miércoles, 5 de diciembre de 2018

Perú- Malas practicas ambientales chinas en amazonía


Inversiones chinas en Perú: informe denuncia malas prácticas ambientales en sectores de gas y minería

Por editorgeneral -29 noviembre, 2018

Fuente: RPP noticias

La exploración de hidrocarburos en la Amazonía por parte de empresas chinas pone en riesgo áreas protegidas y pueblos indígenas en aislamiento. Además, se encuentran incumplimiento de estudios de impacto ambiental y falta de consulta previa entre los problemas en cuatro proyectos mineros

Mientras China planifica invertir 10 mil millones de dólares en varios rubros de la economía peruana, organizaciones civiles de América Latina denuncian abusos de empresas del país asiático ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Fue en junio de este año que el embajador de China en Perú, Jia Guide, en una visita realizada al presidente Martín Vizcarra, anunció “una ola de inversión” hasta el 2021 en sectores como energía y minas, telecomunicaciones, construcción, infraestructura y finanzas.

Tres meses después, en setiembre, se publicaron una serie de informes que daban cuenta del polémico comportamiento de las empresas chinas en Perú y en varios países de Latinoamérica. Un accionar que las vincula a la violación de derechos humanos, ambientales y laborales en los lugares donde desarrollan sus actividades.

El presidente peruano Martín Vizcarra en reunión con el embajador de China en Perú, Jia Guide. | Fuente: Andina

Las compañías del país asiático instaladas en Perú son acusadas de vulnerar el derecho a la vida, al territorio, a la consulta previa y al ambiente sano. Todas estas denuncias forman parte de los informes elaborados por organizaciones civiles de América Latina que han sido presentados a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), durante la sesión paralela realizada en octubre como paso previo al Examen Periódico Universal (EPU). Esta evaluación la realiza cada año el Consejo de Derechos Humanos de la ONU a todos los países miembros para saber cómo van en materia de derechos humanos.
Los riesgos para los pueblos indígenas en el Lote 58

“No han respetado a las comunidades ni el tema ambiental”, dice Agilio Semperi, presidente del Consejo Machiguenga del Río Urubamba (Comaru) sobre la empresa China National Petroleum Corporation (CNPC Perú). Esta desarrolla actualmente actividades de exploración de hidrocarburos en el Lote 58 —específicamente de gas natural— ubicado en la provincia de La Convención, en la selva sur del Cusco, cerca al proyecto de Camisea.

La empresa CNPC llegó a la selva cusqueña en el 2013. Ese año le compró sus acciones a Petrobras Argentina —que contaba con la licencia de exploración y explotación de dicho lote. Tras la adquisición del Lote 58, Perú y China suscribieron un memorándum de entendimiento, comprometiéndose el primero a promover las inversiones de la empresa asiática, principalmente en petróleo y gas.

Semperi lamenta hoy la pésima relación que tiene la empresa con las comunidades indígenas, la falta de respeto a la consulta previa y los problemas ambientales que se están presentando en la zona, sobre todo porque parte del lote se superpone a la Reserva Comunal Machiguenga y a un sector del área de amortiguamiento del Santuario Nacional Megantoni. Para el presidente del Comaru es una de las peores empresas que ha operado en la región Cusco.

Comunidades indígenas reclaman por problemas con empresa china que ejecuta proyecto de gas en la selva de Cusco. | Fuente: Comaru

De acuerdo con el informe Vulneraciones a los derechos de los pueblos indígenas en la cuenca amazónica por inversiones chinas, presentado en octubre de este año por la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), la empresa china que opera en el Lote 58 ha empezado la exploración de cuatro pozos y está en camino a ejecutar la explotación sin haber realizado un proceso de consulta previa en las comunidades ubicadas en el área.

Mongabay Latam llamó en varias oportunidades a CNPC Perú para solicitar su versión. En la empresa indicaron que devolverían la llamada, pero hasta el cierre de esta edición no lo hicieron.

Diego Saavedra, especialista del Programa Derechos y Amazonía de la ONG Derechos Ambiente y Recursos Naturales (DAR), precisa que los procesos de consulta previa se deben hacer en cada etapa del proyecto. Sin embargo —comenta— esto no ha sucedido. “Debería existir una para la firma del contrato, una segunda luego de elaborarse el Estudio de Impacto Ambiental (EIA). Posteriormente, cuando se realiza la exploración y se tienen certezas de lo que se va explotar y por último al cierre del proyecto”.

Delegaciones de países Latinoamericanos presentaron informe en la Naciones Unidas sobre los impactos de las empresas chinas. | Fuente: Hiperactiva Comunicaciones

A Saavedra también le preocupan los impactos ambientales en los territorios donde opera el Lote 58, por su proximidad a la Reserva Territorial Indígena Kugapakori Nahua Nanti y otros, donde viven pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial (Piaci), y al Santuario Nacional Megantoni. “Avanzar como lo están haciendo puede generar serios problemas en el área nacional protegida y afectar a los pueblos en aislamiento”.

En Bolivia ya se han presentado impactos directos a pueblos indígenas en aislamiento como consecuencia de las labores que realiza la empresa BGP Bolivia —filial de la estatal China National Petroleum Corporation (CNPC)— en la zona de Nueva Esperanza, en la Amazonía boliviana. Un reciente reportaje de Mongabay Latam da cuenta del impacto de las inversiones chinas en el país vecino.


El problema de la reubicación en Morococha

El megaproyecto minero Toromocho operado por la Minera Chinalco Perú —subsidiaria de la Corporación de Aluminio de China — es colocado en los informes como otro ejemplo de malas prácticas de las inversiones chinas en Perú. En este proyecto de explotación de cobre, uno de los más grandes del país, existe un conflicto socioambiental con el pueblo de Morococha por la reubicación de sus habitantes en una zona de alto riesgo ambiental.

“Todo se ha llevado a cabo de acuerdo a las políticas de la minera que no ha tomado en cuenta lo que nosotros proponemos”, dice Elvis Atachahua, secretario de Actas y Archivo del Frente de Defensa del distrito de Morococha, ubicado en la provincia de Yauli, región Junín. 
El dirigente menciona que Nueva Morococha, lugar elegido para la reubicación del pueblo, “se ha construido sobre una zona pantanosa, que alguna vez fue un bofedal”.

El informe Impactos de empresas chinas en los Derechos Humanos y el Ambiente en América Latina recoge las denuncias de los habitantes que se han visto afectados por la reubicación. Según el documento, las condiciones del nuevo pueblo no se ajustan a lo que ofrecía el Estudio de Impacto Ambiental tanto en cuestiones económicas como ambientales. Uno de los problemas es la presencia de metales pesados en la zona debido a la cercanía con el relave Huascacocha, el otro riesgo es la presencia de humedad en el subsuelo debido a la poca profundidad de la capa freática.

La reubicación del pueblo de Morococha ha puesto en riesgo ambiental a su población. | Fuente: Hiperactiva Comunicaciones

En un reportaje publicado en el año 2016, Mongabay Latam informó que, según el EIA del reasentamiento de Morococha, a cargo de la consultora Knight Piésold, las muestras tomadas en el suelo donde actualmente está la nueva ciudad presentaron niveles de arsénico y plomo por encima de los límites permitidos.

Atachahua reclama que la empresa no les haya informado sobre estos resultados antes de la reubicación. Por ello, él y otras 64 familias han decidido quedarse en lo que llaman la antigua Morococha. La situación ha generado un gran conflicto que aún no muestra señales de solución.

Pese a todos estos reclamos, el gobierno peruano aprobó la ampliación del proyecto minero Toromocho por un monto de 1350 millones de dólares. El acuerdo se selló en junio de este año, el día que el embajador de China en Perú visitó al presidente peruano y anunció la nueva millonaria inversión para los próximos tres años.

Mongabay Latam buscó la versión de la minera Chinalco, pero hasta el cierre de esta edición no obtuvo respuesta.

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Cuestionamientos a las inversiones mineras

El informe presentado ante la ONU reporta también otros tres casos de inversiones chinas en proyectos mineros con denuncias de vulneraciones ambientales y sociales.

Las Bambas es uno de ellos. Esta inversión de 10 mil millones de dólares en la región Apurímac está a cargo del grupo MMG (Minerals and Metals Group), una empresa pública china financiada por bancos de ese país.

En este caso, las comunidades campesinas y pueblos indígenas de la provincia de Cotabambas, donde se ejecuta el proyecto, protestan por la carretera por donde transitan diariamente más de 300 vehículos de la mina, generando numerosos riesgos ambientales y de salud a las comunidades locales. El problema es el polvo, las vibraciones y los ruidos que causa el tránsito vehicular, señala el informe sobre los casos peruanos.

Las Bambas es uno de los proyectos mineros de capitales chinos que ha sido cuestionado. | Fuente: Hiperactiva Comunicaciones

El proyecto inicial contemplaba sacar el mineral a través de un mineroducto, pero tras la modificación del EIA el ducto quedó fuera de los planes, lo que generó rechazo de la población. El conflicto se agudizó porque la modificación del EIA no pasó por el proceso de consulta previa. Hasta ahora, los enfrentamientos han cobrado la vida de cuatro personas.

Hasta ahora, MMG ha recibido cuatro sanciones del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) por incumplimiento de su EIA y otras normas de protección ambiental, dice el documento presentado ante la ONU.

Los otros dos proyectos que también están bajo escrutinio corresponden a la mina Marcona, operada por la empresa Shougang Hierro Perú y a Río Blanco, del consorcio chino Zijin Mining Group.

Más de 300 vehiculos del proyecto Las Bambas transitan por carretera que ocasiona problemas ambientales. | Fuente: Hiperactiva Comunicaciones

En el primer caso se han presentado problemas de contaminación ambiental en el mar y en otras instalaciones del complejo minero. “La empresa ha cometido más de diez infracciones ambientales diferentes que fueron sancionadas por el Estado peruano”, señala el informe que resalta también las violaciones a los derechos laborales, sindicales y condiciones de trabajo precarias.

En cuanto a Río Blanco, en la región Piura, las denuncias se centran en incumplimientos en materia de seguridad e higiene minera, así como de protección y cuidado del medio ambiente. El proyecto está aún en etapa de exploración debido a una férrea oposición para que se inicie la explotación de cobre y molibdeno, actividad que pondría en riesgo los ecosistemas de páramos y bosques de neblina que existen en la zona.

Mongabay Latam se comunicó con la empresa MMG para solicitar su versión sobre los cuestionamientos al proyecto Las Bambas. Sin embargo, voceros de la compañía manifestaron a nuestro medio que no se pronunciarían sobre el tema. También buscó los comentarios de Shougang Perú en Marcona, pero hasta el cierre de la nota no atendieron el pedido.

Proyecto minero de empresa china Shougang Perú está causando contaminación en el mar de Marcona. | Fuente: Agencia Andina

Julia Cuadros, responsable del Programa de Derechos Colectivos e Industrias Extractivas de CooperAcción, recuerda que China es el principal socio comercial de Perú y, por tanto, el gobierno peruano debe garantizar que estas empresas respeten los derechos humanos y ambientales.

“Las empresas creen que porque tienen permiso del Estado pueden hacer lo que quieren. Lo lamentable es que cuando se desarrollan estos proyectos terminan impactando los ecosistemas, los sistemas hídricos, los cuerpos de agua y los territorios de los pueblos”, comenta Cuadros.

https://www.coalicionregional.net/inversiones-chinas-en-peru-informe-denuncia-malas-practicas-ambientales-en-sectores-de-gas-y-mineria/


domingo, 11 de noviembre de 2018

Minicentrales hidroeléctricas, un problema medioambiental donde se construyan


Las minicentrales hidroeléctricas son un gran problema global que la ciencia y las políticas pasan por alto


10 noviembre 2018 | Translated by Eddy del Carmen


Un nuevo estudio ha destacado un tema por mucho tiempo desatendido por los científicos y por aquellos que hacen las políticas: el aumento rápido de las minicentrales hidroeléctricas.
A nivel global, existen casi 83 000 minicentrales hidroeléctricas en 150 naciones. Sin embargo, el impacto de las minipresas ha sido tan poco estudiado por los científicos como poco regulado por los gobiernos.

En enero Brasil hizo un anuncio sorpresivo al terminar con sus políticas de construcción de megarrepresas, después de años de impulsar proyectos controvertidos como la presa Belo Monte (la tercera más grande del mundo) y el complejo Tapajós. Aunque esas noticias fueron bien recibidas por los ambientalistas, fueron eclipsadas al mismo tiempo por malas noticias: un incremento quíntuple de las llamadas minicentrales hidroeléctricas en Brasil en los últimos 20 años, según identificó un estudio nuevo.

Los impactos crecientes de estas numerosas minicentrales hidroeléctricas no deben pasar desapercibidos, advierten los científicos.

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La investigación, dirigida por Thiago Couto, de la Universidad de Washington, examinó la magnitud y la expansión de minicentrales hidroeléctricas por todo el mundo. En total, se registró que hay 82 891 de ellas en operación o en construcción en 150 países —es decir, 11 minipresas por cada una de las grandes a nivel global—. Este número podría triplicarse, de acuerdo al estudio, si se desarrolla toda la capacidad posible; ya hay otras 10 569 minipresas en fase de planificación. China va por delante, con más de 47 000 de ellas ya en operación.



Una minicentral hidroeléctrica en el río Kokra, en Eslovenia. El estudio registró casi 83 000 minipresas “en operación” o “en construcción” en 150 países. Ese número podría triplicarse, advierten los científicos, si se desarrolla la capacidad en todo su potencial. Foto por Mihael Grmek/Wikimedia Commons CC BY-SA 3.0

No solo la cantidad y la amplia distribución de las minipresas fueron inesperadas, también fue “una gran sorpresa que las políticas ambientales y el cuerpo existente de conocimiento científico sean insuficientes para guiar e informar respecto a la rápida expansión del sector de minicentrales hidroeléctricas”, dijo Couto.

El incremento en el desarrollo de minicentrales hidroeléctricas surge en un momento en que las presas grandes están perdiendo popularidad como fuente de energía renovable: cada vez hay más evidencias de sus impactos sociales y ambientales directos e indirectos, que van desde la deforestación y la amenaza a la seguridad alimentaria hasta la contribución a las emisiones de carbono y el trastorno de las migraciones animales.

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Sin embargo, las minicentrales hidroeléctricas no necesariamente deberían verse como más seguras y ecológicas, argumentan los investigadores: el término por sí mismo es arbitrario y no guarda relación con la magnitud de los impactos negativos que una presa podría causar.

Las minihidráulicas se definen como tal por su capacidad de generación, pero estas definiciones “varían sustancialmente, desde un 1 megawatt (MW), para las instalaciones en Alemania y Burundi, hasta los 50 MW para aquellas en Canadá, China y Pakistán”, escriben los investigadores.


El miniproyecto hidroeléctrico Denawaka Ganga, en Sri Lanka, tiene una capacidad instalada de 7.2 megawatts (MW). Las minicentrales hidroeléctricas están en auge globalmente, pero un estudio nuevo advierte que apenas se comprenden los impactos ambientales del sector, y que faltan políticas y regulaciones para la construcción de minipresas. Foto por mhpproject/Wikimedia Commons CC BY-SA 4.0

“No hay soporte científico para la clasificación de minipresas que está en uso actualmente y [aun así] el criterio está siendo aplicado en las regulaciones ambientales de la mayoría de los países”, explicó Couto. “Para ser más eficientes, las regulaciones deben disolver el calificativo ‘mini’ y ver más allá del criterio basado en la capacidad”.

Las llamadas minicentrales hidroeléctricas varían no solo en tamaño, sino también en su método de operación. Pueden ser clasificadas ampliamente según si almacenan o no agua en un depósito y según si el agua se desvía para llegar a la central eléctrica; ambas clasificaciones pueden afectar significativamente la magnitud de la influencia que tiene una presa en los niveles de agua y en los regímenes de flujo.

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Estos factores, entre otros, se vuelven más relevantes al momento de evaluar los probables impactos ambientales de las presas planificadas, dijo Couto. “Métricas como la altura de la presa, el área del depósito y la alteración del flujo son ignoradas generalmente por las políticas ambientales, pero la literatura científica las ha identificado como indicadores de los efectos ecológicos de las presas”.

La presa Zengamina, en Zambia, tiene una capacidad de tan solo 0.7 megawatts (MW), pero la definición de “minipresa” puede variar ampliamente entre países. Algunos, como Canadá, China y Paquistán clasifican a las presas de menos de 50 MW en esta categoría. Sin embargo, la capacidad de generación no es por sí sola una medida fiable de impacto ambiental, argumentan los investigadores. Otros índices como la altura de la presa, el área del depósito y la proporción de la alteración del flujo son más relevantes. Foto por Montibw/Wikimedia Commons CC BY-SA 4.0.

Otro problema señalado por el estudio fue la falta de planificación coordinada y de evaluación de impacto dentro de cuencas enteras. “Muchas cuencas están absorbiendo múltiples minipresas, pero las regulaciones y políticas le dan una atención muy limitada a los impactos acumulativos que causa la suma de presas en conjunto”, dijo Couto.

David Kaplan, quien dirige un grupo de investigación ecológica de cuencas en la Universidad de Florida, está de acuerdo con que se trata de un problema ambiental que se pasa mucho por alto. Existe “el potencial de sustanciales impactos acumulativos provenientes de miles de sistemas pequeños y no regulados en la hidrología ribereña y en la ecología, particularmente en las corrientes principales y en los ríos pequeños”, dice.

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Kaplan señala otras preocupaciones: “Mientras que algunos impactos de las minicentrales hidroeléctricas son más pequeños en magnitud que los de los proyectos más grandes, también [es cierto que las minicentrales] producen mucha menos electricidad, lo cual significa que se necesita construir muchas más de ellas para satisfacer las demandas energéticas”. Aunado a eso, la investigación de Kaplan ha demostrado que por cada unidad de energía generada, las minipresas pueden causar diez veces los impactos en la hidrología de los ríos que causarían las presas grandes.



Las cabeceras andinas de la cuenca amazónica son un objetivo actual de la expansión de las minicentrales hidroeléctricas: hay proyectos en desarrollo en Perú, Bolivia, Colombia y Ecuador. Los científicos argumentan que se necesita urgentemente comprender los impactos de que haya presas múltiples a nivel de cuenca. Foto por Rhett A Butler / Mongabay

El crecimiento descontrolado del desarrollo de minicentrales hidroeléctricas ha sido ayudado por la ausencia de legislación y licenciamiento rigurosos en lo que respecta a su construcción. En muchos países, incluyendo Brasil, el proceso de licencia es simplificado o está ausente para presas por debajo de cierta capacidad de generación; hasta dos tercios de los países podrían carecer de requerimientos ambientales específicos para las minipresas hidroeléctricas, reportan los investigadores.

Se trata de una inadvertencia seria, dicen, dado el apetito global por la expansión del sector. “Los planes futuros para las minicentrales hidroeléctricas se concentran en Asia, las Américas, el sur y este de Europa y África oriental, lo que incluye muchos de los países megabiodiversos de los trópicos y subtrópicos, como China, India, Malasia, Filipinas, Brasil, Colombia y Perú”, dijo Couto. “Algunas regiones, como el Himalaya, la meseta tibetana y los Andes son de gran interés para el desarrollo hidroeléctrico, pero estas regiones también hospedan un alto número de especies endémicas de agua dulce”.

En el caso de Brasil, un alejamiento de la construcción de megarrepresas llevará a un “impulso todavía más fuerte al desarrollo de minihidráulicas”, advierte Kaplan. El paso rápido y la escala del desarrollo de las minipresas demandan el incremento de la atención científica a los impactos ambientales y unas políticas y regulaciones más robustas —prioridades urgentes no solo para Brasil.


Referencias:
Couto, T. B. A. and Olden, J. D. (2018) Global proliferation of small hydropower plants – science and policy. Front Ecol Environ 2018; doi: 10.1002/fee.1746

https://es.mongabay.com/2018/11/el-gran-problema-global-de-las-minicentrales-hidroelectricas/

lunes, 22 de octubre de 2018

Perú- Gobernanza territorial indígena para proteger Territorios de Vida

Fuente de la imagen: Consorcio TICCA

Gobernanza territorial indígena para proteger Territorios de Vida

Representantes indígenas acuerdan "establecer una alianza entre las diversas formas de gobernanza territorial indígena para compartir experiencias y elaborar mandatos y directrices comunes para fortalecer las áreas conservadas".

Servindi, 22 de octubre, 2018.- Representantes de trece pueblos indígenas amazónicos coincidieron en exigir al Estado peruano brinde apoyo para la gobernanza territorial indígena "por ser esta la mejor estrategia para la conservación de la naturaleza y la diversidad biológica".

En tal sentido demandaron que el Estado "reconozca y garantice el derecho de los pueblos indígenas a gobernar nuestros territorios integrales" y los "reconozca (...) como legítimos protectores en el manejo y conservación de nuestros territorios ancestrales".

Veinteséis representantes indígenas suscribieron por consenso un documento de acuerdos, compromisos y demandas en el marco del Taller: Fortaleciendo la Gobernanza de los Territorios Conservados en la Amazonía Peruana, celebrado del 14 al 19 de octubre en Pachacamac, en Lima, Perú,

El evento fue organizado por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), la Lista Verde y el Consorcio TICCA, que es como se denominan a los territorios o áreas conservadas por pueblos indígenas y comunidades locales.


¿Qué son los TICCA o territorios de vida?

Los TICCA o territorios de vida, como también se les llama, se distinguen o diferencian de las Áreas Protegidas, administrados por los Estados, en que revalora las Áreas Conservadas en manos de pueblos indígenas y comunidades locales.

Los TICCA poseen tres características esenciales: a) un pueblo indígena o comunidad con una profunda relación con un territorio o sitio; b) capacidad de hecho o de derecho de cumplir los acuerdos de manejo, y c) la gobernanza favorece la conservación, las funciones ecológicas y los valores culturales asociados.

Cabe destacar que los TICCA surgieron para contribuir las Metas de Aichi para la Diversidad Biológica del Convenio de Diversidad Biológica desde una perpectiva más amplia para mejorar la diversidad y calidad de la gobernanza de las áreas protegidas y conservadas.

Foto: Yuri Gutiérrez

Reconocimiento del valor de los TICCA

Los líderes indígenas procedentes de diversos pueblos y experiencias de gobierno y manejo territorial consensuaron en que los TICCA es una categoría que se adapta de mejor manera a los sistema de conservación de los territorios y bosques indígenas.

Así lo destacó Shapiom Noningo Sesén, del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampis (GTANW) quién sustentó el documento consensuado y remarcó que la conservación es una actividad tradicional de los pueblos desde sus propias cosmovisiones indígenas.

"Nuestros mayores y sabios quizás no tengan títulos académicos que los reconozcan como expertos en conservación pero ellos saben cómo conservar los bosques mucho más que el Estado y el Sernanp" en referencia al Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas, dijo Shapiom.

Wilder Flores Gonzáles, jefe de la Comunidad Nativa Matsés, compartió la lucha de más de quince años de su pueblo frente a una amenaza petrolera. Gracias a la vigilancia y defensa activa de su territorio titulado de más de 452,000 ha viven tranquilos y sin contaminación.

Del mismo modo lo hizo Jeremías Petsein, presidente de la Federación de la Nacionalidad Achuar del Perú (FENAP), quién a pesar de los esfuerzos que realizan por controlar y defender el territorio achuar de diversas amenazas, el gobierno central intenta debilitarlos al desconocer el reconocimiento obtenido del Gobierno Regional de Loreto.

Fermin Chimatani Tayori, del pueblo Harakbut, y presidente de la Asociación Nacional de Ejecutores de Contrato de Administración de las Reservas Comunales del Perú (ANECAP), resumió muy bien el valor de los TICCA para los pueblos indígenas.

"Los TICCA no son un fin ni el objetivo principal. Se trata de un plus, de un valor adicional, al reconocimiento que debe tener la gobernanza territorial indígena, que debe ser cada vez más fortalecida por el Estado" dijo Chimatani.

Fotos: Yuri Gutiérrez

Criticas al conservacionismo oficial peruano

Las diversas delegaciones indígenas coincidieron en cuestionar la forma cómo se han secuestrado inmensos territorios indígenas mediante la superposición impuesta por el sistema de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (ANP).

Un caso fue expuesto por César Augusto Yojajé, del Consejo de la Nación Ese Eja, quien denunció que la creación del Parque Nacional Bahuaja Sonene y la Reserva Nacional Tambopata significa el asesinato lento de su pueblo. "Así, lo sentimos día tras día", expresó.

Por ello, Victor Pesha Baca, también de la Nación Ese Eja, ubicada en la región Madre de Dios, afirmó que como pueblo "están exigiendo la restitución y la reivindicación de este territorio ancestral”.

También se manifestó Mauro Metaki Tipe, presidente de la comunidad de Tayacome, ubicada al interior del Parque Nacional y Reserva de la biosfera del Manu, creada en 1973, sin considerar que dentro de su ámbito se encuentran poblaciones ancestrales.

Alertó que el 70 por ciento de la población indígena al interior del Manu se encuentra en condiciones de desnutrición debido a las serias restricciones en que se encuentran debido al control del personal del Sernanp que les limita actividades de subsistencia.

Sin duda, la principal crítica al Sernanp, es su incapacidad para garantizar la conservación de las áreas naturales y territorios bajo su administración. Así lo advirtieron diversos interlocutores indígenas quienes recordaron nefastos episodios contra la conservación.

Julio Hinojosa y Shapiom Noningo del Gobierno Wampis y Ermeto Tuesta del Instituto del Bien Común (IBC) explicaron el brutal recorte que se hizo al Parque Nacional Ichigkat Muja para favorecer las concesiones mineras.

El Instituto Nacional de Recursos Naturales (Inrena), ahora Sernanp, traicionó la confianza de los pueblos Awajun y Wampis. Estos pueblos consintieron que su territorio ancestral se convierta en Parque Nacional con fines de conservación, sin imaginar que éste luego se recortaría.

Otro caso expuesto en el taller es la intención de modificar la zonificación del Plan Maestro de la Reserva Comunal Tuntanain, en Amazonas, a fin de favorecer a la empresa Maurel Et Prom, titular del Lote 116 de hidrocarburos.

El Sernanp pretende dar apariencia de "legalidad" y "legitimidad" a modificaciones que vulneran los objetivos de creación de dicha reserva conmunal, explicaron líderes y técnicos indígenas.

Si bien los representantes del Sernanp que participaron en el taller el jueves y viernes expresaron su voluntad y disposición de escuchar y mejorar sus procedimientos, la desconfianza indígena se mantiene.

Una de las razones principales es que el Estado suele favorecer las actividades extractivas incluso sobre las áreas protegidas bajo el argumento del "interés nacional".

Tal es el caso del lote 76 de hidrocarburos que se superpone a casi todo el territorio de la Reserva Comunal Amarakaeri de 402,335 hectáreas, y de las comunidades que la custodian y protegen.

El Estado peruano entregó dicho lote a la empresa Hunt Oil en 2006 sin ninguna consulta previa a los pueblos afectados y sin siquiera evaluar la compatibilidad de la actividad extractiva con el área protegida.

En 2017 la petrolera estadounidense inició el proceso de abandono del Lote 76, por razones no del todo explicadas. considerado como un segundo Camisea por los expertos de hidrocarburos.

Cabe destacar que la Reserva Comunal Amarakaeri y el Parque Nacional Cordillera Azul son las dós áreas protegidas del Perú en proceso de evaluación para incorporarse en la Lista Verde de Áreas Protegidas y Conservadas (LVAPC) que distingue las buenas prácticas de conservación a nivel mundial.


Hacia el Congreso Latinoamericano de Áreas Naturales Protegidas

Una demanda actual y concreta que los participantes indígenas consensuaron es que el Estado peruano "haga visibles los sistemas de conservación territorial indígena" como aporte en el Congreso Latinoamericano de Áreas Naturales Protegidas que se realizará en Perú, en marzo de 2019.

En esa perspectiva, y a fin de fortalecer la Iniciativa TICCA en el Perú, acordaron autoconvocarse y "establecer una alianza entre las diversas formas de gobernanza territorial indígena para compartir experiencias y elaborar mandatos y directrices comunes para fortalecer las áreas conservadas".

Para tal efecto, esperan que las diversas organizaciones indígenas, con mandato territorial en el Perú, continúen el diálogo iniciado en el taller de Pachacamac para articular propuestas propias en torno la gobernanza territorial y las áreas protegidas y las áreas conservadas.
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A continuación el documento suscrito por los participantes del taller en español y luego inglés:

Acuerdos, compromisos y demandas de los Pueblos Indígenas

Los pueblos indígenas reunidos en el taller: Fortaleciendo la Gobernanza de los Territorios Conservados en la Amazonía Peruana, del 14 al 17 de Octubre del 2018 en Pachacamac, Lima, Perú, declaramos:

Luego de deliberar ampliamente alcanzamos los siguientes acuerdos, compromisos y demandas:

Acuerdos y compromisos de los PP.II.

1. Los Pueblos indígenas nos comprometemos a mantener y fortalecer la continuidad de nuestro sistema de conservación de los territorios y bosques desde nuestra cosmovisión.

2. Los PPII nos comprometemos a empoderar la gobernanza efectiva de las Áreas Naturales Protegidas que están en nuestros territorios ancestrales.

3. Los PPII nos comprometemos a elaborar un mapa didáctico en una plataforma global dónde aparezcan nuestros territorios y áreas conservadas

4. Establecer una alianza entre las diversas formas de gobernanza territorial indígena para compartir experiencias y elaborar mandatos y directrices comunes para fortalecer las áreas conservadas.

Demandas y exigencias al Estado peruano al amparo del Convenio 169 de la OIT, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y la Convención sobre la Diversidad Biológica

1. Que el Estado nos reconozca y garantice el derecho de los pueblos indígenas a gobernar nuestros territorios integrales

2. Que el Estado nos reconozca a los pueblos indígenas como legítimos protectores en el manejo y conservación de nuestros territorios ancestrales

3. Que el Estado nos brinde apoyo para la gobernanza territorial indígena por ser esta la mejor estrategia para la conservación de la naturaleza y la diversidad biológica

4. Que el Estado peruano haga visibles los sistemas de conservación territorial indígena como aporte en el Congreso Latinoamericano de Áreas Naturales Protegidas que se realizará en marzo de 2019.

A la comunidad internacional

Pedimos establecer alianzas estratégicas con los Pueblos indígenas que contribuyan a cumplir y garantizar la gobernanza territorial indígena en nuestros territorios y áreas conservadas.

Pachacamac, 18 de Octubre del 2018

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Agreement, commitments and demands of indigenous peoples

We, the indigenous peoples gathered in the workshop Strengthening the Governance of Conserved Territories in the Peruvian Amazon held from October 14 to 17, 2018 in Pachacamac, Lima, Peru, declare that-- after extensive deliberations-- we have reached the following agreement, commitments and demands:

Agreement and commitments of the indigenous peoples

1. We commit to maintaining and strengthening the continuity of our system of conserving our territories and forests according to our world view

2. We commit to strengthening the effective governance of the protected areas that are in our ancestral territories

3. We commit to developing a map and platform that include our territories and conserved areas

4. We commit to establishing an alliance among various forms of indigenous territorial governance to share experiences and develop a common mandate and guidelines to strengthen conserved areas

Demands to the Peruvian State under ILO Convention 169, The United Nations Declaration on The Rights of Indigenous Peoples and the Convention on Biological Diversity

1. That the State recognize and guarantee our right as indigenous peoples to govern our integral territories

2. That the State recognize indigenous peoples as legitimate custodians in the management and conservation of our ancestral territories

3. That the State provide support for indigenous territorial governance since this is the best strategy for the conservation of nature and biological diversity

4. That the State highlight the indigenous territorial conservation systems as a contribution to the Latin American Protected Areas Congress that will be held in March 2019

To the International Community

We seek strategic alliances that contribute to the implementation and guarantee of indigenous territorial governance in our territories and conserved areas.

Pachacamac, October 18, 2018

https://www.servindi.org/actualidad-informe-especial/22/10/2018/gobernanza-indigena-la-mejor-forma-de-conservacion