ONIC denuncia la continua y sistemática violación de los Derechos Humanos y el exterminio físico y cultural contra los Pueblos Indígenas de Colombia
9 julio, 2018
La Consejería de Derechos de los Pueblos Indígenas, Derechos Humanos y Paz de la Organización Nacional Indígena de Colombia -ONIC- denuncia y rechaza de manera categórica la sistemática violación de los Derechos Humanos y el exterminio físico y cultura contra los Pueblos Indígenas en Colombia.
Las cifras de violaciones a los derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas acá presentados constituyen un esfuerzo de la Organización Nacional Indígena de Colombia –ONIC; realizando seguimiento desde noviembre de 2016 a 05 de julio de 2018 la violación a los DD.HH e infracciones al DIH, notando un incremento de 6.055 personas (noviembre de 2016 a diciembre de 2017) a 10.599 entre el 1 de enero al 05 de julio de 2018: Entre las tipologías de seguimiento a las violaciones a los Derechos Humanos -DDHH- e infracciones al Derecho Internacional Humanitario -DIH- correspondiente al año 2018 durante la implementación del Acuerdo Final de paz, se han visto afectadas de la siguiente manera: confinamiento (9.422), desplazamiento masivo/forzado (1.047), amenazas (50), reclutamiento (20), homicidio (21), atentados (19); torturas (3); y 3 muertes por omisión del Estado de población en condición de desplazamiento y reubicada, para un total de 10.599 personas afectadas.
En lo que corresponde al reclutamiento y la utilización de niños, niñas adolescentes y jóvenes por grupos armados legales e ilegales, incluidas las disidencias de las FARC, aun constituyen una práctica común en tiempos de paz y la mayoría de los reclutamientos (20 en total) se están dando en territorio del occidente colombiano, afectando fuertemente a miembros del Pueblo Indígena Embera.
Los grupos armados legales e ilegales perpetradores de estas violaciones y vulneraciones son: el ELN, el EPL, las disidencias de las FARC EP y las organizaciones herederas del paramilitarismo (Clan del Golfo, Águilas Negras, Los Rastrojos, Autodefensas Gaitanistas de Colombia); y la Fuerza Pública.
Denunciamos que además de lo anterior, se viene criminalizando la protesta social en el país, así como la labor de los maestros y maestras, el ejercicio del control territorial liderado por las autoridades y la guardia indígena, la liberación y protección de la Madre Tierra, especialmente contra la Minga Indígena de 2017, la cual propende por y la reivindicación de los derechos de los Pueblos Indígenas, criminalización que se ha materializado con la judicialización de los líderes sociales que defienden la vida y el territorio de sus comunidades.
Por lo anterior, desde la Consejería de Derechos de los Pueblos Indígenas, Derechos Humanos y Paz de la ONIC:
SOLICITAMOS:
1,- Al Estado colombiano a través de las instituciones del gobierno garantizar el cumplimiento de los acuerdos pactados en la Habana y mayor voluntad entre las partes para mantener el dialogo y hacer efectivo en la perspectiva de PAZ con el Ejército de Liberación Nacional – ELN.
2.- El Estado debe garantizar la defensa de la vida y de los DDHH de los territorios indígenas entre otros. Al Ministerio de Defensa, al Ministerio del Interior, al Ministerio Público, a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), a la Unidad Nacional de Protección (UNP), a la Fiscalía General de la Nación, a la Defensoría del pueblo, a la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y demás entidades competentes en el marco del Auto 004, del Decreto Ley 4633 de 2011 y demás normas nacionales e internacionales que salvaguardan los derechos de los Pueblos Indígenas y direccionan el respeto a los Derechos Humanos y al DIH.
3.- Obligación del Estado colombiano para que garantizar, a través de las Entidades correspondientes, adopte las medidas urgentes y prioritarias, investigando y facilitando resultados efectivos sobre las conductas punibles en contra de los Pueblos Indígenas de Colombia, que se individualicen y se condenen a los criminales que han perpetuado estos actos sistemáticos de exterminio.
4.- Detener la injusta criminalización y judicialización de los líderes y lideresas indígenas, especialmente a los liberadores de la Madre Tierra y de la Minga del año 2017.
5.- A la comunidad internacional que se solidarice y haga el respectivo acompañamiento, seguimiento, verificación mediante la veeduría a la grave situación de vulneraciones a los derechos humanos de los pueblos indígenas en Colombia. De igual manera, solicitamos a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que realice visitas e informes de las zonas donde se han presentado los mayores hechos victimizantes contra Pueblos Indígenas.
6.- A los medios de comunicación públicos y privados, les instamos a manejar la información sobre las vulneraciones a los derechos humanos de los Pueblos Indígenas con imparcialidad, responsabilidad y desde el principio de la buena fé, evitando que la difusión de información respecto a los Pueblos Indígenas se convierta en declaraciones revictimizantes o contrarias a la realidad teniendo en cuenta la Sentencia T-500 de 2016.
¡Sigan contando con nosotros para la paz, nunca para la guerra!
#MingaPorLaVida
La Consejería de Derechos de los Pueblos Indígenas, Derechos Humanos y Paz de la Organización Nacional Indígena de Colombia -ONIC- denuncia y rechaza de manera categórica la sistemática violación de los Derechos Humanos y el exterminio físico y cultura contra los Pueblos Indígenas en Colombia.
Las cifras de violaciones a los derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas acá presentados constituyen un esfuerzo de la Organización Nacional Indígena de Colombia –ONIC; realizando seguimiento desde noviembre de 2016 a 05 de julio de 2018 la violación a los DD.HH e infracciones al DIH, notando un incremento de 6.055 personas (noviembre de 2016 a diciembre de 2017) a 10.599 entre el 1 de enero al 05 de julio de 2018: Entre las tipologías de seguimiento a las violaciones a los Derechos Humanos -DDHH- e infracciones al Derecho Internacional Humanitario -DIH- correspondiente al año 2018 durante la implementación del Acuerdo Final de paz, se han visto afectadas de la siguiente manera: confinamiento (9.422), desplazamiento masivo/forzado (1.047), amenazas (50), reclutamiento (20), homicidio (21), atentados (19); torturas (3); y 3 muertes por omisión del Estado de población en condición de desplazamiento y reubicada, para un total de 10.599 personas afectadas.
En lo que corresponde al reclutamiento y la utilización de niños, niñas adolescentes y jóvenes por grupos armados legales e ilegales, incluidas las disidencias de las FARC, aun constituyen una práctica común en tiempos de paz y la mayoría de los reclutamientos (20 en total) se están dando en territorio del occidente colombiano, afectando fuertemente a miembros del Pueblo Indígena Embera.
Los grupos armados legales e ilegales perpetradores de estas violaciones y vulneraciones son: el ELN, el EPL, las disidencias de las FARC EP y las organizaciones herederas del paramilitarismo (Clan del Golfo, Águilas Negras, Los Rastrojos, Autodefensas Gaitanistas de Colombia); y la Fuerza Pública.
Denunciamos que además de lo anterior, se viene criminalizando la protesta social en el país, así como la labor de los maestros y maestras, el ejercicio del control territorial liderado por las autoridades y la guardia indígena, la liberación y protección de la Madre Tierra, especialmente contra la Minga Indígena de 2017, la cual propende por y la reivindicación de los derechos de los Pueblos Indígenas, criminalización que se ha materializado con la judicialización de los líderes sociales que defienden la vida y el territorio de sus comunidades.
Por lo anterior, desde la Consejería de Derechos de los Pueblos Indígenas, Derechos Humanos y Paz de la ONIC:
SOLICITAMOS:
1,- Al Estado colombiano a través de las instituciones del gobierno garantizar el cumplimiento de los acuerdos pactados en la Habana y mayor voluntad entre las partes para mantener el dialogo y hacer efectivo en la perspectiva de PAZ con el Ejército de Liberación Nacional – ELN.
2.- El Estado debe garantizar la defensa de la vida y de los DDHH de los territorios indígenas entre otros. Al Ministerio de Defensa, al Ministerio del Interior, al Ministerio Público, a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), a la Unidad Nacional de Protección (UNP), a la Fiscalía General de la Nación, a la Defensoría del pueblo, a la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y demás entidades competentes en el marco del Auto 004, del Decreto Ley 4633 de 2011 y demás normas nacionales e internacionales que salvaguardan los derechos de los Pueblos Indígenas y direccionan el respeto a los Derechos Humanos y al DIH.
3.- Obligación del Estado colombiano para que garantizar, a través de las Entidades correspondientes, adopte las medidas urgentes y prioritarias, investigando y facilitando resultados efectivos sobre las conductas punibles en contra de los Pueblos Indígenas de Colombia, que se individualicen y se condenen a los criminales que han perpetuado estos actos sistemáticos de exterminio.
4.- Detener la injusta criminalización y judicialización de los líderes y lideresas indígenas, especialmente a los liberadores de la Madre Tierra y de la Minga del año 2017.
5.- A la comunidad internacional que se solidarice y haga el respectivo acompañamiento, seguimiento, verificación mediante la veeduría a la grave situación de vulneraciones a los derechos humanos de los pueblos indígenas en Colombia. De igual manera, solicitamos a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que realice visitas e informes de las zonas donde se han presentado los mayores hechos victimizantes contra Pueblos Indígenas.
6.- A los medios de comunicación públicos y privados, les instamos a manejar la información sobre las vulneraciones a los derechos humanos de los Pueblos Indígenas con imparcialidad, responsabilidad y desde el principio de la buena fé, evitando que la difusión de información respecto a los Pueblos Indígenas se convierta en declaraciones revictimizantes o contrarias a la realidad teniendo en cuenta la Sentencia T-500 de 2016.
¡Sigan contando con nosotros para la paz, nunca para la guerra!
#MingaPorLaVida
http://www.cric-colombia.org/portal/onic-denuncia-la-continua-y-sistematica-violacion-de-los-derechos-humanos-y-el-exterminio-fisico-y-cultural-contra-los-pueblos-indigenas-de-colombia/
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