Resumen AYI

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Dirigentes indígenas de 35 países se reunieron del 23 al 25 de marzo en Manila, Filipinas, para participar en la Conferencia Internacional sobre Industrias Extractivas y Pueblos Indígenas. La Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas, CAOI, participó en esta Conferencia, que emitió la siguiente Declaración:

Declaración de la Conferencia Internacional sobre Industrias Extractivas y Pueblos Indígenas. 23-25 de marzo de 2009 / Legend Villas, Metro Manila, Filipinas.(CAOI-AYI)

Cuando se hayan talado todos los árboles,
Cuando se hayan cazado todos los animales,
Cuando todas las aguas estén contaminadas,
Cuando el aire sea irrespirable,
Sólo entonces os daréis cuenta de que el dinero no se puede comer.
Trata bien a la tierra, no te la han dejado tus padres, te la han prestado tus hijos. No heredamos la Tierra de nuestros ancestros, nos la prestan nuestros hijos.
(Jefe Seattle)

Nosotros, los Pueblos Indígenas y grupos de apoyo de 35 países de todo el mundo y representantes de muchas más Naciones Indígenas nos hemos reunido en esta Conferencia Internacional sobre Industrias Extractivas y Pueblos Indígenas. Como Pueblos Indígenas tenemos una cosmovisión propia, diversidad de idiomas, historia, espiritualidad, territorios, que han existido desde tiempos inmemoriales. Pero ahora nos encontramos dentro de las fronteras de los Estados, que han establecido normas y leyes de acuerdo a sus intereses. Debido a esto, hemos sufrido de forma desproporcionada el impacto de las industrias extractivas, porque en nuestros territorios se encuentra más del 60% de los minerales más ambicionados del mundo. Esto ha supuesto muchos problemas para nuestros pueblos, ya que ha atraído a las corporaciones de industrias extractivas para explotar insosteniblemente nuestras tierras, territorios y recursos sin nuestro consentimiento. El resultado han sido las peores formas de degradación ambiental, violaciones de los derechos humanos y desposesión de nuestras tierras y se está contribuyendo al cambio climático.
La degradación ambiental incluye, entre otros factores, la erosión de nuestra frágil diversidad biológica, la contaminación del suelo, del aire y del agua y la destrucción de sistemas ecológicos enteros. Las industrias extractivas, especialmente las extractoras de combustibles fósiles, han contribuido además, de manera significativa, al cambio climático que está destruyendo nuestra Madre Tierra.
Las violaciones de los derechos humanos van desde las violaciones del derecho de los Pueblos Indígenas a la libre determinación (que incluye el derecho a determinar el desarrollo, económico, social y cultural propio) a los derechos a las tierras, territorios y recursos, además de desplazamientos y violaciones de los derechos civiles y políticos más fundamentales, como detenciones y arrestos arbitrarios, torturas, desapariciones forzosas y asesinatos.
Nuestra diversidad cultural se ha visto también muy erosionada por la destrucción de la diversidad biológica y de las tierras, territorios y recursos en las que nuestras culturas se basan por causa de las industrias extractivas. Esta erosión de nuestra diversidad cultural es también resultado de la imposición de sistemas coloniales y la invasión de no indígenas. Las corporaciones entran en nuestros territorios prometiendo desarrollo a través de empleos, construcción de infraestructuras y pago de impuestos al gobierno. A pesar de estas promesas, sigue habiendo una situación de pobreza absoluta entre aquellos que viven cerca del proyecto. Esta situación ha atizado los conflictos entre los Pueblos Indígenas, el Estado y las corporaciones de las industrias extractivas, causando además divisiones dentro de las propias comunidades indígenas.
Del 6 al 16 de mayo de 1996, se llevó a cabo una primera “Consulta sobre Minería y Pueblos Indígenas” que tuvo como resultado la “Declaración de los Pueblos Indígenas sobre Minería”. Esta Declaración llamó la atención sobre los conflictos que se producen entre nuestras comunidades y las corporaciones. Reiteró que los Pueblos Indígenas deben ser quienes tomen la decisión de si debería desarrollarse minería en sus comunidades o no y las condiciones bajo las que puede hacerse.

Han pasado casi 13 años desde la celebración de esa Conferencia pero, en conjunto, nuestra situación en el terreno no ha mejorado sensiblemente. Las nuevas oportunidades y amenazas desde la Conferencia de 1996 incluyen:
La bienvenida adopción de la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas por la Asamblea General de la ONU el 13 de septiembre 2007.
Los nuevos mecanismos de la ONU para la protección de los derechos de los Pueblos Indígenas, como el Foro Permanente de la ONU sobre las Cuestiones Indígenas, el Relator Especial sobre los derechos de los Pueblos Indígenas y el Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Un mayor interés en la relación entre los derechos humanos y el comportamiento corporativo, lo que incluye el trabajo del Representante Especial del Secretario General de la ONU sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas comerciales.
El reconocimiento de la responsabilidad social corporativa y una creciente voluntad de las corporaciones, al menos en el discurso, de negociar acuerdos directamente con los Pueblos Indígenas, aunque hasta ahora esto se ha quedado en papel o promesas, y no se ha visto en la práctica.
La crisis del cambio climático, que en gran parte se debe a la dependencia de la economía moderna de los combustibles fósiles. Estos recursos se extraen en nuestras tierras y muchos de nosotros nos vemos afectados desproporcionadamen te por tales actividades.
La crisis financiera mundial, causada por la liberalizació n no regulada de las finanzas.

Debido a todo lo anterior, afirmamos que:
Los Pueblos Indígenas somos titulares de derechos, con vínculos inseparables con las tierras, territorios y recursos que hemos poseído, ocupado o utilizado o adquirido en cualquier otra forma, y no deben ser tratados como simples partes interesadas. Tenemos derecho a la libre determinación de nuestra condición política y a elegir libremente nuestro desarrollo económico, social y cultural (artículo 3 de la Declaración).
Nuestros derechos son inherentes e indivisibles y queremos el reconocimiento pleno de nuestros derechos sociales, culturales y económicos y también de nuestros derechos civiles y políticos.
Deben condenarse todas las doctrinas, políticas y prácticas basadas en la presunta superioridad de ciertos pueblos y concepciones coloniales.
Contribuimos a la diversidad y riqueza de las culturas que conforman la humanidad y creemos que podemos enseñar lecciones valiosas al resto del mundo a través de nuestros valores y visiones del mundo sobre cómo tratar a la tierra con respeto.
Debe ponerse fin a la destrucción de los lugares sagrados y las áreas de importancia espiritual y cultural de los pueblos indígenas.
Debe reconocerse la vulnerable situación de las mujeres y los jóvenes en relación con los impactos de la minería, incluida la pérdida de medios de vida, la violencia y los impactos en la salud y bienestar.
Debe rechazarse el modelo de desarrollo basado en el consumo y producción insostenibles y en la globalización corporativa, que empuja la entrada de las industrias extractivas en nuestros territorios.
Los proyectos de industrias extractivas no pueden tener preferencia sobre nuestro derecho a las tierras, sin que importe si nuestros derechos están reconocidos legalmente o son derechos de usufructo.
Debe terminar de inmediato la criminalizació n de la resistencia de las comunidades, la intimidación violenta, el acoso y el asesinato de nuestros dirigentes, activistas y abogados que trabajan en defensa de nuestras tierras y vidas.
Los proyectos de las industrias extractivas no deben tener preferencia sobre el derecho humano al agua. El agua es especialmente importante en nuestras vidas y es sagrada para nosotros. Además, las mayores reservas de agua dulce se encuentran en nuestros territorios.
El derecho al agua es un derecho humano fundamental que debe reconocerse. Condenamos, por tanto, la conducta del Consejo Mundial del Agua que reduce el derecho al agua a una “necesidad básica”.
Las negociaciones sobre cambio climático no pueden ser conducidas únicamente por los estados y las organizaciones internacionales a menos que haya una participación plena y efectiva de los Pueblos Indígenas. Además, las medidas de mitigación y adaptación en relación con el cambio climático deben diseñarse e implementarse respetando los derechos de los Pueblos Indígenas.
Debe terminarse la imposibilidad de hacer que las industrias extractivas rindan cuentas en los países en los que operan y en los países de origen y deben crearse de inmediato mecanismos para la rendición de cuentas y el cumplimiento de las obligaciones.
La implementació n de iniciativas interestatales de infraestructuras, como la Iniciativa de para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA) que suponen el desarrollo de megaproyectos en nuestras tierras sin obtener antes nuestro consentimiento libre, previo e informado (CLPI) son destructivas para nuestras culturas y nuestra supervivencia y niegan nuestro derecho a la libre determinación.
Por todo lo anterior y para garantizar el respeto a los derechos reconocidos en la Declaración, además de la integridad ecológica de nuestro planeta y nuestras comunidades, pedimos:
Que se detenga el expolio de nuestras tierras, territorios y recursos.
Una moratoria sobre nuevos proyectos de minería, petróleo y gas que afectan o amenazan a nuestras comunidades hasta que se hayan adoptado estructuras y procesos que garanticen el respeto a nuestros derechos humanos. Quienes determinen cuándo se ha cumplido con esta exigencia solo pueden ser las comunidades cuyas vidas, medios de vida y medio ambiente se ven afectados por estos proyectos.
Debido proceso y justicia para los opositores a las industrias extractivas que son víctima de violaciones de derechos humanos.
Revisar todos los proyectos en ejecución que se aprobaron sin respetar nuestro CLPI ni nuestros derechos de libre determinación.
Compensación y restitución por los daños hechos a nuestras tierras, territorios y recursos y rehabilitació n de nuestro medioambiente degradado a causa de proyectos de las industrias extractivas que no tuvieron nuestro libre consentimiento informado previo.
Pedimos a las comunidades indígenas y a quienes les apoyan:
Que se cree un mecanismo internacional que trabaje sobre la cuestión de Pueblos Indígenas e industrias extractivas, con el objetivo de compartir información, educación, defensoría y de defender nuestros derechos.
Que se coordine investigación sobre las compañías mineras, sus procesos y fuentes de inversiones para empoderar a las comunidades, elaborar planes estratégicos y garantizar el reconocimiento de nuestros derechos.
Que afirmen su derecho a controlar la autorización de proyectos y, cuando se haya otorgado el CLPI, que las actividades extractivas en tierras y territorios indígenas se llevan a cabo bajo el derecho consuetudinario indígena.
Que creen un mecanismo para recopilar antecedentes legales de sentencias judiciales relevantes sobre Pueblos Indígenas e industrias extractivas.
Que se construyan relaciones con grupos no indígenas preocupados por el problema de las industrias extractivas, a nivel nacional e internacional, para encontrar puntos en común.
Que se establezca un Día Internacional de Acción sobre Industrias Extractivas y Pueblos Indígenas.
Pedimos a las organizaciones de la sociedad civil:
Que aumenten su apoyo y solidaridad de un modo que respete las cuestiones indígenas.
A las ONG de conservación, en particular, que no se impongan ni nos impongan sus opiniones sino que respeten a nuestras autoridades legítimas y busquen el CLPI de las comunidades antes de intervenir. Esto también se aplica a los académicos, incluidos los antropólogos.

Pedimos a las compañías:
Que respeten las normas internacionales de derechos en todas las jurisdicciones, en especial las normas mínimas que se recogen en la Declaración y que incluyen, en particular, el derecho a las tierras, territorios y recursos y el derecho derivado de CLPI. Esto debe aplicarse también a los consultores.
Que se sometan a un monitoreo independiente y creíble.
Que rindan cuentas por los desastres ambientales, por la destrucción y por la violación de derechos humanos resultantes de sus operaciones.
Que empleen tecnologías seguras y respeten el principio de precaución a todos los niveles y en todos los proyectos.
Que reconozcan la especial vulnerabilidad de las mujeres indígenas ante los impactos negativos de las industrias extractivas.
Que garanticen una plena transparencia en todos los aspectos de sus operaciones y especialmente que garanticen que las comunidades afectadas tienen pleno acceso a la información en formas y lenguas que puedan comprender.
Que lleven a cabo evaluaciones de impacto ambiental, social, cultural y de derechos humanos con los mejores estándares internacionales, garantizando la revisión independiente y la participación de los Pueblos Indígenas.

Pedimos a los inversores:
Que se aseguren de que las políticas en relación con las inversiones en territorios indígenas reflejan los derechos articulados en la Declaración y que los índices éticos que utilizan basan sus recomendaciones de inversión en información de terceras partes y no solo en información de la compañía en la que pueden invertir.
Que no inviertan en proyectos relacionados con los hidrocarburos.

Pedimos a los Estados:
Que aquellos estados que aún no lo han hecho, adopten la Declaración de la ONU y ratifiquen el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y que quienes lo hayan hecho, respeten los derechos en ellos recogidos.
Que establezcan, en consulta con los Pueblos Indígenas, mecanismos y procedimientos claros en el nivel nacional para la aplicación de los instrumentos jurídicos internacionales, especialmente la Declaración, el Convenio 169 y la Convención Internacional para la Eliminación de todas las formas de Discriminació n Racial (CIEDR).
Que revisen las leyes y políticas sobre industrias extractivas que sean perjudiciales para los Pueblos Indígenas y garanticen la coherencia con la Declaración y los instrumentos internacionales de los derechos de los Pueblos Indígenas.
Que reconozcan y apliquen los derechos de los Pueblos Indígenas en relación con el CLPI tal como se recoge en la Declaración y de acuerdo con nuestro derecho consuetudinario y prácticas tradicionales.
Que reconozcan y garanticen la demarcación y titulación de nuestros territorios ancestrales.
Que reconozcan nuestro derecho consuetudinario y mecanismos tradicionales para la resolución de conflictos.
Que apoyen el trabajo de los Pueblos Indígenas en el desarrollo de alternativas económicas frente a las industrias extractivas para aliviar la situación de pobreza que crea falsa dependencia de las industrias extractivas.
Que supriman los fondos de riesgo y todas las formas de participación privada que no sean transparentes ni estén bien reguladas y que distorsionan el precio de los minerales.
Que legislen y regulan a través de procesos de realización de evaluaciones de impacto ambientales, sociales, culturales y de derechos humanos, con un monitoreo continuado durante todas las fases de la producción y rehabilitació n.
Que protejan a los activistas indígenas, defensores de derechos humanos y abogados que trabajan en cuestiones de derechos humanos, y cuando las violaciones sean responsabilidad del Estado, exigimos que se acabe con las violaciones de los derechos de nuestros pueblos.
Que se prohíban ciertas prácticas mineras dañina, incluidos los vertidos de residuos en los ríos, la quema de gas, vertido de aguas residuales, los vertidos submarinos, el desmonte de las cimas de las montañas y la minería a cielo abierto. Dados los riesgos que supone el cambio climático, debe reconsiderarse seriamente la construcción de depósitos de residuos en zonas costeras bajas y en áreas expuestas a fenómenos meteorológicos extremos.
Que garanticen que sus políticas y programas de cooperación al desarrollo respetan los derechos de los pueblos indígenas, en particular en el contexto de las industrias extractivas y nuestro derecho al CLPI.

Pedimos al Foro Permanente de la ONU para las Cuestiones Indígenas (FPCI) y otros organismos multilaterales:
Que el Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas lleve a cabo un estudio, con participación de los Pueblos Indígenas, sobre los impactos que les generan las industrias extractivas, consolidando todas las recomendaciones, observaciones y decisiones de los organismos de los tratados y de la Carta de la ONU en relación con el tema e identificando las medidas que han tomado los Estados en respuesta a las mismas.
Que los mecanismos, agencias y organismos de la ONU promuevan la elaboración de mecanismos y procedimientos para que los Estados implementen las normas mínimas contenidas en la Declaración, en particular el derecho al CLPI.
Que se establezcan procedimientos que den la oportunidad a las comunidades indígenas de solicitar la ayuda de las agencias relevantes de la ONU para el monitoreo y la obtención de información independiente en los procesos de CLPI.
Que se apoye la propuesta de los Pueblos Indígenas de que haya un Día de la Madre Tierra y se anime a todas las agencias, mecanismos y organismos de la ONU a que también lo hagan.
Exigimos participación y plena y efectiva de los Pueblos Indígenas en todas las discusiones y decisiones relativas a los acuerdos y convenios internacionales que traten de cuestiones sobre la diversidad biológica o el cambio climático.
Que enfatice la necesidad de responder a los impactos directos e indirectos de las industrias extractivas en el cambio climático incluidos los asociados a las medidas de mitigación.
Que enfatice la necesidad de la amplia difusión de la información y del debate crítico entre los Pueblos Indígenas sobre los mecanismos y negociaciones en marcha en relación con el comercio y el mercado de carbono.
Que solicite al Representante Especial del Secretario General de la ONU sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas comerciales, John Ruggie y otras organizaciones, organismos y agencias de la ONU que promuevan la aplicación de legislación en los estados de origen de las corporaciones transnacionales que proporcione jurisdicción extraterritorial en relación con sus actividades.
Que recomiende que el Grupo Banco Mundial actualice sus directivas operativas y sus políticas de salvaguarda relativas a los Pueblos Indígenas para incluir el derecho al CLPI tal como se exige en la Declaración.
Que recomiende que el Grupo Banco Mundial termine de inmediato con la financiación, promoción y apoyo de proyectos relacionados con los combustibles fósiles y con la minería a gran escala en tierras indígenas y establezca un cronograma para terminar con tal financiación.
Que recomiende que el Banco Mundial deje de influir en el diseño de políticas nacionales en los países en desarrollo para promover los intereses de las corporaciones transnacionales por encima de los derechos de las comunidades indígenas.
Que recomiende que la Organización Mundial de la Salud considere llevar a cabo un estudio sobre el impacto del cianuro y los metales pesados sobre el derecho a la salud de las comunidades impactadas por la minería.
Que trate de la urgente necesidad de un reconocimiento genuino de las derechos religiosos, culturales y espirituales indígenas, incluidos sobre sus lugares sagrados en el contexto de los proyectos extractivos.
Que recomiende que todos los tratados bilaterales garanticen el respeto de los derechos humanos de los pueblos indígenas.
COORDINADORA ANDINA DE ORGANIZACIONES INDÍGENAS – CAOI
Bolivia, Ecuador, Perú, Colombia, Chile, Argentina
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-Dirigentes indígenas opinan sobre visita oficial a Chile del Relator Especial de la ONU sobre asuntos Indígenas, James Anaya:
El Relator debería venir mucho más seguido por tantas irregularidades que existen en Chile.
Según dirigentes indígenas la venida a Chile del relator especial sobre asuntos indígenas de Naciones Unidas, abogado James Anaya, es un hecho gravitante dada la agudización de la vulneración de derechos hacia los pueblos indígenas; el lento avance en materia de reconocimiento de derechos a estos pueblos, de sus tierras, territorios y recursos naturales; y la aplicación de leyes especiales, como la Ley antiterrorista, en la criminalización de su protesta social.
En el marco de esta visita, el Observatorio Ciudadano, organización no gubernamental de derechos humanos, entregó completo informe sobre situación de los derechos indígenas en Chile y del cumplimiento por parte del Estado chileno de las recomendaciones de 2003 del anterior relator, Rodolfo Stavenhagen.
(Paulina Acevedo y Elías Paillan, Observatorio Ciudadano, sábado 04 de abril de 2009-AYI)
Con mucha expectación dirigentes indígenas esperan la visita oficial del Relator Especial de Naciones Unidas sobre la situación de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de los Indígenas, James Anaya, quien estará en Chile del 5 al 9 de este mes. El Relator, cuya primera actividad será precisamente la reunión con organizaciones indígenas de la Región Metropolitana , mañana domingo a partir de las 14:00 horas en la sede de Amnistía Internacional Chile, tiene como mandato examinar las formas de superar los obstáculos existentes para la plena y eficaz protección de los derechos humanos y libertades fundamentales de los indígenas, recibir y reunir información sobre violaciones denunciadas de sus derechos humanos y libertades fundamentales y a la vez formular recomendaciones y propuestas sobre las medidas y actividades adecuadas para evitar y reparar (estas)las violaciones.
Otro de los objetivos, es hacer un seguimiento a las recomendaciones contenidas en el Informe del anterior Relator Especial, Rodolfo Stavenhagen, tras su visita a Chile el 2003, así como explorar las distintas iniciativas llevadas a cabo por el Gobierno para implementar el Convenio N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado por Chile en septiembre de 2008, y para promover la Declaración de Derechos Indígenas de la ONU , aprobada por su Asamblea General con el voto favorable del Estado chileno.
Para ello, el Relator se reunirá con distintas autoridades de gobierno, entre ellas la Presidenta de la República , Michelle Bachelet; con miembros del poder judicial y parlamentarios; con organizaciones indígenas, de derechos humanos y académicas que trabajan en la materia; con representantes locales de organismos de Naciones Unidas, además de desplazarse al norte y sur del país, para conocer en terreno la realidad de las comunidades indígenas afectadas por megaproyectos de extractivos y energéticos que se desarrollan en sus territorios ancestrales. El martes 07 de abril en el Hotel Frontera, de Temuco, y el jueves 9 en el Auditorio de la Caja de Compensación Los Andes en Iquique.
El propósito de estas reuniones es hacer un balance de lo realizado hasta por el Estado y brindar a las organizaciones indígenas la oportunidad de presentar al Relator información oral y escrita sobre los avances y desafíos en la implementación de las recomendaciones de su antecesor, Rodolfo Stavenhagen, así como en relación a los retos que representa la puesta en práctica de las disposiciones del Convenio No. 169 y de la Declaración de Naciones Unidas.

Recomendaciones no atendidas.
En el marco de la visita, el Observatorio Ciudadano, organización no gubernamental de derechos humanos hizo llegar al relator un completo informe sobre el cumplimiento por parte del Estado a las recomendaciones que hiciera el 2003 el entonces relator, Rodolfo Stavenhagen.
En dicho informe, Stavenhagen denunció una criminalización de la protesta social mapuche por parte del Estado, debido al aumento de casos y juicios en los tribunales. Y pidió la no aplicación de leyes excepcionales en su contra, como la Ley antiterrorista, así como estudiar la posibilidad de una amnistía a los defensores de derechos humanos de estos pueblos movilizados por sus demandas territoriales. Del mismo, hizo hincapié en la labor que tienen los medios de comunicación frente a estas situaciones de vulneración, otorgan una cobertura amplia y equilibrada que permita una mejor comprensión del conflicto por parte de la ciudadanía y que incorporé como fuente a todos los actores involucrados.
Al respecto, Stavenhagen señaló que Los derechos sobre la propiedad de la tierra y la territorialidad constituyen uno de los problemas históricos más graves que afectan a los pueblos indígenas de Chile, ya que son el resultado de un largo proceso de despojo de sus tierras y recursos, por lo mismo recomendó prestar atención urgente a la prevención y solución de los conflictos basados en la tenencia y explotación de la tierra; que se agilice y amplíe el Fondo de Tierras de CONADI; que se asegure el acceso a los recursos acuíferos y marítimos de la comunidades indígenas; que se tomen las medidas necesarias para evitar la criminalización de las legítimas actividades de protesta o demandas sociales y que se asegure la asistencia letrada de calidad y bilingüe.
Concluyendo que A pesar de los esfuerzos realizados desde el retorno de la democracia al país, la población indígena sigue estando marginada del reconocimiento y la participación en la vida pública del país, como resultado de una larga historia de negación, exclusión socioeconómica y discriminación por parte de la sociedad mayoritaria.
De acuerdo al Observatorio Ciudadano Las recomendaciones formuladas en el informe de misión a Chile del anterior Relator Especial de la ONU sobre derechos indígenas fueron y siguen siendo una gran contribución a la generación de conciencia en la sociedad chilena sobre la crítica realidad de los pueblos indígenas y de las relaciones interétnicas en Chile. Lamentablemente, dichas recomendaciones no han llegado a implementarse de manera plena y efectiva, en gran medida debido a la falta de voluntad de los gobiernos de los Presidentes Lagos (2000-2006) y Bachelet (2006-2010), los que más allá de la retórica, no las han consideradas de manera seria como orientadoras de su accionar en relación con los pueblos indígenas.
Ello, de acuerdo al mismo documento estuvo determinado en gran medida por la prioridad que ambas administraciones han dado a la expansión de las inversiones extractivas y de la economía global hacia los territorios indígenas, ricos en recursos naturales, por sobre el respeto y la materialización de los derechos de los pueblos indígenas a los que formalmente han adherido. Sumado a la débil normativa medioambiental que existe en Chile y de su Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, para lograr defender efectivamente los derechos de estos pueblos y garantizar el derecho a consulta previa.
En el caso de Lagos, pese a haber recibido durante su mandato los lineamientos de la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo trato, así como las del relator Stavenhagen, y de haber comprometido una serie de iniciativas para mejorar la relación de estos pueblos con el Estado y respeto a sus derechos, en su informe el Observatorio da cuenta de la creciente proliferación de proyectos de inversión y que el gobernante no promovió la reforma de la legislación antiterrorista, a efecto de restringir los tipos penales amplios que ésta sanciona y, por el contrario, la utilizó profusamente en contra de personas y organizaciones mapuche, contrariando lo afirmado en la respuesta de su gobierno al informe del Relator.
Por su parte la presidenta Bachelet, agrega el informe, no mostró, al principio de su gobierno, indicios de cambios sustanciales en la política hacia los pueblos indígenas, ni voluntad de recoger las recomendaciones del Relator Especial. Por el contrario, su administración no solo mantuvo las indefiniciones que fueran características de la política de su antecesor en La Moneda , sino también, las contradicciones entre el discurso y la práctica. Cabe recordar que siendo candidata Bachelet se comprometió a que durante su gobierno tendría presente el informe de la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato a los Pueblos Indígenas, así como el del Relator de la ONU para los derechos indígenas sobre Chile, ambos. Además, se comprometió a no aplicar la Ley antiterrorista en el denominado conflicto mapuche , algo que claramente no ha cumplido, a la luz de las últimas condenas bajo la figura terrorista, donde ha sido el Estado al igual que el Ministerio Público- los que han invocado dicha legislación en el marco de estos procesos (se adjunta informe).

Dirigentes: El estado no ha respondido cabalmente a las recomendaciones.
Cecilia Mendoza Yere, presidenta de la Asociación Likanantay Kausama, cuenta que recibió una invitación especial de la ONU hace dos semanas atrás, en que había que inscribirse previamente para reunirse con el Relator y que está muy contenta de su visita. Me hago grandes expectativas porque aquí en Chile el gobierno no está respondiendo a nuestros intereses. Por ejemplo, se quedó corto en su política reconocer y el Convenio 169 de la OIT , la gente no lo conoce, en muchos casos ni siquiera lo ha leído, tampoco conocen en profundidad lo que dicen los informes de la relatoría. Y el Estado está obligado a difundirlos, señala con firmeza.
Mendoza agrega que en el norte los pueblos indígenas luchan cada día por que se les respete su derechos a sus recursos naturales, al medio ambiente, especialmente el agua. Pues la gran minería y las empresas transnacionales se están apropiando de este recurso, poniendo en peligro no solo la vida de las personas, sino también, el ecosistema con su vida vegetal y animal.
A la misma conclusión llegó la investigación que da forma a la reciente publicación La gran minería y los derechos indígenas en el norte de Chile, de la abogada Nancy Yáñez y el geógrafo Raúl Molina, del Observatorio Ciudadano. Hemos visto que aquellas comunidades que han dado pasos sustanciales hacia la recuperación de sus territorios ancestrales también ven amenazados sus derechos a causa de la actitud dual del gobierno, que se nutre entre la contradicción de la política indígenista de reconocimiento de derechos y la política de desarrollo económico basada en la explotación primaria de los recursos naturales, sin garantizar los resguardos ambientales, señala el libro.
Para los dirigentes indígenas entrevistados, poco o nada de las recomendaciones del relator Stavenhagen se han cumplido. Por el contrario, siente que se ha agudizado y reafirmado la respuesta de judicialización de la demanda social indígena, especialmente en el caso mapuche.
Uno de los dirigentes mapuche que fue víctima de la criminalización de la demanda y movilización mapuche y que debió pagar con cárcel, es el lonko de la comunidad Diádico Aniceto Norin, condenado a cinco años y un día de prisión por el delito de amenaza terrorista con el uso de testigos encubiertos. Desde la venida del relator Stavenhagen, hasta ahora, no se han respetado los derechos mapuche. Siguen vulnerándolos y siguen encarcelándonos con la aplicación de la ley antiterrorista, no ha habido una respuesta real a las demandas que nuestros hermanos están reivindicando. Nosotros tenemos una demanda histórica por la tierra y no tenemos respuesta manifiesta el lonko.
Además agrega y reitera que continúa la militarización dentro de las comunidades mapuche y eso es grave para nosotros, no solo para mí como persona, sino para todos mis hermanos que viven en distintos lugares. Finalmente recuerda que actualmente tiene una demanda presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por las irregularidades de su proceso, y que espera plantear todos estos temas, cuando el relator esté en Temuco.
Por su parte Lenky Atan Ito, presidenta del Consejo de Organizaciones Urbanas Rapanui, considera: esta visita del relator de mucha importancia y debería de venir mucho más seguido, por tantas irregularidades que existen en Chile, donde nuestros derechos y recursos son permanentemente vulnerados. Porque (el gobierno) privilegia más lo económico que nuestros derechos. Por eso nosotros tenemos muchos problemas con nuestras tierras, de vivienda y de salud también, que son todos derechos fundamentales. Añade que su pueblo demanda autonomía, pero ellos nos tratan de imponer algunas cosas sobre esas autonomías, como por ejemplo el derecho a la consulta hacia nuestro Consejo de Ancianos, al cual ellos no consideran o no quieren tomar en cuenta. Termina señalando que ellos demandan tierras que están en manos de particulares.
Para el dirigente Aymara Ramón Ibáñez Quispe, nacido en el norte de Chile y en la actualidad director del Centro de Estudios y Difusión de la Cultura Andina , en el caso de los aymaras, nosotros esperamos que se promulguen las leyes, normas y medidas necesarias para que el Convenio 169 esté en plena implementación como en todo estado de derechos, además de los derechos de agua y la explotación minera en territorio indígena.Otra preocupación es el grado de participación en el desarrollo de políticas públicas que afectan a los aymaras, como el problema es la discriminación que todavía existe en la sociedad Chilena en general, apunta a continuación.
Finalmente, Ibáñez interpela al Estado por la escasa representación indígenas en instancias política de decisión, preguntando cuántos ministros, senadores, embajadores hoy se autodentifican como indígena. Esa es solo una muestra de que el multiculturalismo no es la solución, sino avanzar hacia una sociedad intercultural. Los indígenas somos sujetos de derecho y es deber de las instituciones del Estado facilitar los medios, tanto económicos como de apoyo jurídico, para poner nuestros planteamientos en la agenda del Estado. Y agrega que las organizaciones aymaras han avanzado a un discurso unitario en los grandes temas que les interesan, aunque con matices particulares, según el lugar donde viven. Mi mensaje es seguir avanzando en ese mismo espíritu y, como siempre, que estemos dispuestos a escuchar y dialogar dentro del respeto que deben tener todas las opiniones para el bienestar de nuestras futuras generaciones.
Trayectoria de James Anaya.
De origen apache, James Anaya es un referente internacional en materia de derechos indígenas, que vendrá a constatar los avances y retrocesos sobre la materia en Chile. El 27 de marzo de 2008, en razón de estos méritos, fue elegido Relator Especial de Naciones Unidas sobre la situación de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de los Indígenas.
De profesión abogado, ha sido titular de la cátedra de Derecho y Políticas de los Derechos Humanos en la Universidad de Arizona, en Estados Unidos. Donde realiza sus investigaciones en amplias ramas del derecho, especialmente del indígena.
En su desempeño como abogado, Anaya consiguió el primer fallo favorable de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a favor del reconocimiento de los derechos colectivos indígenas sobre sus tierras y recursos, en el caso de la comunidad Awas Tingni contra la República de Nicaragua. Caso que marcó toda una línea en la jurisprudencia de la Corte , y que hoy es estudiado y reproducido por diferentes escuelas y facultades de leyes del mundo.

Mandato del Relator
El 26 de marzo de 2008, el Consejo de Derechos Humanos nombró al Prof. S. James Anaya nuevo Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas. El Prof. Anaya es Profesor de Derecho Internacional y de Derechos Humanos en la Universidad de Arizona (Estados Unidos). El Profesor Anaya asumió su mandato el 1 de mayo de 2008.
En el marco de la resolución 6/12 del Consejo de Derechos Humanos, el Relator Especial tiene el mandato de:
(a) Examinar las formas de superar los obstáculos existentes para la plena y eficaz protección de los derechos humanos y libertades fundamentales de los indígenas, de conformidad con su mandato, e individualizar, intercambiar y promover prácticas óptimas;
(b) Reunir, solicitar, recibir e intercambiar información y comunicaciones de todas las fuentes pertinentes, incluidos los gobiernos, los indígenas y sus comunidades y organizaciones, sobre las violaciones denunciadas de sus derechos humanos y libertades fundamentales; y
(c) Formular recomendaciones y propuestas sobre las medidas y actividades adecuadas para evitar y reparar las violaciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas.
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DECLARACION PÚBLICA.(pulchetun-AYI) Juana Calfunao Paillalef y Antonio Cadin Huentelao Lonko y Werken de la comunidad Juan Paillalef, con respecto a la nueva y arbitraria detención de nuestro hijo y comunero Mapuche Waikilaf Cadin Calfunao, bajo la orden del fiscal jefe de la fiscalía local de Temuco Sergio Moya, en el marco de la investigación acerca de la explosión de dos bombas de ruido en un supermercado de Temuco,
Declaramos tanto a las comunidades como a la opinión pública nacional e internacional, lo siguiente:
La lucha que realizamos como pueblo es en contra del estado chileno porque se niega a reconocer los derechos de nuestra Tierra y nuestra existencia como Pueblo Nación Mapuche. No tenemos nada contra los transeúntes ni directamente contra los supermercados. A no ser que estuvieran arrebatándonos nuestras Tierras.
Waikilaf realiza un trabajo permanente por la defensa de su gente y de su pueblo. El se encontraba recopilando antecedentes para presentar denuncias internacionales ante el comité de la ONU que evaluará en Mayo del presente año la situación de los derechos humanos en chile. Además, se encontraba realizando un intenso trabajo junto con varias comunidades entre los que destacaban, la preparación de antecedentes con el fin de solicitar el asilo político en países europeos para familias Mapuche completas, que hoy no pueden desarrollar una vida en condiciones dignas producto de la constante represión y el encarcelamiento que sufren sus integrantes. Así mismo trabajaba para fortalecer el rol de las autoridades tradicionales del pueblo Mapuche, elaborando junto con dichas autoridades, estrategias a seguir en el camino hacia el reconocimiento total de los derechos del Pueblo Nación Mapuche. Sabemos por lo tanto, que el objetivo de su detención no es otro que dilatar su trabajo internacional y territorial, además de amedrentarlo a él y a todos aquellos que opten por seguir el camino por la defensa de los derechos humanos.
Debemos recordar que Waikilaf fue detenido en cuatro oportunidades en el trascurso del año que paso en libertad. Curiosamente, en ninguna de esas detenciones pudieron demostrar su culpabilidad, y malamente para ellos lejos de intimidarse Waikilaf asumió con mayor responsabilidad su lucha por la defensa de los derechos de su pueblo.
Queremos denunciar que en el domicilio allanado por la policía de investigaciones el 29 de marzo en la madrugada, funcionaba la oficina del abogado Arturo Jiron Rondan, quien lleva las causas de varias comunidades Mapuche. Durante el allanamiento no se buscaron pruebas relacionadas con la investigación de las bombas de ruido. Ya que la PDI solo se llevo computadores y carpetas que contenían documentación relacionada con el proceso de asilo político de Relmutray Cadin Calfunao que lleva la comunidad, a través del abogado. Junto con información de las tres querellas que llevaba Waikilaf en contra de gendarmería de chile por torturas en contra del el mismo, por torturas a los internos del modulo tres de la cárcel de Temuco y por apremios ilegítimos a 22 jóvenes recluidos en la cárcel de menores de la misma ciudad.
Queremos destacar que no es primera vez que se producen allanamientos a los domicilios de abogados que defienden causas de comunidades Mapuche. Por ejemplo hace algunos meses fue allanado el domicilio del abogado Lorenzo Morales, hecho que fue repudiado a nivel nacional e internacional, por razones evidentes. En definitiva estos allanamientos no son otra cosa que un robo de información abalado por el “estado de derecho” chileno.
Informamos que la solicitud de asilo político para Relmutray, nuestra hija de 11 años se inicio producto de la constante persecución que hemos sufrido como familia. Ante esto, ella no podía seguir viviendo en un país en el cual sus familiares están permanentemente expuestos a acciones de grupos paramilitares o al encarcelamiento derivado de montajes miserables, fiscales racistas y jueces descaradamente arbitrarios. El actual encarcelamiento de Waikilaf, ultimo tutor de Relmutray, no hace más que respaldar la solicitud de asilo político, ya que de haberse encontrado en chile Relmutray se habría visto expuesta nuevamente a la violencia policial en el allanamiento, además de haber encontrado a prácticamente la totalidad de su familia encarcelada, hecho que habría gatillado una posible custodia del sename. Lo que para nuestra joven comunera habría significado su propio encarcelamiento.
Para terminar queremos denunciar la descarada influencia del ministerio del interior sobre el poder judicial, al poner a este último un ultimátum para encontrar a las personas responsables de los bombazos ocurridos en el último tiempo. Como consecuencia los fiscales sufren una suerte de desesperación por encontrar y condenar rápidamente a personas determinadas sin contar con pruebas contundentes que acrediten su culpabilidad. Así las pruebas que han utilizado últimamente son escandalosas. Este modo de actuar solo se explica bajo la presión que ejerce el ministerio del interior para que la justicia encuentre a culpables, alterando claramente el tiempo natural de los procesos investigativos.
También declaramos al mundo entero que el “estado de derecho” en chile simplemente no existe. Lo que si existe es una tendencia deliberada del estado chileno a la hora de hacerse parte de querellas o decretar la aplicación de la ley antiterrorista. Por ejemplo nunca se ha querellado cuando alguna comunidad ha sido atacada por grupos paramilitares, o cuando carabinero ha ejercido una violencia excesiva en sus operativos llegando incluso a dar muerte a comuneros Mapuche. Sin embargo cuando se trata de defender la propiedad de los grandes conglomerados empresariales chilenos y transnacionales, las querellas del estado y la aplicación de la ley antiterrorista no fallan. Si uno de los requisitos para nombrar a su estado, “estado de derecho” es que exista separación entre los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Chile claramente no pasa la prueba.
JUSTICIA, TERRITORIO, LIBRE DETERMINACION- LIBERTAD A LOS PRESOS POLITICOS MAPUCHE
¡¡¡ MARICHIWEU !!!
Wallmapuche, 05 de Abril 2009-04-06
Video sobre la persecución hacia Waikilaf: http://www.youtube.com/watch?v=8MBx6wsqSac
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IV Cumbre Continental de Pueblos y Nacionalidades Indígenas de Abya Yala¡Por Estados Plurinacionales y en Buen Vivir!
Puno (Perú) 27 al 31 de mayo 2.009Convocatoria:
El Abya Yala se estremece con la irrupción de un actor político que por siglos estuvo invisibilizado: el movimiento indígena del continente avanza en su articulación. Tres Cumbres Continentales, reunidas sucesivamente en México, Ecuador y Guatemala, han impulsado este avance. Y del 27 al 31 de mayo del 2009, la ciudad de Puno (Perú) a orillas de la Paqarina Mayor de la Cultura Andina, Lago Titicaca, en la frontera con Bolivia, será la sede de la IV Cumbre Continental de Pueblos y Nacionalidades Indígenas del Abya Yala:
Las voces originarias del continente se unirán en un acto común de revaloración de la Madre Tierra. Ya pasamos de la resistencia a la construcción del poder, hemos demostrado que tenemos propuestas para la sobrevivencia de toda la humanidad. Los Pueblos y Nacionalidades Indígenas revaloramos nuestras raíces para impulsarnos juntos hacia un futuro de Buen Vivir para todos y todas.
Para continuar avanzando en ese camino, las organizaciones indígenas del continente CONVOCAMOS a la IV Cumbre Continental de Pueblos y Nacionalidades Indígenas de Abya Yala, que comprenderá:
27 y 28 de mayo del 2009
I Cumbre Continental de Mujeres Indígenas del Abya Yala
II Encuentro de Niños y Jóvenes Indígenas del Abya Yala 29, 30 y 31 de mayo del 2009
IV Cumbre Continental de Pueblos y Nacionalidades Indígenas del Abya Yala

I Cumbre de Mujeres indígenas 27-28 de mayo de 2009
Objetivo
Generar un espacio de reencuentro de las mujeres indígenas en defensa y ejercicio de nuestros derechos, manteniendo la unidad, equidad, igualdad y reciprocidad, con la capacidad de incidencia en diferentes instancias internas y externas, que garantice el presente, el futuro y el fortalecimiento de la lucha de nuestros pueblos y la construcción del poder para el Buen Vivir.

Temario
Derecho de las mujeres en el marco de los derechos colectivos de los pueblos
Instrumentos internacionales y diplomacias
Participación en espacios de toma de decisiones
Mujeres, construcción de poder y democracia
Liderazgo y formación
Organización
Alianzas estratégicas
Solidaridad
Identidad y Cosmovisión
Comunicación
Modelo de desarrollo - impacto de la globalización desde la mirada de las mujeres
Mujer y territorio
Mujer y migración
Mujer y biodiversidad
Soberanía alimentaria
Violencia, Racismo y discriminación contra la mujer indígena
Conflicto armado
Criminalización de luchas
Violencia institucionalizada
Violencia Social, políticas, económicas e intrafamiliar.
El Encuentro de Niñez y Juventud tendrá un Programa especial
IV Cumbre de Pueblos Indígenas
29-31 de mayo de 2009
Objetivos
Desarrollar estrategias para las alternativas de los Pueblos Indígenas sobre Estados Plurinacionales Comunitarios, Buen Vivir y Derechos Colectivos frente a la crisis de civilización del capitalismo neoliberal
Evaluar y reajustar la implementación de acuerdos políticos y organizativos de las Cumbres Continentales anteriores
Desarrollar y visibilizar las propuestas y la organización continental de mujeres indígenas y de la niñez y juventud indígena
Organizar la movilización global en Defensa de la Madre Tierra del 12 de octubre de 2009
Promover la Coordinadora Continental de Pueblos Indígenas del Abya Yala y avanzar en el proceso de la Organización de Naciones Unidas (ONU) Indígenas
Temario
Mesa No 1: Cosmovisiones indígenas
Comisión 1.1. Cosmovisiones, identidades y espiritualidades
Comisión 1.2. Pueblos Indígenas, Iglesia y Eurocentrismo
Mesa No 2: Plurinacionalidad
Comisión 2.1. Estado Plurinacional Comunitario
Comisión 2.2. Libre Determinación y Gobierno Propio
Comisión 2.3. Las “autonomías” de la derecha en Bolivia, Ecuador y otros países
Mesa No 3: Buen Vivir/ Vivir Bien
Comisión 3.1. Crisis del “desarrollo” y civilización capitalista
Comisión 3.2. Deuda Ecológica y hecatombe ambiental
Comisión 3.3. Políticas y estrategias del Buen vivir
Mesa No 4: Territorialidad
Comisión 4.1. Transnacionales e industrias extractivas: minería, hidrocarburos, madera, agua
Comisión 4.2. Tierra, territorio, privatización, parcelación
Comisión 4.3. Soberanía alimentaria, hoja de Coca y agro combustibles
Comisión 4.4. Agua como Derecho humano
Mesa No 5: Derechos indígenas
Comisión 5.1. Consulta y consentimiento previo, libre e informado
Comisión 5.2. Socialización, aplicación y ejercicio de la normativa internacional sobre derechos de los pueblos indígenas: Convenio 169 OIT, Declaración ONU y proyecto de Declaración de la OEA
Comisión 5.3. Ejercicio y exigibilidad de derechos de la niñez, juventud y mujeres de los pueblos indígenas
Comisión 5.4. Pueblos Transfronterizos en Aislamiento Voluntario y en Vías de Extinción
Mesa No 6: Militarización y criminalización
Comisión 6.1. Criminalización de los Pueblos indígenas
Comisión 6.2. Militarización de territorios indígenas y bases extranjeras
Comisión 6.3. Genocidio y Tribunal Permanente de los Pueblos Indígenas
Mesa No 7: Organización e Integración de los Pueblos indígenas
Comisión 7.1. Fortalecimiento de las organizaciones indígenas y promoción de la participación de la niñez, juventud y mujeres indígenas
Comisión 7.2. Evaluación y avances sobre Coordinadora Continental de Pueblos Indígenas de Abya Yala
Comisión 7.3. ¿Hacia la Organización de Naciones unidas Indígenas?
Mesa No 8: Crisis e Integraciones regionales
Comisión 8.1. Crisis financiera y económica capitalista
Comisión 8.2. Integraciones comerciales: Andina (CAN), Unasur, Mercosur, Centroamérica, México-EU
Comisión 8.3. TLC con EE.UU., UE, APEC. TLCAM. IIRSA. Plan Puebla Panamá
Comisión 8.4. Alternativa Bolivariana para los Pueblos de América Latina (ALBA) y Tratado Comercial de los Pueblos (TCP)
Mesa No 9: Educación y Políticas Públicas Interculturales
Comisión 9.1. Descolonización del Saber, Deuda Cultural y transmisión intergeneracional
Comisión 9.2. Educación: Intercultural, Bilingüe, Laica
Comisión 9.3. Sistema de Salud indígena
Comisión 9.4. Conocimiento Tradicional, Biopiratería y patrimonio intelectual
Mesa No 10: Experiencias de Organización Política Indígena
Mesa No 11: Pueblos indígenas y corporación internacional
Comisión 11.1. Relaciones con la Banca Multilateral
Comisión 11.2. Relaciones con las ONGs
Mesa No 12: Racismo
Comisión 12.1. Violencia Racista
Comisión 12.2. Discriminación y estigmatización
Mesa No 13: Comunicación y Pueblos Indígenas
Mesa No 14: Problemas, Derechos y Organizaciones Indígenas en nuevos contextos
Comisión 14.1. Migración nacional e internacional
Comisión 14.2. Violencia intrafamiliar, social y política
Comisión 14.3. Desplazamiento forzoso
Comisión 14.4. Indígenas en las ciudades: economía informal, pandillas, drogas, ETS y VIH, prostitución, cárceles, narcotráfico, trata de personas, mendicidad y otros

Las organizaciones responsables e interesadas en organizar los subtemas de cada eje temático deben enviar su propuesta al correo electrónico ivcumbreabyayala@gmail.com y cumplir el siguiente cronograma.
CRONOGRAMA:
Lanzamiento de la IV Cumbre: 21 de enero
Pre-Cumbres: Enero – Abril
Inscripción de responsables de los subtemas y ejes temáticos: Hasta el 15 de Abril
Cierre definitivo del programa de la IV Cumbre:15 de mayo
I Cumbre Continental de Mujeres Indígenas 27 y 28 de mayo.
Encuentro Continental de niñez y juventud Indígena 29 y 30 de mayo.
IV Cumbre Continental de Pueblos y Nacionalidades Indígenas 19, 30 y 31 de mayo
Bienvenidos a PUNO
Puno, se ubica en la zona andina en el extremo sudoriental del Perú, sobre la meseta del Collao, a 3 827 msnm. (12,555 pies).
Predomina el clima frío y seco en toda la meseta de Collao, que se caracteriza por sus bajas temperaturas, que varían entre los 0º (32ºF) a 10 ºC (50ºF) con fuertes heladas en invierno que cubren de escarcha la vegetación y el suelo. Las lluvias se presentan en los meses de diciembre a abril.
La verdadera riqueza de la zona se halla en la belleza natural que rodea la ciudad, en las hermosas aguas del Titicaca y sus islas flotantes, en la Torre de Tinajani (con sus piedras inmensas que le dan la apariencia de una ciudad) y en los antiguos monumentos preíncas (chullpas de Sillustani). Las Chullpas de Sillustani, constituyen un imponente paisaje a cuatro mil metros de altura. Alrededor de una laguna se aprecian torres circulares preíncas que servían como tumbas a personajes de la nobleza aymara.
Además, Puno es la capital folclórica del Perú por la variedad y belleza de su música y sus danzas (posee más de 300 danzas diferentes, entre las cuales destacan la diablada, la morenada, la llamerada, la marinera puneña y la pandilla puneña).
Entre los numerosos atractivos de la ciudad podemos mencionar:
•La Catedral
•El Balcón del Conde de Lemos
•Museo Carlos Dreyer
•Museo de Arte Popular
•Cerrito Huajsapata
•Parque Pino
•Mercados artesanales de la calle Cahuide y la avenida Laykakota
El Lago Titicaca, es el lago navegable más alto del mundo. Tiene una superficie de 8.560 kilómetros cuadrados y una profundidad máxima de 227 metros, una longitud de 194 kilómetros y un ancho promedio de 65 kilómetros. Existen 36 islas, siendo las más importantes Taquile, Amantaní, Soto, Anapia y Uros. Los Uros son considerados uno de los pueblos más antiguos de América.
Organizaciones Convocantes:
Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas CAOI
Convergencia Nacional Maya Waqib Kej, Guatemala
ECUARUNARI, Confederación Kichwa del Ecuador
CONAMAQ, Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu, Bolivia
CONACAMI, Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la minería
ONIC, Organización Nacional Indígena de Colombia
Identidad Territorial Lafkenche, Chile
ONPIA, Organización Nacional de Pueblos Indígenas de Argentina
CCP, Confederación Campesina del Perú
CNA, Confederación Nacional Agraria, Perú
ANAMEBI, Asociación Nacional de Maestros de Educación Bilingüe Intercultural
COPUCNA, Consejo de Productores Alpaqueros del Norte de Ayacucho
CSUTCB, Confederación Sindical Única de Trabajadores y Campesinos de Bolivia
Federación Nacional de Mujeres Bartolina Sisa de Bolivia
CONAVIGUA, Coordinadora de Viudas de Guatemala
CUC, Comité de Unidad Campesina de Guatemala
Wester Shoshoni, Estados Unidos
Movimiento Cumbre de los Pueblos, Perú
Comisión Organizadora de la IV Cumbre Continental- Puno
CICA, Consejo Indígena de Centro América
Y otras organizaciones nacionales de centro, norte y sur del Abya Yala (andinos, amazónicos y mesoamericanos)
Informe: www.minkandina.org / ivcumbreabyayala@gmail.com
Teléfono (511) 265 1061
“Por la Paz y Dignidad de los Pueblos”.
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Saludamos adopción por Australia de la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU. (CAOI-AYI)
Misión Diplomática de CAOI demandó al gobierno de Estados Unidos que acoja este instrumento internacional
La Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas, CAOI, saluda la decisión del gobierno de Australia de adoptar la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas. Este es un paso más hacia el reconocimiento y ejercicio efectivo de los derechos de los pueblos originarios, anteriores a la creación de los actuales Estados y sustentos de su identidad.
Australia es uno de los cuatro Estados que no adoptaron tan importante instrumento internacional. Los otros son Canadá, Nueva Zelanda y Estados Unidos. Al respecto, Miguel Palacín Quispe, Coordinador General de la CAOI, recordó que en su reciente visita a Washington DC, Estados Unidos, la Misión Diplomática Indígena se reunió el 20 de marzo con importantes funcionarios del gobierno de Barack Obama, a quienes instó a adoptar la citada Declaración de las Naciones Unidas.
En esa reunión, además, los líderes indígenas manifestaron que si en verdad la administración de Obama significa un cambio en la política estadounidense, los funcionarios de su gobierno involucrados en el tema deben participar en la próxima reunión de discusión del Proyecto de Declaración Americana de Derechos de los Pueblos Indígenas de la OEA y desentrampar el proceso para que este instrumento internacional sea por fin aprobado.
La rectificación del Estado australiano es importante también porque en la Asamblea Inaugural del Gobierno, el Primer Ministro Kevin Rudd pidió perdón a los pueblos indígenas por las atrocidades cometidas por el gobierno de Australia contra ellos, hecho que fue llamado la “generación perdida”, donde miles de familias fueron obligadas a separarse y trabajar para familias de adinerados colonos.
La oposición derechista del actual gobierno, la mayoría representante de las corporaciones financieras y depredadoras de los territorios indígenas, ha declarado que esta adopción significa un grave error. Sin embargo, para todos los pueblos indígenas del planeta y organizaciones democráticas es motivo de regocijo por que asegura un paso más para la conquista de los derechos de los pueblos indígenas.
Una de las demandas centrales de la CAOI es el reconocimiento de la Deuda Histórica con los Pueblos Indígenas, iniciada hace más de 500 años con la invasión europea a sus territorios y alimentada por siglos de saqueo de sus bienes naturales y genocidio físico y cultural. El Tribunal Permanente de los Pueblos reunido en mayo de 2008 en Lima, instó a las Naciones Unidas a crear mecanismos para el reconocimiento de esta Deuda Histórica con los Pueblos Indígenas.
Lima, 06 de abril de 2009.
Miguel Palacín Quispe- Coordinador General CAOI