin opciones adecuadas para la defensa de sus derechos y, por ende, opten por la protesta social, que en algunos casos, podría resultar en la comisión de actos contrarios a la ley. Asimismo, observa que uno de los efectos colaterales de la criminalización de la protesta, en casos no justificados, es la creación de una dinámica que podría generar una falta de confianza entre los pueblos indígenas y las autoridades estatales, con efectos negativos sobre la convivencia y legitimidad democrática.
VI. Observaciones
42. El Relator Especial destaca la importancia que el proceso de solución de esta situación se realice dentro del marco del pleno respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales, de manera que contribuya al fortalecimiento del Estado de Derecho y la democracia en el Perú. El Relator Especial reconoce los objetivos legítimos del Estado de promover un desarrollo sostenible que beneficia a la sociedad en general, y destaca la necesidad de armonizar estos objetivos con el pleno respeto a los derechos de los pueblos indígenas de acuerdo a los compromisos adquiridos por el Estado en el ámbito del derecho internacional, y de conformidad con su marco constitucional. Además de haber ratificado el Convenio Nº 169 del la OIT, el Perú desempeñó un papel preponderante en el desarrollo y aprobación por la Asamblea General de las Naciones Unidas de la Declaración de los derechos de los pueblos indígenas.
43. En cooperación con los pueblos indígenas del país, el Perú se halla ante una excelente oportunidad para establecer una buena práctica de alcance internacional al traducir la voluntad manifiesta de cumplir con sus compromisos internacionales en la aplicación interna de los criterios y principios establecidos en instrumentos
internacionales, más específicamente, en relación con la consulta previa e informada de los pueblos indígenas a través de sus instituciones representativas, sobre cualquier medida que dichos pueblos consideren pueda afectar sus derechos.
44. Por su parte, los pueblos indígenas del Perú tienen la oportunidad de demostrar su disponibilidad para promover un dialogo de buena fe destinado a facilitar la convivencia con otros sectores del país y la conclusión de arreglos que favorezcan la búsqueda del bienestar común.
45. Además, el Relator Especial nota que se requiere un claro compromiso estratégico, que incluya mecanismos permanentes de diálogo y resolución de conflictos, en los que se incluyan, entre otros, mecanismos relativos a los derechos territoriales y a otras reivindicaciones pendientes, para así prevenir actos de violencia y evitar que se repitan los lamentables sucesos acaecidos en Bagua.
46. El Relator Especial ofrece estas observaciones y recomendaciones con la esperanza que puedan servir para promover el acercamiento entre las partes, el entendimiento mutuo y una solución a esta situación. Además afirma su disponibilidad de continuar colaborando con todas las partes, dentro del marco de su mandato de promover el pleno respeto y la protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas.
47. El Relator Especial reitera su disponibilidad e interés en realizar una visita posterior al país, con el fin de dar seguimiento a lo observado y también de examinar la situación general de los derechos humanos y libertades fundamentales de los pueblos indígenas del país, dentro del ámbito del mandato atribuido por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
48. Finalmente, el Relator Especial solicita respetuosamente que el presente informe se difunda ampliamente entre los funcionarios relevantes del Gobierno del Perú, así como entre los pueblos indígenas del país y el público en general.
--------------------------------------
PRONUNCIAMIENTO A LA OPINION PÚBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL. (Aidesep-AYI)La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana – AIDESEP expresa a la opinión pública nacional e internacional lo siguiente:
1.En una maniobra más de este gobierno por intentar resquebrajar la unidad de los pueblos, creó una falsa junta directiva de la AIDESEP encabezada por el señor Alexander Teets Wishu, ex dirigente, repudiado por su federación y expulsado por la organización regional por los malos manejos ejecutados durante su gestión y que hoy –haciéndole el juego al gobierno- se presta para este tipo de artimañas.
2. Reafirmamos que existe un solo Consejo Directivo Nacional de la AIDESEP, liderado por Alberto Pizango Chota como presidente; Daysi Zapata Fasabi como vicepresidenta; Saúl Puerta Peña como Secretario, Henderson Rengifo, tesorero y Walter Kategari como Vocal; inscritos legítimamente en Registros Públicos y con el reconocimiento de las 1350 comunidades, 65 federaciones y 8 organizaciones regionales.
3. Finalmente, el área legal de la organización está redactando la denuncia correspondiente contra estas personas que integran la falsa junta directiva por usurpar el nombre de la organización y exhortamos a los pueblos a no dejarse sorprender por este tipo de artimañas que esconde las verdaderas intenciones del gobierno. Lima, 17 de julio de 2009.CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL
-----------------------------------
Perú: Zapata lamenta que Ejecutivo diálogue con “falsos dirigentes” (22jul09-Servindi,AYI) La vice presidenta de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), Daysi Zapata, lamentó que los miembros del Ejecutivo, encargados de participar en la mesa de diálogo con los líderes amazónicos, se sentaran a dialogar con la “falsa nueva directiva”.
Los representantes de AIDESEP acudieron a la mesa de diálogo con el Ejecutivo, sin embargo los ministros del Ambiente, Antonio Brack, y Agricultura, Adolfo de Córdova, se retiraron de la mesa.
Zapata calificó este desaire como una “burla, una total falta de respeto a los apus que quieren diálogo”.
“Cómo es posible que se haya hecho presente el ministro Antonio Brack sólo para que nos diga que la mesa de diálogo se reinicia y luego se vaya a reunir con los dirigentes `topos`. Si sigue la farsa, el diálogo se va a quebrar y será por culpa del gobierno”, remarcó la dirigente amazónica.
En ese sentido, la mesa de trabajo convocada para la creación de una comisión investigadora de los trágicos sucesos de Bagua del 5 de junio duró apenas unos minutos.
En ella, los representantes de AIDESEP manifestaron su rechazo debido a que no pudieron plantear a los representantes del gobierno que cese la persecución política y se les reconozca como auténticos dirigentes de la organización nacional.
Zapata recordó que el supuesto nuevo presidente de AIDESEP, Alecxander Teets “no representa a nadie “.
Los dirigentes de las ocho regiones indígenas del país se preparan para arribar a la capital a fin de solucionar la confusión surgida. Ellos son los únicos facultados para convocar un congreso extraordinario para elegir nuevos representantes, tal como lo estipula el Estatuto.
---------------------------------
COLOMBIA: Movilización contra militarización de territorios indígenas. (Cauca, Colombia, 23 de julio de 2009, Servindi-AYI) La Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN) convocó a una movilización nacional para exigir la armonización del territorio de los pueblos indígenas Nasa, quienes son presuntamente víctimas de constantes abusos por parte de fuerzas militares.
“Las comunidades Indígenas del Norte del Cauca y sus autoridades locales y zonales, desde tiempos inmemoriales venimos haciendo diferentes actos de resistencia con el fin de que el Pueblo Nasa pueda vivir con dignidad, en armonía y en equilibrio en el territorio”, manifestó la ACIN en un comunicado.
La marcha fue pactada para los días 23 y 24 de julio en respuesta a la “la sistemática violación a los derechos humanos contra las autoridades tradicionales, comuneros y líderes indígenas de las regiones El Naya, Santander de Quilichao y Toribío, entre otros municipios”.
Además, el documento lamentó la militarización creciente de los territorios por parte de actores armados “y las leyes del despojo que atentan y trasgreden el territorio, y los planes de vida”
Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca-ACIN-Telefax: 0928 - 290958 - 293999- Email: acincauca@yahoo.es
web: nasaacin.org
Dirección: Calle 3 No. 7A-20-Santander de Quilichao Cauca -Colombia
----------------------------------------
Señores de la guerra golpean nuevamente población civil en Corinto. (Acin-AYI) Ante esta grave situación de violación al derecho a la vida y a los derechos humanos, que se ha vuelto constante en el norte del Cauca y específicamente en el municipio de Corinto, las comunidades indígenas aseguran que no van a dejar sus territorios, que van a seguir fortaleciendo su Plan de Vida y que van a seguir resistiendo y buscando alternativas al proyecto de muerte. Insisten además en decir que rechazan la violencia y las balas vengan de donde vengan.
Combates entre las FARC y la Policía Nacional en el casco urbano del municipio y resguardo indígena de Corinto Cauca, ocurridos el domingo en horas de la mañana, dejan como saldo 2 civiles muertos y más de 20 heridos.
Iban a ser las 10:30 de la mañana del día domingo, la población corinteña se encontraba en pleno mercado en la Plaza Principal, cuando inició el combate entre la guerrilla de las FARC y los agentes de Policía en pleno casco urbano. Habían transcurrido por lo menos 20 minutos del combate, cuando llegó el apoyo de la fuerza pública aérea y terrestre, desplegando así a la guerrilla hacia la parte alta del municipio.
Este combate entre los señores de la guerra que busca desplazar a indígenas y campesinos de su territorio, dejó sin vida al indígena Nasa, Reinaldo Casso, de 40 años de edad, comunero de la vereda Los Andes y a Oscar Fernando Campo, de 17 años de edad, habitante del barrio Veinte de Agosto. Reinaldo acababa de hacer su mercado y se dirigía a su hogar cuando empezó el combate, mientras caminaba por la calle central en la salida hacia Santander de Quilichao, fue alcanzado por las balas perdidas que le segaron la vida. El joven Oscar transitaba por la calle y de igual manera fue impactado por una bala perdida que le causó la muerte.
También resultaron heridos los agentes de Policía: Alex Fernando Rey y Jorge Saa, y al parecer un guerrillero de las FARC fue dado de baja.
Como es costumbre, las consecuencias de la guerra la pagan los civiles, quienes no tienen nada que ver con el conflicto y lo único que buscan es que los dejen vivir en paz en su territorio. Así como perdieron la vida Reinaldo Casso y Oscar Fernando Campo, resultaron 19 heridos (censados en el Cabildo de Corinto) más por impactos de bala, por esquirlas, por accidente de tránsito y por shock nervioso: Diego Chicha, José Numar Quitumbo, Jhon Andrés Quilcue, Roger James Cruz, Laura Sofía Salgado, Fernando Cardona, Carlos Alberto Mosquera, Janeth Arias, Vilma Lorena Monte, Carlos Andrés Belálcazar, Fidel Duzán, Dafna Duzán, Eliana Narváez, Alex Sánchez, Sara Daniela Tálaga, Benigno Alberto Mosquera, Laura Viviana Bermúdez, Wilson Taquinás y Jhon Anderson Quilcue.
Los heridos se encuentran hospitalizados en la Clínica Valle del Líli y en el Hospital San Juan de Dios en Cali, también hay varios en el Hospital Local Harold Eder Nivel II y algunos se recuperan en sus casas.
Ante esta grave situación de violación al derecho a la vida y a los derechos humanos, que se ha vuelto constante en el norte del Cauca y específicamente en el municipio de Corinto, las comunidades indígenas aseguran que no van a dejar sus territorios, que van a seguir fortaleciendo su Plan de Vida y que van a seguir resistiendo y buscando alternativas al proyecto de muerte. Insisten además, en decir que rechazan la violencia y las balas vengan de donde vengan.
Denuncian a la Policía Nacional porque durante el combate, un agente ingresó al garaje del Cabildo Indígena de Corinto, aparentemente protegiéndose de los disparos de la guerrilla, pero además disparando ráfagas desde allí. De igual forma, que algunos agentes de policía se tomaron el Hospital Harold Eder, con la excusa de hacer control, colocando así en alto riesgo a la población civil que ya era víctima de la ignominia del combate. Asimismo, rechazan las acciones violentas de la guerrilla de las FARC que sólo generan zozobra y son la excusa para que sigan matando inocentes e insistan en despojar a la población de su territorio.
De otro lado, es importante destacar el trabajo oportuno de la Guardia Indígena, que canceló el evento comunitario programado para recolectar recursos en López Adentro e intervino de inmediato para ayudar a la población civil. Entonces, fueron los guardias indígenas los que desalojaron al policía del garaje del Cabildo y además ayudaron a controlar a las personas, que desesperadas iban en busca de sus familiares. Cumpliendo así, con la labor humanitaria que les corresponde.
Asimismo, se contó con el apoyo de los hospitales vecinos como el de Miranda y el de Padilla, y otros organismos de salud como la Cruz Roja Colombiana (CRC) y la colaboración permanente de las promotoras de salud (AIC) del Cabildo Indígena de Corinto. Finalmente, la Administración Municipal declaró Toque de Queda en todos los establecimientos públicos del casco urbano, desde las 6:00 de la tarde de ayer, hasta las 6:00 de la mañana del 21 de julio de 2009.
Tejido de Comunicación y Relaciones Externas para la Verdad y la Vida- Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca - ACIN
Santander de Quilichao Cauca –Colombia
--------------------------------
Ecuador: Indígenas denuncian amenazas de empresas mineras de la Amazonía.(22jul09-Servindi- AYI)Un grupo de pobladores indígenas y representantes de movimientos sociales denunciaron haber recibido amenazas constantes por oponerse a la actividad minera en la zona.
Así lo sostuvieron durante el Encuentro del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL), realizado entre los días 3 y 5 de julio, en la ciudad de Quito, Ecuador.
Los participantes debatieron acerca de los impactos de las actividades mineras y los graves perjuicios ambientales y sociales que causan las empresas transnacionales instaladas en áreas amazónicas.
Además, fortalecieron la lucha contra las empresas mineras y garantizaron su solidaridad con los pueblos y las comunidades que sufren por los impactos de estas actividades.
Pedimos a las autoridades del gobierno boliviano que protejan los derechos y la seguridad de nuestros hermanos del Centro de Ecología y Pueblos Andinos (CEPA) de Bolivia y del OCMAL que son víctimas del castigo de sectores mineros movilizados para atacar”, afirmaron los asistentes en el documento final.
--------------------------
La CONFENIAE (Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana)como una organización regional de las Nacionalidades Indígenas de la Amazonia Ecuatoriana Inicia preparatoria para las acciones frente a la amenaza y arremetida del Régimen con sus Decretos y Leyes contrarias a los principios de la Plurinacionalidad, por lo que este afecta muy directamente a las Vidas de las 10 Nacionalidades, de su entorno natural, por ello denuncia y comunica a sus bases:
1. Comunicado a sus Bases
2. Declaración de Napo
Atentamente.
Departamento de Comunicación de la CONFENIAE
COMUNICADO Nº 1
Unión Base, Puyo 14 julio 2009.
ANTE LA POLITICA DE DOMINIO Y EXTERMINIO POR REGIMEN DE CORREA HACIA LAS NACIONALIDADES AMAZONICAS CONFENIAE COMUNICA A SUS BASES: Organizaciones y Federaciones de las Nacionalidades Achuar, Andoa, Cofán, Siona, Secoya, Kichwa, Shiwiar, Waorani, Shuar, Zápara y sus Comunidades, Comunas, Centros, Asociaciones, y a sus Autoridades Líderes, Kurakas, Barayos, Síndicos, Presidentes en toda la Región Amazónica de las Provincias Sucumbíos, Orellana, Napo, Pastaza, Morona Santiago y Zamora Chinchipe.
CONSIDERANDO
Que, El Gobierno de Rafael Correa ha claudicado, mancillado, minimizado, denigrado, a los principios organizativos políticos de las Nacionalidades y Pueblos Ancestrales del Ecuador, desconociendo los valores de la existencia de nuestros Derechos Consuetudinarios, Constitucionales reconocidos y garantizados en la Constitución de la República y de los Derechos Internacionales de cual el Ecuador es signatario como del Convenio 169 de la OIT, de la misma Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Que, El sistema político ideológico del régimen actual NO concuerda NI respeta principios de las Nacionalidades Ancestrales Amazónicos practicados desde los tiempos inmemoriales de nuestros Ancestros. Promoviendo según al llamado Desarrollo para el exterminio paulatino y simultáneo maquillado, configurado en obras sociales como Bono Solidario, Crédito 555, Socio Bosque, Aliméntate Ecuador, Bono Vivienda, Socio Siembra, salud, Becas y uniformes escolares.
Que A los líderes, cuando defendemos Nuestros Plenos Derechos Territoriales, el Gobierno nos llama Terroristas, Mediocres, Infantiles y nos amenaza directamente con las Fuerzas Armadas y Fuerzas Públicas con enjuiciarnos, intimidando y tratando de sembrar sumisión, humillación hacia los pueblos y Nacionalidades nunca antes practicados.
Que, Violando la Constitución y Dictando Decretos ha coartado a las Autonomías Institucionales de los Pueblos Indígenas creado a bases de luchas, e impulsa proyectos de Ley para expropiarnos y despojarnos de nuestros Territorios Ancestrales, entregando nuestros territorios a las compañías nacionales y transnacionales Petroleras, Mineras, Hidroeléctricas, con el uso del Acto Represivo de las Fuerzas Armadas para invasión de nuestra Madre Selva Amazónica y saquear toda la Biodiversidad sin considerar las consecuencias humanas a suceder.
Que, El Gobierno Nacional mediante Decreto 1780 del 12 de junio 2009 intenta someternos a las Leyes Autocráticas Dictatoriales, Estigmatizantes con interés de gobernar indefinidamente aplicando Estrategias de la época de la Conquista Española de los años 1500 entregando privilegios de nuestros Territorios a las Misiones Católicas: Capuchina-Vicariato Apostólico de Aguarico; Josefina¬-Vicariato Apostólico de Napo; Dominicana-Vicariato Apostólico de Puyo; Salesiana-¬Vicariato Apostólico de Méndez; Carmelita-Vicariato Apostólico de Sucumbíos; Franciscana de Zamora-Vicariato Apostólico de Zamora, para que suscriban Convenios y Contratos con el Ministerio de Agricultura Ganadería, Acuacultura y Pesca; Instituto Nacional de Desarrollo Agrario (INDA); y el Ministerio del Ambiente con todo el apoyo económico del Gobierno que es desarrollar un proceso de orientación de Modus Vivendi de sumisión estratégica y sometimiento a las leyes religiosas así como del gobierno con el pleno acompañamiento de las Fuerzas Armadas.
COMUNICA
1. No permitir el ingreso de las personas desconocidas sin autorización de los Presidentes de sus Federaciones, Organizaciones o Nacionalidades legítimamente reconocidos, quienes engañan a nuestra gente ingenua para recabar información sobre las necesidades básicas o números poblacionales que son contratados y enviados consultores por parte de la SENPLADES que planifican para aplicar políticas, Decretos, Leyes en contra de las Nacionalidades y Pueblos de la Amazonía.
2. Organizar, controlar, ejercer autoridad como gobierno los líderes de las bases con acciones de defensa de nuestros Territorios, como único Bien Natural que nos permite el Buen Vivir - Sumak Kawsay - Shiir Pujustin, del presente y generación venidera como esencia de la Vida dentro del convivir diario en el espacio territorial en relación hombre - naturaleza.
3. Con una firme decisión desde nuestros Territorios de los Centros, Comunas, Comunidades, Asociaciones, Federaciones, Nacionalidades no permitir el ingreso ni la creación de las estructuras de las Misiones Católicas: Capuchina-Vicariato Apostólico de Aguarico; Josefina¬-Vicariato Apostólico de Napo; Dominicana-Vicariato Apostólico de Puyo; Salesiana-¬Vicariato Apostólico de Méndez; Carmelita-Vicariato Apostólico de Sucumbíos; Franciscana de Zamora-Vicariato Apostólico de Zamora.
4. En todos los Territorios de las Nacionalidades No acatar y declararse en desobediencia a las Políticas Religiosas sobre el sistema de Modus Vivendi suscrito entre Ecuador y la Santa Sede y el Convenio Adicional firmado el 24 de julio de 1937, que el Gobierno de Rafael Correa quiere imponer a través de su Decreto 1780 del 12 junio del 2009, publicado en Registro Oficial Nº 620.
5. El Consejo de Gobierno de la CONFENIAE y las Nacionalidades estamos en un proceso de construcción e implementación de los Gobiernos Territoriales Autónomos en los Territorios de las Nacionalidades Amazónicas, con la creación de las Circunscripciones Territoriales Indígenas garantizados en la Constitución, que tendrán todas las competencias y su debido presupuesto conforme al ejercicio del Derecho de un Estado Plurinacional e Intercultural.
6. Denunciar y Exigir ante máximas y únicas autoridades Kurakas, Barayos, Síndicos, Awene - Ne Anani, Presidentes de los Centros, Comunas, Comunidades, Asociaciones, Federaciones, Nacionalidades y a la Confederación CONFENIAE, CONAIE, COICA cualquier forma de imposición o uso de la fuerza en contra de los integrantes de bases pobladores que suscitare o atentare por sujetos desconocidos.
7. Todo acto que esté violando, los Derechos propios de las Nacionalidades, elevaremos denuncia inmediata ante Organismos nacionales e internacionales de los Derechos Humanos y Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas, OEA, Parlamento Andino, Relator Especial de la ONU, Amnistía Internacional, Survival International, Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y la OIT, por que nos Asiste el Derecho de la Autodeterminación de las Nacionalidades y Pueblos.
Tito Puanchir.PRESIDENTE “CONFENIAE”
Ii Nunkenka Sumaneatsui, Turutskesha Suruneatsui
Ñukanchik Sumak Kawsay Allpata Manarandichiwa Kan
Nuestro Territorio No Se Compra Ni Se Vende
------------------------------
Primer canal de televisión indígena en Ecuador. (CAOI-AYI)El viernes 17 de julio, en el cantón Latacunga de la provincia de Cotopaxi, Ecuador se inauguró el primer canal de televisión de señal la abierta. TV MICC Canal 47, que pertenece al Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi.
En la inauguración participaron Andrés Andrago del CODENPE (Consejo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador), que apoyó financieramente el proyecto; y el Prefecto César Umajinga Guamán del Gobierno Provincial de Cotopaxi, que entregó un edificio de dos plantas con varios ambientes en calidad de donación para el funcionamiento del canal; así como dirigentes de las organizaciones nacionales indígenas.
Dirigido por indígenas, este canal ayudará a consolidar el Estado Plurinacional y en él todos tendrán voz: los de corbata, los de poncho, los de ciudad, los de campo. Tras 516 años de intento por invisibilizarnos, tendremos voz propia, fortaleceremos la minga de los pueblos indígenas y escribiremos la historia de nuestros pueblos con nuestra voz y nuestras propias manos.
Por lo pronto tiene un alcance de tres provincias: Cotopaxi, Tugurahua y Chimborzo; en la inauguración se anunció en que se pondrá dos antenas repetidoras para que alcance a la costa y otras provincias.
---------------------------------
Parroquia San Lucas de Ecuador ya tiene sus autoridades indígenas para administrar justicia. (Ecuarunari-AYI) San Lucas (Loja), 21 de julio.- El pasado 17 de julio, en la parroquia de San Lucas de la Provincia de Loja, con una gran concentración fueron posesionadas las autoridades indígenas, quienes administrarán la justicia en sus propias comunidades.
Lo hicieron en ejercicio de sus derechos emanados en la nueva Constitución (artículo 171) y en los tratados internacionales como el Convenio 169 de la OIT. De cada comunidad perteneciente a San Lucas, fueron seleccionados dos representantes, quienes serán autoridades de justicia en su jurisdicción.
El acto comenzó un acto ritual de purificación de los bastones de mando y de cada uno de los representantes de las comunidades. Luego de recibir su bastón de mando, fueron posesionados por las autoridades ordinarias y por sus propias autoridades de la organización local.
“Es un momento oportuno para felicitar y apoyar la iniciativa de las comunidades, autoridades y la organización de San Lucas, que da iniciativas para el emprendimiento y apoderamiento de sus derechos que se enmarcan en la Constitución dentro de los Derechos Colectivos, de la Administración de Justicia, del Convenio 169, de la Declaración sobre Derechos de los Pueblos Indígenasde la ONU. De esta forma retoman sus valores de Administración de Justicia, que serán ejecutadas en sus propias comunidades de acuerdo a sus costumbres y tradiciones. En tal virtud, la ECUARUNARI, apoya y felicita las nuevas experiencias que servirán para ir implementando en el resto de los pueblos”, dijo Silverio Cocha, vicepresidente de ECUARUNARI.
La estructura organizativa local está conformada por un Consejo de Administración de Justicia, donde participa cada uno de los representantes en calidad de autoridades. Como coordinador de esta instancia actúa Luis Alfredo Tene Guaillas de San Lucas
A este acto importante para San Lucas y sus comunidades, asistieron líderes, lideresas, dirigentes, autoridades indígenas de las diferentes comunidades, autoridades provinciales, el presidente de CORPUQUIS, Julio Gualán y el vicepresidente de ECUARUNARI, Silverio Cocha. Asimismo, la autoridad de la Justicia ordinaria el Dr. Wilson Espinosa, Director Provincial de Loja y Zamora Chinchipe de la Procuraduría General del Estado. Comunicación ECUARUNARI
----------------------------------------
CHILE: Fuerte represión y violación a los Derechos Humanos.(Temucuicui, Chile, 23 de julio de 2009, Alianza Territorial Wenteche-Pewenche-AYI) La policía militar chilena en estos momentos está reprimiendo fuertemente a hombres y mujeres de la comunidad de Temucuicui en dependencias de los predios en recuperación. El vocero de la comunidad esta preso y continúan los enfrentamientos en las inmediaciones de la comunidad.
“Hacemos un llamado a los medios de comunicación a informar de la represión y a hacerse presente en el lugar para dar una versión acorde a la gravedad de la situación, demasiado grave para estándares internacionales mínimos en materias de violaciones a derechos humanos de las personas y de los pueblos indígenas y los pobres del mundo.
También, las comunidades movilizadas hacen un llamado nacional e internacional para repudiar al gobierno de la señora Bachelett, por estar graves violaciones a los derechos humanos que en estos momentos se desarrolla -a través de la policía- en la comunidad Temucuicui, en Chile”, expresa el comunicado difundido.
-------------------------------------------
SOLIDARIDAD CON LA NACIÒN MAPUCHE. (AW-AYI)El Movimiento Guevarista Tierra y Libertad, de Ecuador, emitió el siguiente comunicado a raíz de la detención de Héctor Llaitul, tras un violento operativo. Héctor ya había sido detenido en otras oportunidades y había ganado su libertad luego de que no pudieran comprobarle ningún delito, pese a los montajes policiales y judiciales.
Comunicado.
El jueves 16 de julio al atardecer, en un violento operativo en la casa de la anciana madre del compañero Héctor Llaitul, este fue apresado por el Estado burgués chileno, tras una feroz persecución que duro un largo tiempo logran su objetivo de capturar a este dirigente histórico del pueblo mapuche, quien obtuvo su libertad luego de que el gobierno de ese país no logrará encarcelarle pese a las maniobras judiciales y los montajes policiales, pues se demostró la inocencia del compañero por los cargos imputados. El Estado represor de la burguesía, no podía perdonar esta libertad al pueblo mapuche, al compañero Héctor, por lo cual persistentemente han montado gigantescos operativos en sus territorios, deteniendo a decenas de miembros de las comunidades que resisten a la presencia de las grandes transnacionales forestales y mineras.
Con esta acción represiva se pretende detener la lucha por la autodeterminación y la recuperación de los territorios de la nación mapuche, con esto se muestra el verdadero carácter del Estado chileno servil del imperialismo y el sistema neoliberal quien a sangre y fuego viene reprimiendo a este heroico pueblo originario, a los trabajadores y estudiantes chilenos que más de una vez han desarrollado importantes acciones por conquistar derechos y alcanzar su libertad e independencia y construir la Patria Grande Latinoamericana..
Pese a la militarización y permanentes incursiones de la soldadesca servil, las comunidades en resistencia han continuado con su combate y al contrario de lo que esperaba los capitostes del capitalismo, esas acciones han elevado su calidad, la recuperación de territorios avanza y la propuesta de autonomía de la nación mapuche cobra fuerza y gana unidad en Chile.
Si bien constituye una muestra de la represión que se vive en Chile, seguros estamos que la lucha no se detendrá y el proyecto político del pueblo mapuche recobrará vitalidad y fortalecerá el combate. Seguros estamos que desde está nueva trinchera de lucha que ocupa el compañero Héctor, dará continuidad al pensamiento y acción del pueblo del cual forma parte y seguros estamos también que otra vez Estado burgués chileno será derrotado.
Llamamos a todas las organizaciones bolivarianas, revolucionarias a levantar la solidaridad con estos combates, a exigir la libertad de Héctor Llaitul y todos los presos políticos, levantemos la denuncia de la militarización y violenta represión que se adelanta contra las comunidades mapuches en resistencia.
Marrichiweu-Movimiento Guevarista Tierra y Libertad / Ecuador
----------------------------------------
Preguntas que debe responder Chile ante el Comité Para la Eliminación de la Discriminación Racial. (Políticas públicas-AYI) El Comité Para la Eliminación de la Discriminación Racial ha planteado recientemente a Chile un conjunto de preguntas especificas que la delegación chilena deberá responder en la sesión de examen de las obligaciones del Estado, el 13 y 14 de Agosto de 2009.
El Comité ha integrado en su examen a Chile a la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Entre otras materias el Comité requiere lo siguiente:
"Sírvanse indicar si se ha llevado a cabo un proceso de consulta efectiva con los pueblos indígenas con relación a la reforma constitucional en materia de derechos de los pueblos indígenas, de tal manera que la misma sea plenamente conforme con las normas internacionales aplicables, incluido el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas."
El CEDR , después de 10 años de retrasos del Gobierno de Chile, y recepcionar sendas denuncias de racismo de que serían objeto comunidades indígenas, notificó a Chile en 2008 que examinaria el cumplimiento de la Convención.
Chile presentó su informe consolidado del periodo 1999-2008.
Los pueblos indígenas también presentarán sus propios informes, y se harán presentes en la sesión de examen a Chile.
--------
Preguntas que deben responder Chile, Perú y Colombia ante el Comité Para la Eliminación de la Discriminación Racial. Agosto 2009
Tres estados latinoamericanos – Chile, Perú y Colombia - serán examinados por el Comité Para la Eliminación Racial de Naciones Unidas . (CEDR) en su 75° periodo de sesiones a realizarse en Ginebra, Suiza, entre el 3 al 28 de agosto de 2009.
Una jornada que se prevé histórica, por los estados examinados -paradigmáticos de viejas y nuevas formas de discriminación- , y por los desafíos de la era post Declaración Sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas .
Entre otros temas, el Comité examinará el cumplimiento del deber de consultar a los pueblos indígenas, los derechos sobre recursos y territorios, la política penal, la situación de los niños y niñas indígenas, afros y migrantes. Desde los censos de población hasta la participación política.
Las listas de preguntas del CEDR incluyen asuntos candentes tales como los sucesos de Bagua y la política del “perro del hortelano” en Perú; los asesinatos de líderes indígenas y los conflictos mineros en Colombia, o la irregular " consulta" de una “reforma constitucional” en Chile.
Documentación completa en el siguiente link:
http://www.politicaspublicas.net
----------------------------
Pueblos Indígenas en Brasil: El desafío de la autonomía. (Ricardo Verdum-IRCAMERICAS, ARGENPRESS-AYI) Los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación. En virtud de ese derecho, determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural (Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Art. 3).
Los pueblos indígenas tienen el derecho a conservar y fortalecer sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, manteniendo al mismo tiempo su derecho de participar plenamente, se así lo desearan, en la vida política, económica, social y cultural del Estado (Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Art. 5).
La población indígena en Brasil es estimada, por la Fundación Nacional de Salud (Funasa), en cerca de 470 mil personas, o equivalente a poco más del 0.2% de la población total del país. Cerca de 60% de esta población vive hoy en la región designada como Amazonia Legal. Ya el censo demográfico de 2000, realizado por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) identificó 734.127 auto-identificándose como "indígena", elevando ese porcentaje para 0.4% de la población del país. Esa población representa una diversidad lingüística que excede el número de 180 lenguas, clasificadas en 35 familias lingüísticas. Se estima existen en Brasil un total de 220 pueblos indígenas, varios de ellos sometidos a jurisdicción de más de un Estado-nación, como es el caso de los Guaraníes (Argentina, Bolivia, Brasil y Paraguay), Yanomami (Brasil y Venezuela), Tukano (Brasil e Colombia) y Tikuna (Brasil, Colombia y Perú). Los indígenas están presentes en todos los estados de la Federación y sus territorios ("tierras indígenas", en lenguaje jurídico del estado brasileño) suman aproximadamente 110,6 millones de hectáreas—el equivalente a aproximadamente 13% del territorio nacional y el 21% de la Amazonia brasileña.
A pesar de haber pasado más de veinte años desde que fue aprobada la actual Constitución de la República Federativa de Brasil (1988), que incluyó un capítulo específico relativo a los derechos de los pueblos indígenas (Capítulo VIII—De los Indios), lo que se percibe hoy es ninguno de los gobiernos que siguieron, a lo largo de esos años, implementó cambios significativos en las prácticas y estructuras político-administrativas del aparato de Estado, en particular en la dirección de transformación del Estado brasileño en un Estado Plurinacional. El respeto al derecho interno de autonomía política de esos pueblos y a la restructuración territorial del Estado no lo integra aún ni la agenda de los partidos políticos "progresistas".
Es cierto que hubo algunos esfuerzos en ese sentido, por ejemplo, cuando la concepción e implementación de los distritos sanitarios indígenas especiales (DSEIs). Algunos agentes sociales, indígenas y no indígenas, vieron ahí la posibilidad de los DSEIs de ser embriones de estructuras políticas más amplias, para el ejercicio del derecho a la autonomía o al autogobierno indígenas en las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales, y para la gestión de sus territorios y recursos naturales. Pero a ese esfuerzo siguieron movimientos contrarios, que por diferentes perspectivas políticas e intereses económicos, descalificaron o, hasta, criminalizaron iniciativas que pudiesen caminar en ese sentido. Cuando mucho, fue aceptado un multiculturalismo "bien comportado", que se ocupa de la diversidad en cuando a la diferencia cultural, dentro de un determinado espacio (local, regional, nacional o internacional), al mismo tiempo en que repudia o deja del lado diferencias económicas y sociopolíticas. En la práctica, eso se manifiesta en políticas que se "abren" a La diversidad cultural, manifiestan un relativismo cultural, AL mismo tiempo en que se refuerzan los mecanismos de control y dominio de poder nacional y los intereses Del capitalismo global.
Los pueblos indígenas y la Constitución de 1988.
Igual como lo ocurrido en otros países en América Latina, donde movimientos indígenas se movilizaron y presionaron a las estructuras de poder de los estados, vislumbrando conquistar voz y poder de voto en la Asamblea Constituyente y en los parlamentos nacionales, como, por ejemplo, en Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela3, en Brasil, a mediados de los años 1980, por ocasión del proceso político que resultó en el actual texto de la Constitución Federal de 1988, también hubo esfuerzos semejantes. En varios estados de la federación, vimos indígenas ingresando en partidos políticos, donde enfrentaron disputas internas por espacio político y financiamiento de campaña y, por lo menos, una decena participó en 1986 en la disputo electoral para "diputado constituyente". La Unión de las Naciones Indígenas (UNI), constituida al inicio de esa década, fue un polo de articulación de "liderazgos indígenas" y de organizaciones de apoyo (Inesc, Cedi, CPI-SP, ABA, etc.) y la principal responsable por la campaña Pueblos Indígenas en la Constituyente. EL Consejo Indigenista Misionario (Cimi) tuvo, igualmente, papel de destaque en el proceso, apoyando acciones del movimiento indígena en el Congreso Nacional y en los estados.
Aunque no haya sido posible elegir, al menos, un representante indígena para el Congreso Nacional, ni conquistado cuota específica de representación de las "naciones" o "pueblos" indígenas en esa casa legislativa, esa movilización dio, sin embargo, visibilidad a las "cuestiones indígenas", extrapolando las fronteras de los actores sociales que forman el llamado campo indigenista brasileño. También posibilitó el apoyo de parlamentarios de diferentes matices a la inclusión de un capítulo específico en la actual Constitución Federal, titulado De los Indios, con dos artículos clave para el futuro de las campañas de defensa y promoción de los derechos indígenas en el país. Por otro lado, queda evidente que no se consiguió ir mucho más además de la definición de derechos específicos, que no implican en cambios políticos sustantivos en el proyecto republicano de Estado monocultural.
En relación a la Constitución de 1969, el texto constitucional de 1988 fue sin sombra de duda un avance, incorporando otras dimensiones de derecho a los pueblos indígenas, entonces denominados "silvícolas" 5. Nunca está de más recordar que, en uno de los artículos, el número 231, el texto constitucional reconoce a los pueblos indígenas "su organización social, costumbres, lenguas, creencias y tradiciones, y los derechos originarios sobre las tierras que tradicionalmente ocupan". En el artículo siguiente, el 232, también reconoce a los indígenas (sus comunidades y organizaciones) el derecho de ingresar en juicio de defensa de sus derechos e intereses, pudiendo contar para eso con el apoyo del Ministerio Público en todos los actos del proceso.
Eso, en nuestro entendimiento, significa el reconocimiento de la condición multicultural y pluriétnica de la sociedad brasileña. Pero como eso se transforma en prácticas y reformula las estructuras políticas del estado brasileño es algo para lo cual el texto de la nueva Constitución no tiene respuestas para dar. La participación y representación política de los pueblos indígenas en las instancias de poder legislativo del Estado, el reconocimiento de sus territorios como unidades regionales autónomas, donde el pueblo que ahí vive pueda ejercer sus formas propias de gobierno y justicia y no como meras tierras demarcadas como parcelas o unidades productivas, son dimensiones ausentes del texto constitucional. Entonces porque, pasados más de veinte años desde su aprobación, no sonará extraño constatas que no fueron realizados cambios sustantivos en las estructuras y en las prácticas político-administrativas del Estado brasileño.
Como otras Constituciones latinoamericanas, fueron incorporados la diversidad étnica y los derechos específicos en el nuevo texto constitucional, sin tocar las estructuras políticas de poder y dominación. También quedó fuera, invisibilizada en las políticas públicas especificas, la parcela de la población indígena que vive hoy en centros urbanos.
Si partimos del presupuesto de que en efecto la ciudadanía indígena en los términos propuestos por la Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 1989) y por la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007) significa el reconocimiento jurídico y efectico de los derechos políticos y sociales de los pueblos indígenas, que incluyó (a) autonomía de decisión; (b) autogobierno y control sobre los territorios y los recursos naturales en ellos existentes; (c) derecho a representación política en las instancias de poder legislativo del estado; y (d) protagonismo en la formulación y control sobre las llamadas políticas públicas de los Estados en que están insertos por fuerza del proceso de colonización iniciado en la región al final del siglo XV, en Brasil aún no encontramos distantes de que ello sea efectuado. No obstante las tentativas de ablandar la naturaleza integracionista de la legislación e de la relación establecida con los pueblos indígenas, aún está muy presente y activa el viejo vicio tutelar del Estado colonialista brasileño.
Pos-1988.
Los cambios morfológicos y gerenciales desencadenados en Brasil en los primeros años de la década de 1990—se implicaron en un mayor acceso de los individuos a los "servicios" prestados por el Estado en os distintos "sectores" o "políticas" gubernamentales (salud, educación escolar, asistencia social, apoyo técnico y financiero y producción, etc.)—muy poco contribuyeron para que superásemos la matriz colonialista en relación con los pueblos indígenas. Antes, crece la sospecha de que, lo que ven procesándose, son sólo transformaciones en tecnología en las técnicas de dominación y de domesticación de la insatisfacción indígena, que de manera alguna pretende atacar las asimetrías y promover relaciones equitativas.
Por eso, varios autores advierten que atrás de las nuevas políticas latinoamericanas de reconocimiento e inclusión, juega una nueva lógica cultural del capitalismo global, una lógica que intenta controlar y armonizar la oposición con la pretensión de eventualmente integrar a los pueblos indígenas y negros dentro del mercado (Catherine Walsh, 2002: 25).
En relación a los territorios indígenas, aún cuando reconocidos formalmente por el Estado brasileño, persiste la idea de que son reservas de recursos naturales y serán incorporados al circuito económico de mercado cuando sea necesario7. En última instancia, las demandas indígenas por control territorial y participación política son vistas sobra la óptica de "seguridad nacional". Ejemplo de eso son las 19 "salvaguardas", establecidas por el Supremo Tribunal Federal (STF) al caso de Tierra Indígena Raposa/ Sierra del Sol (RSS), que implican en una serie de limitaciones a la autodeterminación de los pueblos indígenas que allí viven y a las futuras demarcaciones de los territorios indígenas.
En Brasil, lo que hoy llamamos indigenismo nació de una práctica de conocimiento y de acción político-administrativa llamada de "tradición sertanista". Ella se constituyó como tal al inicio del siglo XX, como parte de la política republicana de integración nacional. En los años 1950, el indigenismo brasileño pasó a interactuar con oras tradiciones indigenistas sin acción en el continente americano, cuando el indigenismo es adoptado como ideología por agencias del Sistema de Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos.
Aunque distinto del mexicano, el indigenismo brasileño nación con la misma grave e insoluble contradicción interna: postula el relativismo cultural, al mismo tiempo en que ambiciona la meta de "incluir a los indios" en la sociedad nacional. Tenemos aquí, como en el caso mexicano analizado por Héctor Díaz Polanco (1991), un discurso ideológico relativista encubriendo una práctica integracionista. Se separan los "aspectos positivos" de las culturas indígenas de aquellos que deben desaparecer, o porque son "contrarios" al buen andar del proceso de "integración nacional" y del "progreso", o porque son "inútiles" a la necesaria adaptación individual y colectiva de los indígenas en la economía de mercado.
Al proceso constituyente de 1986-1988 siguió un periodo de efervescencia organizativa en el medio indígena, sea en la defensa de una indianidad genérica, sea de grupos indígenas específicos, como los Kayapó y los Turkano, por ejemplo. Contribuyó para eso el apoyo dado por la ayuda financiera y asesoría de la Iglesia Católica, de la cooperación internacional oficial (gubernamental y multilateral) y de organizaciones civiles (ONG), nacionales e internacionales. Hay casos de organizaciones criadas con la finalidad de recibir recursos financieros para desarrollar acciones de intereses de la comunidad que supuestamente representarían. Hay también organizaciones híbridas, con actuación en ambos de los frentes de acción.
El reconocimiento formal del derecho a la organización y a la representación propia de los indígenas, expreso en la Constitución de 1988, representó el impulso definitivo para el proceso de auto-organización de esos pueblos, el surgimiento y la multiplicación de organizaciones indígenas por el país afuera y su articulación en redes regionales, nacionales e inclusive transfronterizas. Un año después de promulgada la nueva Constitución brasileña, fue creada la Coordinación de las Organizaciones Indígenas de la Amazonia Brasileña (COIAB), que nació con enfoque regional e identidad indígena transcomunitaria. Con sede en Manaus (AM), congrega hoy más de una centena de organizaciones locales y subregionales.
En los años noventa también creció en Brasil, como en otros países en América Latina, la actuación de las llamadas agencias de cooperación internacional para el desarrollo—de países como Gran Bretaña y Alemania, o agencias multilaterales como el Banco Mundial (BM), o Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y las agencias del Sistema de Naciones Unidas (UNESCO, OIT, OMS, PNUD, etc.)—en la política indigenista oficial o directamente junto a las organizaciones indígenas. Hace recordar los años 1940 y 1950, cuando varias agencias internacionales, como la OIT, actuaban en la diseminación de ideas y en la organización de un sistema indigenista de cobertura continental. Como en aquel periodo, esas instituciones pasaron a actuar no solamente como agentes financieros y de asistencia técnica, sino también como agentes políticos, influyendo en la definición de las política sectoriales y como un "aliado" del movimiento indígena en sentido de flexibilización de los mecanismos de tutel y control gubernamental.
La hegemonía política, ideológica y administrativa de FUNAI sobre la gestión oficial de la población y de los territorios y recursos naturales indígenas se extendió hasta 1991, cuando algunas de sus funciones pasaron a ser gradualmente compartidas o también repasadas para otros órganos de administración pública federal. Por medio de los Decretos No. 23, 24, 25, 26, del 4 de febrero de 1991, durante la presidencia de Fernando Collor de Mello, fueron repasadas, respectivamente para los Ministerios de Salud, del Medio Ambiente, de Agricultura y de Educación, las acciones de "política de asistencia al indio", que estaban, hasta entonces, en la responsabilidad de ejecución del FUNAI, o conceder a terceros la corresponsabilidad por la implementación12.
En ese contexto, la promoción del llamado, etnodesarrollo fue concebida como capaz de "romper con el ciclo vicioso de dependencia de recursos para nuevos proyectos" y como estrategia de "desarrollo socio-económico-cultural de estas poblaciones siguiendo las especificidades propias". Es importante tener la claridad de que estamos tratando de expresiones-artefactos culturales y políticos que, en resultado de esa naturaleza, están sujetas a ser accionadas en la construcción de narrativas y proyectos de uso de los territorios indígenas y de los recursos naturales ahí existentes (ver ver Ribeiro 1992, 2005). Ese es el caso, por ejemplo, de la noción polémica y polisémica de etnodesarrollo, que a lo largo de los últimos veinte años veo adquiriendo una creciente importancia en la retórica indigenista latinoamericana (y en la brasileña también), caracterizando lo que Héctor Díaz Polanco (1991) y Víctor Bretón (2001) denominaron indigenismo etnofágico.
En ese mismo año, 1991, se dan el inicio en el ámbito del Poder Ejecutivo discusiones avistando promover una revisión del Estatuto del Indio (Ley 6001/73). Fue constituida entonces una comisión interministerial para ese fin, que paso a ser coordinada por la FUNAI en la gestión de Sydney Possuelo. Teniendo por referencia y motivación jurídica la Constitución Federal recién promulgada, y como estímulo político la realización en Brasil de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo (a RIO92), se lograron en ese año reuniones públicas, algunas abiertas a la participación de organizaciones no gubernamentales y especialistas—Consejo Indigenista Misionario, Asociación Brasileña de Antropología, Núcleo de Derechos Indígenas (NDI) y otras. En junio de 1991, organizaciones y liderazgos indígenas (entre ellas COIAB, UNI-AC y la Comisión Indígena Este-Noroeste), después de analizar la propuesta del Estatuto elaborada por una Comisión Interministerial del Gobierno Federal, presentaron sus propuestas para el nuevo Estatuto.
Por lo menos tres proyectos de ley fueron encaminados al Congreso Nacional, que formó una Comisión Especial para analizar las propuestas encaminadas a emitir un parecer. Además de la propuesta elaborada por la Comisión Interministerial (PL 2160), o NDO (PL 2057) e el CIMI (PL 2619) encaminaron sus respectivas propuestas de proyecto de ley. La coordinación de las Organizaciones Indígenas de la Amazonia Brasileña (COIAB) y otras organizaciones y liderazgos indígenas también presentados en abril de 1992, después de analizar las tres propuestas encaminadas al Poder Legislativo, un conjunto de propuestas para ser analizadas por la Comisión Especial.
Demoró casi tres años para la Comisión Especial, en 1994 (después de innumerables reuniones, versiones, enmiendas, negociaciones, etc.) votar el texto definitivo del Estatuto de las Sociedades Indígenas, "conciliando" las diferentes visiones e intereses en juego13. Por iniciativa del Poder Ejecutivo, la tramitación del proyecto de ley (PL 2.057/91) del nuevo Estatuto fue paralizada en la Cámara. Incluso antes de la posesión del presidente Fernando Henrique Cardoso, a finales de 1994, el entonces diputado federal Arthur da Távola, líder del PSDB en la Cámara, presentó en nombre del nuevo gobierno un recurso suspendiendo la tramitación del proyecto, justificando la necesidad de nuevo gobierno de formar un juicio sobre "tan polémico proyecto". Ese acto acabó criando un estado de desconfianza y de insatisfacción con el nuevo gobierno, habiendo generado protestas de organizaciones indígenas y de apoyo, incluso antes de que el presidente Fernando Henrique Cardoso, tomara posesión del cargo el 1° de enero de 199514.
Casi catorce años después, en el segundo mandato del presidente Lula da Silva, el gobierno federal retoma el proceso de elaboración de un nuevo Estatuto, conteniendo los derechos y deberes de los pueblos indígenas en el ámbito del Estado brasileño. Esa reanudación se va a dar en el ámbito de la Comisión Nacional de Política Indigenista (CNPI), instituida por medio del decreto presidencial firmado el 22 de marzo de 2006, vinculada administrativamente al Ministerio de Justicia. La CNPI está compuesta por 12 integrantes del Gobierno Federal, 20 indígenas de diferentes partes del país y dos representantes de entidades no gubernamentales.
Teniendo por base el documento elaborado por el Diputado Federal Luciano Pizzato, llamado "Substitutivo al PL 2.05/91", y aprobado en la Comisión Especial de la Cámara de Diputados en 1994, fueron realizados a lo largo del segundo semestre de 2008 diez encuentros regionales. Esos encuentros fueron patrocinados y organizados por el Gobierno Federal, y contó con el apoyo político de organizaciones indígenas como COIAB, APOINME, ARPIN-SUL y asesoramiento técnico del CIMI, sobre el argumento de que existen posibilidades de avance en relación con el Estado brasileño. Participaron en los encuentros cerca de mil indígenas, donde en tal "substitución" fueran hechas sugerencias de cambios, exclusiones y aumentos por los participantes. Durante el denominado Campamento Tierra Libre, asamblea indígena realizada anualmente desde 2004, en Brasilia, realizada en este año de 2009 entre los días 4 y 8 de mayo, una versión preliminar, aprobada en el ámbito de la CNPI pocos días antes, fue distribuida a los participantes y discutida en sus líneas básicas. En la ocasión, fue lanzada oficialmente la creación de una organización indígena de representación nacional, la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB).
Un análisis a profundidad de ese proceso aún está por ser realizado. Hay varias puntuaciones de los encuentros que convergen para un punto preocupante: que el plan de trabajo con cuestiones orientadoras de la dinámica de los encuentros habría inducido a sus participantes a considerar como un presupuesto, o pero, un "hecho consumado", una "necesidad" la exploración de recursos minerales e hídricos en los territorios indígenas., El hecho es que hoy hay un documento, llamado Estatuto de los Pueblos Indígenas, cuestionable en varios aspectos, que está presente a ser encaminado al Congreso Nacional como "enmienda" al Sustitutivo al PL 2.957/91. Pero el riesgo de continuidad con el proyecto integracionista diseñado e implementado a partir de la primera mitad del siglo pasado es fuerte. Pero aún cuando constatamos que nociones operacionales del tipo inclusión productiva, como contrapunto la otra noción no menos problemática cuando aplicada para interpretar la condición de los pueblos indígenas en Brasil, la noción de pobreza, viene informando y formateando políticas y acciones "de justicia social" de diferentes "sectores" del indigenismo oficial. O peor, dado el perfil político predominante en el Congreso Nacional brasileño en la actualidad, el debate y el juego de las fuerzas allí ocurrido resulta en un texto donde predomine una visión liberal más radical en el plano socioeconómico, que induzca a los indígenas a adoptar los principios de la libre competencia, del lucro y de la propiedad privada en el trato con sus territorios y recursos (naturales, culturales, etc.).
Consideraciones finales.
A pesar de las limitaciones conceptuales, epistemológicas, demográficas, organizativas y, principalmente, políticas que hoy se evidencia para la formulación e implementación de una estrategia de refundación del Estado brasileño, que insiste en se monocultural, a partir de la idea de autodeterminación y autonomía territorial indígena, entendemos ser necesario, al menos, intentar retomar el filio de la madeja del remate sobre la participación política de los pueblos indígenas en las instancias de poder Legislativo brasileño. Digo retomar porque, a lo largo de los años 1990, ese asunto quedó relativamente sumergido, cubierto por tantas otras "prioridades". Entre 2002 y 2004 el tema "cuotas" para representantes indígenas en los Legislativos estatal y federal y la constitución de un "parlamento indígena" llego a ser debatido en reuniones y encuentros regionales del movimiento indígena, para gradualmente ser sobrepuesto por nuevas urgencias. La demarcación y regularización de los territorios; la creación de un subsistema de educación escolar; la estructuración de un subsistema de servicios de salud también específico, la elaboración de un nuevo "estatuto de los pueblos indígenas"; la institucionalización del asociacionismo indígena y de organizaciones de representación; es la creación de mecanismos de apoyo financiero a los proyectos de "desarrollo local", ocupa desde los años 1990 el movimiento indígena y sectores de la sociedad civil organizada solidaria. Todo eso en comité con una acción de resistencia frente a presiones contrarias en el Congreso Nacional, en la burocracias sectoriales del Poder Ejecutivo federal, en el nivel local, etc.
Un parlamentario indígena en la Cámara Federal en 2001 puede hacer la diferencia, puede abrir nuevas perspectivas de interlocución con el Estado brasileño. Desde 2005, un conjunto de organizaciones, movimientos, articulaciones, redes y foros de la sociedad civil debate e formula propuestas para una reforma política del Estado brasileño. Una propuesta que no restrinja al sistema electoral, pero, si, al conjunto de los procesos decisivos del sistema de poder instituido en el país. Entre las innumerables propuestas contenidas en el documento titulado Plataforma de los Movimientos Sociales para la Reforma del Sistema Político en Brasil, resultado de casi cuatro años de debates, aparece una que apunta para la necesidad de creación de mecanismos legales que garanticen la representación directa de los pueblos indígenas en las elecciones proporcionales en el país, como el ejemplo de países como Venezuela y Colombia. La creación de un sistema propio de elección, que no pasaría por el sistema partidario hoy existente.
Eso me hace recordar a Gersem Luciano, del pueblo indígena Baniwa, pueblo que habita en la región fronteriza entre Brasil y Colombia. En una publicación organizada por nosotros en 2004 él presentó una propuesta de "parlamento indígena". En su visión, ese "parlamento" sería un espacio de articulación de los movimientos etnopolíticos indígenas a nivel nacional, una instancia de referencia propia de los pueblos indígenas, en la cual estarían representadas sus aspiraciones legítimas. En su visión, ella podría muy bien ser parte de un nuevo modelo de relación institucional de los pueblos indígenas con el Estado y la sociedad no indígena en Brasil: un Estado Plurinacional.
Hace recordar también del proceso de discusión sobre "alternativas de fortalecimiento de la participación indígena en instancias legislativas del Estado nacional", desencadenado por el Inesc en 2001, en asociación con la Coordinación de las Organizaciones Indígenas de la Amazonia Brasileña (COIAB), la Articulación de los Pueblos y Organizaciones Indígenas del Noreste, Minas Gerais y Espíritu Santo (APONME) y otros líderes y organizaciones indígenas y de apoyo. A partir de esas discusiones, fue realizado en Brasilia, el 18 y 19 de noviembre de 2002, el Seminario Internacional Indios y Parlamentos, que fue seguido por reuniones y encuentros regionales en el Sur, Noreste y Norte del país entre los años de 2003 y 2005.
Llego al final de este texto con la sensación de que estamos frente a un gran desafío. Será necesaria mucha creatividad, mucha voluntad de innovación y disposición para enfrentar las barreras administrativas, políticas y culturales que frecuentemente se interponen al avance de la democracia participativa en Brasil, principalmente cuando se refiere a los pueblos indígenas. En este momento, en el que se retoma en el ámbito del Congreso Nacional la discusión sobre la necesidad de una legislación específica, en substitución al ya, hace mucho, obsoleto Estatuto del Indio de 1973: en que se intenta concebir fórmulas alternativas al instituto de tutela; cuando el movimiento indígena brasileño busca fortalecerse y articular alianzas con otros movimientos sociales, viendo a la transición para una sociedad donde la plurietnicidad y la interculturalidad estén en la raíz de sus instituciones, creemos que el contenido de esta publicación aportará contribuciones positivas.
-------------------------------------
Con detente entre los Ministerios de Brasil, agronegocio avanza en Amazonia. (San Pablo, Radioagencia NP, Igor Ojeda-AYI) La detente en las discusiones sobre el uso de las tierras amazónicas existe hasta en los Ministerios. Por un lado el Ministerio del Medio Ambiente – el MMA – pide el mantenimiento de reservas de acuerdo con la reglamentación agropecuaria; por el otro otro, el Ministerio de la Agricultura, Ganadería y Abastecimiento – el MAPA – requiere el aumento de las áreas para la explotación ganadera. Investigadores ambientales creen que la detente perjudica la preservación ambiental y que la falta de reglamentación hace que el agronegocio avance en la Amazonia.
El profesor Amilcar Baiardi, de la Universidad Federal de Bahía – la UFBA –, desmiente el argumento de los grandes productores rurales de que las fronteras del agronegocio necesitan expandirse. Para él, las tecnologías actuales logran reducir la extensión del uso de la tierra acompañando el aumento poblacional.
La Sociedad Brasileña para el Progreso y la Ciencia (SBPC) realizó una reunión con el tema “Amazonia: Ciencia y Cultura”, entre los días 12 y 17 de julio. La legislación ambiental y la polémica sobre la Medida Provisora 458, más conocida como la MP del “Grilaje” –apropiación indebida de tierra- fueron uno de los temas debatidos.
----------------------------------
KUNA YALA: ENCUENTRO BINACIONAL DEL PUEBLO KUNA DULE. (Kuna Yarky/Por Anelio Merry-CiCi K-AYI) La región histórica de Ibgigundiwar, Nuevo Caimán, Colombia será sede del tercer encuentro binacional del pueblo Kuna-Dule los días 14 al 20 de septiembre de este año, siguiendo con el proceso de establecer y consolidar la unidad del Kuna-Dule de Panamá y Colombia. Este es una iniciativa que partió el año 2006, donde la dirigencia, Guías espirituales de los pueblos Kunas de Madungandi, Wargandi, Dagargunyala, Kuna Yala, Makilagundiwar (Arkia) y Ibgigundiwar, los dos últimos Kunas de Colombia se reunirán en un evento que se ha dado a conocer “Cantamos para no Morir”.
El Cacique General, José David Castrejón, del pueblo Kuna de Ibgigundiwar (Caimán Nuevo), Colombia se presentó a la sesión del Congreso General de Kuna Yala en Dadnakwedupbir para coordinar este evento de gran importancia entre la dirigencia de Kuna Yala, hecho que fue acogida con mucho interés. Desde hace algunos meses la dirigencia Kuna de Ibgigundiwar ha estado gestionando ante las autoridades colombianas todo lo relacionado con este encuentro, que por cierto, ha tenido una buena acogida quienes ya expresaron su disponibilidad de apoyar el encuentro.
Este encuentro que inició en Makilagundiwar (Arkia), Colombia se ha destacado las ceremonias tradicionales de canto donde se invocan a los Creadores Baba y Nana, razón por la cual este encuentro se ha dado a conocer con el lema “Cantamos para no Morir”. Este encuentro también ha permitido estrechar los lazos de hermandad, intercambiar experiencias y fortalecer la cultura e identidad.
El último encuentro se realizó en la comunidad de Ibedi de la Comarca Kuna de Madungandi, donde se acordó realizar este tercer encuentro en Ibgigundiwar, Colombia, una región histórica dónde en un principio se hacendó el pueblo Kuna, que aún una gran cantidad de sus generaciones permanece en la región haciendo historia.
-------------------------------------
La OMPI organiza un Foro sobre la utilización estratégica de la propiedad intelectual para fomentar el desarrollo y la prosperidad en los países menos adelantados. (Lillian Álvarez- AYI) La crisis global ha desatado un sinnúmero de debates sobre cómo enfrentarla y paliar sus efectos. Algunos analistas se acercan a la catástrofe desde la posición egoísta de los privilegiados, con la sola intención de salvar el sistema y sus prerrogativas, sin importarles que sean una vez más “los pobres de la tierra” los que paguen los platos rotos; otros, desde la posición contraria, tratan de construir con urgencia alternativas justas y solidarias.
Según una noticia divulgada por la OMPI, los días 23 y 24 de julio se reunirán en Ginebra diversos ministros de los países menos adelantados (PMA), otros altos funcionarios del sector público y jefes de organizaciones regionales relacionadas con la propiedad intelectual (P.I.) para debatir sobre la aplicación de políticas en esta materia destinadas a la potenciación de la prosperidad y el desarrollo y a la creación de riqueza en dichos países.
En el Foro de alto nivel sobre la utilización estratégica de la propiedad intelectual en aras de la prosperidad y el desarrollo
Aunque hablar, en medio de esta crisis global, de “prosperidad y desarrollo” parecería incongruente, hay que prestar atención a este foro. Una visión auténticamente nueva del tema de la propiedad intelectual, podría efectivamente ayudar a que los llamados PMA sean capaces de reducir los terribles costos sociales que les está acarreando la crisis en sectores tan sensibles como la salud y la educación.
La OMPI, como sabemos, ha sido criticada en diversos momentos por su parcialidad a favor de los titulares de derechos. Hace unos días, en la propia ciudad de Ginebra, médicos, académicos e industriales farmacéuticos de América Latina coincidieron que el acceso a las vacunas contra la gripe A estará condicionado “por las fuerzas del mercado y la protección de las patentes". "En un momento en que el mundo vive una pandemia de gripe porcina, es fascista admitir que por razones de mercado los países más pobres, los menos preparados para enfrentar la enfermedad, no podrán acceder en igualdad de condiciones a una vacuna que puede salvar miles de vidas", dijo el presidente del Sindicato de Médicos de Rio de Janeiro, Jorge Darze. No parecen haber cambiado mucho las cosas.
Después de tantas críticas, resultaría inadmisible que la OMPI -que ha trabajado sobre la base de los planteamientos hechos a través del Comité sobre Desarrollo y Propiedad Intelectual- continuara con la promoción de las mismas fórmulas que han favorecido la exclusión y acepte que la propiedad intelectual pueda impedir el acceso de los más pobres a los medicamentos, como prevén ocurrirá con la vacuna contra la gripe A (H1 N1). Los tiempos exigen proposiciones realmente nuevas.
El programa de la reunión, para aproximarse en alguna medida a sus objetivos, deberá concebir el análisis de nuevas propuestas como las sugeridas por los Países Amigos del Desarrollo en 2004[1] <#_ftn1>. En el documento detallado, presentado posteriormente[2] <#_ftn2>, este grupo de países planteó la necesidad de acabar con la idea de que el desarrollo es consecuencia directa del fortalecimiento de la protección de los derechos de propiedad intelectual —interés de los titulares— sin tener en cuenta la evaluación de sus consecuencias para la sociedad en general y la particular situación de los países del Sur.
En aquella propuesta se expresaba: “Si bien es posible que en determinadas circunstancias la protección de la propiedad intelectual fomente la creatividad y la innovación, no es la única manera ni necesariamente la más eficiente o adecuada para hacerlo en todas las oportunidades y en todos los sectores de la economía”. Asimismo, se defendía la necesidad de que la OMPI examinara y tuviera en cuenta todas las características de los derechos de propiedad intelectual vigentes, así como los costos económicos y sociales que la protección de la propiedad intelectual puede imponer a los países en desarrollo y países menos adelantados, y a los consumidores de conocimientos y tecnologías, tanto en el Norte como en el Sur.
También se señaló como importante para el logro de los objetivos del desarrollo que la OMPI examine “sistemas no relacionados con la propiedad intelectual y/o sistemas no exclusivos para promover la creatividad, la innovación y la transferencia de tecnología, por ejemplo, pautas de colaboración abierta en la investigación, creación de programas informáticos de código abierto y gratuitos, sistemas de responsabilidad pecuniaria y fomento de la creatividad tecnológica en aras del bien público, reconociendo a la vez los beneficios y costos que entraña cada sistema”.
Además de los temas propuestos, esperamos que en el foro se traten la promoción del el software libre (que es más económico y seguro y brinda la posibilidad de eliminar la dependencia tecnológica de las grandes corporaciones), el apoyo a nuevos modelos abiertos y auto-organizativos de publicación científica, el uso de políticas nacionales apropiadas relativas a criterios de protección, validez de los derechos, limitaciones y excepciones a los derechos exclusivos de los titulares por razones de interés de la educación y la salud, medidas para la protección y ampliación del dominio público, entre ellas las iniciativas para la creación de espacios comunes entre países a los que se puedan incorporar los resultados investigativos financiados con fondos públicos, la urgencia de prohibir la apropiación de estos resultados por parte de empresas privadas, entre otras muchas iniciativas posibles y necesarias.
Recordemos que la propiedad intelectual no es un fin en sí misma y por tanto el ejercicio de derechos exclusivos, solo debe ser reconocido y aceptado cuando no sea posible lograr los mismos resultados con la aplicación de sistemas no excluyentes.
Aún con las mejores intenciones, sin un pensamiento auténticamente nuevo sobre este tema, sería imposible que desde la propiedad intelectual pueda ayudarse a los países pobres a enfrentar una situación tan dramática. Se dice que de las grandes crisis nacen las grandes soluciones. Esperemos que en este foro tengan un espacio decisivo la creatividad y el sentido de la justicia y de la solidaridad que requieren estos tiempos.
----------------------------------------
USA-Salazar prohíbe nuevas excavaciones mineras próximas al Gran Cañón durante dos años. (Democracy now-AYI)El Secretario del Interior Ken Salazar exigió una suspensión por dos años en nuevos emprendimientos de minería en un área de casi un millón de acres de tierras federales próximas al Gran Cañón, en el norte de Arizona. La medida anula una decisión del gobierno de George W. Bush de abrir la tierra que bordea el parque a la minería de roca dura, incluida la extracción de uranio. Se seguirán permitiendo las extracciones en las áreas que ya estaban autorizadas.
Este fin de semana, la tribu Havasupai convoca al encuentro tradicional que se centra en proteger al Gran Cañón y las tierras tradicionales de dicha tribu de la extracción de uranio. El encuentro tendrá lugar en Red Butte, un sitio sagrado justo al sur del Gran Cañón.
-------------------------
Venezuela “revisará” vínculos con Colombia por bases de estadounidenses. (Democracy now-AYI) Venezuela afirma que está reevaluando sus vínculos con la vecina Colombia debido a un acuerdo inminente para ampliar la presencia militar estadounidense en suelo colombiano. Estados Unidos y Colombia están cerca de alcanzar un acuerdo que autorizaría al primero a utilizar al menos tres bases militares. El acuerdo de diez años también ampliaría el pacto actual y permitiría la presencia de hasta 1.400 efectivos y contratistas militares en territorio colombiano. El martes, el Presidente venezolano Hugo Chávez criticó los planes.
El Presidente Chávez dijo: “Claro, usan un eufemismo, no, que no son bases yanquis, sino bases colombianas, pero ellos pueden venir, van a estar ahí permanentemente, lo cual nos va a obligar, así lo digo, y al canciller ya le he dado instrucciones, a revisar las relaciones con Colombia”.
Estados Unidos reduce paulatinamente operaciones en Ecuador.
El acuerdo para asegurar bases colombianas se produce al tiempo que Estados Unidos comenzó a desmantelar las operaciones en su base en Ecuador. Estados Unidos utilizó la base de Manta durante diez años, hasta que Ecuador se negó a renovar el contrato por un año más. El Pentágono afirma que las fuerzas militares estadounidenses estarán fuera de Ecuador para septiembre.
-----------------------
INVITACIÓN II Foro Internacional Contra el Racismo y la discriminación “Hacia un Continente Inclusivo”. (Chirapaq-AYI)Lima, 17 de julio del 2009
Chirapaq, Centro de Culturas Indígenas del Perú y la Comisión Nacional Interétnica del Perú tienen el agrado de invitarlo(a) al el cual se realizará el jueves 23 de julio del presente de 3:00 a 9:00pm. en la Sala de Conferencias del Hotel Ariosto (Av. La Paz 769, Miraflores).
El objetivo de este foro es promover la reflexión y el análisis sobre las ideologías y prácticas racistas y discriminatorias en Latinoamérica y el mundo en el marco del Programa de Acción de la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia. Asimismo, el encuentro contará con la presencia de líderes indígenas de Centro y Sudamérica, representantes de los estados de Brasil, Guatemala y Perú, oficiales de las Naciones Unidas, organismos de derechos humanos y representantes de la sociedad civil.
Podrá encontrar mayores referencias sobre el programa y sus participantes en www.chirapaq. org.pe/es/
Esperando contar con su presencia, quedamos de Ud.
Fraternalmente, Tarcila Rivera Zea- Presidenta del Consejo Directivo – Chirapaq
Coordinación Enlace Continental de Mujeres Indígenas Región Sudamérica
Chirapaq, Centro de Culturas Indígenas del Perú.
Horacio Urteaga N° 534 - 203 Lima 11 - Perú. Telefax 511 423 2757
E mail: ayllu@chirapaq. org.pe / http:www.chirapaq.org.pe
-----------------------------
Paraguay sera sede del Foro Social de las Américas en el 2010. (AYI) La confirmación se dió este jueves 23 en la cumbre del Mercosur y Cumbre de los Pueblos del sur que se realiza en ese país.
--------------------------
EL QUE NO NEGABA SU ORIGEN MESTIZO HA SIDO EL MISMO LIBERTADOR SAN MARTIN...(Red Indoamérica-AYI).Cuando San Martín entró victorioso en Chile, tropezó con la hostilidad de la rica aristocracia de Santiago, sobre cuyos motivos el reconocido historiador chileno Benjamín Vicuña Mackena escribió lo siguiente:
"San Martín era un libertador, pero era tambien un intruso, un extranjero, un paraguayo,el "mulato San Martín, como llamaban los señores vecinos del Mapocho al ilustre criollo".
Otra anécdota: "En 1816, en el Campamento de Plumerillo, Mendoza, el oficial del Ejército de los Andes Manuel de Olazabal presenció un parlamento de San Martín con los caciques pehuenches, del cual dejó en sus memorias el siguiente relato: Reunidos...los habia convocado para hacerles saber que los españoles iban a pasar de Chile con un ejercito para matarlos a todos y robarles sus mujeres e hijos. Que en vista de ésto y siendo también él indio, iba a pasar los Andes con todo su ejército para acabar con los godos que les habían robado las tierras de sus padres...."
Desde mi y de todos los que queremos hacer JUSTICIA CON ROSA GUARÚ, madre del Libertador de América, compartiendo la LUCHA DE LOS PUEBLOS LIBRES con Bolivar Artigas, Andresito Guacurarí, Tupac Amaru y otros...les mando UN ABRAZO FRATERNAL.
Mercedes Dacunda (Irupe)
--------
¿QUIENES SE OPONEN AL ANÁLISIS DE ADN DE SAN MARTIN?
Entre los que se oponen y niegan sobre la filiación mestiza del prócer se encuentra el Instituto Nacional Sanmartiniano de Argentina.
Este instituto a pesar de tener carácter publico y solventado con fondos del presupuesto nacional,,tienen sus integrantes una posición cerrada y dogmática y renuente a cualquier otra opinión que no sea la suya,cuando su finalidad es la investigación sobre la vida y la obra del prócer. De ésta forma han convertido al Instituto Sanmartiniano en una especie de "partido político" con la idea de que de esta forma defienden a San Martín.
Desde ese circulo se ha dicho tambien que abrir el cajon donde se encuentra San Martin para concretarse el ADN es un SACRILEGIO. Me pregunto, si lo que muchas veces ha hecho el hombre blanco por ejemplo...de arrancar de sus lugares autóctonos las momias indígenas para exponerlas en los museos o la exhibición de esqueletos de tehuelches y mapuches para exhibirlos como trofeos de guerra, en el Museo de Ciencias Naturales de la ciudad de La Plata, en el Subsuelo (Argentina) muertos por el ejército de Roca en un brutal genosidio ?...Esto no es un un SACRILEGIO?
En cambio, hacer el ADN de San Martín significa llegar a develar su autentico origen con todo el respeto que se merece su madre Rosa Guarú Cristaldo, hija de la Nación Guaraní, demostrar y hacer justicia con una madre que a los tres años de su hijo José Francisco se lo arrancaron de su lado. Los padres adoptivos de San Martín (Juan de San Martín y Gregoria Matorras) le prometieron que iban a venir a buscarla a ella, pero no aparecieron más. Rosa Guarú se quedó esperando toda la vida.
De esta historia contada, son conocedores los pobladores de Yapeyú, Corrientes, Argentina.
Ningún otro hecho histórico ha tenido tantas evidencias como el caso de la Filiación Mestiza de San Martín.
Otra institución que nos pone "palos en la rueda" para NO HACERSE EL ADN es el Instituto Nacional de Historia de Argentina, con las mismas caracteristicas de sus integrantes al del Instituto Sanmartiniano anteriormente descrito. Ambas instituciones siguen el paradigma mitrista (de Bartolomé Mitre) quien ha escrito la "Historia Oficial" de la Argentina, obviando muchas verdades. La formación docente de Argentina no cuenta hasta hoy con una formación desde nuestras identidades autóctonas y como consecuencia la mayoría de los ciudadanos no se asumen como descendientes de Pueblos Originarios, aunque su fisonomía, sus costumbres,su manera de pensar sea diferente. Todavia prima el racismo impuesto en el Sistema Educativo desde sus inicios con la Ley 1420 (siglo XIX), "fruto" de Sarmiento, Roca, Mitre, Alberdi...).
LOS SISTEMAS EDUCATIVOS SURAMERICANOS PODRAN REVERTIR ESTAS FALENCIAS CUANDO DENTRO DE CADA MINISTERIO DE EDUCACION ESTEN INTEGRADOS LOS REPRESENTANTES DE PUEBLOS ORIGINARIOS CO-PRODUCIENDO LAS PROGRAMACIONES NACIONALES DE PLANES DE ESTUDIO. Un pais puede tener una ley de educación "muy bonita", pero si se sigue trabajando en las Curriculas SIN LOS HERMANOS/NAS ORIGINARIOS...esa ley "bonita" no nos sirve, PORQUE SEGUIMOS EDUCANDO EN EL ETNOCENTRISMO BLANCO.
---------------------------
Frente al avance de los movimientos indígenas, se recurre a la criminalización de sus protestas, La respuesta represiva de los Estados. (Wilwer Vilca Quispe-ALAI-23jul09-AYI) El viernes 5 de junio una noticia conmovió al mundo: en la amazonía peruana, la represión policial provocó 34 muertes (24 policías y 10 indígenas). La indignación nacional e internacional ante esta matanza provocada por el Estado peruano se expresó de inmediato en una corriente de solidaridad pocas veces vista antes.
¿Cómo se llegó a esta situación? Desde el 2008, los pueblos indígenas de la amazonía venían pidiendo al Estado peruano el respeto sobre sus derechos territoriales, reconocidos por la Constitución e instrumentos internacionales como el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Y en la primera semana de abril, los indígenas amazónicos se declararon en huelga indefinida exigiendo la derogatoria de varios decretos legislativos que atentan contra el derecho de posesión sobre su territorio.
Sucede que el gobierno de Alan García, haciendo uso y abuso de las facultades conferidas por el Congreso mediante Ley 29157 con la finalidad de implementar el TLC celebrado entre el Perú y los Estados Unidos, emitió 102 decretos legislativos, ocho de los cuales afectan directamente los derechos de los pueblos indígenas, específicamente los derechos a la consulta previa e informada, a la libre determinación y a su territorio. Estas normas priorizan la inversión privada a costa desproteger a los pueblos y sin importar el derecho a la libre determinación sobre su desarrollo y forma de vida.
Luego de 54 días de paro, obstinado en su negativa de solucionar el pedido de los pueblos, el 5 de junio el gobierno ordenó la intervención policial en la zona conocida como Curva del Diablo (Bagua, Amazonas), lo que provocó un enfrentamiento entre los indígenas que defendían sus derechos y los policías que tenían el mandato de poner orden e imponer los decretos legislativos del TLC. La represión no terminó (ni había empezado) ahí: fue seguida por la persecución judicial a los dirigentes indígenas, denunciándolos por secuestro, asesinato, alteración del orden social, entre otros graves delitos.
Neoliberalismo.
La criminalización de la protesta se inició en la dictadura de Alberto Fujimori. Y se fue agudizando al punto que en julio del 2007 el gobierno de Alan García emitió once decretos legislativos gracias a los cuales las fuerzas armadas son inimputables ante el uso de su arma reglamentaria cuando se trata de protestas sociales, es decir tienen licencia para matar; el bloqueo de carreteras o vías publicas puede ser condenado hasta con 30 años de privación de la libertad, pena más drástica a la que recibe un asesino; y las autoridades locales y regionales están prohibidas de apoyar las movilizaciones de sus pueblos, entre otras medidas que atentan contra el derecho nacional e internacional.
¿Cuál es el meollo del asunto? La historia reciente muestra que en el Perú, desde el gobierno de Alberto Fujimori, continuado por Valentín Paniagua, Alejandro Toledo y el actual Alan García, se ha aplicado una política económica de libre mercado, diseñada para favorecer el crecimiento económico y la inversión privada, sin importar los derechos de los pueblos históricamente olvidados, discriminados y menospreciados.
Esta política económica aplicada desde los años noventa, ha generado una serie de conflictos en todo el territorio nacional, principalmente por la presencia de empresas extractivas como las mineras, petroleras y forestales, que han incursionado en territorios de las comunidades y pueblos indígenas del ande y la amazonía sin el permiso ni la autorización de los pobladores, sólo con el consentimiento legal otorgado por los gobiernos, que declara los proyectos extractivos “de interés nacional” para que nadie se oponga a tales inversiones.
A la fecha, según información de la Defensoría del Pueblo, se registran 47 conflictos mensuales, en 3300 comunidades afectadas, solo por la presencia de la actividad minera. Producto de estos conflictos, el gobierno viene persiguiendo a más de 740 líderes indígenas, a quienes se les imputan los más graves delitos con tal de silenciar y desarticular el sistema organizativo de las comunidades y pueblos indígenas.
Lacra continental.
Esta realidad no sólo se da en el Perú. Casos similares de criminalización, exclusión total y violación a los derechos de los pueblos indígenas se repite con las mismas fórmulas en países como Colombia, Chile, Argentina y Ecuador, por mencionar algunos en Latinoamérica.
En Colombia la historia oscura de la actuación del Estado marca que desde 1974 hasta el 2007 un total de 339.323 indígenas Nasa en el departamento del Cauca afectados por asesinatos, lesiones graves, torturas, desapariciones forzadas, desplazamiento forzado, secuestro, violencia sexual, allanamiento, amenazas, entre otros. En el periodo de Álvaro Uribe (entre el 2001 y el 2006), 211 mil indígenas Nasa fueron victimizadas. Y; entre los años 2008 y 2009 los asesinatos a líderes indígenas no han parado, los últimos fueron el de Edgar Legarda, esposo de la líder del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) Aída Quilcue, que fue acribillado por las fuerzas militares. Sólo en el último periodo de gobierno de Alvaro Uribe se suma más de 1200 indígenas masacrados. Estos genocidios al que están sometidos los pueblos indígenas queda en la más absoluta impunidad.
Dicho incremento en la vulneración de los derechos de los pueblos indígenas está asociado con la expansión geográfica del conflicto y especialmente con la implementación de la política de Seguridad Democrática de los dos últimos gobiernos de Álvaro Uribe, cuya justificación es terminar con la presencia de las FARC, cuando se trata en realidad de la imposición de políticas económicas privatizadoras que benefician a las empresas transnacionales, especialmente forestales y mineras.
“Democracia” chilena.
En el caso chileno, los pueblos indígenas mapuches, al igual que sus similares en otros países del continente, históricamente fueron sometidos al despojo de sus tierras. En el proceso de pacificación de la Araucanía (segunda mitad del siglo XIX), el Estado Chileno de manera unilateral despojó el 95% del territorio mapuche. Ya en el siglo XX, tras el golpe militar de Augusto Pinochet, las tierras dejaron de ser indígenas porque se entregó títulos de propiedad individual a empresas forestales.
En los últimos años se expanden proyectos viales para favorecer a las empresas madereras que operan dentro de territorios de pueblos indígenas. También está la construcción de las hidroeléctricas que despojan aguas para desviar para el consumo de las empresas mineras y abastecimiento de las ciudades, dejando sin agua los campos agrícolas de las comunidades. Otro proyecto es el de la celulosa que desplaza a las comunidades aledañas al mar. Con todo esto, los pueblos indígenas ya no solo están negados del acceso a sus tierras sino hasta del mar.
Por estas realidades, los pueblos mapuches se organizaron alrededor de la Iglesia Católica y en partidos políticos. El Estado reaccionó creando la Ley Antiterrorista, al amparo de la cual se procesa y encarcela a líderes indígenas. Entre noviembre de 2001 y octubre de 2003 se registraron 209 mapuches procesados, sólo en la región de la Araucanía. A esto se debe agregar la práctica común de allanamientos ilegales a las viviendas, detenciones, vigilancia policial, maltratos en operativos, interrogatorios sin ser procesados, torturas, etc.
Expropiaciones en Argentina.
Luego de la crisis económica y social de fines del 2001, que se agudizó en el 2002, a partir de 2003 Argentina crece económicamente por la exportación, en especial de la soja. En ese contexto, de 2003 hacia adelante, el bienestar de la población dejó de ser prioridad para las políticas del Estado, que se concentró en las exportaciones con el objetivo de lograr un mayor avance del crecimiento económico, dejando de lado las políticas agrarias, de salud, educación y otros sectores.
Pero las políticas de expropiación de territorios comunales no habían empezado con las crisis económica del 2001, sino desde años atrás. Entre 1995 y 2000, en el Chaco se vendieron más de 700 mil hectáreas de tierras, por lo que la provincia del Chaco tuvo que reformar su Constitución para detener la venta de tierras indígenas hasta que se entregue titulo de propiedad a los pueblos originarios. Sin embargo, hasta la actualidad no se otorga esos títulos, pero se sigue vendiendo territorio de pueblos indígenas a empresas transnacionales norteamericanas, sobe todo en el norte de Argentina, donde existen 1500 yacimientos mineros.
En el norte, además de los hidrocarburos y la minería, esta la tala de árboles del monte nativo. En la provincia de Salta se tala 103 hectáreas por hora. Todo por la política económica que prioriza la inserción en la economía global de mercado.
Producto de estos despojos de tierras, existen 347 conflictos indígenas que comprenden a un millón 300 mil hectáreas, sin considerar otros conflictos que no se reportan. Por ejemplo, en Santa Rosa se reclaman 535 hectáreas de territorio que fue despojado por la Compañía Benenton. Frente a las legítimas demandas de los pueblos indígenas, se criminaliza su protesta con persecución judicial, secuestro, tortura, vigilancia permanente, entre otras acciones.
Respuesta global.
Ecuador, en el contexto del boom petrolero, los pueblos indígenas son perturbados por el desastre de la naturaleza, al punto que en la actualidad hay 30 mil personas afectadas y muchos casos de cáncer. En el periodo de Lucio Gutiérrez se empezó una ofensiva apostando por la inversión privada en el sector minero, producto de lo cual se llegó a asignar unas 4,500 concesiones. Este modelo de economía dejó como secuela un incremento en la deuda externa y la migración de alrededor de tres millones de ecuatorianos.
Frente a estas políticas económicas, los indígenas levantan permanentes movilizaciones. En uno de los casos, en 1992, por defender la tierra fueron asesinados 18 líderes indígenas, inaceptable solución política dentro de un estado democrático y de derecho.
Todas estas formas de operar por parte de los estados frente a conflictos sociales, se convierten en una plantilla en todos los países, que en vez de dar soluciones políticas y prevenir conflictos, lo que hacen es agudizar las crisis para luego justificar la intervención policial y militar con la finalidad de desarticular a las organizaciones indígenas.
Además, no sólo es una forma de operar política y militarmente en contra de los pueblos indígenas, sino de desprotegerlos jurídicamente y negarles una adecuada administración de justicia. Todo bajo el silencio de los medios de comunicación de alcance nacional, que no visibilizan los problemas a los que se enfrentan los pueblos, excepto cuando estos son objetos de noticia policial o para burlarse de sus formas de vida, diferentes a las habitantes de las ciudades capitalinas.
Por ello, frente a un problema global, la respuesta debe ser global: la articulación de los movimientos indígenas en el continente avanza, y con ella se fortalecen sus organizaciones y se unifican sus propuestas. La criminalización no detendrá su lucha contra la imposición de la economía neoliberal.
* Este artículo se basa en los testimonios de líderes de organizaciones indígenas de los cinco países mencionados.
- Wilwer Vilca Quispe, es M.Cs. Derechos Humanos, Especialista en Derecho de Pueblos Indígenas y Miembro del Consejo Consultivo de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas.
--------------------------------
Campaña Internacional para constituir la Corte Penal Internacional del Medio Ambiente.. (09jul09-Adolfo Pérez Esquivel-Ecoportal) Sosteniendo que los desastres ambientales son crímenes contra la humanidad. La Academia Internacional de Ciencias del Ambiente de Venecia y sus Presidentes Adolfo Pérez Esquivel y Antonino Abrami, han lanzado la campaña mundial para constituir la Corte Penal Internacional del Medio Ambiente.
Para introducir el delito contra el ambiente, es necesario modificar los Estatutos de Roma de la Corte Penal Internacional con sede en La Haya, y para esto se requiere la aprobación con las 2/3 partes de los países firmantes.
Numerosos desastres ambientales quedan en la total y absoluta impunidad jurídica, como lo acontecido en Chernobyl, Bophal y tantos otros desastres que afectan la vida planetaria. Lo mismo ocurre con las petroleras y empresas contaminantes como la gran minería y los agronegocios, con los desmontes de los bosques naturales, con la contaminación y uso irracional del agua.
Los recursos naturales son un bien esencial de la humanidad que está en alto riesgo de contaminación y desaparición. Organismos internacionales como la ONU y la FAO, han dado la voz de alarma sobre la necesidad de preservar la soberanía alimentaria, y denunciando que por día mueren en el mundo más de 13 mil niños de hambre (UNICEF, Situación Mundial de la Infancia 2008-Supervivencia Infantil, 2008).
La campaña es concientizadora y educativa sobre los bienes y recursos naturales que hoy se encuentran en grave peligro a lo largo y ancho del planeta.
A la convocatoria de la Campaña se han sumado los Premios Nóbel de la Paz Betty Williams, Dalai Lama, Mairead Corrigan Maguire, Shirin Ebadi, Rigoberta Menchu Tum, el Premio Nobel de Literatura, Dario Fo, los escritores Luís Sepúlveda, Roberto Saviano, Gianni Miná, Luigi Ciotti, el Padre Alex Zanotelli, el Presidente del Senegal Abdoulaye Wade, el cantante Claudio Baglione, entre muchas otras adhesiones.
Hacemos un llamado a la comunidad internacional, a las instituciones sociales, culturales, religiosas y políticas, a los centros de investigación científica, universidades, centros de estudiantes, a las comunidades religiosas, sindicatos y educadores, a los Pueblos Originarios y organismos de derechos humanos, a los ámbitos jurídicos, empresariales, artistas e intelectuales y a cada ciudadano y ciudadana para asumir el compromiso en defensa del ambiente y de la vida.
Convocamos a:
• Promover la campaña internacional en cada país.
• Motivar a los gobiernos a que firmen su adhesión y se comprometan en defensa del medio ambiente y la vida de su pueblo.
• A los medios de comunicación masivos y alternativos para que asuman la campaña y promuevan acciones conjuntas dirigidas a la toma de conciencia de la población sobre los problemas ambientales.
Reclamamos:
• A los organismos internacionales: las Naciones Unidas -ONU-, la FAO, UNICEF, la OMS, UNESCO, la Unión Europea, la OEA, entre otros altos organismos internacionales, para que asuman y promuevan la constitución de la Corte Penal Internacional del Medio Ambiente.
Organización y objetivos a alcanzar.
• La participación de los pueblos es fundamental como protagonistas y constructores de su propia vida e historia.
• La primera etapa de la campaña es la suma de firmas. Es necesario que se constituyan Comités de Campaña en cada país, en cada región para apoyar la constitución de la Corte Penal Internacional del Medio Ambiente. Ya se constituyeron Comités en algunos países como Francia.
Las planillas con las firmas se enviarán a la sede de la Academia Internacional de Ciencias del Ambiente de Venecia.
• Es necesario motivar a los gobiernos y parlamentos para que asuman su responsabilidad: “Salvar el Planeta, es salvar la vida de todo ser viviente y de la humanidad”. La Tierra es nuestra casa común y tenemos la responsabilidad de protegerla de la devastación y la contaminación, de los daños que viene sufriendo, provocado por los intereses económicos y políticos de quienes privilegian el capital financiero sobre la vida de los pueblos.
• De la actitud que asumamos depende el mundo que dejaremos a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos.
Reciban el fraterno saludo de Paz y Bien, deseándoles mucha fuerza y esperanza, porque otro mundo es posible.
Adolfo Pérez Esquivel- Premio Nóbel de la Paz. Julio del 2009
Las adhesiones deben ser dirigidas a:
- info@justiceforplanetearth.org
- segreteria@iaes.info
- secnobel@serpaj.org.ar
Para mayor información:
- www.justiceforplanetearth.org
- www.iaes.info
- www.ecoportal.net
--------------------------
Vea también:
- http://www.servindi.org/
- http://www.brasildefato.com.br/
- http://werkenkvrvf.blogspot.com/
- http://www.mapuexpress.net
- http://www.estaennosotros.com.ar/
%2017.38.17.png)
.jpg)
