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lunes, 22 de octubre de 2018

Perú- Gobernanza territorial indígena para proteger Territorios de Vida

Fuente de la imagen: Consorcio TICCA

Gobernanza territorial indígena para proteger Territorios de Vida

Representantes indígenas acuerdan "establecer una alianza entre las diversas formas de gobernanza territorial indígena para compartir experiencias y elaborar mandatos y directrices comunes para fortalecer las áreas conservadas".

Servindi, 22 de octubre, 2018.- Representantes de trece pueblos indígenas amazónicos coincidieron en exigir al Estado peruano brinde apoyo para la gobernanza territorial indígena "por ser esta la mejor estrategia para la conservación de la naturaleza y la diversidad biológica".

En tal sentido demandaron que el Estado "reconozca y garantice el derecho de los pueblos indígenas a gobernar nuestros territorios integrales" y los "reconozca (...) como legítimos protectores en el manejo y conservación de nuestros territorios ancestrales".

Veinteséis representantes indígenas suscribieron por consenso un documento de acuerdos, compromisos y demandas en el marco del Taller: Fortaleciendo la Gobernanza de los Territorios Conservados en la Amazonía Peruana, celebrado del 14 al 19 de octubre en Pachacamac, en Lima, Perú,

El evento fue organizado por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), la Lista Verde y el Consorcio TICCA, que es como se denominan a los territorios o áreas conservadas por pueblos indígenas y comunidades locales.


¿Qué son los TICCA o territorios de vida?

Los TICCA o territorios de vida, como también se les llama, se distinguen o diferencian de las Áreas Protegidas, administrados por los Estados, en que revalora las Áreas Conservadas en manos de pueblos indígenas y comunidades locales.

Los TICCA poseen tres características esenciales: a) un pueblo indígena o comunidad con una profunda relación con un territorio o sitio; b) capacidad de hecho o de derecho de cumplir los acuerdos de manejo, y c) la gobernanza favorece la conservación, las funciones ecológicas y los valores culturales asociados.

Cabe destacar que los TICCA surgieron para contribuir las Metas de Aichi para la Diversidad Biológica del Convenio de Diversidad Biológica desde una perpectiva más amplia para mejorar la diversidad y calidad de la gobernanza de las áreas protegidas y conservadas.

Foto: Yuri Gutiérrez

Reconocimiento del valor de los TICCA

Los líderes indígenas procedentes de diversos pueblos y experiencias de gobierno y manejo territorial consensuaron en que los TICCA es una categoría que se adapta de mejor manera a los sistema de conservación de los territorios y bosques indígenas.

Así lo destacó Shapiom Noningo Sesén, del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampis (GTANW) quién sustentó el documento consensuado y remarcó que la conservación es una actividad tradicional de los pueblos desde sus propias cosmovisiones indígenas.

"Nuestros mayores y sabios quizás no tengan títulos académicos que los reconozcan como expertos en conservación pero ellos saben cómo conservar los bosques mucho más que el Estado y el Sernanp" en referencia al Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas, dijo Shapiom.

Wilder Flores Gonzáles, jefe de la Comunidad Nativa Matsés, compartió la lucha de más de quince años de su pueblo frente a una amenaza petrolera. Gracias a la vigilancia y defensa activa de su territorio titulado de más de 452,000 ha viven tranquilos y sin contaminación.

Del mismo modo lo hizo Jeremías Petsein, presidente de la Federación de la Nacionalidad Achuar del Perú (FENAP), quién a pesar de los esfuerzos que realizan por controlar y defender el territorio achuar de diversas amenazas, el gobierno central intenta debilitarlos al desconocer el reconocimiento obtenido del Gobierno Regional de Loreto.

Fermin Chimatani Tayori, del pueblo Harakbut, y presidente de la Asociación Nacional de Ejecutores de Contrato de Administración de las Reservas Comunales del Perú (ANECAP), resumió muy bien el valor de los TICCA para los pueblos indígenas.

"Los TICCA no son un fin ni el objetivo principal. Se trata de un plus, de un valor adicional, al reconocimiento que debe tener la gobernanza territorial indígena, que debe ser cada vez más fortalecida por el Estado" dijo Chimatani.

Fotos: Yuri Gutiérrez

Criticas al conservacionismo oficial peruano

Las diversas delegaciones indígenas coincidieron en cuestionar la forma cómo se han secuestrado inmensos territorios indígenas mediante la superposición impuesta por el sistema de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (ANP).

Un caso fue expuesto por César Augusto Yojajé, del Consejo de la Nación Ese Eja, quien denunció que la creación del Parque Nacional Bahuaja Sonene y la Reserva Nacional Tambopata significa el asesinato lento de su pueblo. "Así, lo sentimos día tras día", expresó.

Por ello, Victor Pesha Baca, también de la Nación Ese Eja, ubicada en la región Madre de Dios, afirmó que como pueblo "están exigiendo la restitución y la reivindicación de este territorio ancestral”.

También se manifestó Mauro Metaki Tipe, presidente de la comunidad de Tayacome, ubicada al interior del Parque Nacional y Reserva de la biosfera del Manu, creada en 1973, sin considerar que dentro de su ámbito se encuentran poblaciones ancestrales.

Alertó que el 70 por ciento de la población indígena al interior del Manu se encuentra en condiciones de desnutrición debido a las serias restricciones en que se encuentran debido al control del personal del Sernanp que les limita actividades de subsistencia.

Sin duda, la principal crítica al Sernanp, es su incapacidad para garantizar la conservación de las áreas naturales y territorios bajo su administración. Así lo advirtieron diversos interlocutores indígenas quienes recordaron nefastos episodios contra la conservación.

Julio Hinojosa y Shapiom Noningo del Gobierno Wampis y Ermeto Tuesta del Instituto del Bien Común (IBC) explicaron el brutal recorte que se hizo al Parque Nacional Ichigkat Muja para favorecer las concesiones mineras.

El Instituto Nacional de Recursos Naturales (Inrena), ahora Sernanp, traicionó la confianza de los pueblos Awajun y Wampis. Estos pueblos consintieron que su territorio ancestral se convierta en Parque Nacional con fines de conservación, sin imaginar que éste luego se recortaría.

Otro caso expuesto en el taller es la intención de modificar la zonificación del Plan Maestro de la Reserva Comunal Tuntanain, en Amazonas, a fin de favorecer a la empresa Maurel Et Prom, titular del Lote 116 de hidrocarburos.

El Sernanp pretende dar apariencia de "legalidad" y "legitimidad" a modificaciones que vulneran los objetivos de creación de dicha reserva conmunal, explicaron líderes y técnicos indígenas.

Si bien los representantes del Sernanp que participaron en el taller el jueves y viernes expresaron su voluntad y disposición de escuchar y mejorar sus procedimientos, la desconfianza indígena se mantiene.

Una de las razones principales es que el Estado suele favorecer las actividades extractivas incluso sobre las áreas protegidas bajo el argumento del "interés nacional".

Tal es el caso del lote 76 de hidrocarburos que se superpone a casi todo el territorio de la Reserva Comunal Amarakaeri de 402,335 hectáreas, y de las comunidades que la custodian y protegen.

El Estado peruano entregó dicho lote a la empresa Hunt Oil en 2006 sin ninguna consulta previa a los pueblos afectados y sin siquiera evaluar la compatibilidad de la actividad extractiva con el área protegida.

En 2017 la petrolera estadounidense inició el proceso de abandono del Lote 76, por razones no del todo explicadas. considerado como un segundo Camisea por los expertos de hidrocarburos.

Cabe destacar que la Reserva Comunal Amarakaeri y el Parque Nacional Cordillera Azul son las dós áreas protegidas del Perú en proceso de evaluación para incorporarse en la Lista Verde de Áreas Protegidas y Conservadas (LVAPC) que distingue las buenas prácticas de conservación a nivel mundial.


Hacia el Congreso Latinoamericano de Áreas Naturales Protegidas

Una demanda actual y concreta que los participantes indígenas consensuaron es que el Estado peruano "haga visibles los sistemas de conservación territorial indígena" como aporte en el Congreso Latinoamericano de Áreas Naturales Protegidas que se realizará en Perú, en marzo de 2019.

En esa perspectiva, y a fin de fortalecer la Iniciativa TICCA en el Perú, acordaron autoconvocarse y "establecer una alianza entre las diversas formas de gobernanza territorial indígena para compartir experiencias y elaborar mandatos y directrices comunes para fortalecer las áreas conservadas".

Para tal efecto, esperan que las diversas organizaciones indígenas, con mandato territorial en el Perú, continúen el diálogo iniciado en el taller de Pachacamac para articular propuestas propias en torno la gobernanza territorial y las áreas protegidas y las áreas conservadas.
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A continuación el documento suscrito por los participantes del taller en español y luego inglés:

Acuerdos, compromisos y demandas de los Pueblos Indígenas

Los pueblos indígenas reunidos en el taller: Fortaleciendo la Gobernanza de los Territorios Conservados en la Amazonía Peruana, del 14 al 17 de Octubre del 2018 en Pachacamac, Lima, Perú, declaramos:

Luego de deliberar ampliamente alcanzamos los siguientes acuerdos, compromisos y demandas:

Acuerdos y compromisos de los PP.II.

1. Los Pueblos indígenas nos comprometemos a mantener y fortalecer la continuidad de nuestro sistema de conservación de los territorios y bosques desde nuestra cosmovisión.

2. Los PPII nos comprometemos a empoderar la gobernanza efectiva de las Áreas Naturales Protegidas que están en nuestros territorios ancestrales.

3. Los PPII nos comprometemos a elaborar un mapa didáctico en una plataforma global dónde aparezcan nuestros territorios y áreas conservadas

4. Establecer una alianza entre las diversas formas de gobernanza territorial indígena para compartir experiencias y elaborar mandatos y directrices comunes para fortalecer las áreas conservadas.

Demandas y exigencias al Estado peruano al amparo del Convenio 169 de la OIT, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y la Convención sobre la Diversidad Biológica

1. Que el Estado nos reconozca y garantice el derecho de los pueblos indígenas a gobernar nuestros territorios integrales

2. Que el Estado nos reconozca a los pueblos indígenas como legítimos protectores en el manejo y conservación de nuestros territorios ancestrales

3. Que el Estado nos brinde apoyo para la gobernanza territorial indígena por ser esta la mejor estrategia para la conservación de la naturaleza y la diversidad biológica

4. Que el Estado peruano haga visibles los sistemas de conservación territorial indígena como aporte en el Congreso Latinoamericano de Áreas Naturales Protegidas que se realizará en marzo de 2019.

A la comunidad internacional

Pedimos establecer alianzas estratégicas con los Pueblos indígenas que contribuyan a cumplir y garantizar la gobernanza territorial indígena en nuestros territorios y áreas conservadas.

Pachacamac, 18 de Octubre del 2018

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Agreement, commitments and demands of indigenous peoples

We, the indigenous peoples gathered in the workshop Strengthening the Governance of Conserved Territories in the Peruvian Amazon held from October 14 to 17, 2018 in Pachacamac, Lima, Peru, declare that-- after extensive deliberations-- we have reached the following agreement, commitments and demands:

Agreement and commitments of the indigenous peoples

1. We commit to maintaining and strengthening the continuity of our system of conserving our territories and forests according to our world view

2. We commit to strengthening the effective governance of the protected areas that are in our ancestral territories

3. We commit to developing a map and platform that include our territories and conserved areas

4. We commit to establishing an alliance among various forms of indigenous territorial governance to share experiences and develop a common mandate and guidelines to strengthen conserved areas

Demands to the Peruvian State under ILO Convention 169, The United Nations Declaration on The Rights of Indigenous Peoples and the Convention on Biological Diversity

1. That the State recognize and guarantee our right as indigenous peoples to govern our integral territories

2. That the State recognize indigenous peoples as legitimate custodians in the management and conservation of our ancestral territories

3. That the State provide support for indigenous territorial governance since this is the best strategy for the conservation of nature and biological diversity

4. That the State highlight the indigenous territorial conservation systems as a contribution to the Latin American Protected Areas Congress that will be held in March 2019

To the International Community

We seek strategic alliances that contribute to the implementation and guarantee of indigenous territorial governance in our territories and conserved areas.

Pachacamac, October 18, 2018

https://www.servindi.org/actualidad-informe-especial/22/10/2018/gobernanza-indigena-la-mejor-forma-de-conservacion

viernes, 5 de enero de 2018

Perú- Fujimori, el etnocida que queda en libertad tras sus crímenes.

LAS MUJERES ESTERILIZADAS EN LA DÉCADA DEL ´90 POR FUJIMORI

Por Jacqueline Fowks y Carlos E. Cué
Proyecto Quipu narra el drama de las mujeres indígenas que fueron obligadas a esterilizarse por el dictador peruano indultado la semana pasada.

Alberto Fujimori nunca fue juzgado por una campaña que duró cinco años y afectó a miles de víctimas. Más de 150 mujeres grabaron sus testimonios por teléfono y las difundieron por Internet.




En el Perú profundo, las mujeres recibieron información sobre el Proyecto Quipu.

Imagen: Proyecto Quipu

Fujimori apenas cumplió 8 de los 25 años de prisión que la justicia peruana le impuso por crímenes de lesa humanidad, hasta que fue indultado por el presidente Pedro Pablo Kuczynski, desatando la indignación de miles de peruanos. 

Fujimori había sido condenado en 2009, y la Comisión de la Verdad y Reconciliación que compiló sus delitos no incluyó el que quizás haya sido el crimen más atroz que se perpetró desde el Estado en la dictadura fujimorista: la esterilización masiva de mujeres indígenas, una campaña disfrazada como un plan de salud. Sus voces fueron recopiladas en un inusual proyecto on line.

Se trata del Proyecto Quipu, que en quechua quiere decir nudo y toma su nombre de un antiguo sistema inca de relatos. 
Sus impulsoras fueron la peruana Rosemarie Lener y la chilena María Ignacia Court. Ambas coincidieron en Londres en 2011 en un curso de posgrado en documentalismo. 
Vieron por TV cómo, en plena campaña electoral, Keiko Fujimori defendía frente a su rival, Ollanta Humala, aquel siniestro programa de su padre alegando que se proponía “empoderar sobre todo a las mujeres sobre cuantos hijos quisieran tener”, aunque reconoció que pudieron haber existido “excesos”.

Lener es hija de Salomón Lerner, el presidente de la Comisión que en Perú elaboró el informe sobre la violencia entre 1980 y 2000 y en base al cual se juzgó y condenó a Fujimori, pero que no contempló las denuncias de esterilización masiva. 

Se calcula que en cinco años se esterilizó a 300 mil mujeres, en una campaña promocionada como gratuita y que se concentró en las zonas indígenas.

“Creo que debió haber sido analizado, quedó impune, solo se habla en elecciones del tema”, advirtió Lerner. 

“No hay voluntad política para hacer algo al respecto. Le he dicho a mi padre, no estaba en su mandato, creo que es una omisión importante”, agregó. 

El Proyecto Quipu se desarrollo entre las dos campañas electorales que Keiko Fujimori perdió, primero con Humala en 2011, y en 2016 con Kuczynski.

QUIPU


VIDEO: https://youtu.be/LcYNOoZmPwY

“Cuando pensamos en recopilar las historias, nos dimos cuenta de que no podíamos usar Internet para que las mujeres se acercaran (a dejar su testimonio), porque hay muy poca conectividad en las zonas indígenas”, recordó Court, quien contó que decidieron recoger las denuncias vía telefónica, ya que la red de teléfonos está muy extendida. “No las queríamos poner como víctimas, sino que salieran a la luz sus historias, obviar la voz de la víctima, y remarcar que son mujeres resilientes. Queríamos dar una herramienta que les permitiera expresarse a mujeres analfabetas”, agregó.

La primera comunidad visitada fue Huancabamba, en la región de Piura, donde las impulsoras del proyecto hicieron una convocatoria a través de una radio. 

“Al día siguiente vinieron cinco mujeres y les comenzamos a contar que tenían que llamar a un número de teléfono para dejar grabadas sus historias, que podrían ser escuchadas en todo el mundo. Al rato llegaron más, y en ese encuentro se reunieron 30 mujeres”.

Así se recopilaron más de 150 testimonios, que denunciaban operaciones sin consentimiento, bajo coacción.

 “Es un pequeño corte, no es nada, en 15 días van a estar bien”, eran las frases que precedían las operaciones. Court quedó especialmente sensibilizada porque durante el transcurso del Proyecto Quipu quedó embarazada. 

“Me pegó la situación, las mujeres hablaban increíble, con su manera de narrar, en Cuzco y Ayacucho, ellas también aportaron, armaron redes para seguir sumando testimonios”.

En febrero pasado, el documental original fue subido a la web de The Guardian, hecho que multiplicó los testimonios. 

“Que haya amenazas a mujeres sin que puedan decidir sobre el control de sus cuerpos es algo que me indigna”, subrayó Lerner.

 “Respeto mucho a la mujer andina. Son madres que sostienen la economía en un país muy machista”, concluyó la impulsora de Proyecto Quipu.

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LA OLA DE RECHAZOS AL INDULTO A FUJIMORI AÍSLA A KUCZYNSKI

Jacqueline Fowks y Carlos E. Cué

EL PAÍS, edición Europa,

Lima / Buenos Aires

27 DIC 2017

Protestas masivas en Lima y otras ocho ciudades reclaman la renuncia de PPK



Una protesta en Lima, contra el indulto a Fujimori.

REUTERS (MARIANA BAZO)

Pedro Pablo Kuczynski concedió el indulto a Alberto Fujimori para apagar un incendio, pero ha provocado otro mayor. El autócrata divulgó un vídeo en el que agradecía la gracia presidencial y, desde la cama de una clínica, pero con buen tono, pedía perdón por haber “defraudado” a algunos peruanos pero sin admitir delitos. Kuczynski, en un intento de frenar la ola de rechazo por todo el país que lo aísla y devora su capital político, pidió “pasar página”, pero la protesta crece y también la sangría dentro de su grupo político, indignado con la negociación del indulto a cambio de la supervivencia política del presidente.

Perú está viviendo las Navidades más intensas de los últimos años. Kuczynski llevaba meses pensando en la posibilidad de indultar a Fujimori, pero no se decidía. Algunos a su alrededor trataban de convencerle de que era la única manera de aplacar la furia del fujimorismo, que domina el Congreso con 71 diputados de 130 y le ha hecho la vida imposible al presidente, forzado a dejar caer hasta cinco ministros. Pero PPK dudaba por temor a la reacción popular. Parecía decidido hace un mes, pero no lo hizo. El momento elegido, solo tres días después de que 10 fujimoristas evitaran su destitución, y por tanto dentro de un pacto de salvación, ha sido tal vez el peor.

Tres parlamentarios muy conocidos de los 18 que apoyaban a PPK ya han dimitido, también lo ha hecho el ministro del Interior y los de Defensa y Cultura podrían hacerlo en breve. Artistas e intelectuales respetados piden su renuncia. Miles de personas salieron a la calle en Lima el martes y en las redes sociales se volvió tendencia #FueraPPK. Protestas similares se realizaron en Arequipa, Ayacucho, Cusco, Chiclayo, Huacho, Piura, Puno y Trujillo. El jueves 28, día en que Kuczynski y Keiko Fujimori están citados por la Fiscalía por el caso Odebrecht, hay convocadas más protestas masivas.

Los analistas peruanos creen que la situación queda totalmente abierta y la revuelta podría acabar forzando la salida de PPK, que ahora, en un giro inesperado, solo puede contar con el apoyo del fujimorismo que hace una semana quería echarlo. 

Pero esta tregua es temporal, ya que este grupo quiere recuperar cuanto antes el poder perdido. Y además ahora tiene en la calle a un político fuerte como Alberto Fujimori que podría hacerse con el liderazgo de su grupo, como temía su hija Keiko, que por eso prefería que no fuera indultado, lo que desató una guerra interna con su hermano Kenji. 

“El fujimorismo quiere volver, le va a dar poco tiempo a PPK, el necesario para ordenar sus filas. Por suerte Perú tiene la visita del Papa en enero, no creo que haya cambios antes, pero la situación a partir de ahora es muy inestable”, señala el analista Santiago Pedraglio.

Kuczynski, cada vez más aislado, porque llegó al poder gracias al antifujimorismo al que ahora ha traicionado, trató de calmar los ánimos con un mensaje a la nación. 

Pero fue casi peor, porque no habló de los delitos de Fujimori ni lanzó un mensaje a sus víctimas, se limitó a calificarlos de “errores” y alabó su política económica. 

“Se trata de la salud y las posibilidades de vida de un expresidente que habiendo cometido excesos y errores graves fue sentenciado y ha cumplido ya doce años de condena. A todos nos es evidente que su Gobierno —que heredó al inicio de la década de los años 90 un país sumido en la crisis violenta y caótica— incurrió en transgresiones significativas a la ley, al respeto por la democracia y a los derechos humanos, pero su gobierno contribuyó al progreso nacional. Quienes nos sentimos demócratas no debemos permitir que Fujimori muera en la prisión. La justicia no es venganza”, aseguró este exbanquero de inversión metido a político.

PPK y Fujimori tuvieron discursos similares de llamada a la reconciliación, lo que indignó aún más a las víctimas y los miles de manifestantes.

 “No puedo dejar de expresar mi profunda gratitud por el paso complejo que ha tomado el presidente y que me compromete en esta nueva etapa que se abre en mi vida, para apoyar decididamente el llamado a la reconciliación. Soy consciente de que los resultados de mi gobierno de una parte fueron bien recibidos, pero reconozco por otro lado que he defraudado a otros compatriotas, les pido perdón de todo corazón”, dijo Fujimori desde su cama. 

Ambos tienen 79 años y trataban de dar la imagen de que se está liberando a un enfermo. Pero en su grupo ya tienen claro que Fujimori no vuelve a descansar, sino a ser el jefe.
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Secretario general de OEA comparte preocupación de CIDH por indulto a Fujimori

Luis Almagro manifestó que en la OEA se siente la misma preocupación que la CIDH sobre el indulto concedido al ex dictador Alberto Fujimori.

5 Ene 2018


Luis Almagro manifestó que en la Secretaria General de la OEA se comparte la preocupación de la CIDH sobre el indulto concedido al ex dictador Alberto Fujimori. Foto: Internet


El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, manifestó que comparte la preocupación expresada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en torno al indulto concedido al ex dictador Alberto Fujimori.

Almagro detalló que el contenido por el que se pronuncia la CIDH es vinculante para la Secretaría General de la OEA, como es el caso del indulto.

PUEDES VER César San Martín sobre Alberto Fujimori: "Todo indulto es político"

"Hacemos nuestro el comunicado de la CIDH. En materia de derechos humanos los contenidos reflejados allí son importantes y vinculantes para la Secretaría General", manifestó el secretario general de la OEA.

"Respecto a temas institucionales sobre los cuales también se nos han hecho planteos, deberemos esperar el dictamen de la Corte sobre si ese indulto ha sido realizado de manera constitucional, y la consulta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para determinar si ese indulto está en consonancia con las sentencias de la misma que afectaron a Fujimori", agregó.

Es importante recordar que el pasado 28 de diciembre la CIDH rechazó el indulto concedido a Alberto Fujimori, enfatizando su "profunda preocupación" por el caso.

Según precisó la CIDH, el indulto "no toma en cuenta el derecho a la justicia de las víctimas y sus familiares".

Cabe recordar que Pedro Pablo Kuczynski (PPK) le otorgó el 24 de diciembre un indulto humanitario a Fujimori y también el derecho de gracia presidencial. Tras 12 días internado en una clínica, el exdictador recién pudo hacer efectiva su libertad y actualmente se encuentra en una vivienda de la urbanización La Estancia, en La Molina.

domingo, 19 de julio de 2015

Perú- Investigación del caso Esterilizaciones Forzadas de mujeres y hombres



“LA CONFORMACIÓN DE UNA COMISIÓN DE LA VERDAD DEPENDERÁ DE LAS VÍCTIMAS DE LAS ESTERILIZACIONES”


Presidente Ollanta Humala puede crearla a través de un Decreto Supremo

La lideresa de las víctimas de la esterilizaciones, Hilaria Supa, señala en esta entrevista que la creación de una Comisión de la Verdad para encontrar la justicia en este emblemático caso dependerá de la decisión que tomen las mujeres que sufrieron las consecuencias de ese programa de control de natalidad implementado por el expresidente Alberto Fujimori.
En setiembre próximo se acaba el plazo para que la fiscal Marcelita Gutiérrez, a cargo de las pesquisas del caso Esterilizaciones Forzadas, decida si acusa o no a los investigados por el delito de homicidio doloso cuya pena máxima es de 15 años de prisión.


Entre los investigados se encuentran el expresidente Alberto Fujimori así como los exministros de Salud, Alberto Aguinaga, Eduardo Yong Motta y Marino Costa Bauer.

Y, también, quienes resulten responsables de las investigaciones.

Ocurre que la cuestionada investigación del caso Esterilizaciones Forzadas, estuvo antes a cargo del fiscal Marco Guzmán Baca, quien la archivó de manera antojadiza, en el año 2014, sin realizar un exhaustivo trabajo.

La verdad, no sorprende que en la Fiscalía ocurra ello.

Lo que pasa es que Guzmán Baca nunca se dio la tarea de tomar los testimonios de las 2.074 víctimas identificadas (solo recogió las declaraciones de 600 de ellas) ni tampoco identificó el total de los médicos que participaron en las esterilizaciones que se realizaron en más de la mitad de los departamentos del país.

No hubo traductores del quechua al castellano.

Según cifras oficiales del Ministerio de Salud, en el segundo gobierno de Fujimori se esterilizaron a más de 300 mil mujeres y varones.

¿Por qué no lo hizo? No lo sabemos.

Hace dos meses, el fiscal superior Luis Landa ordenó abrir una nueva investigación sobre este caso a la fiscal Marcelita Gutiérrez.

Ese plazo se le cumple a la magistrada en septiembre próximo.

En ese mes, la magistrada tendrá que pronunciarse sobre a qué exautoridades, profesionales y/o personas va a acusar.

Y, posteriormente, un juez decidirá si se requiere instalar un juicio para llegar a la verdad.

Mientras tanto, han aparecido más pruebas que pueden ayudar a identificar a los responsables y demostrar que todo se trató de una política de Estado.

El pasado lunes 13, este medio publicó el dossier titulado ‘Esterilizaciones Forzadas: las sangrientas fotos del horror’, con cuatro expedientes conteniendo fotografías y documentos de las esterilizaciones forzadas ocurridas en los centros de salud de las localidades de Ayabaca, Querecotillo, Tambo Grande y Las Lomas.

Se trata de reportes elaborados en esos centros médicos, entre los años 1995 y 2000, que eran enviados al Ministerio de Salud.

Aparecen fotografías de mujeres, junto a los médicos, cuando eran sometidas a las esterilizaciones.

Los lugares en los que eran operadas carecían de medidas de seguridad y de estándares de protección a la salud.

Se trataba de una política de Estado para controlar la tasa de natalidad a costa de todo.

Ante estas nuevas evidencias, en esta semana han surgido propuestas por parte de la sociedad civil –como de Ana María Vidal (Grupo de Reparaciones de Esterilizaciones Forzadas) y Javier Torres Seoane (director de noticias SER)- para conformar una Comisión de la Verdad.

La parlamentaria Hilaria Supa está de acuerdo en conformar de una vez por todas la referida comisión y poder realizar una investigación que ayude a encontrar a los responsables ya que la Fiscalía ni el Poder Judicial han podido realizar esa tarea desde hace 18 años.

¿Quién debería de conformar esa Comisión de la Verdad?, ¿quiénes la deben de integrar?, todas esas interrogantes y otros cuestionamientos los responde la lideresa de las víctimas de las esterilizaciones en esta entrevista.

-Han aparecido varias propuestas para crear una Comisión de la Verdad y encontrar la justicia después de 18 años de haber ocurrido los hechos. ¿Quiénes deberían de conformar esta comisión?

Las víctimas, el Instituto de Defensa Legal (IDL), las asociaciones de mujeres, la sociedad civil y todas las personas que quieran apoyar esta iniciativa.

-¿Quiénes deberían de estar en esta comisión por parte del Estado?

Los ministerios de la Mujer y de Justicia…

-¿Cómo debería de darse la reparación a las víctimas?

Primero, el Estado debe de ver el tema de la reparación de salud mental y de salud integral que tanto necesitan esas mujeres…

-¿Las víctimas reciben, actualmente, ayuda de ese tipo?

Hay un seguro SIS (Sistema Integrado de Salud) para los pobres. Sin embargo, las mujeres quieren un seguro de víctimas que abarquen todas las enfermedades que ellas han tenido durante las esterilizaciones forzadas. Lo primero que buscan es que haya justicia.

-¿Qué entidad del Gobierno debería de solucionar esa demanda?

Tiene que ser el Ministerio de Salud quien repare este hecho…

-¿Qué enfermedades han adquirido las víctimas desde que fueron esterilizadas?

En primer lugar, ellas tienen todas las dolencias a la cabeza, la espalda y la cintura. Cuando hacen un esfuerzo o jalan peso, les duele el cuerpo. Hay un grupo de mujeres que tienen cáncer al ovario. En este momento hay cuatro mujeres que necesitan ser operadas urgentemente.

Las operaciones de las esterilizaciones se realizaron en postas y no en quirófanos. Algunas mujeres no fueron anestesiadas. Muchas de ellas fueron obligadas y secuestradas para ser esterilizadas. No conocían sus derechos. Hay testimonios que indican que en los lugares que eran operadas había manchas de sangre en el suelo. Varias mujeres embarazadas fueron operadas y perdieron a sus bebés.

-¿Cuándo debería de conformarse esa comisión?

Voy a reunirme con los abogados y con las señoras (víctimas). Hay que consultarles a ellas. En septiembre tiene que pronunciarse la fiscal. Después de ese tiempo, podremos pronunciarnos…

“El Estado es el que crea una Comisión de la Verdad”

El abogado de las víctimas de las esterilizaciones, Sigfredo Florián, explica en esta entrevista cómo se puede crear la anunciada Comisión de la Verdad para este emblemático caso de violación de derechos humanos.

-¿Cómo se puede crear la anunciada Comisión de la Verdad?

En el año 2001 (cuando se creó la Comisión de la Verdad que investigó el caso de la violencia interna en el país), el Estado fue quien la creó. Fue a través de un decreto supremo del propio gobierno de transición de Valentín Paniagua. Después, se decide quiénes van a ser los miembros que van a conformarán esa Comisión de la Verdad.

-¿En el decreto se especificará quiénes la conforman?

Se establece la conformación. Por ejemplo, un representante del Ministerio de Justicia, un representante de la sociedad civil, un representante del Ministerio de Salud y así sucesivamente... Y la sociedad civil tiene que proponer a las personas que pueden ocupar esos cargos y otros…

-El presidente Ollanta Humala Tasso, ¿por iniciativa de quién puede crear esta Comisión de la Verdad?

Como es una decisión política del Gobierno, se le tendría que hacer llegar una propuesta para que esta sea analizada y él decida…

El dato

Diario 16 entregará la próxima semana a la Fiscalía cuatro expedientes del Ministerio de Salud, con fotos, que demuestran que las mujeres eran operadas sin contar con los mínimos estándares de salud y que todo era parte de una política de Estado.

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