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FRENTE NACIONAL POR LA VIDA Y LA SOBERANÍA- Jornada Nacional de Lucha: 8 de Julio.
Paro Andino-Amazónico: 7, 8 y 9 de Julio. (CAOI-AYI) Luego de la histórica huelga amazónica y solidarios con los pueblos, comunidades, frentes regionales, organizaciones sindicales, sociales y de productores o trabajadores de servicios, en lucha a lo largo y ancho del país;
Rechazando la gestión autoritaria y corrupta del Gobierno de Alan García, el incumplimiento de sus compromisos electorales, el continuismo y profundización de la política económica neoliberal y primario-exportadora en beneficio de las transnacionales y los grupos de poder y en contra de las mayorías nacionales, cuya protesta social persigue y criminaliza;
Repudiando la continuidad impune del Gabinete Simon-Cabanillas-Aráoz, responsable de los sangrientos sucesos de Bagua y de imponer la intransigencia del Presidente García frente a las justas demandas de los pueblos amazónicos en defensa de la consulta previa, sus territorios y derechos; así como el asesinato de un campesino en Chumbivilcas;
Indignados con un Congreso que da impunidad política al gabinete actual pero se desentiende del fracaso del “Plan Anticrisis”, el alza del costo de vida y las demandas populares; que renuncia a nuestra soberanía y quiere dejar exportar el gas de Camisea sin importarle la necesidad energética del país; que, corroído por su propia corruptela, se calla ante la inaceptable liberación de Oscar Medelius y los responsables del fraude las firmas fujimoristas o la “detención domiciliaria” de lujo a León Alegría;
Hartos de la falsa democracia de un gobierno y un régimen político ilegítimos, que deciden las cosas de espaldas al pueblo, sin consulta, incumpliendo sus promesas electorales y la rendición de cuentas a la que los peruanos y peruanas tenemos derecho;
Cansados de una política económica que profundiza la crisis, aumenta el costo de vida y el desempleo que sufrimos, impide el aumento de los salarios, sueldos y pensiones a pesar del aumento precios y de la pobreza, que privilegia a los ricos y las transnacionales, abandona al agro y la industria nacional, impide una Reforma tributaria para que paguen más los que ganan más y entrega el control del manejo y la renta que producen nuestros recursos naturales a capitales extranjeros;
Hastiados del racismo y la histórica marginación de nuestros pueblos y comunidades originarias, amazónicas y andinas, del atropello que sufren en sus mismos territorios;
Uniendo fuerzas por el cambio del régimen político y económico y por la conquista de un gobierno que responda a los intereses del país y de las mayorías, garantizando más justicia, democracia y libertad, más solidaridad y respeto a la pluriculturalidad;
EL FRENTE NACIONAL POR LA VIDA Y LA SOBERANÍA REAFIRMA LA JORNADA NACIONAL DE LUCHA DEL 8 DE JULIO Y EL PARO ANDINO-AMAZONICO DEL 7, 8 Y 9 DE JULIO exigiendo:
-Retorno al Perú de Alberto Pizango, líder amazónico y del Frente Nacional, con garantías y libertad, a encabezar la negociación con el Gobierno. No a la criminalización de la protesta social y persecución de los dirigentes sociales, populares y políticos que batallan por el cambio. Corte de juicio contra los dirigentes amazónicos, de AIDESEP, de los Frentes Regionales y gremios perseguidos y presos. Derogar los decretos legislativos 982, 983, 988 y 989. Restitución de los 7 congresistas suspendidos. Fuerza de Ley al Convenio 169 de OIT y la Declaración de la ONU sobre Pueblos Indígenas.
-Inmediata renuncia del Gabinete Simon-Cabanillas-Araóz. Condenar el abuso, el autoritarismo, la violación a los derechos humanos y la corrupción del gobierno de Alan García y del régimen político, cada vez más ilegítimo y más repudiado. ¡Respeto a la dignidad y los derechos de los pueblos y a los hombres y mujeres del pueblo peruano!
-¡Fin a la política económica neoliberal y primario exportadora, de sello antipopular y antinacional, que echa la crisis sobre los hombros de las mayorías empobrecidas, los trabajadores del campo y la ciudad, los pueblos originarios y sobre el agro y la industria nacional! Derogación de los decretos legislativos para implementar el TLC con EEUU lesivos al país, de la Ley de Carrera Pública Magisterial que agrede los derechos del magisterio nacional, y las medidas contra los trabajadores de salud. Atender las justas demandas de los transportistas.
-Una política económica al servicio de la gente, un Estado que proteja los intereses e ingresos de las mayorías y de la producción nacional. ¡Basta de privatizaciones y entrega de nuestros recursos naturales, servicios y empresas públicas al negocio extranjero! ¡Protección al agro, las MYPES y la industria nacional en lugar de regalar el mercado interno a países extranjeros a través de los TLC! Suspender la aplicación de los TLC y la negociación de nuevos TLC, como el de la Unión Europea, por ser lesivos al país.
-Rebaja del costo de vida: Control de precios de los servicios públicos. Rebaja de la luz. No a la exportación del gas de Camisea. Ejecutar la inversión pública descentralizada comprometida. Programas de empleo de emergencia y reposición de despedidos. Aumento de sueldos, salarios y pensiones. Aumento del presupuesto de programas sociales, de salud y educación. Crédito y apoyo al agro. ¡Reforma Tributaria para que los ricos paguen más! Solución y atención a las demandas de las poblaciones y sectores sociales en lucha en todo el país. Declaración del agua como Derecho Humano.
-Cambio de régimen político, económico y social: Nueva Constitución y una Asamblea Constituyente de elección popular para construir un Estado democrático y participativo, descentralizado, plurinacional y de unidad en la diversidad, con un nuevo pacto social por la justicia social y una economía al servicio de la gente, sobre el equilibrio entre naturaleza, sociedad y cultura y el reconocimiento de derechos colectivos de los pueblos; servicios públicos y derechos laborales y sociales.
¡ABAJO EL GOBIERNO DE ALAN GARCÍA!
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Declaración indígena desde Honduras. (ukhamawa-AYI)Los pueblos indígenas y negros de Honduras, mediante el presente documento, queremos dejar firme y clara nuestra posición política frente al Golpe de Estado ocurrido en nuestro país, en los términos que a continuación hemos acordado manifestar ante la opinión pública nacional e internacional:
a) Declarar nuestro repudio y enérgica condena ante la opinión publica nacional e
internacional, a los conspiradores del golpe de estado (Micheletti, fuerzas armadas y los poderes fácticos) avalados por Ramón Custodio (Comisionado de Derechos Humanos), Luís Rubí (Fiscal General), los Magistrados de la Corte Suprema de “Justicia” y los diputados y diputadas del Congreso Nacional representantes de los partidos; Liberal,Nacional, Pinu-Sd, y la Democracia Cristiana.
b) Exigimos sin condiciones el inmediato retorno del Presidente Constitucional de la
República Don Manuel Zelaya Rosales, a quien reconocemos como nuestro único
presidente electo por nosotros. Por tanto no estamos dispuestos a obedecer ningún orden que emane de Micheletti y sus secuaces.
c) Amparados en el Artículo 3 de la Constitución de la República, que dice; nadie debe obediencia a un gobierno usurpador ni a quienes asuman funciones por la fuerza de las armas, aclaramos que estamos dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias, por defender la dignidad de nuestros pueblos mancillados históricamente por los grupos de poder económico, la clase política corrupta y las fuerzas armadas.
d) Solicitamos la urgente presencia del Dr. James Anaya (Relator Especial de las
Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas), la Sra. Victoria Tauli-Corpuz (Foro
Permanente de Pueblos Indígenas de la ONU), a la Organización Internacional del
Trabajo (oficina Ginebra), a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH), a Amnistía Internacional, a Armstrong Wiggins del ILCR (Indian Law
Resource Center), entre otros, para que envíen misiones de evaluación con el fin de
analizar la situación de violación de los derechos humanos de las comunidades
indígenas, campesinos y dirigentes de organizaciones del movimiento popular ante la
crisis que vive nuestro país.
e) Dejamos constancia que no participaremos en ningún “diálogo nacional” que
pregonan los golpistas. Al contrario, alertamos a la comunidad internacional sobre ese “circo” donde los payasos seremos los pobres de siempre, que lo único que buscan es ganar tiempo para legitimar y consolidar los privilegios de los poderes fácticos (padrino de los golpistas) y engañar de nuevo al pueblo hondureño, así como a los organismos y países cooperantes.
f) Adherimos nuestros esfuerzos de lucha milenaria al Frente Nacional de Resistencia
contra el Golpe de Estado, a la Coordinadora Nacional de Resistencia Popular, así como con todos los demás sectores del movimiento popular que pregonamos por la
transformación de una sociedad hondureña más equitativa, más justa, y más humana.
g) Jamás claudicaremos a nuestra lucha histórica por una reforma a la constitución
política de nuestra patria, en donde se reconozca el Estado multicultural y multilingüe en Honduras; los derechos particulares de nuestros pueblos; por una democracia participativa e incluyente; al consentimiento libre, previo e informado; al reconocimiento y defensa legítima de nuestros territorios y recursos naturales; a la libre determinación de nuestros pueblos; entre otros, así, como lo establecen diversos Tratados, Convenios y Declaraciones internacionales, principalmente el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de la Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas.
“Lucho porque no quiero que se roben más las mieles de nuestros panales” -Tupac Amaru.
Tegucigalpa, Honduras, 01 de Julio de 2009
-Federación de Comunidades Indígenas Chorotegas de Honduras (FCIC), Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH), Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas de Intibuca (COPINH), Federación Indigena Tawahka de Honduras (FITH), Mosquitia Asla Takanka (MASTA), Movimiento Indígena Herederos de la Moskitia (MUIHKA)
Comisión TASBA de Brus Laguna, Comisión TASBA de Wampusirpi, Asociacion Tawahka de Productores y Servicios Limitada (ATAPROSEL), Alianza Sustentabilidad Ecológica y Justicia Social (Alianza Verde), Federación Hondureña de Indígenas Lencas (FHONDIL)
Coordinadora Indígena de Mesoamerica y el Caribe (CIMCA), Federación de Tribus Xicaques de Yoro (FETRIXY), Drapaptara Indianka Uplika Asla Takanka (DIUNAT)
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La Coordinadora Indígena de Mesoamérica y el Caribe (CIMCA), después de escuchar desde la voz de los pueblos indígenas; Lenca, Miskitu, Tawahka, Pech, Maya-Chortí, Tolupan, Garifuna, Creole, Nahoa y los Chorotega, a raíz de los acontecimientos ocurrido el 28 de junio del presente año, donde las Fuerzas Armadas en alianza con los poderes fácticos del país y avalados por “autoridades serviles” al sistema, dieron un Golpe de Estado quitando de su cargo de Presidente Constitucional de la República al Sr. Jose Manuel Zelaya Rosales. Ante este abominable acto,CIMCA denuncia enérgicamente ante la opinión pública nacional e internacional lo siguiente:
1. El Ejercito y la Policía Nacional, no han cesado de hostigar, golpear, amenazar y quitarle el derecho a la libre circulación de los indígenas que quieren llegar a la capital (Tegucigalpa) a manifestase pública y pacíficamente en apoyo al reestablecimiento del orden constitucional y el retorno del Presidente Manuel Zelaya.
2. Del día de hoy (01 de julio) el “Congreso Nacional” atendiendo a los caprichos de los golpistas (Micheletti, fuerzas armadas y empresarios), ha decretado la suspensión de todas las garantías constitucionales de los ciudadanos hondureños, retrocediendo a la época oscura de la guerra fría. Esto se llevó a cabo entre las 3 bancadas aliados del partido liberal (partido nacional, Pinu y la Democracia Cristiana). La Diputada Silvia Ayala de la Unificación Democrática (UD) fue quien compartió esta información al público y de quien tenemos conocimiento está amenazada por los mismos diputados golpistas y los militares.
3. Tenemos conocimiento que están reclutando a jóvenes indígenas y campesinos en lugares aislados, principalmente en los departamentos donde viven la mayor población Lenca. Esta acción violenta la constitución ya que en Honduras el servicio militar es voluntario.
4. CIMCA condena el golpe militar perpetrado en Honduras. Este detestable acto violenta todos los derechos colectivos e individuales consignados en diversos Tratados, Convenios y Declaraciones internacionales, tales como el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de la Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, entre otros.
5. Desde el día domingo 28 de junio hasta la fecha, se mantiene sin comunicación a la población en general. Los dueños de los medios venden la imagen de los golpistas como algo positivo, contrario a la lucha del movimiento popular donde participan las organizaciones indígenas, satanizan dicho actos con el fin de desprestigiar y desmoralizar la lucha popular.
6. Existe la información de una lista negra de dirigentes opuestos a los golpistas, a quienes los militares deben capturar, torturar, eliminar y/o encarcelarlos inmediatamente. Para llevar a cabo esas sádicas acciones el Congreso Nacional debía suspender las garantías ciudadanas consignados en la constitución y que hoy 01 de junio lograron su bochornoso propósito.
7. Los militares que durante la década de los años 80s dirigieron operaciones abominables contra la población civil, son los que el presidente golpista (Micheletti) está llamándolos para que sean sus asesores. Significa entonces, un peligro latente y serio para la vida de los dirigentes indígenas y demás sectores del movimiento popular.
8. En la zona recuperada de La Moskitia, 4 militares han asesinado a sangre fría a un indígena Miskitu. El juez de paz a reportado ese hecho pero aparentemente por tratarse de una persona seguidor del Presidente Manuel Zelaya, no pueden hacer nada al respecto CIMCA solicita a sus organizaciones miembros en todos los países de Mesoamérica y el Caribe, mantenerse en alerta y seguir denunciando ante la comunidad internacional, sobre los acontecimientos del Golpe de Estado suscitado en Honduras.
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Evo Morales: Suspensión de beneficios comerciales de Bolivia indica que Obama le “mintió a Latinoamérica” (democracy now-AYI) El Presidente Obama anunció que continuaría con una política del gobierno de Bush de suspender los beneficios comerciales de Bolivia. El gobierno de Bush revocó estos beneficios el año pasado, tras acusar al Presidente boliviano Evo Morales de no cooperar en la llamada “guerra contra las drogas”. El miércoles, Morales dijo que Obama había sido engañoso al prometer una nueva era de cooperación regional. Refiriéndose a las propuestas de Obama en una reciente cumbre hemisférica, Morales dijo: "El Presidente Obama mintió a Latinoamérica cuando nos decía en Trinidad y Tobago que no había socios mayores ni socios menores”. Estados Unidos fue acusado de hipocresía por tomar medidas contra Bolivia. Las cifras más recientes de la ONU indican que la producción de cocaína en Bolivia aumentó solamente un 5% en 2007. Mientras que Colombia, que ha recibido miles de millones de dólares en ayuda estadounidense, tuvo un incremento del 27%”.
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La PDI no encontró restos de pólvora en manos de Catrileo. (La nación-AYI) Corte Marcial rechazó alegato de que una patrulla policial fue atacada a balazos en el fundo Santa Margarita y mantuvo procesamiento del cabo Walter Ramírez por el delito de violencia innecesaria con resultado de muerte del joven universitario.
Matías Catrileo Quezada, el universitario asesinado de un balazo el 3 de enero de 2008 en un fundo de Temuco, no disparó ningún arma de fuego contra la patrulla de Carabineros presente en el lugar, según estableció un peritaje de la Policía de Investigaciones (PDI). La información la entregó el abogado Nelson Caucoto, querellante por parte de la familia de la víctima.
El legista alegó el jueves pasado en la Corte Marcial , en contra de la apelación que presentó la defensa del cabo 2º de Carabineros Walter Jhonattan Ramírez Inostroza, procesado por el delito de violencia innecesaria con resultado de muerte del joven de 24 años. El tribunal rechazó el recurso del uniformado y mantuvo el procesamiento.
La defensa del cabo Ramírez solicitó a los ministros del tribunal castrense revocar el encausamiento, aduciendo que existen pruebas fundadas para sostener que el policía actuó conforme a la ley. Afirmó que la patrulla en que viajaba habría sido atacada por una turba de cerca de 40 individuos que incendiaba fardos de paja en el interior del fundo Santa Margarita.
Asimismo, la defensa afirmó que al joven abatido se le habrían encontrado restos de material químico en sus manos, lo cual fue fuertemente cuestionado por el abogado Nelson Caucoto, quien rechazó la imputación mostrando una pericia que ratificaba que el estudiante de Agronomía no manipuló armas al momento de ser abatido.
El jurista destacó que el Laboratorio de Criminalística de la PDI no encontró restos de pólvora ni de otros químicos en las manos de Catrileo, por lo cual "no existen argumentos para que el carabinero alegue inocencia. Por el contrario, está muy claro que él participó en los hechos y que él es responsable en la muerte de Catrileo", manifestó Caucoto.
En la Corte Marcial también se hizo presente un abogado del Consejo de Defensa del Estado (CDE), que también alegó para que se confirmara el procesamiento contra el efectivo.
MADRE DE CATRILEO.
Por su parte, Mónica Quezada, la madre de Matías Catrileo, afirmó que actos de violencia como el que costó la vida a su hijo seguirán ocurriendo, "mientras no haya una voluntad política de las autoridades para escuchar al pueblo mapuche".
Añadió que "estamos absolutamente convencidos de que la desproporción de fuerza fue tremenda", en alusión al accionar de los policías que concurrieron al fundo Santa Margarita, propiedad del agricultor Jorge Luchsinger, para controlar a un grupo de sujetos que quemaba fardos de paja en el recinto.
También reiteró que la polera que vestía Matías Catrileo al momento de ser abatido no fue "puesta" por la familia en el lugar del hecho, como sostuvo la defensa del cabo Ramírez, sino que efectivamente esa prenda fue encontrada en el lugar y después entregada por la familia como prueba. La madre afirmó que el abogado defensor "una vez más miente, como ha mentido en innumerables ocasiones".
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Occidentalización, dañina para salud de indígenas. (EFE-2jul09-AYI)
La occidentalización del estilo de vida es catastrófica para la salud de los pueblos indígenas, que en los últimos años han experimentado un fuerte incremento en los casos de obesidad, dolencias cardiovasculares y diabetes tipo 2.
Así lo refleja un informe publicado en el último número de la revista médica "The Lancet", que alerta también del aumento de los problemas físicos, sociales y mentales que aquejan a estas poblaciones derivados del consumo de alcohol y drogas.
Los profesores Michael Gracey, miembro de la ONG Unity of First People of Australia, y Malcolm King, de la Universidad de Alberta (Canadá), explican que las condiciones en las que viven los 400 millones de indígenas del planeta suelen implicar unos niveles sanitarios muy pobres y que el contacto con los modos de vida de la sociedad occidental no han hecho más que empeorarlos.
Gracey y King centraron su estudio en la población aborigen de Australia, pero consideran que sus conclusiones son extensivas a la mayor parte de pueblos indígenas del mundo que, en su opinión, "deberían ser animados a asumir la responsabilidad en lo que se refiere a los asuntos que afectan a su salud".
Estos expertos constataron que las precarias condiciones de vida, la malnutrición y las infecciones se ceban especialmente en los niños de estos pueblos, que presentan con frecuencia problemas auditivos, deficiencias dentales, tracoma, diarrea e infecciones respiratorias.
Estos menores también están expuestos a enfermedades prácticamente erradicadas en el primer mundo gracias a los programas de vacunación, como el sarampión, las paperas, la difteria, la rubeola, la tos-ferina y el tétanos.
Otro grupo poblacional sensible son las mujeres embarazadas, que durante la gestación se ven sometidas a un exceso de esfuerzo físico y sufren anemia, infecciones del tracto urinario y diabetes gestacional, dolencias que no son atendidas médicamente.
El informe hace hincapié en que "la occidentalizació n de los pueblos indígenas ha causado un aumento alarmante de las enfermedades crónicas relacionadas con el estilo de vida".
Las dietas con exceso de calorías, grasas y sal, combinadas con una menor actividad física y una predisposició n genética, han causado, por ejemplo, que un 40 por ciento de los adultos aborígenes del noroeste de Australia tenga diabetes, un porcentaje que supera el 60 por ciento entre los mayores de 35 años.
Entre los niños indígenas de esa región son frecuentes los casos de sobrepeso o resistencia a la insulina en edades tan tempranas como los 5 años, mientras que entre los aborígenes menores de 17 años la tasa de diabetes es 18 veces superior a la que se registra en el resto de la población de la misma edad.
"De manera alarmante, las enfermedades crónicas relacionadas con el estilo de vida se están incrementando un 25 por ciento en cada década. Es algo que se está convirtiendo en una catástrofe para la salud pública a escala internacional", se dice en el informe.
Gracey y King afirman que la solución pasa por adoptar medidas urgentes en materia de asistencia sanitaria a mujeres y niños, fomentar programas saludables de nutrición y prevenir y tratar las enfermedades infecciosas y las derivadas de los cambios de hábitos.
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Aumenta discriminación a aborígenes australianos. (Argenpress-AYI) La cantidad de abusos a aborígenes australianos se duplicó desde 2000 y se comprobó que la discriminación va en aumento, según datos oficiales del gobierno laborista, del primer ministro Kevin Rudd.
El informe sobre tendencias sociales y económicas de las comunidades aborígenes es realizado por el consejo de los gobiernos australianos y registra cada dos años cómo el gobierno federal y el de los estados proceden para disminuir las diferencias entre las comunidades.
Uno de los puntos más fuertes que reflejó el informe destaca que los niños de las comunidades nativas tienen una probabilidad siete veces mayor que el resto de la población de sufrir abusos. El último informe determinó que a pesar de las mejoras en algunos sectores, no hay progresos reales en áreas clave, como instrucción y ocupación.
Los aborígenes tienen una probabilidad 13 veces mayor de terminar en prisión y 34 veces más de ser hospitalizados por violencia doméstica.
Rudd, al presentar el informe, lo calificó de "devastante" y recalcó que "es inaceptable y significa que debemos redoblar nuestros esfuerzos".
"El gobierno debe afrontar el problema de manera diferente", dijo el comisario para la discriminación racial, Tom Calma, líder aborigen.
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Paraguay. Estado indemniza a indígenas por más de G 100 millones. (2jul09-ukhamawa-AYI) El encargado del Despacho de la Presidencia del Instituto Paraguayo del Indígena(INDI), Hugo Medina Huerta, dio cumplimiento este jueves al pago de daños materiales ocasionados a la comunidad Yakye Axa por un total de 115 millones de guaraníes.
Dentro del Marco de la Causa CDH 12313 "Comunidad Indígena Yakye Axa vs. Paraguay" el encargado de despacho Hugo Medina dio cumplimiento a la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pagando la cancelación en concepto de mora por daño material, costas y gastos a favor de la comunidad, asentada en Presidente Hayes.
Un total de 115 millones de guaraníes fueron entregados cumpliendo con los párrafos 195 y 232 de la sentencia a favor de las comunidades Enxet.
Igualmente se pagó a la comunidad Sawhoyamaxa, asentada en el mismo departamento, la suma de 24 millones, pago parcial por daño inmaterial, según Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
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CAMBIO CLIMÁTICO: La trampa del carbono. (Emilio Godoy-IPS-AYI) MÉXICO- La definición de metas a largo plazo para recortar las emisiones de gases que recalientan la atmósfera separa a las naciones en desarrollo de las industriales en las negociaciones para un nuevo acuerdo climático internacional.
Esta brecha quedó nuevamente de manifiesto en una reunión de dos días de los ministros de Ambiente y delegados de las 17 naciones del Foro de las Grandes Economías sobre Energía y Clima (MEF, por sus siglas inglesas), celebrada en el municipio de Jiutepec, a unos 100 kilómetros de la capital mexicana.
En una conferencia de prensa previa a la conclusión de la jornada este martes, el ministro de Ambiente de México, Juan Elvira, anunció "avances" en las negociaciones, pero no ofreció detalles concretos.
"La reunión ha abordado renglones o temas que en ocasiones anteriores ni siquiera salieron, y eso nos alberga esperanzas de que podamos avanzar fuertemente", dijo Elvira.
La comunidad internacional debería alcanzar en diciembre un régimen internacional obligatorio para frenar los peores efectos del cambio climático, centrado en la reducción de gases contaminantes.
En México, las conversaciones se prolongaron más allá del programa inicial, una señal de que se atoraron, especialmente en lo referente a las metas de disminución de los gases de efecto invernadero producidos por actividades humanas y considerados responsables del aumento de la temperatura del planeta.
El MEF, ámbito creado en marzo por el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, convoca también a Alemania, Australia, Brasil, Canadá, China, Corea del Sur, Francia, Gran Bretaña, India, Indonesia, Italia, Japón, México, Rusia, Sudáfrica y la Unión Europea, sumando 80 por ciento de los gases invernadero producidos por el mundo.
En sesiones a puertas cerradas y rodeadas de hermetismo, los funcionarios abordaron temas como el financiamiento, la adopción de medidas de mitigación y adaptación al cambio climático y la transferencia de tecnología de las naciones industrializadas al mundo en desarrollo.
"Se ha tocado en profundidad la reducción de emisiones de los países industrializados, en la cual este foro está llegando a acuerdos importantes", aseveró Elvira.
Los asistentes discutieron el borrador de la declaración de la reunión cumbre del MEF, que tendrá lugar en julio en La Maddalena, municipio del norte de la isla italiana de Cerdeña.
También en Italia, entre el 8 y el 10 de julio, se celebrará la Cumbre de los Ocho países más poderosos del mundo, todos integrantes del MEF.
Una de las expectativas de este ciclo giraba en torno a un posible anuncio de Estados Unidos o de China de una meta clara de reducción de emisiones, que hasta ahora no se produjo.
La conferencia de Jiutepec forma parte de las intensas negociaciones de este año para acordar un convenio que sustituya desde 2012 al Protocolo de Kyoto, suscrito en esa ciudad japonesa en 1997 y vigente desde 2005.
Ese acuerdo, que fue repudiado por Estados Unidos, obliga a los 37 países industrializados incluidos en su Anexo I a reducir sus emisiones de gases invernadero a volúmenes 5,2 por ciento inferiores a los de 1990, con plazo en 2012.
Una propuesta que apareció sobre la mesa de negociaciones fue la creación de un fondo verde, de unos 10.000 millones de dólares, empujada por México que sugirió al Banco Mundial como administrador.
"Nos gustaría ver que más naciones tomaran el liderazgo en el combate al cambio climático, que se comprometieran a dar un financiamiento a las naciones en desarrollo en materia de mitigación y adaptación", dijo a IPS el ambientalista Gustavo Ampugnani, presente en el encuentro del MEF y coordinador político para América Latina de la organización ecologista Greenpeace.
Esa organización reclamó una reducción de emisiones de al menos 40 por ciento respecto de 1990 y propuso la creación de un fondo ecológico internacional por 140.000 millones de dólares para acciones de mitigación y adaptación al cambio climático.
Los países en desarrollo demandan a las naciones industrializadas que contraigan sus emisiones en al menos 40 por ciento para 2050, mientras éstas quieren que las metas obligatorias incluyan también a las grandes naciones en desarrollo.
Estados Unidos y China son los principales contaminadores climáticos.
México emite anualmente a la atmósfera 715 millones de toneladas de dióxido de carbono, según el inventario nacional correspondiente a 2006. La actividad más contaminante es la producción y consumo de energía.
El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), establecido en 1988 por la Organización de las Naciones Unidas para suministrar a gobiernos y autoridades una fuente de información objetiva sobre el fenómeno, estima que la reducción global de gases invernadero debería oscilar entre 25 por ciento y 40 por ciento de los volúmenes de 1990.
"El hermetismo (de la reunión del MEF) no nos deja tranquilos, porque no vemos las señales de liderazgo de los países más ricos, de los que más contaminan, y que son los más obligados a tomar medidas para que la temperatura no siga aumentando", comentó Ampugnani, para quien la coyuntura actual es "una trampa política, en la que nadie se atreve a dar el primer paso".
Las negociaciones climáticas proseguirán en Bonn, entre el 10 y el 14 de agosto, en Bangkok entre septiembre y octubre, y desde el 2 y el 16 de noviembre en Barcelona.
El proceso culminará en Copenhague, cuando se reúna la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, entre el 7 y el 18 de diciembre.
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Petróleo enturbia el Perú amazónico. (Milagros Salazar-IPS- Tierramerica-AYI) Más de 70 por ciento de la Amazonia peruana ha sido repartida en concesiones para inversiones de hidrocarburos entre 2003 y 2008, afirma un reporte no gubernamental.
BAGUA, Perú- “Ahora se van a ir los peces”, dijo el indígena awajún Luis Umpunchi, entre una veintena de personas reunidas alrededor de un oleoducto roto en la comunidad de Jayais, en la norteña región peruana de Amazonas.
Todos observaban preocupados el derrame. Algunos tocaban el líquido negro, que se mezclaba con el lodo formado por la lluvia.
“Ese petróleo llega al río Marañón, en cuyas riberas están nuestros cultivos”, agregó Antonio Chu Pumpunchig, que estaba cosechando plátanos cuando se enteró de la rotura de una de las tuberías del Oleoducto Norperuano, operado por la empresa estatal Petroperú y con varias estaciones de bombeo en Amazonas.
La Estación Número 6, precisamente, fue tomada a inicios de este mes por indígenas de la provincia de Bagua como parte de las protestas contra leyes que amenazan sus territorios, y fue uno de los epicentros de violentos choques en los que murieron 24 policías y por lo menos 10 civiles, aunque los nativos afirman que los decesos serían muchos más.
Las poblaciones más afectadas por el derrame están en las cuencas de los ríos Cenepa y Nieva. Pero los nativos que viven más cerca de ciudades como Bagua, capital provincial, también temen que sus ríos puedan contaminarse, como le sucedió al pueblo achuar, asentado en el río Corrientes de la vecina región de Loreto, en el extremo nororiental del país, donde opera la empresa argentina Pluspetrol.
Trabajadores de Petroperú que llegaron a Jayais para limpiar el derrame se negaron a informar sobre la causa de la rotura de la tubería, tendida sobre una quebrada.
Las familias amazónicas viven de la pesca, la caza en los bosques, el cultivo de plátano, maíz y cacao en las riberas de los ríos y de yuca en la montaña, además de la venta de productos agrícolas. En las carreteras, los comerciantes les compran el ciento de plátano a tres soles (un dólar), para luego venderlo en los mercados a 12 (cuatro dólares).
“No es que reclamemos porque somos salvajes, sino porque vivimos de estos recursos. La tierra es nuestra madre y el bosque nuestra despensa para alimentar a nuestras familias”, insistió Umpunchi.
Lo más probable es que parte del crudo derramado llegue al río Chiriaco y luego termine en el Marañón, explicó.
Más de 70 por ciento de la Amazonia peruana ha sido repartida en concesiones para inversiones de hidrocarburos entre 2003 y 2008, sostuvo en marzo un informe de la organización no gubernamental Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), a partir de datos oficiales.
Para promover la inversión privada en la selva, el gobierno de Alan García aprobó una decena de decretos legislativos en el marco de la implementación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que encendieron inusitadas protestas indígenas en 2008 y este año.
Ante la tragedia de este mes, el gobierno retrocedió parcialmente y el Congreso derogó dos de las normas cuestionadas.
EXTRACCIÓN EN LA MIRA.
Los pueblos awajún y wampí, que habitan Amazonas, se sienten amenazados por las actividades minera y petrolera, asentadas en las cabeceras de sus cuencas, en áreas protegidas y casi siempre en zonas muy vulnerables, lo que da pie a disputas por recursos como el agua y la tierra entre empresas y pobladores.
“Ésta es mi casa, aquí vivieron mis abuelos y es lo que quiero que mis hijos hereden”, dijo a esta periodista Julia Esamat, de 53 años, una awajún de la aldea de Wawas, en el distrito de Chiriaco.
“Nosotros hemos salido (adelante) solos, sin el Estado. Ahora no pueden venir las autoridades a quitarnos lo que es nuestro”, aseguró.
Hay cerca de 60 concesiones petroleras, 15 de ellas aprobadas de manera irregular, superponiéndose a 12 áreas protegidas en 10 regiones del país. Entre ellas aparece la zona reservada Santiago Comaina, de Amazonas, según el informe de DAR.
En el lote 116 de Santiago Comaina tiene un permiso de exploración la empresa francesa Maurel & Prom. Para acceder a la zona, la compañía firmó un acuerdo con los presidentes de las federaciones nativas de la provincia de Condorcanqui. Pero, por no haber consultado a sus comunidades, esos líderes fueron destituidos por sus bases, señaló el diario La República en mayo de 2008.
Además, en Amazonas se han autorizado proyectos de exploración de oro y uranio en la Cordillera del Cóndor, en el límite con Ecuador. Según organizaciones nativas de la cuenca del Cenepa, esas concesiones fueron transferidas de modo irregular a la empresa Dorato Perú, subsidiaria de la canadiense Dorato Resources.
En una nota de prensa de noviembre de 2008, Dorato Resources afirmó que había adquirido todas las acciones de la minera peruana Afrodita. Esa transacción se habría realizado mediante Afrodita y compradores de fachada, según el abogado Marco Huaco, de la organización no gubernamental Racimos de Ungurahui.
De acuerdo con Huaco, el proyecto viola el artículo 71 de la Constitución, porque para autorizar una inversión extranjera en la frontera, el Poder Ejecutivo debe emitir un decreto supremo que la declare de “necesidad pública”, lo cual no se hizo.
Además, se habría infringido el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, de 1989, que exige la consulta previa a las comunidades locales sobre actividades económicas que afecten sus medios de vida.
La Organización de Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del Cenepa (Odecofroc), una de las cuatro entidades indígenas de Amazonas, presentó en abril tres denuncias sobre el caso ante la Dirección de Concesiones Mineras.
Las autoridades contestaron que desconocían la participación de la empresa canadiense, que las concesiones fueron otorgadas a personas naturales y jurídicas de nacionalidad peruana y que investigarían las denuncias, señaló Huaco, asesor de la organización.
La Odecofroc también llevó el caso de la Cordillera del Cóndor ante el relator especial de las Naciones Unidas sobre los derechos y las libertades de los pueblos indígenas, James Anaya, que estuvo en Bagua el 18 de junio
En el documento entregado a Anaya, al cual accedió esta periodista, se señala que el proyecto afecta a 9.636 indígenas del Cenepa, porque se ubica en la cabecera de los principales ríos tributarios del Marañón y atraviesa el protegido Parque Nacional Ichigkat Muja, reconocido por el gobierno por su altísima “vulnerabilidad ecológica y humana”.
En varios expedientes de titulación de derechos a favor de peticionarios mineros, el Instituto Nacional de Recursos Naturales reconoció la imposibilidad de realizar actividad minera en el territorio awajún, afirma el documento entregado a Anaya.
“Si se realiza la minería en esa zona, significaría la extinción parcial de este pueblo amazónico”, declaró Huaco para este artículo.
Los líderes indígenas llevarán el caso ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de las Naciones Unidas, al asesor especial para la Prevención del Genocidio del foro mundial y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
* Este artículo es parte de una serie producida por IPS (Inter Press Service) e IFEJ (siglas en inglés de Federación Internacional de Periodistas Ambientales) para la Alianza de Comunicadores para el Desarrollo Sostenible (http://www.complusalliance.org).
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Posibilidad de rompimiento democrático en Guatemala. (CERIGUA-AYI) A casi una semana del golpe de estado en Honduras, donde los militares y grupos ultraderechistas depusieron al Presidente Manuel Zelaya, un informe difundido este jueves en España revela que Guatemala también tiene una alta posibilidad de amenazas severas al orden democrático.
El Informe Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible, promovido en Costa Rica por las universidades estatales representadas en el Consejo Nacional de Rectores (Conare) y la Defensoría de los Habitantes, señala la debilidad de los sistemas democráticos en Centroamérica que, en la mayoría de los casos, se debe a la fragilidad de los derechos humanos en la región.
Miguel Gutiérrez Saxe, coordinador del documento, destacó el caso de Honduras, como prototipo de esa frágil democracia y advirtió sobre los altos peligros que corren estos sistemas en Guatemala y El Salvador.
Sobre el caso guatemalteco, Gutiérrez indicó que la situación es muy tensa, aunque frente a la problemática que se vive en este país está la salvadoreña, con un papel moderado del ejército.
La vulnerabilidad en que viven las naciones de Centroamérica se debe, según el estudio, a la alta violencia social y delictiva, a la intensa inseguridad ciudadana y a los frágiles o incipientes estados de derecho y la aplicación de la mano dura.
Sin un mayor desarrollo será poco probable construir un sistema democrático en esa región con más igualdad social y sin costes para la población, concluyó Gutiérrez, durante la presentación del informe en el Instituto de Iberoamérica, de la Universidad de Salamanca.
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