RB Venezuela- Pronunciamiento de la organización Kuyujani ante la retención de efectivos militares por parte de indígenas

Pronunciamiento de la organización Kuyujani ante la retención de efectivos militares por parte de indígenas

Nosotros legítimos representantes de las comunidades ye’kwana y sanema de la cuenca del río Caura, Estado Bolívar de Venezuela, hacemos del conocimiento público lo siguiente:

– Sobre la Cuenca del Caura recaen cinco figuras de protección del ambiente las cuales excluyen en su totalidad la actividad minera. El acceso a la zona es mayoritariamente fluvial.

-Desde el año 2006, fecha en la casualmente también se debía entregar el título de propiedad colectivo sobre los hábitats a las comunidades indígenas de la cuenca del Caura,se produjo una invasión minera ilegal con nefastas consecuencias para las comunidades indígenas que allí hacemos vida.

-A partir de dicha invasión minera se pidió la colaboración de las Fuerzas Armadas Nacionales para controlar las incursiones mineras lo cual solo se logró parcialmente entre 2006-2008. A partir de 2008 mineros nacionales y extranjeros se apersonaron en la zona sin que las Fuerzas Armadas pudieran controlarles. Antes bien, los militares se han hecho cómplices de la minería ilegal aplicando vacunas para hacer llegar bienes y combustible a las zonas mineras.

-La Organización Kuyujani rechaza la actividad minera independientemente de que algunos pobladores locales participen en ella dado que la minería ha socavado la organización social y política de las comunidades afectando la salud de las comunidades dada la creciente y demostrada contaminación mercurial.

-Los indígenas necesitamos gasolina para transportarnos y llegar a sus comunidades para lo cual tenemos cupos otorgados por PDVSA.

-Desde el mes de octubre de 2014, la Organización Kuyujani ha denunciado ante el REDI al Comandante del Puesto de Maripa Gianfranco Giordani Leal por irrespetar los cupos de combustible asignados para el transporte desde y hacia las comunidades que viven en la zona.

-El día de ayer 18 de Febrero, de forma arbitraria, dicho comandante se presentó en el sitio denominado el Playón y quemó una vivienda indígena.Luego subió al Salto Pará “Kuyuwi Sodi” y también quemó otra vivienda aparentemente en venganza por las denuncias que contra él se han hecho.

-Los indígenas del lugar, retuvieron al comandante y a nueve soldados produciéndose disparos que afortunadamente no causaron daños. En este momento el Comandante Giordani Leal, así como los soldados se encuentran custodiados por los indígenas ye’kwana y sanema que allí viven. Sin embargo, al lugar están llegando masivamente los indígenas de la zona para sumarse a la protesta por el atropello cometido por los militares.

-El día de hoy 19 de febrero se presentó el comandante del puesto de Caicara al Salto Pará pero su presencia fue rechazada por los indígenas quienes no quieren entrevistarse con subalternos. En el momento actual, se están sumando a esta acción de protesta las comunidades no indígenas “criollas” del bajo Caura, tanto de Maripa, Jabillar y Trincheras quienes también están cansadas de los atropellos recibidos. Los indígenas queremos dialogar pero no aceptamos ni un atropello más.

EXIGIMOS:

1.- La presencia de altos representantes del gobierno, liderizados por el Vicepresidente Jorge Arreaza para dialogar pues estamos cansados tanto de los atropellos de los militares, como de los mineros que están destruyendo los ecosistemas y el territorio.

2.- El retiro de los militares de Pie de Salto y del Salto Pará.

3.- El desalojo minero en su totalidad.

4.- Respeto a las disposiciones de PDVSA en materia de combustible.

5.- Respeto a las comunidades indígenas del Caura.

6.- Reconocimiento de nuestros derechos sobre los hábitats que ocupamos de manera ancestral y tradicional.
http://www.derechos.org.ve/2015/02/19/pronunciamiento-de-la-organizacion-kuyujani-ante-la-retencion-de-efectivos-militares-por-parte-de-indigenas/
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Indígenas retienen y desarman a comandante del Ejército y 9 soldados
"El comandante se encuentra bien pero está custodiado en la gran churuata de la comunidad. Todos están bien, nosotros los desarmamos", confirmó vía telefónica Ramón Tomedes, presidente de la Fundación Indígena Medewadi y vocero de la Organización Kuyujani.


MARÍA RAMÍREZ CABELLO | EL UNIVERSAL
jueves 19 de febrero de 2015 08:40 PM

Ciudad Guayana.- Indígenas de las comunidades Ye'kwana y Sanema de la Cuenca del río Caura en el estado Bolívar mantienen retenidos desde el miércoles al comandante del Ejército, Gianfranco Giordani Leal, encargado del puesto de control de la localidad de Maripa, municipio Sucre, y a nueve soldados, en protesta por la quema de dos viviendas.

"El comandante se encuentra bien pero está custodiado en la gran churuata de la comunidad. Todos están bien, nosotros los desarmamos", confirmó vía telefónica Ramón Tomedes, presidente de la Fundación Indígena Medewadi y vocero de la Organización Kuyujani.

La Organización Indígena de la Cuenca del Caura Kuyujani explicó, a través de un comunicado, que el miércoles 18 "de forma arbitraria, dicho comandante se presentó en el sitio denominado el Playón y quemó una vivienda indígena. Luego subió al Salto Pará ‘Kuyuwi Sodi' y también quemó otra vivienda aparentemente en venganza por las denuncias que contra él se han hecho".

La Organización Kuyujani ha denunciado, desde octubre de 2014, ante la dirección de la Región Estratégica de Desarrollo Integral (REDI) al comandante Giordani Leal "por irrespetar los cupos de combustible asignados para el transporte desde y hacia las comunidades que viven en la zona"; además de que mantienen severas críticas por la complicidad de los uniformados con quienes practican la minería ilegal, que ha causado deforestación y contaminación mercurial.

Tomedes destacó que desde octubre no reciben combustible "porque aunque Pdvsa lo ha autorizado el comandante se ha negado arbitrariamente y eso afectó el transporte, la salud y la educación".

"Los indígenas del lugar retuvieron al comandante y a nueve soldados produciéndose disparos que afortunadamente no causaron daños. En este momento el Comandante Giordani Leal, así como los soldados se encuentran custodiados por los indígenas ye'kwana y sanema que allí viven. Sin embargo, al lugar están llegando masivamente los indígenas de la zona para sumarse a la protesta por el atropello cometido por los militares", indica el comunicado.

Este jueves se presentó el comandante del puesto de Caicara al Salto Pará pero "su presencia fue rechazada por los indígenas quienes no quieren entrevistarse con subalternos". Los indígenas aseguran que quieren dialogar, pero no aceptan "ni un atropello más".

La organización destaca que rechazan la actividad minera independientemente de que algunos pobladores locales participen, y reconocen que aunque en el 2006 solicitaron la colaboración de la Fuerza Armada Nacional para controlar la invasión minera en el Caura, dos años después se perdió el control con la llegada de nacionales y extranjeros a ejercer la minería y "los militares se han hecho cómplices de la minería ilegal aplicando vacunas para hacer llegar bienes y combustible a las zonas mineras".

Exigen presencia del Gobierno

Las principales exigencias, apuntan, son la presencia de altos representantes del Gobierno, entre los que mencionan al vicepresidente de la República, Jorge Arreaza, "para dialogar pues estamos cansados tanto de los atropellos de los militares, como de los mineros que están destruyendo los ecosistemas y el territorio".

Asimismo, solicitan el retiro de los militares de Pie de Salto y del Salto Pará; el desalojo minero en su totalidad; el respeto a las disposiciones de Pdvsa en materia de combustible; el respeto a las comunidades indígenas del Caura; y el reconocimiento de sus derechos sobre los hábitats que ocupan de manera ancestral y tradicional.

Desarmes previos

A finales de octubre de 2011, 13 comunidades indígenas del Alto Paragua desarmaron a 22 efectivos de la Armada y el Ejército que –aseguran- permitían la minería ilegal en los espacios de los que habían sido desalojados meses antes.

Por la acción, fueron detenidos por una semana aproximadamente y presentados ante el Tribunal Militar Décimo Séptimo de Control de Ciudad Bolívar, cuatro capitanes indígenas del Alto Paragua, municipio Angostura del estado Bolívar. Los capitanes quedaron bajo régimen de presentación.

En febrero de 2013, miembros de 12 comunidades indígenas del sector 3 de Urimán, en el municipio Gran Sabana al sur de Bolívar, detuvieron y desarmaron a 43 efectivos del Ejército venezolano, en protesta por la suspensión de las autorizaciones de vuelo a 21 aeronaves privadas, que contribuían al abastecimiento de alimentos, medicinas, así como al traslado de pacientes e indígenas desde las comunidades remotas hasta Santa Elena de Uairén y Ciudad Bolívar.
http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/150219/indigenas-retienen-y-desarman-a-comandante-del-ejercito-y-9-soldados

Relatora Especial de la ONU: Las políticas de conservación deben respetar plenamente los derechos de los Pueblos Indígenas

Victoria Tauli-Corpuz realiza peritaje ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Los Estados deben reconocer y respetar plenamente los derechos de los pueblos indígenas en la aplicación de las iniciativas de conservación y biodiversidad, afirmó la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, en una declaración de peritaje ante la Corte Interamericana. Dirigiéndose a la Corte en Costa Rica a principios de febrero de 2015, la Relatora Especial señaló que los proyectos de conservación en que se involucran los estados con demasiada frecuencia implican la expropiación y la nacionalización de los territorios indígenas, sometiendo a los pueblos que allí viven al empobrecimiento, deterioro cultural y otras violaciones graves de los derechos humanos.

La Corte está considerando un caso presentado por los pueblos Kalina y Lokono contra el gobierno de Surinam, que creó tres reservas naturales en su territorio sin su consentimiento. A pesar de ser parte de los tratados internacionales que exigen el respeto a los derechos indígenas, Surinam aún no reconoce legalmente los derechos a la tierra de los pueblos Kaliña y Lokono y no les ha consultado acerca de las reservas naturales.

La Relatora Especial señaló que en el caso de las reservas "no se ha consentido a su establecimiento y no se reconocen ni respetan los derechos de los pueblos indígenas". Agregó que "dado que por ley son de propiedad del Estado, clasificaría estas reservas como una forma de permanente y aparentemente ilegítima desposesión de las tierras indígenas, que exige una reparación, no sólo en relación con los derechos de propiedad sino también con respecto a toda la gama de derechos ".

Tauli-Corpuz señaló que el Convenio sobre la Diversidad Biológica, del cual Surinam es parte, obliga a que las reservas naturales del estado cumplan con los estándares de los derechos de pueblos indígenas al igual que el resto de las actividades del gobierno. La decisión adoptada por la Conferencia de las Partes de la Convención en el año 2004 establece que "el establecimiento, manejo y vigilancia de las áreas protegidas deberían realizarse con la participación plena y efectiva y el pleno respeto de los derechos de los [pueblos] indígenas." También se exige a los Estadosla restitución a los pueblos indígenas de las tierras que han sido incorporadas a áreas protegidas.

"La Relatoría sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas ha recibido muchas denuncias sobre violaciones de derechos humanos en relación con las áreas protegidas, al igual que los comités de los tratados. En muchos casos, las denuncias de graves daños están fundamentadas ", dijo Tauli-Corpuz.

La Relatora Especial hizo hincapié en que el reconocimiento de las áreas protegidas de propiedad y administradas por los pueblos indígenas es una forma alternativa y altamente eficaz de protección de la biodiversidad. Según un estudio del Banco Mundial de 2008, "los territorios indígenas tradicionales abarcan hasta un 22 por ciento de la superficie terrestre del mundo y coinciden con las zonas que mantienen el 80 por ciento de la biodiversidad del planeta." Muchos pueblos indígenas han manejado con éxito y de manera sostenible sus bosques durante generaciones, concluyó el estudio.

El Congreso Mundial de Parques en 2003 adoptó un nuevo paradigma que reconoció la conexión entre la conservación y los derechos de los Pueblos Indígenas. Tauli-Corpuz destacó que el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional ambiental están relacionados entre sí y se complementan. Ambos exigen con vigor a los estados la responsabilidad de justificar la estricta necesidad de las áreas protegidas establecidas sin consenso en territorios indígenas. También obligan a que los estados tienen que probar que se han aplicado con rigor los criterios que les permitirían intervenir en los territorios indígenas, e igualmente demostrar que se han adoptado las medidas adecuadas para respetar los derechos de los pueblos indígenas, considerando que a menudo este tipo de intervenciones han sido nocivas tanto para los derechos humanos y el medio ambiente.
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Video: (Inglés) https://www.youtube.com/watch?v=SqWm-nzk5gU

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El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas nombró a la Sra Victoria Tauli-Corpuz como Relatora Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en junio de 2014, con la tarea de seguimiento, información y asesoramiento sobre la situación de los derechos de los pueblos indígenas en todo el mundo. Como Relatora Especial, es independiente de cualquier gobierno u organización y desempeña su mandato en su capacidad individual.

Victoria Tauli-Corpuz es integrante del pueblo Kankana-ey Igorot , en la región de la Cordillera en las Filipinas. Cumplió un papel clave en la redacción y negociación de la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y promovió su adopción por la Asamblea General de la ONU en el año 2007. Fue Presidenta del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas entre los años 2005 a 2009. La Sra. Tauli-Corpuz es una líder indígena con amplia experiencia en materia de derechos humanos (en particular sobre los derechos de los pueblos indígenas y los derechos de las mujeres), las cuestiones de desarrollo y medio ambiente, el desarrollo institucional, la organización comunitaria y desarrollo de liderazgo.
Para obtener más información, ingrese a:http://www.ohchr.org/EN/Issues/IPeoples/SRIndigenousPeoples/Pages/SRIPeoplesIndex.aspx
o http://unsr.vtaulicorpuz.org

Para más información y solicitudes de prensa, por favor escriba a indigenous@ohchr.org o unsr@vtaulicorpuz.org

Siga a la Relatora Especial en las redes sociales:

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Original: http://unsr.vtaulicorpuz.org/site/index.php/es/press-releases/58-unsrip-conservation-policies

Transnacional chilena Forestal Arauco continúa sus ataques y depredación en el sur del continente

Denuncian a Arauco por amenazar con armas de fuego a aborígenes en Puerto Libertad

ENERO 29, 2015 12:31 PM

Ramón Baez, cacique de la aldea Andrés Guacurarí, denunció que funcionarios de la empresa de capitales chilenos Arauco intentaron ayer desalojar a trece familias aborígenes, entre las que viven unos 50 niños, que ocupan un predio de la compañía en Puerto Libertad. Aseguró que los enviados por la multinacional los amenazaron con armas de fuego e incluso intentaron quemar algunas de las improvisadas carpas en las que habitan los integrantes de la aldea. “Cuando vieron que tenía una cámara de fotos y que éramos muchos los testigos viendo esa escena, recién entonces bajaron las armas y se fueron”, indicó Baez.

La empresa Arauco (ex Alto Paraná) volvió a ser denunciada por atropellos contra comunidades aborígenes. Según denunció Ramón Baez, cacique de la aldea Andrés Guacurarí, a las 9:30 de ayer operarios de la mencionada compañía acompañados por personas armadas, irrumpieron en el predio que ocupan los originarios, una parcela de selva en Puerto Libertad cuya propiedad dominial pertenece a la empresa, y amenazaron a mujeres y niños. 

“Dijeron que si no nos íbamos, iban a prender fuego las carpas en las que vivimos. 

Actuaron de un modo muy violento, los chicos quedaron muy asustados, lloraban sin parar”, afirmó Baez en declaraciones a Misiones Online.

El líder guaraní aseguró que las amenazas solo pararon cuando apareció una cámara de fotos entre los integrantes de la aldea y comenzaron a tomar registro del episodio. Entre los funcionarios de Arauco, que participaron del episodio de ayer, identificó a Gabriel Rodríguez y Hernán Patzer.


Afirmó que lejos de tratarse de un caso aislado, lo que ocurrió el martes representa la continuidad en una serie de acciones que viene impulsando Arauco para que los integrantes de la aldea dejen el lugar. 

Dijo que es normal que los amedrenten con disparos de armas de fuego y los someten a requisas ilegales en las que los despojan sin mediar argumentos, de cualquier pertenencia que lleven encima, sea comida, ropa para sus hijos, herramientas o materiales para mejorar su condición habitacional.


La aldea Andrés Guacurarí se formó el año pasado y está integrada por unas 80 personas, de las cuales alrededor de 50 son niños, entre todos conforman 13 familias. 

Se instalaron en una parcela de selva virgen cuya ubicada en el kilómetro 1618 de la Ruta 12, terreno cuya propiedad dominial es de Arauco, pero que los originarios reclaman por derecho ancestral. 

“No puede ser que nosotros tengamos que seguir dejando nuestras tierras, nuestro monte, para que quede en manos de empresas extranjeras. Necesitamos la selva para desarrollar nuestra cultura, queremos vivir como lo hacían nuestros ancestros, no queremos que nuestros hijos estén pidiendo monedas en las ciudades”, afirmó el cacique.

Fotos: Gentileza Pablo Longo Laporte

JRC PPhttp://misionesonline.net/2015/01/29/denuncian-a-arauco-por-amenazar-con-armas-de-fuego-a-aborigenes-en-puerto-libertad/
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Alto Paraná S.A. (Forestal Arauco) y los pueblos originarios en Misiones

02/02/2015




El pasado 28 de enero, la multinacional APSA intentó desalojar a unas 30 familias mbya en Puerto Libertad. La intentona incluyó disparos de armas de fuego. 

En ese municipio, APSA tiene posesión jurídica del 80% de la tierra. 

El episodio sumó un nuevo capítulo al frondoso historial de abusos de APSA contra comunidades guaraníes y campesinas en Misiones. La vergonzosa complicidad del Estado provincial.

Por Sergio Alvez (*)



Conquistadores

De las 80 mil hectáreas que componen el municipio de Puerto Libertad, en el norte misionero, 65 mil están en posesión jurídica de Alto Paraná Sociedad Anónima (APSA); es decir, el 80 por ciento del pueblo le pertenece a la multinacional de capitales chilenos, que en total, tiene una posesión total declarada (sin contar testaferros) de 232 mil hectáreas en varios municipios de la provincia. 
Allí, en Puerto Libertad, APSA lleva más de una década hostigando a la población local, por medio de desalojos, intimidaciones y violencia. Donde antes hubo monte, hoy todo es pino. El monocultivo alimenta la papelera y la planta de MDF que la multinacional posee en Puerto Esperanza y Puerto Piray, respectivamente.

En un lugar donde todo está en manos de la empresa, resulta compleja la aventura de encontrar un territorio seguro para vivir. En el caso de las comunidades mbya de la provincia, que dependen tradicionalmente del monte para subsistir, la cuestión habitacional se problematiza aún más.

El miércoles 28 de enero, un grupo de 30 familias mbya que formaron una comunidad a la que dieron a llamar Guazurarí, recibieron la visita de los funcionarios Gabriel Rodriguez y Hernán Petzer, de la empresa Alto Paraná, quienes arribaron al predio acompañados por efectivos policiales uniformados. Relató el cacique Ramón Baez en diálogo con el portal La Voz de Cataratas: “Aprovechando que nosotros los hombres no estábamos, amenazaron a las mujeres y los niños con prenderles fuego las casas si no salían inmediatamente del lugar. Y dispararon al aire para asustar”.

Socios

Ante esta situación, el propio cacique pidió intervención al Ministerio de Derechos Humanos de Misiones, ente que tiene bajo su órbita la muy cuestionada Dirección de Asuntos Guaraníes. Relató el cacique Ramón Baez en diálogo con el medio de comunicación antes citado: “El ministro de Derechos Humanos Soria Vieta me dijo que él no se iba a meter con Alto Paraná, que tenemos que salir de ahí. Asuntos Guaraníes no existe, no te soluciona ni lo básico para lo que fueron creados, nos deberían cuidar pero al final están en contra de las comunidades”.

La obediente inacción del ministro Edmundo Soria Vieta tiene raigambre en una coyuntura cuasi patronal: Alto Paraná S.A ostenta parte del poder real en Misiones. El gobierno provincial, del Frente Renovador, históricamente mantiene una postura de sumisión a la multinacional.

En 2012, el gobierno de Misiones firmó un acuerdo con la transnacional Alto Paraná S.A para “desarrollar el turismo en el norte provincial”. La relación entre el gobierno provincial y la empresa es de sometimiento. El gobierno no cuestiona el dominio territorial y la extranjerización del 12% de la superficie total de Misiones por parte de la firma chilena, ni la fuerte contaminación y proliferación de enfermedades generada por la papelera y la planta de MDF de la empresa, o la expulsión de miles de familias campesinas que APSA genera con la expansión del monocultivo. La multinacional lleva años poniendo de rodillas al Estado misionero y avasallando a numerosas comunidades. Esta aseveración puede corroborarse analizando el comportamiento servil del gobierno provincial ante cada uno de los conflictos que en los últimos años se vienen dando entre APSA y diversas poblaciones misioneras.

Por otro lado, la Provincia, a través del Ministerio de Ecología, es la encargada de aprobar “planes forestales”, que en muchos casos implican dar luz verde para desmontar en zonas de monte nativo. Ecología no informa a las poblaciones ni a la prensa acerca de qué tipo de controles medioambientales realiza en torno a la planta de celulosa de Puerto Esperanza y la planta de MDF de Piray. En julio de 2011, revista superficie emitió un pedido de información a la titular de Ecología, Viviana Rovira, que nunca se dignó a contestar. Incluso el Foro de Trabajadores de Prensa de Misiones solicitó una audiencia por este tema con la ministra Rovira, pero tampoco hubo respuesta. En aquel pedido, entre otras consultas, se preguntaba por la situación de la planta de MDF que finalmente, pocos meses después, sufrió un terrible accidente en una de sus calderas.

Así, APSA monopoliza y extranjeriza la tierra, contamina, enferma, con la total complicidad de un gobierno provincial inerte.



El antecedente Guavirá Poty

En febrero de 2009, revista superficie publicó una investigación referida a una situación suscitada en Colonia Paraíso (municipio de San Pedro), corazón del territorio denominado Corredor Verde, donde Alto Paraná S.A aniquiló más de 100 hectáreas de monte para instalar pinares que hoy acorralan a la comunidad mbya Guavirá Poty. En aquel artículo –que motivó una carta documento de la empresa a este cronista- , el cacique de Guavirá Poty contaba: “El primer año comenzaron a entrar al monte virgen para sacar los árboles más preciados. Al siguiente desmontaron todo y se pasaron el año fumigando con Round Up. Incendiaron las cien hectáreas para que no quede nada y el año pasado plantaron los plantines de pino”.

En esa comunidad, viven más de 20 familias que padecen las consecuencias de habitar a menos de 50 metros del océano de agrotóxicos que baña el pinar. En 2008 un niño falleció por problemas bronquiales atribuibles al contacto de un año entero con esta clase de venenos. Otros pequeños y algunos adultos presentan erupciones dérmicas y complicaciones respiratorias inéditas en la comunidad, cuentan en Guavirá Poty.

“También puede ser el agua, porque por acá pasa un arroyo que es nuestra fuente de agua para todo, y ellos plantaron los pinos y tiraron veneno a menos de 20 metros del arroyo. Aquí había lapachos, cedros, canela, timbó, todo tipo de especies nativas, frutales, y una infinidad de animales, muchos de ellos en peligro de extinción. El día que prendieron fuego parecía un infierno; hacía como 60 grados, nuestros niños lloraban aterrorizados, todos llorábamos y poco pudimos hacer para defender nuestra selva. Cuando el fuego terminó nos quedamos sentados en los troncos muertos, creyendo que todo había sido una pesadilla”, señaló entonces el cacique Cornelio.

Según el Ministerio de Ecología, aquel desmonte se realizó de manera legal. Cuando este cronista acudió al organismo ubicado sobre calle Santa Fe, en la oficina en la que fue recibido para una entrevista, colgaba un bello reloj con el logo de la empresa chilena.

Contexto

Latido Americano es una asociación civil sin fines de lucro, cuyo objetivo es promover y difundir la cultura de los pueblos indígenas de nuestro país, a través de investigaciones y acciones diversas. Esta organización publicó un informe titulado “La situación de los mbya” donde se describe:

La situación de los pueblos originarios en el litoral argentino es un claro ejemplo más de violencia y despojo. En la provincia de Misiones, las comunidades mbya guaraníes están asentadas, en muchos casos, en terrenos “provisorios”, luego de haber sido expulsados de sus tierras.

Desde hace siglos, estos pueblos han resistido al modelo imperante. Sin embargo, mientras el actual paradigma nos deja una sociedad desintegrada -un ser humano desvinculado de sí y de sus pares, con una naturaleza que le es ajena son los pueblos originarios quienes nos enseñan con su sabiduría ancestral que “somos naturaleza”, y propician el desarrollo humano armónico como parte de ella (no como espectador o explotador). Los pueblos originarios de la región sufren las consecuencias del abuso y la desidia que se llevó a cabo sobre todo el ecosistema.

Los continuos trabajos realizados por compañeros del área de salud de nuestra agrupación desde hace 4 años en esta región, describen como crítica la situación en la que viven los guaraníes en el litoral. Si tomamos en cuenta que su resistencia a las enfermedades va en consonancia con su gran conocimiento acerca de plantas medicinales, podemos entender que la supervivencia del monte, su gran bien natural, debe ser garantizada para que este pueblo no se debilite (…)

(…) El término guaraní Tekoa, traducido por Antonio Ruiz de Montoya en 1640, significa “cultura, costumbres, normas, comportamiento, un modo de ser, de estar”. Los mbya también llaman Tekoa al “lugar” que cuenta con las condiciones necesarias para vivir en sus aldeas con sus familias. Esto se debe a que existe una profunda relación entre este “modo de ser” guaraní y el lugar o territorio en el que se vive. Esta concepción también es compartida por otros pueblos originarios como el mapuche, cuya denominación significa “gente de la tierra”. Estas culturas nos plantean una mirada que ubica al ser humano como parte del planeta, y no a la tierra como posible posesión del hombre. El concepto de “propiedad privada”, en cambio, es comprensible en un marco donde la tierra se puede comprar y vender, teniendo fundamental validez en un sistema donde es el dinero el que marca las reglas. Es comprensible, por lo tanto, que los mbya prefieran utilizar el concepto de “propiedad comunitaria”, ya que es más acorde a la relación de reciprocidad y solidaridad que existe entre los diversos tekoa mbya y, a su vez, entre éstos y la naturaleza. Es por ello que si fuera necesaria una escrituración de tierras, debería realizarse en forma comunitaria o colectiva.

Para intentar comprender la problemática del pueblo mbya debemos analizar cómo el estado argentino viene abordando la cuestión indígena desde los 90, y es imperioso adentrarnos en la lógica del modelo hegemónico neoliberal; pues así, y sólo así, podremos advertir la verdadera dinámica que vienen adquiriendo las políticas sociales indigenistas (…)

Si realizáramos aquí un diagnóstico y análisis de las diversas causas de los problemas que sufre la selva misionera y por ende el pueblo mbya -y de gran impacto en la población del resto del país-, deberíamos resaltar principalmente la indiscriminada deforestación realizada por empresas madereras que reemplazan la selva nativa por pino para obtener pasta para papel, como es el caso de una cuya propiedad es de la compañía chilena Arauco, que según un informe “se transgredieron normas ambientales y que hubo incumplimiento de los deberes de funcionario público en el hecho referido a los trabajos forestales realizados por la empresa Alto Paraná Sociedad Anónima…” (3); y los miles de kilogramos de glifosato, un herbicida cuyo nombre comercial es Round Up y el cual es producido por la empresa Monsanto, arrojado en plantaciones de la provincia para matar malezas. Entre sus ingredientes se encuentran tóxicos que provocan náuseas, diarrea, neumonía, laringitis, dolores de cabeza y protuberancias. Aunque Monsanto continúa con sus campañas para demostrar que el producto es “100 por ciento biodegradable”, la Comisión Europea ya en el 2001 lo había clasificado como “tóxico para los organismos acuáticos” y capaz de “provocar efectos nefastos para el ambiente a largo plazo”.

Es imprescindible también describir las consecuencias del proyecto hidroeléctrico de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) que al ir elevando la cota de 76 a 78 metros (aún tienen previsto elevarla a 83 en su última etapa) en estos últimos años provocó la inundación de grandes extensiones de territorio ocupado por aldeas y colonos que se vieron obligados a desplazarse; y no podríamos dejar pasar los vertederos de basura impulsados por el gobierno provincial mediante el “Plan Ambiental de Eliminación de Residuos Urbanos y Patológicos de Misiones”, a través del decreto 171/03, que en 2003 amplía el contrato de la empresa AESA Misiones SA, promoviendo la construcción de otro relleno sanitario constantemente rechazado por habitantes de Piray, Garuhapé y por último de Caraguatay. Oscar Reinaldo Geisler, referente de los pobladores, explica el 6 de junio de 2006 en el medio digital EcoPortal.net, que por medio de la ordenanza municipal “firmada en secreto el 21 de enero de 2005”, se autoriza finalmente la instalación del basural, agregando además que “la constante que se repite es que los terrenos en donde se planean realizar y se construye actualmente este vertedero de basura, son propiedades de la empresa chilena Alto Paraná S.A.”.

Al ser despojados de sus tierras, los mbya han perdido mucho más que una extensión de territorio. La tierra forma parte de ellos y está en estrecha relación con su identidad. Como consecuencia de la obligada migración, debieron desprenderse de sus herramientas de auto sustentación, desvaneciendo su economía y sus costumbres, su relación con los procesos de salud y enfermedad. Hoy el monte, su ecosistema, dejó de serlo para convertirse en “espacio cercado” destinado a la explotación. El desafío sería cómo luchar para no ser prisioneros de ese espacio cercado.

(*) Cronista de revista superficie.

Fotos en comunidad Guazurarí: Pablo Longo Laporte (publicadas originalmente en Misiones On Line).

Fotos en Guavirá Poty: Sergio Alvez.
http://revistasuperficie.com.ar/alto-parana-sa-y-los-pueblos-originarios-en-misiones.html

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Vea también: La ONU abre el plazo para que los países envíen sus compromisos contra el cambio climático

Cerca de 200 Estados tienen que proponer reducción de emisiones
Tienen ocho meses antes del encuentro en París a final de año
Objetivo: mantener el aumento de la temperatura por debajo de los 2 grados
Bosque quemado.Getty Images/iStockphoto


EFE 04.02.2015 – 17:26h

Los cerca de 200 Estados que forman parte de la Convención Marco de la ONU sobre Cambio Climático (CMNUCC) ya pueden presentar sus compromisos de reducción de emisiones (INDC, por sus siglas en inglés) de cara al acuerdo global de lucha contra el calentamiento que se prevé adoptar en París a finales de año.

- siga leyendo: https://abyayalainternacional.wordpress.com/2015/02/04/la-onu-abre-el-plazo-para-que-paises-se-comprometan-contra-el-cambio-climatico/

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