Fallece activista en EEUU

Activista del Movimiento Indígena Estadounidense Robert Robideau falleció a los 61 años. (democracy now-AYI) El activista del Movimiento Indígena Estadounidense desde hace mucho tiempo Robert Robideau falleció a los 61 años de edad. En 1976, él y Darrell Butler fueron absueltos de la muerte de dos agentes del FBI en la reserva Pine Ridge por considerarse que fue en defensa propia. El tercer acusado, Leonard Peltier, fue condenado a dos cadenas perpetuas consecutivas en otro juicio. Peltier ha estado en prisión durante los últimos 33 años.
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Medida Provisoria para la regularización de tierras puede incentivar deforestación, advierte Imazon. (De San Pablo, Brasil, de la Radioagencia NP, Carla Guindani-Semana del 20 de Febrero-AYI) La aprobación de la Medida Provisoria 458 (cuatrocientos cincuenta y ocho) puede servir de incentivo a la deforestación en la región amazónica. Es lo que opina el Instituto del Hombre y Medio Ambiente de Amazonia (Imazon). El órgano se encuentra participa en las discusiones que pretenden perfeccionar el texto de la medida que será votada en abril de este año por el Congreso Nacional. La Medida Provisoria establece la donación de tierras de hasta un módulo fiscal (cincuenta a setenta y cinco hectáreas) y abre la posibilidad de venta para áreas superiores a cuatro módulos.
El Imazon apoya las medidas que tienen como objetivos la reglamentación de los latifundios en la Amazonia, considerada un requisito fundamental para viabilizar el avance y el éxito de políticas en el área ambiental y socioeconómica en la región. Sin embargo, el instituto critica la donación de tierras con hasta un módulo fiscal, como está previsto en la Medida.
La científica del Imazon, Brenda Britto, explica que una de las principales causas para la deforestación es el incentivo que el gobierno ofrece directa o indirectamente para la actividad. La deforestación en Amazonia ocurre en grandes proporciones porque la tierra es barata, ya que una vez que una propiedad está deforestada, se torna mucho más barato devastar otra región que invertir en esa propiedad.
La donación de tierras de hasta un módulo fiscal sería, entonces, una manera de incentivar la práctica, pues el propietario no paga por la tierra que posee y que devastó.
El Imazon defiende que, independientemente de la extensión de la propiedad, ella debe ser adquirida vía un pago. La excepción cabría sólo a los beneficiados por la reforma agraria, poblaciones indígenas y quilombolas – descendientes de negros esclavos.
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COLOMBIA: Indígenas awá en la vorágine de la guerra. (Constanza Vieira-IPS-AYI)
Niños awá desplazados
BOGOTÁ, 19 feb (IPS) - Las FARC pasaron a cuchillo a ocho indígenas awá, tras acusarlos de ser informantes del ejército de Colombia. Para el especialista en temas militares Ariel Ávila, los aborígenes del convulsionado departamento de Nariño "habían formado una especie de rondas campesinas al estilo de Perú".
La guerrilla de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) ya se había referido a las rondas awá, dijo Ávila a IPS. "Los awás habían formado esos grupos. Yo había oído hablar de esa modalidad".
Ávila es miembro del Observatorio del Conflicto Armado de la Corporación Nuevo Arco Iris, que se diferencia de otros centros de análisis porque sus investigaciones parten del monitoreo en el terreno.
"El debate es si (las rondas) fueron formadas por el ejército o por iniciativa propia. Según las FARC, es un chantaje a través de recompensas, Familias Guardabosques (subsidio que se entrega a los finqueros que no siembren coca en una región)" y otros programas gubernamentales, dijo. "Pero también reconocen que fue por iniciativa propia", según el experto.
Las Rondas Campesinas surgieron en el norte del Perú en la segunda mitad de los años 70 para controlar el abigeato y aplicar justicia en conflictos por linderos, pero luego se expandieron hasta sumar unos 400.000 comités locales en ese país.
El gobierno peruano de Alberto Fujimori (1990-2000) decretó a comienzos de los años 90 la militarización de las Rondas, incluso en zonas donde no había guerrillas, e inició la represión de aquellas que se negaran a actuar con el ejército en su estrategia contrainsurgente.
Según los entendidos, la derrota de la guerrilla maoísta peruana Sendero Luminoso ocurrió tiempo antes de la captura de su jefe, Abimael Guzmán, en 1992, cuando los campesinos de las Rondas aislaron a Sendero y optaron por enfrentarse a éste, al tiempo que las fuerzas militares peruanas se modernizaron.
El sudoccidental departamento colombiano de Nariño, de 33.268 kilómetros cuadrados de abruptas montañas andinas y 1,6 millones de habitantes, registra el mayor desplazamiento forzado de civiles causado por grupos irregulares y la mayor concentración de campos minados de este país.
Todas las fuerzas en guerra se lo disputan, es tierra de nadie en términos militares y corredor estratégico para el narcotráfico y el abastecimiento clandestino.

Según el Observatorio, el contexto militar en Nariño es el siguiente:
Los 17.000 efectivos que tiene la fuerza pública allí serán reforzados este año con otros 10.000.
Las FARC y el también izquierdista Ejército de Liberación Nacional (ELN), segunda guerrilla en pie de fuerza, se establecieron en el departamento en 1987 y 1985 respectivamente.
Hoy las FARC suman allí unos 600 combatientes con la Columna Mariscal Antonio José de Sucre (de unos 150-160 integrantes y que se adjudicó la matanza de los awá), la Columna Móvil Daniel Aldana y tres frentes, mientras el ELN está presente con unos 300 efectivos en Barbacoas, Samaniego y La Llanada, municipios del sector donde ocurrieron las muertes.
Desde 2005, ambas guerrillas combaten fieramente entre sí por territorio en todo el sudoccidente del país.
Tras una negociación con el gobierno en la que se desmovilizaron 32.000 paramilitares de extrema derecha, también están en Nariño los rescoldos y retoños de esas milicias de narcotraficantes: Águilas Negras, Nueva Generación, Autodefensas Gaitanistas y Los Rastrojos, en total unos 600 combatientes.
Los paramilitares ingresaron allí en 2001, con el frente Libertadores del Sur, señalado de actuar con el ejército.
En julio de 2005 se desmovilizaron más de 630 combatientes de ese grupo. Pero al día siguiente, contó el investigador Ávila, "se rearmaron algo más de 300. La gente en Nariño me decía: aquí no pasó nada. Al otro día estaban patrullando con uniforme. Son los Nueva Generación".
Las Águilas Negras y Nueva Generación amenazan a líderes sociales de la zona, pero nadie afirma en público que esos grupos trabajen actualmente con el ejército. Los Rastrojos, del narcotraficante Cartel del Pacífico, son aliados del ELN, mientras Gaitanistas, al mando del capo narco "Don Mario", provienen del noroccidental departamento de Antioquia.
En el fragor desapareció hace seis meses el grupo Los Machos, del narcotraficante "Jabón", del Cartel del Norte del Valle, asesinado en Venezuela por sus hombres y con el cual supuestamente estuvieron aliadas las FARC.
"Hoy todos están contra las FARC" en Nariño, subrayó Ávila.
Además, algunos de esos grupos se alían temporalmente y otros combaten contra las FARC y el ELN en ese departamento.
Los Machos y Los Rastrojos pasaron varios años en guerra. Ahora sus jefes están muertos o en la cárcel. "Se enfrentan por control de rutas, y después de la captura y muerte de todos esos capos, esas bandas quedan a la deriva. Es la ley de la selva: el que más alientos tenga", señaló Ávila.
En ese escenario, "no se sabe si estos indígenas trabajan solo a favor del ejército", como afirmaron las FARC, planteó Ávila.
"Los paramilitares también están amenazando y desplazando a la población. Se están dando cultivos de palma africana, con desplazamiento de gente, y hay coca (materia prima de la cocaína) por doquier. Los cultivos de palma africana son más hacia Tumaco, Pizarro, Roberto Payán", municipios al occidente de Barbacoas, dijo el investigador.
La estación de policía y la base del ejército, situadas en el casco urbano de Roberto Payán, habitado por comunidades negras, fueron atacadas por las FARC el 13 de enero con disparos de pipetas de gas rellenas de explosivos que dejaron cinco muertos, entre ellos cuatro niños.
El presidente Álvaro Uribe, que estará en la región de la masacre este viernes y el sábado, anunció que acentuará la "política contra el terrorismo" y que designó para los awás un militar como "enlace de confianza".
Los awás se negaron a "colaborar" con el ejército en la ubicación de los cuerpos de la matanza cometida por la guerrilla el 6 de febrero, dijo el comandante de las Fuerzas Militares, Freddy Padilla.
Debido al minado en la zona, apenas el lunes sus tropas reportaron haber encontrado un cadáver.
Los awás denunciaron combates, ametrallamientos y bombardeos en su territorio desde el 1 de febrero.
"Poco se sabe cómo se vienen tejiendo en estas comunidades las redes clandestinas de informantes alrededor de los actores en contienda", escribe en su artículo "Terror en el Pacífico" el antropólogo Efraín Jaramillo Jaramillo, del grupo interdisciplinario e interétnico Colectivo de Trabajo Jenzera.
En Colombia, dice Ávila, "uno de los problemas principales es que gobierno, FARC, ELN y todos estos grupos han involucrado a la población civil en el conflicto", lo que viola el principio de distinción entre combatientes y civiles, columna vertebral del derecho internacional humanitario.
El gobierno lo hace mediante los mencionados programas asistenciales, a través de los cuales pide información militar, indicó.
En todo caso, a partir de la confrontación entre el ELN y las FARC, de la irrupción del narcotráfico y de la creciente degradación de la guerra, "los habitantes no confían en ninguna fuerza armada, porque se convierten en traidores potenciales para todos los grupos", señaló Ávila.
*Este artículo es parte de una serie de tres notas sobre la masacre de al menos 17 indígenas awá, en febrero. Las FARC reconocieron haber asesinado a ocho.(FIN/2009)
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Ultimátum a las FARC por parte de las autoridades tradicionales y organizaciones indígenas de Colombia y Ecuador. (CAOI-AYI)
Entrega de los cuerpos de los hermanos Awá, hasta este lunes 23 de febrero, a las 6.00 p.m. De lo contrario, minga humanitaria por la dignidad y la búsqueda de los cuerpos. Responsabilizamos tanto a las FARC como al gobierno de lo que pueda suceder.
Ante la frustrada espera y prolongada agonía de familiares, los pueblos indígenas de Colombia y Ecuador que vienen acompañando como hermanos al pueblo Awá, sus autoridades respaldadas por todos en Minga de pensamiento y resistencia, nos obligan a actuar en lógica de la guerra que vive Colombia.

Luego de quince días, después de denunciar, acompañar, plantear propuestas salidas, hablar, llorar, gritar, clamar… esperar, el indio no espera más. Por ello en comunicado público, fechado el 19 de febrero, ante la comunidad nacional e internacional, unidos en minga de resistencia, el pueblo Awá de la Unidad Indígena del pueblo Awá – UNIPA, la Autoridad Nacional de Gobierno Indígena - ONIC, la Federación de Centros Awá del Ecuador – FCAE, la Organización de Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana – OPIAC, la Autoridades Indígenas de Colombia – AICO, Confederación Indígena Tayrona – CIT, el Consejo Regional Indígena del Cauca – CRIC y la Coordinación de Autoridades Tradicionales Indígenas en Colombia le dieron el ultimátum a las FARC y el Gobierno Nacional de la "Seguridad Democrática".

El ultimátum a las FARC, tienen como plazo máximo este lunes, 23 de febrero, a las 6:00 de la tarde, "para que entreguen a nuestras autoridades indígenas los cuerpos de nuestros hermanos sacrificados, para que podamos devolverlos a la Madre Tierra tal y como lo dictan nuestros usos y costumbres".

Si no hay respuesta positiva por parte de las FARC, todo está listo para retomar tod@s la minga humanitaria por la dignidad y la búsqueda de los cuerpos.

Por tanto, las autoridades indígenas en MINGA exigen a los actores armados legales e ilegales desocupar inmediatamente el territorio awá previo al ingreso de la comisión nacional que garantice las gestiones diplomáticas necesarias para garantizar el acompañamiento de un equipo técnico internacional experto en desactivado de minas, ya sea de Bolivia, Ecuador o Brasil.
Al Estado y gobierno colombiano: Así como a las FARC, los responsabilizamos de lo que pueda suceder y por último recalcamos que no aceptamos el acompañamiento de las fuerzas militares de Colombia. Porque vemos con gran preocupación que las autoridades militares y judiciales no han mostrado resultados frente a la búsqueda de los cuerpos de nuestros hermanos asesinados. Como tampoco el gobierno ha facilitado los espacios humanitarios para atender a la población confinada y a los huérfanos. Por el contrario, pretenden aprovechar el infortunio para que las autoridades indígenas los apoyen en su persecución a los grupos insurgentes haciendo prevalecer la lógica de la guerra ante las acciones humanitarias que dicta el derecho internacional en estos casos.
Hacemos un llamado a todas las organizaciones sociales y populares, a los organismos defensores de derechos humanos nacionales e internacionales, a los medios de comunicación para que nos solidaricemos, todos en MINGA por la soberanía de Colombia y sus pueblos ancestrales, que son actores sujetos de derechos y de aporte.

Autoridad Nacional de Gobierno Indígena, ONIC
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Comunicado a la opinión pública nacional e internacional
El pueblo indígena Awá con apoyo de la ONIC, OPIAC, CIT, coordinación de autoridades tradicionales indígenas en Colombia, AICO, CRIC, FCAE denunciamos que los Awá siguen cayendo muertos por manos criminales.

La Unidad Indígena del pueblo Awá - UNIPA, la ONIC, OPIAC, CIT, AICO, la FCAE alertan a la comunidad nacional e internacional sobre el recrudecimiento de la grave situación de violación a los Derechos Humanos, los derechos fundamentales del pueblo indígena Awá de Nariño y las infracciones al DIH.
Dichas violaciones se realizan de manera reiterada por los grupos insurgentes, paramilitares y la fuerza pública a través del minado del territorio, la restricción a la libre movilidad, el asesinato a más de ciento cincuenta indígenas Awá en los últimos 7 años, amenazando y desplazando a nuestros hermanos indígenas de Tortugaña Telembi, Tronqueria Pulgande Palicito, las Planadas Telembi, El Sande, Magui y Vegas, bombardeando viviendas, planteles educativos y demás sitios de reunión, realizando detenciones arbitrarias y desarrollando políticas y estrategias para involucrar a la población civil en un conflicto social y armado que no compartimos, no apoyamos, no es nuestro y del cual no participamos ni directa ni indirectamente.
En los últimos días el mundo conoció la masacre de 17 indígenas Awá, responsabilizándose de ella el grupo insurgente de las FARC, quienes de manera cínica reconocieron su responsabilidad en los hechos, justificando este acto de barbarie como una retaliación a la política de seguridad democrática sobre una población indefensa, inerme, aislada y que siempre se ha declarado ajena a la guerra interna que se libra en nuestro país; con el agravante de que las FARC manifiestan abiertamente su desconocimiento a la integridad étnica y cultural de los pueblos indígenas, a la autonomía y jurisdicción de nuestras autoridades tradicionales.

A pesar de las denuncias y encontrándose la población Awá desplazada y concentrada; el 15 de febrero a las 3:15 p.m. fue asesinado el compañero Ernesto Jiménez García en la vereda El Pailón y en horas de la noche el Compañero Claudio Nastacuás a las 10:30 p.m. en el corregimiento Justo Ortiz el Diviso (municipio de Barbacoas), los dos compañeros pertenecían a los resguardos de Alto Ulbi Nunalbi y Magui. A la vez que se detectó la presencia de personas de civil que realizan labores de inteligencia, seguimiento y que no se han identificado de pertenecer a ningún organismo oficial como tampoco son conocidos de la zona.
Hoy después de quince días de la masacre vemos con gran preocupación que las autoridades militares y judiciales no han mostrado resultados frente a la búsqueda de los cuerpos de nuestros hermanos asesinados. Como tampoco el gobierno ha facilitado los espacios humanitarios para atender a la población confinada y a los huérfanos. Por el contrario pretenden aprovechar el infortunio para que las autoridades indígenas los apoyen en su persecución a los grupos insurgentes haciendo prevalecer la lógica de la guerra ante las acciones humanitarias que dicta el derecho internacional en estos casos.
Frente a la crisis humanitaria del pueblo indígena Awá los firmantes de este documento exigimos tanto a las FARC como al gobierno nacional y damos un ultimátum para que a más tardar el lunes 23 de febrero de 2009 a las 6:00 p.m. entreguen a nuestras autoridades indígenas los cuerpos de nuestros hermanos sacrificados para que podamos devolverlos a la Madre Tierra tal y como lo dictan nuestros usos y costumbres.
De lo contrario iniciaremos la Minga Humanitaria por la dignidad y la búsqueda de los cuerpos, responsabilizando tanto al gobierno nacional como a las FARC de lo que pueda suceder.
Exigimos a los actores armados legales e ilegales que desocupen inmediatamente el territorio del pueblo Awá previo al ingreso de la comisión de autoridades tradicionales y guardia indígena y al gobierno nacional que realice las gestiones diplomáticas necesarias para garantizar el acompañamiento de un equipo técnico internacional experto en desactivado de minas, ya sea de Bolivia, Ecuador ó Brasil, pues no aceptamos el acompañamiento de las fuerzas militares de Colombia por las razones expuestas anteriormente.
Hacemos un llamado a todas las organizaciones sociales y populares, a los organismos defensores de derechos humanos nacionales e internacionales para que se solidaricen.
¡Por la dignidad, la vida y la defensa del territorio pueblos indígenas unidos en minga de resistencia!!
Unidad Indígena del pueblo Awá – UNIPA
Federación de Centros Awá del Ecuador - FCAE
Autoridad del Gobierno Indígena Nacional ONIC
Organización de Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana - OPIAC
Autoridades Indígenas de Colombia - AICO
Confederación Indígena Tayrona - CIT
Consejo Regional Indígena del Cauca - CRIC
Coordinación de Autoridades Tradicionales Indígenas en Colombia

ComunicaONIC 019 / Febrero 20 del 2009.