Qué es el pacto secreto TPP y por qué tiene que preocuparle
Publicado: 6 oct 2015 02:39 GMT
Este lunes EE.UU., Japón, Australia, Nueva Zelanda, Brunéi, Canadá, Chile, Malasia, México, Perú, Singapur y Vietnam consensuaron los términos del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (Trans-Pacific Partnership, TPP, por sus siglas en inglés), un tratado comercial regional que afectará al 40% de la economía mundial. ¿Cuáles serán los efectos del TPP y por qué algunos lo tachan de amenaza?
¿Cuáles son los peligros ocultos del TPP?
Abya Yala/$hile- Impactos previsibles del TPP sobre la naturaleza
Eduardo Giesen- Viernes 8 de abril 2016
La eventual aprobación del Tratado TransPacífico (TPP, por sus siglas en inglés) por parte del Congreso y su implementación podrían generar impactos negativos sobre los bienes naturales, el hábitat y medios de vida de comunidades indígenas, el medio ambiente y la salud humana en general, directamente derivados de la aplicación de su capítulo 20, sobre Medio Ambiente, y otros capítulos del Acuerdo.
A continuación exponemos algunos aspectos que nos parecen relevantes al analizar el TPP con un foco en sus impactos sobre la naturaleza y el medio ambiente.
Leyes ambientales al mejor postor
El capítulo 20 del TPP sobre Medio Ambiente, se ocupa, en términos formales, por un amplio conjunto de aspectos ambientales, y, como históricamente lo han hecho los acuerdos de libre comercio, enfatiza el respeto al derecho soberano de las partes de establecer sus propias leyes ambientales y la necesidad de hacerlas cumplir en el territorio de su jurisdicción.
El Tratado también establece que ninguna parte puede deliberadamente debilitar su protección ambiental con el fin de favorecer el comercio o la inversión entre la partes.
Sin embargo, como sabemos a partir de la experiencia acumulada, estos artículos se transforman en letra muerta cuando caen en las interpretaciones que las empresas y los propios gobiernos hacen sobre estas disposiciones.
En concreto, el TPP no se refiere a ningún estándar internacional para el establecimiento y vigencia de leyes ambientales nacionales, como podrían ser las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), limitándose a expresar como criterios “el ejercicio razonable de (la) discrecionalidad” y la “buena fe respecto a la asignación de recursos … para la aplicación de sus leyes ambientales”, quedando estas sometidas a los intereses de los actores empresariales que se beneficiarán del comercio y las inversiones derivadas de la implementación del Tratado.
Flexibilidad y mercantilización de bienes naturales
El cuadro de debilidad normativa ambiental se completa cuando el TPP explícitamente alienta al “uso de mecanismos flexibles y voluntarios para proteger los recursos naturales y el medio ambiente en su territorio”; como “auditorías y informes voluntarios, incentivos basados en el mercado, intercambio voluntario de información y conocimiento especializado, y asociaciones público-privadas.”
Existen múltiples antecedentes de procesos normativos o legislativos ambientales que se han visto obstruido o debilitado para dejar mayor espacio a la “responsabilidad social empresarial” (RSE) y estos mecanismos flexibles, que suelen conllevar procesos de especulación y corrupción, con consecuencias socio-ambientales y económicas negativas.
Con esta misma orientación, el TPP es también explícito y enfático en “promover el comercio y la inversión en bienes y servicios ambientales en la zona de libre comercio” y abordar cualquier potencial barrera no arancelaria a este comercio, configurando un marco generalizado de mercantilización de bienes comunes, y atentando contra la soberanía de pueblos y comunidades indígenas, agricultores, pescadores y otros que co-habitan, usufructúan y ejercen un derecho ancestral o patrimonial en sus territorios.
Así, se intensificarían la presión y la especulación mercantil sobre los bienes naturales, como el agua, el aire, los suelos y subsuelos, la diversidad biológica y genética, e incluso la diversidad cultural, ya fuertemente afectados en la actualidad, y por cuya recuperación pública se han movilizado crecientemente los movimientos sociales y comunidades.
Pobre participación ciudadana
El capítulo 20 contempla unos ambiguos mecanismos para la participación pública respecto de la aplicación del mismo.
Por ejemplo, posibilita -no dispone- la conformación de comités asesores nacionales, “que podrán incluir personas con experiencia relevante, … en negocios, conservación y manejo de recursos naturales, u otros asuntos ambientales.”
Ya tenemos suficiente experiencia con comités de “expertos” en diversas materias -ambientales, entre otras-, nombrados a dedo por el Gobierno, y subordinados a intereses empresariales, y donde la presencia de representantes de la sociedad civil es -en cuanto a proporción y capacidad de decisión- menos que cosmética.
El capítulo ambiental también considera la posibilidad de “comunicaciones públicas” sobre su implementación, emitidas por “personas” (no menciona si pueden ser personas jurídicas o comunidades), que deben ser recibidas por una entidad a ser definida por cada Parte y puestas a disposición del público, al igual que las eventuales respuestas, “por ejemplo mediante su publicación en un sitio web público apropiado”.
Con todo, en los criterios de elegibilidad para atender las comunicaciones públicas queda claro que éstas se orientan a proteger negocios, y no la sustentabilidad ambiental, cuando exigen “explicar cómo, y en qué medida, la cuestión planteada afecta al comercio o a la inversión entre las Partes”.
Corporaciones: de culpables a “víctimas”
Al igual que en otros acuerdos y mecanismos internacionales, el TPP establece la implementación de tribunales privados y poco transparentes, donde las empresas -y sólo las empresas- pueden demandar a un gobierno, si consideran que una ley o una política de éste afecta de manera negativa los beneficios asociados a sus inversiones en dicho país.
De esta manera, se reproduce el marco de profunda injusticia global, bajo el cual numerosas grandes multinacionales han impugnado leyes y reglamentos ambientales que legítimamente buscan proteger a comunidades y ecosistemas de la contaminación y la depredación extractivista.
La biodiversidad amenazada
El TPP se refiere en capítulos especiales tanto al comercio ilegal de especies nativas o en peligro de extinción como a la regulación de la sobrepesca y la pesca incidental. En general, el Tratado no hace más que reiterar criterios y disposiciones ya establecidos en los acuerdos internacionales en estas materias, y que no han sido suficientes para evitar la explotación y comercio ilegales, las malas prácticas (como la pesca de arrastre) y sus consecuencias negativas sobre la vida silvestre en los territorios continentales y marítimos de los países firmantes. Menos aun podrían evitarse en el marco de un comercio más intenso y desregulado.
Asimismo, el TPP promueve la cooperación entre las partes en materias que parecen apuntar positivamente hacia la sustentabilidad, pero que puestas al servicio del comercio internacional aumentan la presión y riesgo sobre la biodiversidad y las comunidades indígenas, como “la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica; la protección y preservación de los ecosistemas y los servicios del ecosistema; y el acceso a los recursos genéticos y la distribución de beneficios derivados de su utilización”.
No se trata del “uso sostenible” por parte de las comunidades que ancestralmente han usado de manera sostenible la biodiversidad, ni de las que han gozado de los “servicios ecosistémicos” sin tener que pagar por ello, ni de los pueblos que se han alimentado y sanado en base al libre acceso a los recursos genéticos que ellos mismos se han encargado por siglos de cuidar. Su soberanía está fuertemente amenazada por el TPP.
Para aumentar el riesgo sobre la biodiversidad y la salud humana, el TPP exige que los países firmantes ratifiquen el Convenio UPOV 91, que privatiza la propiedad intelectual de las semillas y facilita la propagación de cultivos de organismos genéticamente modificados (transgénicos), y que en el caso de Chile ya se intentó mediante la Ley de Obtentores Vegetales (conocida como Ley Monsanto) y que fue retirada del Congreso a comienzos de 2014 debido al fuerte rechazo ciudadano.
El clima de mal en peor
Aparte de un capítulo de dos párrafos expresiones de mera voluntad para una “Transición a una Economía Resiliente y Baja en Emisiones”, el TPP no se hace cargo en absoluto de aportar al enfrentamiento del cambio climático, ni siquiera en lo que se refiere al crítico impacto de la intensificación del propio comercio y el transporte de carga.
Aun más, la implementación del Tratado supone, no sólo un aumento en las exportaciones y el transporte en general, sino también en la explotación y exportaciones de hidrocarburos, particularmente de gas natural licuado o de esquisto, proveniente de faenas de fractura hidráulica (“fracking”) en Norteamérica, con los consiguientes riesgos apara las poblaciones cercanas a esas explotaciones, pero también con el consiguiente aumento en las emisiones de carbono producto de la combustión en los países compradores, como Chile, que ya ha suscrito compromisos con EEUU y proyecta incluso la construcción de un puerto con este objetivo.
http://radio.uchile.cl/2016/
Publicado: 6 oct 2015 02:39 GMT
Este lunes EE.UU., Japón, Australia, Nueva Zelanda, Brunéi, Canadá, Chile, Malasia, México, Perú, Singapur y Vietnam consensuaron los términos del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (Trans-Pacific Partnership, TPP, por sus siglas en inglés), un tratado comercial regional que afectará al 40% de la economía mundial. ¿Cuáles serán los efectos del TPP y por qué algunos lo tachan de amenaza?
¿Cuáles son los peligros ocultos del TPP?
Reuters / Yuya Shino
El pacto secreto del Acuerdo Estratégico Transpacífico de Cooperación Económica (TPP), orquestado por Estados Unidos, se ha convertido en objeto de polémica y de protestas debido al secretismo que lo ha envuelto desde su concepción. Los detractores del acuerdo no creen que se trate de un "comercio justo", sino de la consolidación del poder y de una amenaza para la economía global.
El mayor acuerdo comercial del mundo de los últimos 20 años incluye a Estados Unidos, Australia, Brunéi, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam; naciones que suman juntas el 40% de la economía global.
Tras meses de acalorados debates en las cámaras del Congreso de EE.UU., el pasado 24 de junio el Senado estadounidense aprobó la ley que otorga al presidente Barack Obama el derecho a acelerar las negociaciones sobre los pactos de comercio libre, entre ellos, el TPP. Así, esta 'vía rápida' obliga a los congresistas de EE.UU. a aprobar las leyes propuestas por el presidente sin la posibilidad de introducir cambios.
Según documentos filtrados sobre el controvertido acuerdo, los 12 países están tratando de eliminar todas las barreras al comercio, incluidas las leyes que garantizan la seguridad alimentaria, la protección de la agricultura y la privacidad de la información de los ciudadanos.
Aunque la Administración Obama, que promueve el acuerdo, indica que el negocio se desarrollará en los países firmantes y que sus trabajadores se beneficiarán del pacto, los opositores sugieren que se trata de beneficios económicos que solo afectarán a las grandes corporaciones.
Quienes se oponen al acuerdo dan la voz de alarma y advierten que conlleva riesgos en relación a la manipulación de divisas, la protección del medioambiente y de la salud, la deslocalización de puestos de trabajo, la seguridad alimentaria, los monopolios farmacéuticos, la transparencia del Gobierno y otras cuestiones. De hecho, la transparencia o en este caso lo contrario –el secretismo de las negociaciones- es lo que ha sucitado la mayoría de las suspicacias.
"El secretismo es el primer síntoma de que se está haciendo algo que a la gran mayoría del público no le va a gustar", comenta el economista Félix Moreno en declaraciones a RT.
Además, algunos sugieren que el TPP no es un acuerdo sobre comercio, sino sobre las maniobras geopolíticas y la dominación corporativa sobre los asuntos de las naciones participantes.
¿Un acuerdo destructor de la soberanía?
Algunos documentos filtrados sugieren que las grandes industrias y las empresas multinacionales, incluidas las grandes farmacéuticas que operan en América del Norte, América del Sur y Asia, obtendrían amplios poderes para desafiar las regulaciones, acciones y decisiones de los tribunales de gobiernos soberanos ante tribunales organizados bajo el Banco Mundial o las Naciones Unidas. Este sistema se denomina arbitraje de diferencias inversor-Estado, es decir, que las empresas de capital extranjero se sitúan al mismo nivel que los gobiernos soberanos.
Un documento descubierto por WikiLeaks revela que el TPP fue diseñado para favorecer a las grandes corporaciones transnacionales, permitiendo a las mismas demandar a los gobiernos y solicitar millonarias indemnizaciones a cuenta de los contribuyentes.
Lori Wallach, del grupo estadounidense Public Citizen de defensa del derecho del consumidor, afirma que podría crearse un tribunal secreto en el que las empresas podrán demandar a los gobiernos ante paneles de arbitraje secretos integrados por abogados corporativos que eviten los tribunales nacionales y que anulen la voluntad de los Parlamentos en caso de no conseguir lo que quieren. Según la activista, así se destruiría por completo la legislación y los derechos fundamentales de los Estados democráticos entrarán en riesgo.
De este modo, muchos subrayan que el TPP podría representar una seria amenaza para las naciones soberanas, impidiéndoles desarrollar políticas y leyes que respondan a sus propias prioridades.
Dado que, además de cuestiones comerciales, el acuerdo abarca aspectos como la libertad de Internet, los derechos de autor y la protección de patentes, existe el temor a que el pacto afecte a la libertad de expresión de los ciudadanos.
Una cuestión de salud: ¿Por qué pierden los pacientes con el TPP?
Tras el anuncio de que las negociaciones sobre el TPP entre las 12 naciones había concluido, Médicos Sin Fronteras ha denunciado las implicaciones que supone el pacto para la salud.
"Los grandes perdedores en el TPP son los pacientes y los proveedores de tratamiento en los países en desarrollo", afirma la organización, indicando que se trata del "peor acuerdo comercial para el acceso a los medicamentos en países en desarrollo, que serán obligados a cambiar sus leyes para incorporar abusivas protecciones de propiedad intelectual para las empresas farmacéuticas".
El grupo sostiene que el acuerdo "elevará el precio de los medicamentos para millones de personas al extender innecesariamente monopolios y retrasar aún más la competencia de genéricos para bajar los precios".
Otra filtración muestra que será muy difícil para los fabricantes de medicamentos genéricos competir con los medicamentos de marca en el extranjero. Según el documento, en todos los aspectos que se describen en el capítulo sobre propiedad intelectual del TPP, los negociadores de Estados Unidos defienden a las grandes compañías farmacéuticas y exigen disposiciones de propiedad intelectual más estrictas.
https://actualidad.rt.com/actualidad/187727-cuales-son-peligros-ocultos-tpp
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El pacto secreto del Acuerdo Estratégico Transpacífico de Cooperación Económica (TPP), orquestado por Estados Unidos, se ha convertido en objeto de polémica y de protestas debido al secretismo que lo ha envuelto desde su concepción. Los detractores del acuerdo no creen que se trate de un "comercio justo", sino de la consolidación del poder y de una amenaza para la economía global.
El mayor acuerdo comercial del mundo de los últimos 20 años incluye a Estados Unidos, Australia, Brunéi, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam; naciones que suman juntas el 40% de la economía global.
Tras meses de acalorados debates en las cámaras del Congreso de EE.UU., el pasado 24 de junio el Senado estadounidense aprobó la ley que otorga al presidente Barack Obama el derecho a acelerar las negociaciones sobre los pactos de comercio libre, entre ellos, el TPP. Así, esta 'vía rápida' obliga a los congresistas de EE.UU. a aprobar las leyes propuestas por el presidente sin la posibilidad de introducir cambios.
Según documentos filtrados sobre el controvertido acuerdo, los 12 países están tratando de eliminar todas las barreras al comercio, incluidas las leyes que garantizan la seguridad alimentaria, la protección de la agricultura y la privacidad de la información de los ciudadanos.
Aunque la Administración Obama, que promueve el acuerdo, indica que el negocio se desarrollará en los países firmantes y que sus trabajadores se beneficiarán del pacto, los opositores sugieren que se trata de beneficios económicos que solo afectarán a las grandes corporaciones.
Quienes se oponen al acuerdo dan la voz de alarma y advierten que conlleva riesgos en relación a la manipulación de divisas, la protección del medioambiente y de la salud, la deslocalización de puestos de trabajo, la seguridad alimentaria, los monopolios farmacéuticos, la transparencia del Gobierno y otras cuestiones. De hecho, la transparencia o en este caso lo contrario –el secretismo de las negociaciones- es lo que ha sucitado la mayoría de las suspicacias.
"El secretismo es el primer síntoma de que se está haciendo algo que a la gran mayoría del público no le va a gustar", comenta el economista Félix Moreno en declaraciones a RT.
Además, algunos sugieren que el TPP no es un acuerdo sobre comercio, sino sobre las maniobras geopolíticas y la dominación corporativa sobre los asuntos de las naciones participantes.
¿Un acuerdo destructor de la soberanía?
Algunos documentos filtrados sugieren que las grandes industrias y las empresas multinacionales, incluidas las grandes farmacéuticas que operan en América del Norte, América del Sur y Asia, obtendrían amplios poderes para desafiar las regulaciones, acciones y decisiones de los tribunales de gobiernos soberanos ante tribunales organizados bajo el Banco Mundial o las Naciones Unidas. Este sistema se denomina arbitraje de diferencias inversor-Estado, es decir, que las empresas de capital extranjero se sitúan al mismo nivel que los gobiernos soberanos.
Un documento descubierto por WikiLeaks revela que el TPP fue diseñado para favorecer a las grandes corporaciones transnacionales, permitiendo a las mismas demandar a los gobiernos y solicitar millonarias indemnizaciones a cuenta de los contribuyentes.
Lori Wallach, del grupo estadounidense Public Citizen de defensa del derecho del consumidor, afirma que podría crearse un tribunal secreto en el que las empresas podrán demandar a los gobiernos ante paneles de arbitraje secretos integrados por abogados corporativos que eviten los tribunales nacionales y que anulen la voluntad de los Parlamentos en caso de no conseguir lo que quieren. Según la activista, así se destruiría por completo la legislación y los derechos fundamentales de los Estados democráticos entrarán en riesgo.
De este modo, muchos subrayan que el TPP podría representar una seria amenaza para las naciones soberanas, impidiéndoles desarrollar políticas y leyes que respondan a sus propias prioridades.
Dado que, además de cuestiones comerciales, el acuerdo abarca aspectos como la libertad de Internet, los derechos de autor y la protección de patentes, existe el temor a que el pacto afecte a la libertad de expresión de los ciudadanos.
Una cuestión de salud: ¿Por qué pierden los pacientes con el TPP?
Tras el anuncio de que las negociaciones sobre el TPP entre las 12 naciones había concluido, Médicos Sin Fronteras ha denunciado las implicaciones que supone el pacto para la salud.
"Los grandes perdedores en el TPP son los pacientes y los proveedores de tratamiento en los países en desarrollo", afirma la organización, indicando que se trata del "peor acuerdo comercial para el acceso a los medicamentos en países en desarrollo, que serán obligados a cambiar sus leyes para incorporar abusivas protecciones de propiedad intelectual para las empresas farmacéuticas".
El grupo sostiene que el acuerdo "elevará el precio de los medicamentos para millones de personas al extender innecesariamente monopolios y retrasar aún más la competencia de genéricos para bajar los precios".
Otra filtración muestra que será muy difícil para los fabricantes de medicamentos genéricos competir con los medicamentos de marca en el extranjero. Según el documento, en todos los aspectos que se describen en el capítulo sobre propiedad intelectual del TPP, los negociadores de Estados Unidos defienden a las grandes compañías farmacéuticas y exigen disposiciones de propiedad intelectual más estrictas.
https://actualidad.rt.com/actualidad/187727-cuales-son-peligros-ocultos-tpp
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Abya Yala/$hile- Impactos previsibles del TPP sobre la naturaleza
Eduardo Giesen- Viernes 8 de abril 2016
La eventual aprobación del Tratado TransPacífico (TPP, por sus siglas en inglés) por parte del Congreso y su implementación podrían generar impactos negativos sobre los bienes naturales, el hábitat y medios de vida de comunidades indígenas, el medio ambiente y la salud humana en general, directamente derivados de la aplicación de su capítulo 20, sobre Medio Ambiente, y otros capítulos del Acuerdo.
A continuación exponemos algunos aspectos que nos parecen relevantes al analizar el TPP con un foco en sus impactos sobre la naturaleza y el medio ambiente.
Leyes ambientales al mejor postor
El capítulo 20 del TPP sobre Medio Ambiente, se ocupa, en términos formales, por un amplio conjunto de aspectos ambientales, y, como históricamente lo han hecho los acuerdos de libre comercio, enfatiza el respeto al derecho soberano de las partes de establecer sus propias leyes ambientales y la necesidad de hacerlas cumplir en el territorio de su jurisdicción.
El Tratado también establece que ninguna parte puede deliberadamente debilitar su protección ambiental con el fin de favorecer el comercio o la inversión entre la partes.
Sin embargo, como sabemos a partir de la experiencia acumulada, estos artículos se transforman en letra muerta cuando caen en las interpretaciones que las empresas y los propios gobiernos hacen sobre estas disposiciones.
En concreto, el TPP no se refiere a ningún estándar internacional para el establecimiento y vigencia de leyes ambientales nacionales, como podrían ser las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), limitándose a expresar como criterios “el ejercicio razonable de (la) discrecionalidad” y la “buena fe respecto a la asignación de recursos … para la aplicación de sus leyes ambientales”, quedando estas sometidas a los intereses de los actores empresariales que se beneficiarán del comercio y las inversiones derivadas de la implementación del Tratado.
Flexibilidad y mercantilización de bienes naturales
El cuadro de debilidad normativa ambiental se completa cuando el TPP explícitamente alienta al “uso de mecanismos flexibles y voluntarios para proteger los recursos naturales y el medio ambiente en su territorio”; como “auditorías y informes voluntarios, incentivos basados en el mercado, intercambio voluntario de información y conocimiento especializado, y asociaciones público-privadas.”
Existen múltiples antecedentes de procesos normativos o legislativos ambientales que se han visto obstruido o debilitado para dejar mayor espacio a la “responsabilidad social empresarial” (RSE) y estos mecanismos flexibles, que suelen conllevar procesos de especulación y corrupción, con consecuencias socio-ambientales y económicas negativas.
Con esta misma orientación, el TPP es también explícito y enfático en “promover el comercio y la inversión en bienes y servicios ambientales en la zona de libre comercio” y abordar cualquier potencial barrera no arancelaria a este comercio, configurando un marco generalizado de mercantilización de bienes comunes, y atentando contra la soberanía de pueblos y comunidades indígenas, agricultores, pescadores y otros que co-habitan, usufructúan y ejercen un derecho ancestral o patrimonial en sus territorios.
Así, se intensificarían la presión y la especulación mercantil sobre los bienes naturales, como el agua, el aire, los suelos y subsuelos, la diversidad biológica y genética, e incluso la diversidad cultural, ya fuertemente afectados en la actualidad, y por cuya recuperación pública se han movilizado crecientemente los movimientos sociales y comunidades.
Pobre participación ciudadana
El capítulo 20 contempla unos ambiguos mecanismos para la participación pública respecto de la aplicación del mismo.
Por ejemplo, posibilita -no dispone- la conformación de comités asesores nacionales, “que podrán incluir personas con experiencia relevante, … en negocios, conservación y manejo de recursos naturales, u otros asuntos ambientales.”
Ya tenemos suficiente experiencia con comités de “expertos” en diversas materias -ambientales, entre otras-, nombrados a dedo por el Gobierno, y subordinados a intereses empresariales, y donde la presencia de representantes de la sociedad civil es -en cuanto a proporción y capacidad de decisión- menos que cosmética.
El capítulo ambiental también considera la posibilidad de “comunicaciones públicas” sobre su implementación, emitidas por “personas” (no menciona si pueden ser personas jurídicas o comunidades), que deben ser recibidas por una entidad a ser definida por cada Parte y puestas a disposición del público, al igual que las eventuales respuestas, “por ejemplo mediante su publicación en un sitio web público apropiado”.
Con todo, en los criterios de elegibilidad para atender las comunicaciones públicas queda claro que éstas se orientan a proteger negocios, y no la sustentabilidad ambiental, cuando exigen “explicar cómo, y en qué medida, la cuestión planteada afecta al comercio o a la inversión entre las Partes”.
Corporaciones: de culpables a “víctimas”
Al igual que en otros acuerdos y mecanismos internacionales, el TPP establece la implementación de tribunales privados y poco transparentes, donde las empresas -y sólo las empresas- pueden demandar a un gobierno, si consideran que una ley o una política de éste afecta de manera negativa los beneficios asociados a sus inversiones en dicho país.
De esta manera, se reproduce el marco de profunda injusticia global, bajo el cual numerosas grandes multinacionales han impugnado leyes y reglamentos ambientales que legítimamente buscan proteger a comunidades y ecosistemas de la contaminación y la depredación extractivista.
La biodiversidad amenazada
El TPP se refiere en capítulos especiales tanto al comercio ilegal de especies nativas o en peligro de extinción como a la regulación de la sobrepesca y la pesca incidental. En general, el Tratado no hace más que reiterar criterios y disposiciones ya establecidos en los acuerdos internacionales en estas materias, y que no han sido suficientes para evitar la explotación y comercio ilegales, las malas prácticas (como la pesca de arrastre) y sus consecuencias negativas sobre la vida silvestre en los territorios continentales y marítimos de los países firmantes. Menos aun podrían evitarse en el marco de un comercio más intenso y desregulado.
Asimismo, el TPP promueve la cooperación entre las partes en materias que parecen apuntar positivamente hacia la sustentabilidad, pero que puestas al servicio del comercio internacional aumentan la presión y riesgo sobre la biodiversidad y las comunidades indígenas, como “la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica; la protección y preservación de los ecosistemas y los servicios del ecosistema; y el acceso a los recursos genéticos y la distribución de beneficios derivados de su utilización”.
No se trata del “uso sostenible” por parte de las comunidades que ancestralmente han usado de manera sostenible la biodiversidad, ni de las que han gozado de los “servicios ecosistémicos” sin tener que pagar por ello, ni de los pueblos que se han alimentado y sanado en base al libre acceso a los recursos genéticos que ellos mismos se han encargado por siglos de cuidar. Su soberanía está fuertemente amenazada por el TPP.
Para aumentar el riesgo sobre la biodiversidad y la salud humana, el TPP exige que los países firmantes ratifiquen el Convenio UPOV 91, que privatiza la propiedad intelectual de las semillas y facilita la propagación de cultivos de organismos genéticamente modificados (transgénicos), y que en el caso de Chile ya se intentó mediante la Ley de Obtentores Vegetales (conocida como Ley Monsanto) y que fue retirada del Congreso a comienzos de 2014 debido al fuerte rechazo ciudadano.
El clima de mal en peor
Aparte de un capítulo de dos párrafos expresiones de mera voluntad para una “Transición a una Economía Resiliente y Baja en Emisiones”, el TPP no se hace cargo en absoluto de aportar al enfrentamiento del cambio climático, ni siquiera en lo que se refiere al crítico impacto de la intensificación del propio comercio y el transporte de carga.
Aun más, la implementación del Tratado supone, no sólo un aumento en las exportaciones y el transporte en general, sino también en la explotación y exportaciones de hidrocarburos, particularmente de gas natural licuado o de esquisto, proveniente de faenas de fractura hidráulica (“fracking”) en Norteamérica, con los consiguientes riesgos apara las poblaciones cercanas a esas explotaciones, pero también con el consiguiente aumento en las emisiones de carbono producto de la combustión en los países compradores, como Chile, que ya ha suscrito compromisos con EEUU y proyecta incluso la construcción de un puerto con este objetivo.
http://radio.uchile.cl/2016/
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