Perú- Comunidades y federaciones indígenas de la región Ucayali rechazan el dragado de los ríos amazónicos

Contundente rechazo al dragado de la Hidrovía

Servindi, 22 de julio, 2019.

- Un contundente rechazo al dragado de los ríos amazónicos acordó una reunión de 35 comunidades y federaciones indígenas de la región Ucayali reunidas del 18 al 20 de julio en Canaán de Cachiyacu.

El pronunciamiento suscrito denuncia que el dragado "afectará en forma profunda y para siempre la vida de los ríos y los pueblos" y pide una reunión de emergencia al Presidente de la República para que escuche el clamor del pueblo indígena respecto a esta grave amenaza.

Entre los efectos del dragado detallan los cambios impredecibles en la ruta y cauce de los ríos, baja del caudal, inundaciones, destrucción de islas, quirumas, cochas y aguajales cercanos.

También, afectará a la reproducción de los peces, la flora y fauna de los ríos, la seguridad alimentaria, provocará oleadas y accidentes a pobladores y canoas, aumentará los pasajes y fletes, entre otras desgracias.

Preparan acciones

Las comunidades y organizaciones indígenas adoptaron once acuerdos, entre estos, preparar una denuncia judicial para invalidar el contrato de concesión de la Hidrovía Amazónica otorgado por Pedro Pablo Kuczynski.

Otra medida es iniciar una acción legal ante el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) para que cancele el estudio de impacto ambiental (EIA) del proyecto elaborado sin estudios de ingenieria y suficientes.

Alerta anticorrupción

El evento acordó alertar al sistema anticorrupción para evitar se repitan los mecanismos tramposos de corrupción como sucedió con la carretera interoceánica sur, que finalizó con un sobrecosto de 500% que solventó el pago de millonarias coimas a funcionarios.

Para tal efecto, se acordó preparar acciones legales ante la Contraloría General de la República, la Defensoria del Pueblo y el Congreso de la República para que inicien investigaciones.
Continuarán acciones

El acuerdo fue suscrito por la Federación de Comunidades Nativas de Ucayali (Feconau), la Federación de Comunidades Nativas del Distrito de Iparia (Feconadip), Federación de Comunidades Indígenas del Distrito de Padre Marquez (FEDCIPAM).

Asimismo, por el Consejo Shipibo Conibo Xetebo (Coshikox), la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU) y la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep).

Se anuncia la preparación de una gran asamblea de 454 comunidades afectadas por el dragado y sus respectivas federaciones para acordar acciones concretas en defensa de la vida y derechos de los pueblos indígenas.
Exigen pronunciamiento. No al silencio cómplice

El cónclave exige al Gobierno Regional de Ucayali (GOREU) pronunciarse a favor de mejorar el transporte fluvial en el Ucayali, sin la necesidad de destruir la vida y pueblos, unidos a este gran río y afluentes.

También solicitar al gobierno de Alemania, garantizar que su cooperación con el Senace y la Reserva Nacional Pacaya Samiria "no se avale la destrucción de las nacientes del Amazonas y su impacto mundial".

Solicitan al Gobierno de Holanda, garantizar que la empresa “Royal Haskoning” no avale con la ingeniería de la hidrovia, los graves impactos sociales, culturales, ambientales y climáticos, quenel proyecto conlleva.

Finalmente, convocan a los colectivos juveniles, ambientales y culturales a desarrollar protestas pacíficas y democráticas, en defensa de los ríos vivos sin dragado.

De igual modo, solicitan que que las instituciones ambientales y climáticas nacionales e internacionales se pronuncien claramente y sin ambigüuedad y manifiesten su rechazo a esta actividad nefasta y nociva.

Lea el pronunciamiento completo a continuación:

Pueblo Shipibo Conibo rechaza el dragado de la Hidrovia Amazonica

Mejorar el transporte fluvial sin destruir la vida de ríos y pueblos
SENACE y MINAM deben rechazar el EIA ya que no cuenta con base científica ni ingeniería

Reunidos en Canaán, del 18 al 20 de julio del 2019, en el “Encuentro del Pueblo Shipibo Conibo”, con la participación de 35 comunidades locales y dirigentes de las federaciones: FECONAU, FECONADIP, FEDCIPAM, COSHICOX, así como de ORAU y AIDESEP; a puertas de las Audiencias Públicas y considerando que el proyecto no genera beneficios directos a nuestras comunidades analizamos el proyecto Hidrovia Amazónica y el peligroso dragado por 20 años (o muchos más) de los ríos nacientes de la cuenca amazónica: Ucayali, Marañon, Huallaga y Amazonas. y manifestamos nuestros acuerdos ante los involucrados en este proyecto: El consorcio Peruano Chino (Cohidro) y Holanda (Haskonnig), El estado peruano (MTC, MINAM, SENACE, PCM) y la opinión pública nacional e internacional.

Rechazar el dragado (componente principal de la Hidrovia) en 13 (o más) amplias zonas de esos ríos, porque afectará en forma profunda y para siempre la vida de los ríos y los pueblos mediante: Cambios impredecibles en su ruta y cauce, baja de caudal, inundaciones, destrucción de islas, quirumas, cochas y aguajales cercanos, afectaciones a los mijanos y reproducción de peces, afectar la flora y fauna de los ríos, seguridad alimentaria, oleadas y accidentes a pobladores y canoas, aumento de pasajes y fletes de carga, invasión y conflictos con trabajadores chinos, adendas con sobrecostos y peligros de corrupción como la carretera interoceánica.

Reiterar que mejorar el transporte fluvial, no pasa por destruir los ríos con proyectos mal diseñados y negociados con extranjeros, Sinoi que puede y debe hacerse cumpliendo el Estado con sus obligaciones, de meojras y control de los puertos, embarcaciones, licencias, seguridad y con mediciones hidrológicas. Para eso existen instituciones y autoridades estatales, que deben sr reforzadas, en lugar de favorecer ganancias y negociados chinos, con graves perjuicios para el país.

Alertar el sistema anticorrupción (Contraloría, Fiscalía, Jueces, Defensoría) de que se repita en la Hidrovia, el mismo mecanismo y trampas de corrupción en infraestructura como son: “vender” a China un proyecto no detallado ni sustentado; pactar una inversión que por el mal diseño tendrá sobrecostos y adendas que multiplicaran la “deuda” estatal; asegurar las futuras ganancias chinas que pagara el pueblo en alza de pasajes y fletes. Evitemos que se repita en la hidrovia, el negociazo de la carretera interoceánica sur, con un sobre costo de 500% que pago todas las coimas a funcionarios estatales, con la vergüenza nacional.

Cuestionar el silencio del MINAM, que avala el desastre del Dragado-Hidrovia, violando las responsabilidades de sus dependencias, como son el SERNANP para frenar la afectación del Canal de Puhinahua de la Reserva Nacional Pacaya Samiria (RNPS); el silencio de la Dirección de Cambio Climático, ante la emisión de carbono en turberas; y el error del SENACE de haber aceptado “estudiar” un EIA, que no tiene listo el plan de ingeniería ni cuenta con rigurosos estudios ambientales de hidrología, sedimentos, biología, climático social, económico y cultural.

Exigir que los proyectos de servicios básicos no pueden usarse como “anzuelos” ni “chantaje” a cambio de aprovecharse de la pobreza, para aceptar el desastre de la Hidrovia Amazónica, ya que son obligaciones de un Estado que ahorra fondos públicos cada año por 60 mil millones de soles por “no ejecución de planes”. Rechazamos las maniobras, campañas, condicionamientos, para imponer este mal proyecto, y que demuestran la mala fe, así como el racismo tecnocrático de haber ignorado y maltratado la opción sobre los ríos, de los sabios y sabias indígenas.

Exigimos el cumplimiento de los acuerdos de consulta previa 2015.

Organizar una gran asamblea de las 454 comunidades afectadas y sus federaciones para adoptar acciones en defensa de nuestras vidas y derechos.

Denuncia judicial para invalidar el contrato de la hidrovía por diversos causales

Acción legal ante el SENACE para que se cancele el EIA sin ingeniería ni estudios suficientes

Acción legal ante la contraloría, Defensoría, Congreso de la república, para que inicien acciones de investigación

Exigir al GOREU que se pronuncie a favor de mejorar el transporte fluvial en el Ucayali, sin necesidad de destruir la vida y pueblos, que estamos unidos a este gran río y afluentes.

Solicitar al gobierno de Alemania, que garantice en su cooperación para la RNPS y SENACE no se avale la destrucción de las nacientes del Amazonas y su impacto mundial

Solicitar al Gobierno de Holanda, garantizar que la empresa “Royal Haskoning” no avale con la ingeniería de la hidrovia, los graves impactos sociales, culturales, ambientales y climáticos.

Convocar a los colectivos juveniles, ambientales y culturales, del país, a desarrollar protestas pacíficas y democráticas, en defensa de ríos vivos sin dragado.

Solicitar el pronunciamiento claro y no ambiguo, de las entidades ambientales y climáticas del Perú y del mundo, el rechazo a este mal proyecto de dragado e hidrovia

Solicitar una reunión de emergencia al Presidente de la Republica para que escuche el clamor del pueblo indígena en defensa de sus ríos y contra proyectos perjudiciales.

Canaán, 20 de julio del 2019

¡Por Ríos y Pueblos Vivos sin Dragado de Hidrovia y con mejor transporte fluvial!

¡Viva el Pueblo Shipibo Conibo y la Vida Plena en el Perú y el Mundo!

Firmado por los dirigentes y delegados de las comunidades de:

Nuevo Loreto

Alfonso Ugarte

Porvenir Paoyohan

Paococha

Raboya nativa

Santa Ana

Nuevo Nazareth

Nuevo Galilea

Nuevo Cunshamay

San Pablo de Sinuya

Cushuscaya

Nuevo Libertador

Santa Clara

Nuevo Sucre

Cannan de Cachiyacu

Bellavista

Canaan de Chia Tipishca

Milagritos

Nuevo Olaya

San Francisco de Rompeo

Golondrina

Puerto Adelina

Libertad

Isolaya

Santa Rosa de Pirococha

Canchahuaya

Nuevo Shetebo

Nueva Cajamarca

Santa Teresa

Trece de enero

Santa Rosa A

Trece Unidos

Santa Rosa B

Irazola

Vencedor

Tupac Amaru

San Luis de Charashmana

Manco Capac

La Cumbre

Nuevo Eden

Firma de dirigentes y delegados de:

AIDESEP

ARAU

FECONBU

FECNACURPI

FECONAU

FECONADIP

FEDCIPAM

COSHICOX

Acceda al pronunciamiento con las firmas de los participates con un clic en el siguiente enlace:

https://bit.ly/2MaUYk9

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https://www.servindi.org/21/07/2019/contundente-rechazo-al-dragado-de-la-hidrovia

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Nota de AYI: El dragado e intervención de los ríos amazónicos está incluido en el nefasto PLAN IIRSA 

( http://www.davidzuker.com/wikilydia/2011/09/02/que-es-el-iirsa-la-destruccion-de-la-naturaleza-programada-por-la-economia-depredadora/  ), que contempla una serie de hidrovías, carreteras, puertos marítimos y fluviales, aeropuertos, etc.

El plan fue ideado por empresas transnacionales con apoyos dentro de los actuales países coloniales formados en los territorios ancestrales del cono sur del Abya Yala, tras la invasión cri$tiano europea. El propósito es continuar el saqueo y destrucción de la naturaleza, acabar con los poderes ancestrales, continuar el coloniali$mo y dome$ticación de los pueblos de tal forma de que todo se compre en supermercados.

Ekuador- Islas Galápagos: ¿de patrimonio de la humanidad a portaaviones de EEUU?

Galápagos: ¿de patrimonio de la humanidad a portaviones de EEUU?

Eduardo Tamayo y Helga Serrano | Martes 2 de julio 2019 19:00 hrs.

Estados Unidos siempre ha querido apoderarse de las Islas Galápagos (pertenecientes a Ecuador) invocando la política el Buen Vecino y la doctrina Monroe. Durante la segunda guerra mundial ocupó manu militari el Archipiélago durante 7 años. Actualmente, el gobierno de Lenín Moreno ha llegado a acuerdos con EEUU, de los cuales no se conoce su contenido, que permitirían a los militares extranjeros utilizar el aeropuerto de la Isla San Cristóbal.

Los ecuatorianos conocieron, en el mes de junio, la intención del gobierno de Lenín Moreno de permitir el uso de las Islas Galápagos por fuerzas militares estadounidenses, cuando el Ministro de Defensa del país andino, Oswaldo Jarrín, declaró que “Galápagos es un portaviones natural”. La indignación de la ciudadanía ecuatoriana y la preocupación mundial han sido inmediatas.

En una rueda de prensa con medios extranjeros, el ministro confirmó que en las Islas Galápagos operarán los aviones estadounidenses Orión P3 y Awaks, para la lucha contra el narcotráfico y la pesca ilegal, indicando que desde las islas se puede asegurar “permanencia, reabastecimiento y facilidades de interceptación”. Añadió que en función de esas operaciones, el aeropuerto de la Isla San Cristóbal sería ampliado y que “Estados Unidos se va a encargar de mejorar las condiciones, especialmente de reabastecimientos”. Como intentando calmar las voces que cuestionan su entreguismo, concluyó indicando que “cada operación será escoltada por oficiales ecuatorianos”.

Tanto Jarrín como Norman Wray, presidente del Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos, han indicado que no se está instalando una base militar extranjera y por tanto no se quebranta la Constitución. Precisamente para evitar una nueva situación como el uso de la Base de Manta por fuerzas estadounidenses, la Constitución aprobada por el pueblo ecuatoriana en 2008, dice en su Artículo 5: “El Ecuador es un territorio de paz. No se permitirá el establecimiento de bases militares extranjeras ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares. Se prohíbe ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras”.

El artículo constitucional es muy claro, señala que no se permitirá el establecimiento de bases militares e “instalaciones extranjeras con propósitos militares”. Este sería el caso de lo que se proyecta para Galápagos: si no se trata de una base en el sentido clásico, se trata, sin duda, de instalaciones extranjeras (aviones, equipos de reabastecimiento, personal militar, etc.) en un aeropuerto ecuatoriano. Además, en este caso, se estaría cediendo una base militar a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras como se estipula en el Artículo 5 de la Constitución.

A su vez, el presidente ecuatoriano Lenín Moreno manifestó vía tweet, que “la vigilancia aérea es una actividad conjunta entre varios países para cuidar este patrimonio mundial”. Esto quiere decir, que, para cuidar este patrimonio se requiere el concurso de EEUU, pero también de la cooperación ampliada junto de los gobiernos de Perú, Chile y Colombia “para tener una postura regional frente a este tipo de amenazas”, como señaló Norman Wray. 

En términos geopolíticos, esto quiere decir que el Ecuador se pliega a la geoestrategia militar de Estados Unidos de controlar América del Sur y todo el Pacífico suramericano en función de sus intereses y objetivos imperiales, centrados actualmente en la intervención en Venezuela, el combate al narcotráfico, las migraciones, especialmente de América Central, y la contención de China y de Rusia.

Pero Galápagos no sería el único “portaviones” de una fuerza aérea extranjera en el país, sino que habría otros dos más: el de Guayaquil y nuevamente el de Manta. 

Según el diario El Comercio del 19 de junio, “una vez que entren a operar las aeronaves desde Galápagos, la idea del Gobierno es crear el denominado “triángulo de seguridad”, que lo conforman Manta y Guayaquil. Eso ocurre porque en este momento el Orión P3 y el Awac ya vuelan desde el Puerto Principal y también lo pueden hacer desde la capital manabita”. (1)

En efecto, los aviones de inteligencia estadounidenses operan desde Guayaquil a partir de septiembre del 2018, en “viajes de reconocimientos, de toma de fotografías y de sensores,” según el ministro Jarrín.

Jarrín, quien encabeza el realineamiento y sometimiento del Ecuador hacia Estados Unidos, tiene una dilatada carrera militar y es conocida su posición abiertamente pro-estadounidense.

Inició su carrera militar en 1966 y ocupó altos cargos dentro de las Fuerzas Amadas. El 15 de enero de 2003, fue nombrado Jefe del Comando Conjunto de las FFAA por el entonces Presidente Lucio Gutiérrez, cargo del que salió el 18 de junio del mismo año en medio de rumores de desestabilización al Gobierno Nacional. (2)

El periodista Kintto Lucas, en su libro “Ecuador cara y cruz, tomo II”, reseña la estrecha relación del general Jarrín con el Jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, James Hill, que incluyó recorridos por la selva ecuatoriana y reuniones en Miami, en las que se abordaron la “seguridad en la frontera colombo-ecuatoriana”, en las cuales Hill “argumentaba que la posición de su gobierno era regionalizar las operaciones del Plan Colombia”.

Tras el derrocamiento de Gutiérrez, el presidente Alfredo Palacio lo designó como ministro de Defensa el 19 de agosto del 2005, función que desempeñó hasta el 29 de agosto del 2006. En una ocasión, con relación a las luchas de los movimientos sociales que reclamaban la atención del Estado, Jarrín habló de conformar “una fuerza de paz para Ecuador” y señaló que “el Estado va a necesitar de un poder exterior para poder controlar la paz y el orden, reconstruir la nación y (que) probablemente al futuro tendremos un Haití en Ecuador” (3).

Con los mismos argumentos

La anunciada presencia militar estadounidense en las Islas Galápagos es el resultado de los acuerdos de cooperación entre el actual gobierno del Ecuador y Estados Unidos, particularmente en el campo militar. Estados Unidos pretende reinstalarse en el país andino, tras una década de distanciamiento, con el mismo argumento utilizado para la instalación de la Base de Manta: el pretexto de la lucha contra el narcotráfico.

Cabe recordar que el 2 de agosto de 2018, el Ministro de Defensa informó que Estados Unidos tiene en funcionamiento una Oficina de Cooperación de Seguridad (OCS), acordada entre Ecuador y Estados Unidos, según el Ministro Jarrín, “por disposición presidencial y autorización de Cancillería y Defensa”.

Según el Departamento de Defensa de Estados Unidos, las OCS pertenecen a la Agencia de Asistencia de Seguridad de Defensa y su rol es realizar acciones que “promuevan los intereses de seguridad específicos de los EE. UU., incluidas todas las actividades internacionales de cooperación de armamentos y actividades de asistencia de seguridad”.

Con la justificación de la ‘cooperación’, fuerzas militares estadounidenses han retornado a Ecuador después de una década de haber sido expulsadas, cuando el gobierno de Rafael Correa acordó la no renovación del Convenio con Estados Unidos para el uso de la Base de Manta (firmado en 1999 con vigencia hasta el 2009), luego de la movilización y demanda de varias organizaciones sociales.

Mediante dicho Convenio, EEUU instaló un Puesto de Operaciones de Avanzada, (FOL por sus siglas en inglés, Forward Operating Location), que fue mucho más lejos de lo acordado. Aún está fresca en la memoria, las acciones arbitrarias de los militares estadounidenses durante su presencia en Manta: hundimiento de barcos ecuatorianos por fragatas estadounidenses; control de la migración; afectación a la actividad de los pescadores con la interdicción de buques ecuatorianos; la contratación de la compañía Dyn Corp, que había sido denunciada por actividades ilegales relacionadas con sistemas de contratación de mercenarios en otros países, entre otros.

Lo fundamental es que la Base de Manta, en palabras del comandante de la FOL, Javier Delucca, fue considerada como estratégica para el Plan Colombia, pues desde allí monitoreaban el conflicto colombiano. Incluso se ha afirmado que la Base de Manta fue clave para el bombardeo de Angostura (provincia ecuatoriana de Sucumbíos) por militares colombianos en cooperación con Estados Unidos en 2008, en el que murieron el dirigente de las FARC, Raúl Reyes, junto a 25 guerrilleros y civiles, que se encontraban en el campamento guerrillero.

Ahora la historia se repite. En el caso de la Base de Manta, inicialmente se llegó a un acuerdo entre la Cancillería y el Ministerio de Defensa con la Embajada de Estados Unidos. Toda la negociación y el convenio se mantuvieron en secreto, hasta que la presión popular exigió el pronunciamiento del Congreso Nacional.

Hoy con Galápagos, ocurre lo mismo. Incluso, a pesar de las declaraciones de las más altas autoridades del gobierno del Ecuador que han anunciado que se va a proceder con la cooperación con Estados Unidos en las Islas Galápagos, el Departamento de Defensa estadounidense las desmiente indicando que no ha firmado un acuerdo con el gobierno de Ecuador para utilizar el aeropuerto de Galápagos y no está en negociaciones formales para hacerlo (4). 

 ¿A quién creemos? Todo esto lleva a la necesidad de que se devele exactamente lo que el gobierno ecuatoriano ha acordado con EEUU a espaldas de la ciudadanía y de la Asamblea Nacional.

En riesgo frágil medio ambiente

Es importante recordar que el Archipiélago de Galápagos, ubicadas a 1000 kilómetros de la costa ecuatoriana, fue declarado Patrimonio Natural de la Humanidad en 1978 por la UNESCO, al cumplir cuatro criterios, que parecen no tener importancia para quienes lideran la política de defensa: tener fenómenos naturales extraordinarios o áreas de belleza natural; ser ejemplos sobresalientes de la historia de la Tierra; tener ciertas características y procesos geomorfológicos y geológicos; ser ejemplo de procesos ecológicos y biológicos en el curso de la evolución de los ecosistemas y diversidad biológica y especies amenazadas. 

Recordemos que el investigador inglés Charles Darwin basó su teoría de la evolución de las especies en sus observaciones realizadas en Galápagos.

Se ha reconocido que, debido a su aislamiento y a millones de años de evolución, el Archipiélago de Galápagos tiene un ecosistema único en el mundo, lo que se vería seriamente amenazado si llegara a convertirse en “portaviones” para los militares estadounidenses, como pretende el gobierno ecuatoriano.

La exministra de Ambiente y actual Asambleísta de la Revolución Ciudadana, Marcela Aguiñaga, en Telesur (programa EnClave Política, 20-06-2019) alertó que se producirían afectaciones ambientales a San Cristóbal tanto por la ampliación del aeropuerto, como por las operaciones nocturnas previstas. Señaló que cualquier operación de esta naturaleza requiere de un estudio de impacto ambiental, por cuanto el ruido, la basura y los desechos causarán un impacto a la población y a las especies que habitan las Islas, más aun considerando que el aeropuerto está junto al centro poblado y a un lugar donde viven los lobos marinos, conocido como La Lobería.

Si San Cristóbal va a ser un lugar de abastecimiento de aviones, Aguiñaga se pregunta cómo se va a trasladar el combustible a 1000 kilómetros de distancia, en qué cantidad y cuáles son los planes de contingencia, más aun considerando que se había planteado reducir el uso de combustibles fósiles en las islas. La idea de cero combustibles fósiles para Galápagos nació precisamente luego del desastre ambiental causado por el naufragio del buque Jessica frente al Puerto Baquerizo Moreno en enero de 2001, en el que se derramaron unos 240.000 galones de combustible, generando un grave problema ambiental que afectó a varias especies (5).

La asambleísta concluyó que esta decisión del gobierno pone en riesgo la reserva de biósfera, la reserva marina de gran importancia mundial, y el derecho de los pobladores a vivir en un ambiente sano. Por ello, Aguinaga indicó que la Asamblea ha pedido la comparecencia de los ministros de Defensa y de Ambiente para que informen del contenido de los acuerdos y los impactos y planes de contingencia previstos.

Combate al narcotráfico

Uno de los argumentos que se esgrime para la instalación del portaviones de Estados Unidos en Galápagos es que servirá para combatir la amenaza de las mafias del narcotráfico y del crimen organizado, que están utilizando las rutas del Océano Pacífico para transportar droga en buques, lanchas rápidas y sofisticadas y avionetas. Así el general retirado Carlos Moncayo argumenta que “se hace necesario una cooperación con otra nación, como Estados Unidos, que tiene la capacidad operacional para enfrentar el crimen organizado y el narcotráfico”, agregando que el mejoramiento del aeropuerto es un beneficio para las operaciones militares propias del Ecuador y no americanas (6).

Sobre esto, se puede hacer las siguientes consideraciones:

Primera. Hay que partir puntualizando cuál es el enfoque que debe guiar la lucha anti-drogas que es indudablemente un flagelo que produce cada año miles de muertos y graves problemas en las personas que las consumen. Estados Unidos tiene una visión represiva, focaliza el problema en la oferta y traslada la lucha fuera de sus fronteras, con las consecuencias que ello tiene. 

 Otro enfoque alternativo señala que el de las drogas es, sobre todo, un problema de salud pública y de educación. 

 Estados Unidos en 2016 contaba con 27 millones de adictos, algunos de los cuales tenían un elevado poder adquisitivo, pudiendo pagar lo que sea para adquirirlas. 

Mientras no se reduzca la demanda es difícil que disminuya también la oferta. 

La Asamblea General de las Naciones Unidas, abordó el tema de las drogas en 2016 y propuso recomendaciones para reducir la oferta y la demanda, señalando que es necesario tomar medidas tanto en los países en los que se produce la droga, como en aquellos en las que se consume (7).

Segunda. La lucha anti-drogas ha sido utilizada por Estados Unidos como pretexto para fortalecer su posición de control y dominio geoestratégico del continente. 

 Tras la caída del Muro Berlín (1989) y la implosión de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas (1991), bajo la tutela de la potencia del norte, se redefinieron las agendas de las Fuerzas Armadas de la región. 

 La “lucha contra el peligro comunista” que en muchos casos fue la razón de existir de las Fuerzas Armadas latinoamericanas fue reemplazada, primero, por la “lucha contra las drogas” y, tras el atentado a las Torres Gemelas (11 de septiembre de 2001), por la “lucha contra el terrorismo”. 

El combate a las drogas prohibidas se convirtió en un problema de seguridad nacional y se involucró en forma creciente a las Fuerzas Armadas. Los resultados de esta intervención en algunos países, como México o Colombia, son desoladores, como indican las impresionantes cifras de asesinatos, desplazados, desaparecidos y torturados.

Tercera. En la compleja lucha anti-drogas, algunos analistas indican que se debe establecer una estrategia integral, que contemple, entre otros puntos, atacar aspectos relacionadas con el control de los precursores que se utilizan para la refinación de la cocaína y otras drogas ilícitas, muchos de los cuales son fabricados por los países desarrollados; el control del lavado de dinero producto del tráfico y la venta de las drogas prohibidas que en su mayoría se queda en los paraísos fiscales y en los bancos de los países ricos; afrontar el problema como un tema de salud pública y de educación; no descartar la legalización de algunas drogas prohibidas para que el Estado y la sociedad puedan tener mayor capacidad para controlar e intervenir en el tema; afrontar la sustitución de los cultivos de coca con asistencia estatal, combate a la pobreza, dotación de servicios y participación de los campesinos.

¿Para qué sirven las bases?

El rol de las bases militares de EEUU tanto en América Latina como en el resto del mundo en la “guerra contra las drogas” debe ser debatido porque genera muchas dudas. 

 En Colombia, por ejemplo, las 7 bases militares que Estados Unidos tiene instalado en ese país y los cientos de millones de dólares invertidos desde la puesta en marcha del Plan Colombia en el año 2000 ciertamente no han servido para disminuir la producción y tráfico de la cocaína y otras drogas prohibidas. 

 En estos días, la ONU dio a conocer el Informe Mundial de Drogas en el que se señala que la producción mundial de cocaína en 2017 llegó a las 1.976 toneladas, con un aumento del 25 por ciento con relación a 2016. 

En ese contexto, Colombia, con más de 200.000 hectáreas de coca sembradas, produjo el 70% de la cocaína de alta pureza en el mundo (8). 

 Lo mismo podríamos decir de Afganistán donde también la producción y tráfico de heroína se han incrementado desde que Estados Unidos y los países de la OTAN lo invadieron en el año 2001, tras el derribo de las Torres Gemelas en Nueva York (9).

Llámense bases, FOL o “portaaviones” lo que hay que analizar es el rol que cumplen y los objetivos de las mismas. 

La investigadora mexicana Ana Esther Ceceña, señala que los EEUU tienen “dos objetivos generales: garantizar el mantenimiento del capitalismo y dentro de él la primacía de Estados Unidos; y garantizar la disponibilidad de todas las riquezas del mundo como base material de funcionamiento del sistema, asegurando el mantenimiento de sus jerarquías y dinámicas de poder…” (10).

Tras el desplazamiento y el debilitamiento de los gobiernos progresistas y paralelamente al desmantelamiento de organismos regionales como la Unión Suramericana de Naciones (UNASUR) , el gobierno de Donald Trump ha retomado la iniciativa y ha establecido acuerdos militares con los gobiernos de derecha de Brasil, Argentina, Ecuador y Guatemala que le permiten tener nueva presencia militar, lo que se une a los contingentes que ya tiene en Honduras, Panamá, Cuba (Guantánamo), Curazao, Perú, Paraguay y Colombia.

Entre los “peligros” y “amenazas” para su país el Comando Sur de EEUU menciona a Cuba, Venezuela, Bolivia, el narcotráfico, redes ilícitas regionales y transnacionales, la mayor presencia de China, Rusia e Irán en América Latina y el Caribe y el auxilio ante desastres. Según el periodista cubano Raúl Capote Fernández, “el objetivo del imperio es incrementar la presencia militar en la región con el fin de asegurar sus intereses hegemónicos en el hemisferio, consolidar un frente contra Venezuela y perpetuar su dominio sobre los inmensos recursos económicos de América Latina y el Caribe” (11).

EEUU siempre con el ojo en Galápagos

La pretensión de EEUU de apoderase de las islas Galápagos con fines militares y estratégicos no es nueva. Desde que éstas fueron incorporadas al Ecuador en el año 1832, tanto EEUU como las otras potencias coloniales como Francia y Reino Unido intentaron apropiarse de las Islas con distintos pretextos y motivos, contando para ello con la colaboración de varios gobiernos ecuatorianos.

El presidente Juan José Flores le propuso a Reino Unido venderle las Islas para saldar la deuda contraída durante la lucha por la independencia; posteriormente el presidente conservador Gabriel García Moreno en 1861 le planteó a Francia que tomara las Galápagos así como la región amazónica del Ecuador como protectorados. Felizmente estas iniciativas no prosperaron.

En 1883 el Senado de Estados Unidos declaró a las Galápagos como “tierra de nadie” e indicó que “existen serias dudas acerca de la soberanía ecuatoriana en las Islas” (12). La resolución fue tomada luego de que Estados Unidos enviara a Suramérica al comisionado George Earl Church con diversas misiones, y entre ellas la de “demostrar que Galápagos no pertenecía al Ecuador”. 

 Ante estos hechos, el gobierno ecuatoriano a través del canciller Antonio Flores Jijón presentó una protesta oficial, pero las pretensiones de EEUU de apoderarse de las Islas no pararon.

En 1910, durante el gobierno de Eloy Alfaro, Estados Unidos ofreció al Ecuador 15 millones de dólares por 99 años de permanencia en las Islas. Alfaro sometió la propuesta, que era atractiva para desarrollar el país, a debate nacional y finalmente este fue descartada.

Tras la construcción del Canal de Panamá que permitió unir los océanos Pacifico y Atlántico, obra iniciada por Francia en el siglo XIX y concluida por Estados Unidos a comienzos del siglo XX, las Galápagos pasaron a ser un punto de interés estratégico para la vigilancia, control y defensa del nuevo canal.

Durante la primera guerra mundial (1914-1918), Estados Unidos desplegó un gran contingente militar en el Caribe para defender el Canal de Panamá pero necesitaba consolidar las defensas en el Océano Pacífico, más aun cuando barcos alemanes y japoneses merodeaban por las Galápagos. Para tal fin, ejerció fuertes presiones sobre el gobierno de Leonidas Plaza Gutiérrez para conseguir la venta o arrendamiento de las Islas Galápagos, entre ellas “tentadoras propuestas que ofrecían solucionar el inestable erario nacional” (13).

El ecuatoriano Octavio Latorre, uno de los más destacados investigadores de las Islas Galápagos, sostiene que Estados Unidos “preparó desde 1920 todo para una ocupación de las islas, basado en los hechos consumados y en la política del Buen Vecino, en realidad en la política del más fuerte” (14). 

 Se puede agregar que Estados Unidos también ha actuado bajo la doctrina Monroe sintetizada en la frase “América para los (norte) americanos” en la disputa por la dominación del continente con las antiguas potencias coloniales europeas.

Luego de que el dictador ecuatoriano Federico Páez gestionara en 1935 un frustrado empréstito de Estados Unidos, el presidente Roosevelt sugirió la posibilidad de convertir las Islas Galápagos “en un parque internacional para proteger su flora y su fauna, cuya propiedad sería de todos los países Miembros de la Unión Panamericana, entre ellos los Estados Unidos” (15). 

 El propósito era impedir el uso militar de la Islas “por algún país enemigo”.

Con motivo de la segunda guerra mundial, Estados Unidos ocupó militarmente las Islas Galápagos, construyó una gran base en la isla Baltra (también llamada Seymour Sur) y estuvo presente en las islas Isabela, Española y otras. También estableció una base en la península de Salinas, territorio continental ecuatoriano.

El 12 de diciembre de 1941, 36 marines estadounidenses desembarcaron en las Islas Galápagos con el fin de construir un depósito de combustible, sin que existiera un acuerdo formal con Ecuador (16). Esto se produjo, cinco días después del ataque japonés a la base hawaiana de EEUU en Pearl Harbor y que fue el acontecimiento que motivó que Estados Unidos declarara la guerra al Japón.

Meses atrás (el 13 de septiembre de 1941) el gobierno ecuatoriano presidido por Carlos Alberto Arroyo del Rio (17), a través del embajador en Washington, Colón Eloy Alfaro, había firmado un documento reservado en el que Ecuador permitía que la aviación militar y naval de EEUU efectuara vuelos desde sus puestos en Centroamérica hacia las Islas Galápagos.

Solo después de la ocupación de hecho de las Galápagos por EEUU, se firmaron los convenios entre la potencia del norte y Ecuador para permitir la construcción de las bases militares extranjeras en Salinas y Galápagos.

El 24 de enero de 1942, los representantes de las FFAA de EEUU y Ecuador suscribieron un acuerdo de cooperación mediante el cual se autorizaba al “general comandante de Defensa del Caribe para que ocupe los terrenos de la parroquia de Salinas y construya instalaciones militares” y que “igualmente en las aguas territoriales de la misma jurisdicción pueda instalar boyas y usar las aguas para el acuatizaje de aviones o el fondeado de naves” (18).

El 2 de febrero de 1942 se firmó otro acuerdo entre el embajador Colón Eloy Alfaro y el secretario de Estado de EEUU Cordek Hull mediante el cual los gobiernos de Ecuador y Estados Unidos convinieron establecer “operaciones de carácter de defensa continental en territorio y aguas territoriales del otro”. “En uso de esta autorización, pero sin mediar un estatuto preciso y concreto al respecto ni una referencia directa a las Islas ni tampoco una notificación, los Estados Unidos de América habían ocupado con una base aérea la isla Seymour Sur o Baltra y con estaciones de vigilancia y aviso otros lugares del Archipiélago”, sostiene el escritor Alfredo Luna Tobar (19).

El gobierno de Arroyo del Rio cedió las Galápagos a EEUU en “cumplimiento y en conformidad con pactos multilaterales vigentes, cooperó con eficacia a la defensa continental y dio prueba efectiva de solidaridad americana”, según sus propias palabras. 

 Y lo hizo de manera gratuita “para que quedase demostrado que procedíamos impulsados por un ideal y no por un propósito mercantilista de comercio con el territorio nacional” y de forma temporal “es decir, mientras durase el conflicto bélico mundial y únicamente por ese tiempo, debiendo ser devueltas las bases a la terminación de aquella conflagración, sin afectar a nuestra soberanía” (20).

La segunda guerra mundial culminó en 1945 pero los militares de EEUU se quedaron en las Galápagos hasta 1948. 

 El 1 de julio de 1946 se realizó el acto oficial de entrega de las Islas a las autoridades ecuatorianas, sin embargo, militares amados de EEUU permanecieron de facto hasta diciembre de 1948.

Estados Unidos no solo no pagó un dólar por ocupar las Islas Galápagos, sino que al retirarse sin mayor trámite se deshizo o destruyó “toneladas de objetos del más variado tipo y calidad” (21) invocando una cláusula secreta que decía “entréguese tal como se recibió”. 

En lugar de entregar la infraestructura y la maquinaria al Ecuador , un país que le facilitó las Islas sin condiciones, aviones de Estados Unidos arrojaron a los farallones de las Islas o al mar gran cantidad de material de la base en buen estado como equipo hospitalario, radios, repuestos de aviones y automotrices, vajillas, etc. (22). 

Algo parecido hicieron los estadounidenses en la base de Salinas, de donde además fueron desalojados más de un centenar de comuneros a los cuales se les dieron indemnizaciones irrisorias (23).

Pero lo que si quedaron en la Islas fueron los pasivos ambientales. No se conoce un estudio sobre el impacto al medio ambiente que dejó el paso de los militares de EEUU por las Galápagos, pero, es fácil deducir, que la construcción de la pista aérea en Baltra, el constante ruido y el aterrizaje de los aviones que mataban las iguanas, la producción diaria de basura y desperdicios de más de 10.000 efectivos que habrían transitado en ese periodo por las Islas, afectaron a la flora y la fauna de las Islas.

Para finalizar…

Los anuncios de las autoridades ecuatorianos con relación a la presencia militar de una potencia extranjera en las Islas Galápagos intentan minimizar los impactos que esto tendría y tranquilizar a la ciudadanía, pero hay dudas sobre la palabra oficial sobre todo por las contradicciones y el secretismo que hay en todo este asunto como ya sucedió durante la ocupación de las Islas Galápagos en la segunda guerra mundial y la instalación de la base de Manta en 1999. 

Ante esto cabe plantear algunas preguntas ¿Cuál es el contenido y el alcance de los acuerdos de cooperación con Estados Unidos? ¿Qué tiempo durará la ocupación no solo del aeropuerto de Galápagos sino de los de Guayaquil y Manta? ¿Cuál es el estatuto legal del personal militar de Estados Unidos? (24)

A la Asamblea Nacional le corresponde conocer y aprobar este tipo de acuerdos internacionales. Algunos asambleístas han mostrado su preocupación sobre la presencia militar de EEUU en las Islas Galápagos, pero hay serias dudas sobre lo que pueda hacer la actual alianza de derecha que dirige la Asamblea Nacional, presidida por el morenista César Litardo.

La pelota nuevamente está en la cancha del campo popular, cuya primera tarea será exigir que se den a conocer todos los acuerdos que ha firmado el gobierno de Lenín Moreno con Estados Unidos, y en segundo lugar tendrá que desplegar nuevas luchas, como lo hizo en la primera década de este siglo logrando expulsar a los militares de Estados Unidos de Manta y del Ecuador. 

Esta vez la lucha es por la defensa de las Islas Galápagos como Patrimonio de la Humanidad y por la soberanía nacional, y en un ámbito más amplio por preservar a América Latina como territorio de paz, como lo determinó la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).

Notas

1 El Comercio, Naves de EE.UU. ocuparán pista de aeropuerto de Galápagos una vez al mes, 19-06-2010, https://www.elcomercio.com/actualidad/naves-eeuu-pista-galapagos-control.html (consultado 02/07/2019)

2 La Hora, En FFAA y Policía: Cambios sorpresivos, 18-06-2003, https://lahora.com.ec/noticia/1000170756/el-jefe-del-comando-conjunto-de-las-ffaa-general-oswaldo-jarrc3adn-fue-reemplazado-ayer-por-octavio-romero-quien-era-comandante-general-del-ejc3a9rcito , (consultado 02/07/2019)

3 El Universo, Jarrín habla de fuerza de paz para Ecuador, 22-02-2006 , https://www.eluniverso.com/2006/02/22/0001/12/9AC883B6E98F4936B034F32ED8145096.html?p (consultado 29-06-2019)

4 Mayor Chris Mitchell, Portavoz del Pentágono, citado por Gisell Tobías, Voz de América, Washington.

5 El Telégrafo, Un buque encalló en Galápagos sin que haya derrame de contaminantes, 28-01-2015, https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/informacion/1/coe-de-galapagos-se-instala-tras-encallamiento-de-buque (Consultado, 29-06-2019)

6 Entrevista al general (r) Carlos Moncayo, Radio Pichincha Universal, 25-06-2019, Quito, https://www.pichinchauniversal.com.ec/portaviones-en-galapagos-no-implican-entrega-de-soberania-segun-general-en-servicio-pasivo/ (consultado, 29-06-2019)

7 Naciones Unidas, “Declaración Política y Plan de Acción sobre Cooperación Internacional hacia una Estrategia Integral y Equilibrada para contrarrestar el Problema Mundial de las Drogas”, www.unodc.org

8 Revista Semana, Producción de cocaína crece en el mundo y Colombia aporta el 70%, 26-06-2019, en:
https://www.semana.com/amp/produccion-de-coca-crece-en-el-mundo-y-colombia-aporta-el-70/621010?fbclid=iwar1ksnh8qmdjeb7bt97m2wbiltuybjkwwvbh_djrpu7rggjkpm0lc_o-xvm&__twitter_impression=true , Bogotá, (consultado 2/7/2019)

9 Vicky Peláez, El opio, ¿el pretexto real de la guerra en Afganistán?, 28-06-2017,
https://mundo.sputniknews.com/firmas/201706281070344882-asia-kabul-confrontacion-washington/ , consultado 2/7/2019

10 James Patrick Jordan, Resistiendo las bases militares y las estrategias del Pentágono en Latinoamérica, 29/01/2018 https://www.alainet.org/es/articulo/190678 , (consultado 2/7/2019).

11 Raúl Capote Fernández, Bases militares de EE.UU. en América Latina y el Caribe. El Plan Suramérica, 9 de agosto de 2018,
http://www.granma.cu/mundo/2018-08-09/bases-militares-de-eeuu-en-america-latina-y-el-caribe-el-plan-suramerica-09-08-2018-17-08-04, (consultado: 02/07/2019 )

12 Hugo Hidrovo, Baltra-Base Beta, Ministerio de Cultura de Ecuador, Quito, 2008, p.31

13 Ibid, p.58

14 Octavio Latorre, Historia humana de Galápagos, Artes Gráficas Señal, Quito, 2011, pp. 182-183

15 Jorge W. Villacrés Moscoso, Las ambiciones internacionales por las Islas Galápagos, Casa de la Cultura Ecuatoriana, Guayaquil, 1985, p. 97

16 Alfredo Luna Tobar, Historia Política Internacional de las Islas Galápagos, Ediciones Abya Yala, AFESE, Quito, 1997, p. 269)

17 A la ocupación militar de Galápagos no se le dio en Ecuador la importancia que merecía, pues la atención se concentró en la invasión militar del Perú al Ecuador que se inició el 5 de julio de 1941 y culminó en enero de 1942 con la firma del Protocolo de Rio de Janeiro mediante el cual el Ecuador perdió 200.000 kilómetros de su territorio. En el contexto de la segunda guerra mundial, a Ecuador se le impuso por la fuerza este tratado. Uno de los países garantes del mismo fue EEUU. El gobierno pro-estadounidense y represivo de Arroyo del Rio que firmó este documento fue derrocado por una insurrección popular el 28 de mayo de 1944.

18 Equipo de Alto Nivel de Análisis, Investigación y Publicaciones, Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Bases Militares Norteamericanas en el Mundo, Capítulo Especial Ecuador, Quito, 2016, pp. 82-83

19 Op. Cit., Alfredo Luna Tobar, pp.274-275

20 Op. Cit. Hugo Idrovo, p. 128

21 Ibid. p102

22 Ibid. p. 102

23 Op. Cit., Equipo de Alto Nivel…, p. 115

24 El convenio sobre la base de Manta publicado el 25 de noviembre de 1999 concedió inmunidad diplomática al “personal estadounidense, y a sus dependientes en el Ecuador” y determinó que “en la eventualidad de que las autoridades ecuatorianas detuvieren a un miembro del personal estadounidense o sus dependientes”, deberán notificar a las autoridades de EEUU y coordinar su pronta entrega. Con base a estos artículos, quedaron en la impunidad el asesinato de Pablo Vicente Jaramillo en Quito cometido presuntamente por Peter Kamilowicz, miembro de seguridad de la Embajada de EEUU, y de Víctor Manuel Mieles, comerciante de Portoviejo, cometido presuntamente por Damon Plyler, funcionario estadounidense de la base de Manta. ¿Pasará lo mismo en Galápagos? Ver: Coalición No Bases Ecuador, Base de Manta, ojos y oídos del Plan Colombia, Quito, 2007, pp. 19-44-45.

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Fuente: https://radio.uchile.cl/2019/07/02/galapagos-de-patrimonio-de-la-humanidad-a-portaviones-de-eeuu/

Edited by XaXaJá

Comunidades selk’nam denuncian al Estado $hileno ante la ONU: “Nos están declarando extintos”

Comunidades selk’nam denuncian al Estado ante la ONU: “Nos están declarando extintos”

El pueblo selk'nam se ha puesto en pie de guerra contra el Estado chileno tras la aprobación, en la Cámara Baja, del proyecto de ley que reconoce el genocidio de su etnia. Los indígenas sostienen que la iniciativa pone una lápida a un pueblo que aún está vivo. Por su parte, el diputado por la región, Gabriel Boric, defendió su voto a favor. "Yo creo que en la denuncia hay una confusión", señaló.

Tomás González F.-Jueves 14 de marzo 2019 18:49 hrs.



Luego de la aprobación, en la Cámara de Diputados, del proyecto de ley que reconoce el genocidio ocurrido contra las etnias Selk’nam y Aónikenk, no todo es felicidad en la región de Magallanes.

Sino todo lo contrario, ya que organizaciones de pueblos originarios se han puesto en pie de guerra contra la tramitación de esta ley que, en palabras de ellos, “pone un lápida sobre el pueblo Ona, que sufrió un genocidio, pero no está extinto”.

Esto, porque el proyecto de ley no reconoce a las 200 personas que componen las ocho familias congregadas en la Comunidad Covadonga Ona, ni la personalidad jurídica que debieron conformar para concretar los informes y estudios que demuestran la existencia de descendientes de la etnia Selk’nam sobrevivientes al genocidio perpetrado a fines del siglo XIX.



En conversación con Diario y Radio Universidad de Chile, la presidenta del directorio de la Corporación Pueblo Selk’nam Chile, He’many Molina, manifestó la preocupación que existe en las comunidades frente a esta situación.

“Es como contradictorio que, por un lado, nos inviten y nos incluyan en actividades oficiales del Estado y, por otro lado, nos estén declarando extintos, cuando nosotros llevamos bastante tiempo haciendo las investigaciones y el trabajo que corresponde para llegar a la instancia lógica de solicitar un reconocimiento como corresponde”, sostuvo la dirigente ona.

Frente a esto, la Corporación Pueblo Selk’nam Chile, con la asesoría de la Asamblea Originaria por la Plurinacionalidad y Descolonización (Asodeplu), han concretado una denuncia ante organismos internacionales para intentar frenar el proyecto de ley.

Dirigida a la Alta Comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, y a la relatora sobre Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU, Victoria Tauli, la denuncia fue redactada por Ariel León, asesor del pueblo ona y miembro de Asodeplu, quien, en conversación con nuestro medio, explicó el propósito del requerimiento.

“Que se reconozca el pueblo selk’nam como un pueblo vivo, porque lo es. Lo que le estamos pidiendo a las Naciones Unidas, concretamente a Bachelet y a Tauli, es que oficien al Estado de Chile, en virtud de la comunicación urgente de la denuncia que nosotros presentamos, para que detenga la tramitación de este proyecto de ley. Que estudien los antecedentes y, en vez de aprobar este proyecto de ley, reconozcan al pueblo selk’nam”, aclaró León.



Pero este martes el proyecto fue aprobado en la Cámara de Diputados y hoy en día se discute en el Senado, específicamente en la Comisión de Educación y Cultura.

Uno de los que votó a favor de este proyecto fue, justamente, el diputado frenteamplista que representa a la región de Magallanes, Gabriel Boric. El parlamentario conversó con nuestro medio sobre las razones para darle su apoyo y señaló que esta situación es un malentendido.

“Creo que en la denuncia que se hace por parte del pueblo selk’nam hay una confusión, porque que se acepte que por parte del Estado chileno hubo un genocidio, ya sea directa o indirectamente, no significa que se declare extinto al pueblo”, argumentó el parlamentario.

Pero esta no es la primera acción que concretan como miembros del pueblo Selk’nam. Por el contrario, es una entre muchas maniobras que han llevado a cabo en el arduo camino que comenzaron en 2015, al obtener la personalidad jurídica por ser reconocidos en la Ley Indígena como pueblo originario.

Un camino que, en su mayoría, lo han recorrido solos, autogestionando estudios y talleres de identidad cultural que, si bien han contado con el apoyo de algunas instituciones, no han sido del todo considerados por el Estado chileno.

Un Estado que hoy está ad portas de aprobar una ley que, lejos de ser considerada como un aporte, viene a truncar -según los afectados- los esfuerzos de las comunidades Selk’nam en Chile por ser reconocidos como pueblo vivo.

https://radio.uchile.cl/2019/03/14/comunidades-selknam-denuncian-al-estado-ante-la-onu-nos-estan-declarando-extintos/?fbclid=IwAR2SyxJi2_F_7NMCwq3XPCe6u_KdQM1mhygo4O7iYmtFwpcUBO4z0W27P9I
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Genocidio Selk´nam: descendientes y magallánicos luchan contra el olvido

Para algunos investigadores, “separar la cultura selk’nam de las circunstancias en que fue erradicada es la reproducción del sentido colonial que justificó su exterminio a fines del siglo XIX y principios del XX”.

Diana Porras- Domingo 5 de agosto 2018 13:17 hrs. 

Este 2018, la denominada “Noche Selk’nam” tuvo a una invitada especial: Mirta Salamanca. La integrante de la Comunidad ‘Rafaela Ishton’ es descendiente de Lola Kiepja, quien fue la última persona que vivió hasta su juventud esta tradición en Tierra del Fuego.

Radio Universidad de Chile conversó con Mirta Salamanca, quien viajó desde Río Grande, el lado trasandino de la Isla.

“Sería muy importante el reconocimiento de la deuda histórica que tenemos todos los pueblos, tanto en Argentina y en Chile…Estamos en la lucha continuamente porque mi sangre selk’nam corre y los testimonios relacionados con mi familia son aberrantes”.

Genocidio Selk’nam: ¿la caída de la historiografía tradicional?

“Quiero solicitar al alcalde de Punta Arenas que se estudie en comisión abierta la historia de José Menéndez para, eventualmente, eliminar o cambiar el nombre de la calle el busto que lo honra en la Plaza de Armas porque se señala fue uno de los principales responsables de una de las matanzas más terribles que se vivió en nuestro país. La matanza de los pueblos nativos en la Patagonia chilena, especialmente de los selk´nam”

(Diputado Gabriel Boric, 2014)

Durante una sesión de la Cámara Baja en agosto de 2014, el diputado Boric se refirió al libro del historiador español José Luis Alonso Marchante denominado “Menéndez. Rey de la Patagonia”. Una revisión reciente al verdadero legado de este empresario español.

Diversos cuestionamientos rodean la memoria relacionada con este pueblo que vivió en el extremo sur del país.

“En 20 años su población fue exterminada casi por completo” planteó Alberto Harambour, profesor de la Universidad Austral de Chile.

Recordó que el proyecto de ley sobre el reconocimiento del genocidio selk´nam (2007) fracasó porque, según el argumento de algunos parlamentarios, podía tener consecuencias económicas para el Estado. Por eso defendían la idea de reemplazar la palabra genocidio.

El también investigador del Centro Fondap Ideal afirmó que “ellos adoptaron este concepto de extinción que ha sido desarrollado en la historiografía regional magallánica más tradicional, particularmente por Mateo Martinic, que deslinda las responsabilidades”. Esto, porque no se concibe un plan sistemático.

Sin embargo, el investigador cuestiona esta mirada: “la posibilidad de recomponer esa historia está por el reconocimiento de las circunstancias, a través de las cuales esta cultura fue erradicada de la Tierra del Fuego y esto tiene que ver con las cacerías humanas, deportación a las misiones y su planificación”.

En esa decisión-aseguró Harambour- “participó el Estado, la orden salesiana y las grandes compañías ganaderas”.

Reconoce un rescate patrimonial relacionado con un “imaginario de los selk´nam en los espacios públicos”, pero advirtió que “hay un pasado que no conecta con el presente”.

“Quienes hemos nacido en esos territorios, -dijo el investigador– tenemos la responsabilidad de volver a juntar esto que aparece como un pasado que se acaba y un futuro que se inicia”.

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Lorena López Torres es la autora del libro “Los pergaminos de la memoria. El genocidio indígena de la Patagonia austral (1880-1920)”. La académica de la Universidad Católica del Maule destacó que los poetas magallánicos no obviaron este conflicto.

La integrante del Departamento de Lengua Castellana y Literatura de esa casa de estudios agregó que se habla mucho de la compensación y deuda con nuestros pueblos originarios. Pero, ¿cuáles son los hechos?

“En el caso de los pueblos de la Patagonia austral falta muchísimo por hacer. Reconocer las condiciones en las que viven actualmente y las demandas o acuerdos que se han concretado con representantes de estas etnias” destacó.

Lorena López recordó un suceso de marzo pasado.

“Hace poco tuvimos un problema con una muralla que se quería poner frente a la costa para evitar secuelas de futuros maremotos, pero eso implicaba una intervención en la conexión ancestral de los yaganes con el mar. Nada de esa construcción fue consultada debidamente con el pueblo que vive en isla Navarino. Eso acusa una falta de diálogo y de escucha hacia el otro, reconocer que ese otro tiene demandas”.



En septiembre del año pasado, una nota del sitio “El Pínguino” titulaba así:

“UN INÉDITO HECHO URBANO EN LA CÉNTRICA ARTERIA DE PUNTA ARENAS: Anónimos cubrieron nombre de José Menéndez con el de la última selknam, Lola Kiepja

Personas desconocidas, pero, al parecer, vinculadas al indigenismo, pegaron carteles en la señalética de tránsito de calle José Menéndez, quien para la historia oficial un destacado pionero de origen español y, para otros, parte de un grupo responsable del llamado “genocidio de las etnias originarias en la Patagonia chileno – argentina”. Personal de la Dirección de Tránsito comenzó a retirar los carteles porque la ley obliga a mantener esa señalética en buenas condiciones”.

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“El proyecto de educación popular nace por una necesidad predominante en aportar hacia una educación más crítica y reflexiva, que nos haga cuestionar, pero a la vez que sea entretenida y dinámica, donde las y los niños sean protagonistas de una nueva educación” así se definen desde la Red Escuelas Populares Lola Kiepja.

Agregan que está constituida por estudiantes, trabajadores, vecinos y vecinas, de los territorios en los cuales trabajan a lo largo del país. Y por esta razón: “creen en la autogestión y la autonomía económica”.







Felipe Martínez explicó las razones que los llevaron a optar por esta figura al momento de nombrar a su escuela.

“Teníamos la necesidad de recuperar un nombre histórico de una mujer indígena de Latinoamérica, vimos varias opciones, pero nos decidimos por Lola Kipeja por una necesidad: es un pueblo olvidado” destacó el fundador del proyecto.

Agregó que se recuerda al pueblo nación mapuche, pero “nos olvidamos de otros pueblos que recorren todo el territorio”.

“Nos decidimos por Lola, la última ona y un pueblo extinto recordando la masacre en su historia”

La Red Escuelas Populares Lola Kiepja comenzó a funcionar este año en Santiago Centro y Puente Alto, pero Felipe adelantó que están trabajando para instalar otra en Peñalolén y Maipú. Y no solo en el centro del país, sino que también en Rio Bueno y Puerto Williams.

¿Cuál es el referente para los niños?

 “Trabajamos distintas etapas, el mes de julio vimos la recuperación histórica de los pueblos originarios y ahí hablamos de los selknam y los mapuche”.

El fundador de este proyecto se refirió a otro dato en medio de esta multiculturalidad. Comentó los alcances de la migración, mencionando el caso de Santiago Centro.

¿Cómo se releva este patrimonio? Mirta Salamanca reflexionaba sobre lo que costaba ver a su familiar en fotos o en Internet desde donde se descargaban cantos de Lola Kiepja, algunos de ellos “sagrados”.

“Nos replanteamos de si nos hacíamos parte de celebraciones como el we tripantu, somos mapuche pero no estamos en nuestro territorio. No podemos tomar esos íconos porque no somos machi no somos lonko” comentó Felipe Martínez.

“Lo que pretendemos es que si tomamos esa iniciativa es con respeto, no apropiarnos como seres individuales, sino que en lo colectivo y sin pasar a llevar la historia de un pueblo.” concluyó.

https://radio.uchile.cl/2018/08/05/genocidio-selknam-descendientes-y-magallanicos-luchan-contra-el-olvido/

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VEA TAMBIÉN: https://tinterohistorico.com/2018/03/29/una-breve-historia-de-genocidio-el-final-de-los-selknam/