miércoles, 30 de enero de 2019

El conflicto mapuche $hileno




CHILE: CONFLICTO MAPUCHE. (Parte 1)



Publicado el diciembre 20, 2018 por Marcelo Solervicens

I.- ARAUCO TIENE UNA PENA…MÁS.



Aún no se disipa la indignación en Chile y el mundo producto del injustificable asesinato del joven mapuche Camilo Catrillanca el 14 de noviembre pasado a manos de Carabineros (policía uniformada). El primer asesinato de un mapuche bajo el gobierno derechista de Sebastián Piñera, se vivió como la crónica de una muerte anunciada. Un desenlace esperado, por la instalación en junio, con gran pompa, del controvertido Comando Jungla, en plena Araucanía. Un Comando entrenado, por su letal homónimo Colombiano, especializado en la guerra contra el narcotráfico y la guerrilla. Un crimen de Estado inscrito, según sus detractores en una escalada militarista, de ribetes racistas, en favor de empresas forestales y latifundistas. ¿Cuáles perspectivas? ¿Cuál solución? Todo indica que sin repensar el territorio chileno, el conflicto mapuche continuará. Crónica de injusticias de siglos. (Parte uno de dos). 


El asesinato de Camilo Catrillanca.



La indignación ante el nuevo asesinato de un comunero Mapuche, un weichafe ajusticiado, se volcó en numerosas movilizaciones, violentamente reprimidas en todo Chile. Movilizaciones que unificaron, los movimientos sociales: feministas contra la violencia de género; de derechos humanos, estudiantiles (Confech y COEM); laborales (CUT); ambientales, contra las llamadas zonas de sacrificio. Hasta el futbol se movilizó, por el minuto de silencio de Jean Beausejour Coliqueo.

Un asesinato denunciado por la prensa (BBC, Le monde) y organismos internacionales (CIDH, Amnistía Internacional). De paso en Nueva Zelandia, Piñera hizo el saludo Maorí, pero debió enfrentar las protestas por el asesinato del comunero Mapuche en su país. A un mes del asesinato de Camilo Catrillanca, los banderazos y cacerolazos siguen resonando, pese a la fuerte represión de Carabineros.

La cólera fue exacerbada por el burdo tejido de mentiras de Carabineros para encubrir el crimen como un enfrentamiento. Resabios persistentes de otra época. La manipulación de pruebas recuerda los falso mensajes de celular atribuidos a la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) en la reciente Operación Huracán.

Y es que la falsa versión inicial de carabineros fue apoyada por el Gobierno Piñera: Desde el jefe de la Araucanía, Luis Mayol hasta el Ministro del Interior Andrés Chadwick, que ejercía como la más alta autoridad política del país en ausencia de Piñera. El Director de carabineros Hermes Soto, nombrado por Piñera en marzo, insistió que Catrillanca murió en un enfrentamiento.

La burda manipulación duró hasta que el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y la jueza Sandra Naheuelcura confirmaron que fue un homicidio. Uno de los Carabineros inculpados, Carlos Alarcón, reconoció que la tarjeta que grabó el asesinato fue destruida, por orden superior.

Los hechos verdaderos y las exigencias de renuncia, gatillaron la primera crisis del Gobierno Piñera y de su Plan Araucanía.


Una Crisis Política



El gobierno Piñera lanzó la gestión de crisis, para controlar la agenda política frente acríticas de partidos de oposición. Cayo su popularidad y la de su gobierno a lo más bajo en su mandato (38%), la de carabineros cayó en 25 puntos.

Por un lado, acusó de oportunismo por usar la muerte de Catrillanca. Renunció el Intendente Luis Mayol, que fuera ministro de la agricultura en el primer gobierno de Piñera, declarándose chivo expiatorio. Se echó la culpa a las mentiras de 11 oficiales dados de baja y cuatro carabineros procesados que mintieron, pero no al Director de la policía uniformada.

La diputada de oposición de origen Mapuche-Huiliche, Emilia Nuyado (PS) consiguió interpelar el Ministro Chadwick el 11 de diciembre. Pero Chadwick, no asumió ninguna responsabilidad política por ocultar información y por el asesinato mismo, si conservó su puesto. Lo que queda es la creación de una comisión investigadora por muerte de Catrillanca que entregará su informe en abril.

Piñera apostó a controlar la crisis aceptando retirar el Comando Jungla. Pero anunció su remplazo por Fuerzas Especiales de Carabineros. Las mismas unidades a las que pertenecían quienes fueron entrenadas en Colombia y que han controlado la seguridad en la región desde hace años.

Opositores, como el otrora jefe de la región durante el gobierno de Michelle Bachelet, Francisco Huenchumilla (PDC), consideró era una señal importante. “Una buena noticia según, Giorgio Jackson (FA-RD). Remueve un obstáculo al diálogo, Ricardo Celis (PPD). Otros fueron más cautos: El PC, monitoreará si ello se traduce en dialogo efectivo. Aucán Huilcamán (Consejo de todas las tierras), como paso en la buena dirección. El padre de Camilo Catrillanca no cree que se termine la militarización y que haya dialogo. Héctor Llaitul de la CAM considera que las Fuerzas Especiales, incrementarán la disputa territorial.

¿Aquí No Pasó Nada?


Foto: Eluwun/Funeral del joven mapuche Camilo Catrillanka

El gobierno terminó circunscribiendo la crisis a problemas de funcionamiento de carabineros, como señala Harald Beyer. Por lo pronto, dos inculpados están en prisión preventiva, los otros dos fueron liberados. Se mantienen los problemas de carabineros, como institución (venta de armas a delincuentes; fraudes; abusos de poder; falta de control; privilegios; impunidad),

La protesta por el asesinato de Camilo Catrillanca y la exigencia de desmilitarización de la Araucanía, hizo retroceder al gobierno. Pero Las Fuerzas Especiales, seguirán aplicando la ley antiterrorista que criminaliza la lucha por la recuperación del territorio robado a los Mapuche.

A pesar de ello, Piñera sufrió fuego amigo. Porque cedió ante grupos de interés y deja sin resguardo individuos y empresas según Marcelo Zirotti (SOFO) y la pinochetista, Camila Flores (RN). El presidente de RN, Mario Desbordes, lo ve como una derrota porque los mapuches armados hay que enfrentarlos con lo mejor. El fascista José Antonio Kast, criticó una derecha light que se guía por las encuestas. Su fascista partido Acción Republicana acogió el UDI Ignacio Urrutia. Los Pinochetistas se revelan. Piñera derechiza y rompe la promesa de gobernar concitando grandes consensos.

El asesinato de Camilo Catrillanca, desplomó el Plan Araucanía, una promesa emblemática de Piñera. Aunque insista en mantener sus cuatro pilares: (1) dialogo de acuerdos; (2) desarrollo económico y social; (3) revalorización y reconocimiento de los pueblos originarios; es el (4) la seguridad, el que predomina.

Perdió interlocutores como la Asociación de Municipios con Alcaldes Mapuche. Reunidos, (Futa Txawun) lonkos y dirigentes mapuches suspendieron todo diálogo con Piñera. Reiteraron las exigencias de desmilitarización de la zona; de restitución de los territorios; de creación de una comisión de esclarecimiento histórico y; el respeto al derecho a la libre determinación. 

La declaración Llamaron a seguir con la desobediencia y movilizaciones. Se volvió a fojas cero.

Un Conflicto de Facetas Múltiples


Foto: Wenufolle/Bandera, símbolo espiritual de unidad mapuche

Las consecuencias del asesinato de Camilo Catrillanca penarán el gobierno Piñera. Fracasó su violenta estrategia de pacificación del Wallmapuche. También la del trabajo con los buenos mapuches mediante el Plan Araucanía.

Los grandes planes de la industria forestal acrecentarán la violencia. Entre otros, el controvertido MAPA (modernización y ampliación de la planta Arauco). El proyectado aumento de superficies plantadas para triplicar la producción de pulpa de celulosa de la más grande planta de Latinoamérica provocará un terrible impacto ambiental, social y económico, que será combatido por las comunidades mapuches.

Para muchos, el problema es un modelo forestal no sustentable. Y es que detrás del asesinato de Camilo Catrillanca están los intereses de una industria forestal, ávida de territorios de comunidades mapuches. Con 3,5% del PIB la forestal, del duopolio de los grupos Angelini y Matte, es la segunda actividad económica del país. Al centro del modelo neoliberal exportador de materias primas instalado bajo la dictadura pinochetista. Un modelo económico agotado, que profundiza la crisis climática y las desigualdades sociales.

El asesinato de Camilo Catrillanca atrae la atención a los crímenes de estado recientes, en democracia. Revela aristas y las fake news de la historiografía chilena, las injusticias de siglos contra los mapuches. Las luchas comunes de colonos, campesinos y mapuches. El impacto de normas internacionales sobre pueblos indígenas suscrito por Chile. Y muchos otros aspectos.

Detrás de las piruetas del gobierno Piñera y de los gobiernos civiles desde 1990, se interpela la izquierda chilena, tradicional o moderna. El repensar Chile desde el agotamiento y crisis del neoliberalismo económico, político y social. Lo inviable del modelo extractivista y exportador neoliberal por la crisis climática; la profundización de las desigualdades sociales. De repensar la participación ciudadana; la despolitización y el desencanto por el común. 


Exploraremos pistas en la Parte 2. http://marcelosolervicens.org/2018/12/chile-conflicto-mapuche-parte-1-catrillanca/

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CHILE: CONFLICTO MAPUCHE. (Parte 2)


Publicado el enero 8, 2019 por Marcelo Solervicens

Conflicto Mapuche Desvela Crisis de Carabineros y Estado de Derecho



El asesinato del joven Mapuche Camilo Catrillanca desveló la crisis institucional de Carabineros: Se agregó a la impunidad, a los abusos policiales en la Araucanía y en el resto de Chile, al escándalo de la Operación Huracán, a los fraudes al fisco y las denuncias de corrupción. Luego de la forzada renuncia forzada del Director de Carabineros Hermes Soto, reemplazado por Mario Rozas; ahora es Andrés Chadwick, Ministro del Interior, primo del Presidente Piñera, quien arriesga una acusación constitucional por sus mentiras para encubrir el asesinato del comunero Mapuche.

El asesinato de Camilo Catrillanca despertó conciencia sobre la banalización de las muertes de Mapuche. De las violaciones de derechos individuales y colectivos indígenas pese al Convenio 169 de la OIT (adoptado en 2008). La inaceptable militarización de la Araucanía, escalada con la instalación del Comando Jungla, dio carta blanca a Carabineros. Hasta el derechista ex candidato presidencial Manuel José Ossandón (RN), reconoció en la Tercera que: “si tu traes o creas un Comando Jungla, era evidente que iban a matar a una persona”.

Mientras tanto, el conflicto Estado y Mapuche en la Araucanía, sigue abierto. El retiro del Comando Jungla fue una movida de fachada. El emblemático Plan Araucanía del Gobierno Piñera se quedó sin interlocutores. No modera el salvaje y predador modelo de acumulación de las forestales y las empresas hidroeléctricas.

Las izquierdas redescubren con el conflicto Estado y Mapuche las contradicciones de su propia experiencia pos dictatorial y las limitaciones del fin de la transición en 2005. Algunos sueñan hoy que Piñera termine controlando Carabineros; tarea que no lograron los Gobiernos de la Concertación y Nueva Mayoría. Pero, al terminar el periodo de inconclusa transición democrática desde 1990, aumenta el consenso sobre la insuficiente democratización del Estado de Derecho y el necesario reposicionamiento de la izquierda chilena.
El Asesinato de Catrillanca No Fue el Primero…

La violencia policial contra los Mapuche se ha profundizado desde 2000. El uso abusivo de la Ley Antiterrorista viola el debido proceso. La militarización de la Araucanía ha provocado al menos dieciséis asesinatos; abuso de la detención preventiva y criminalización de reivindicaciones territoriales. La política de todos los gobiernos democráticos desde 1990 echa gasolina al fuego y lleva el conflicto Chileno-Mapuche a un callejón sin salida.



Recordemos, el asesinatos de Alex Lemún (2002) sancionado por la CIDH. El del Lonko Juan Collihuin (2006) y de Matías Catrileo (2008). El de Jaime Mendoza (2009), cuyos culpables, nunca fueron a la cárcel. A ellos se agrega de José Huenante (2005) detenido/desaparecido en democracia. El asesinato no elucidado del joven RodrigoMelinao (2013), cuando era buscado por la Carabineros, pero absuelto post-mortem de culpas un año después. También, los asesinatos de Luis Marileo y Patricio Gonzales por el latifundista y ex Carabinero Ignacio Gallegos.

Agreguemos el uso abusivo de la detención preventiva resultante del uso de la Ley Antiterrorista heredada de Pinochet y condenada por la CIDH en la Causa Norin Catrimán(2014). Un uso abusivo de meses y hasta años de injustificada detención preventiva, incluyendo tortura y tratos inhumanos y degradantes de inocentes finalmente absueltos sin cargos: como Francisca Linconao y otros once comuneros en el caso Luchsinger-Mackay; de 8 comuneros del Lof Choque. Un abuso inaceptable como la detención preventiva de 8 líderes de la CAM por la Operación Huracán, (un montaje de pruebas falsas por Carabineros) o el uso de testimonios ocultos de agentes infiltrados de Carabineros.

El uso excesivo de la fuerza por Carabineros-y PDI son constantemente denunciados por el INDH; Amnistía Internacional, la ONU y la CIDH, El Estado no enfrenta la discriminación de mujeres y la violencia contra la niñez Mapuche, percibida como conflicto inter-cultural profundo.
¿Seguirá la Violencia en la Araucanía?

Los videos publicados por CIPER y CHV, en diciembre, revelaron la descomposición institucional de Carabineros, responsable de la nueva pacificación de la Araucanía. Todas las versiones de carabineros eran mentiras: nunca hubo enfrentamiento. Fue un ajusticiamiento. Un documento revelado por CIPER abre más interrogantes.



La manipulación de pruebas; mentiras descaradas y peticiones de impunidad rebajaron a escarnio, el encubrimiento del asesinato de Camilo Catrillanca. El Gobierno Piñera que había apoyado la versión del Director de Carabineros, Hermes Soto, le pidió la renuncia, pero no resolvió el problema. Su Ministro del Interior Andrés Chadwick, que se la jugó por Soto, sale debilitado. La oposición evalúa nuevamente presentar una acusaciónconstitucional. Instalar el Comando Jungla en la Araucanía es abiertamente criticado hasta dentro de la derecha como un error de Piñera.

Algunos presentan el asesinato de Catrillanca como el resultado de la pugna interna entre Hermes Soto y el exjefe de carabineros Bruno Villalobos. Soto buscaba limpiarCarabineros (Navarro). Villalobos habría filtrado informaciones comprometedorasmostrando que Soto no controlaba ni sus huestes, ni el discurso público. Una venganza por haber sido renunciado en marzo por Piñera, por el escándalo de la fabricación de pruebas de la Operación Huracán, bajo el Gobierno Bachelet. Villalobos fue formalizado (detenido) por del asesinato en tortura de Patricio Manzano (1985).

A pesar de que Piñera anunció el retiro del Comando Jungla, aumentó la PDI y Fuerzas Especiales. Sigue la militarización de la Araucanía. Carabineros desalojó con disparos 7 fundos el 31 de diciembre. Una intervención asociada circunstancialmente al asesinato del Lonko Juan Mendoza. La CAM llamó a continuar la recuperación de territorios. Alcaldes de Collipulli y Ercilla amenazan con desalojar sus municipalidades tomadas por Mapuche. Moreno no tiene interlocutores para el Plan Araucanía. La popularidad de Piñera cae en las encuestas.


Conflicto Mapuche Estado Desvela Crisis de Carabineros
Las mentiras de Carabineros para justificar el asesinato del comunero Mapuche, revelaron que la profunda crisis de Carabineros tiene impactos políticos. Las mentiras del asesinato de Camilo Catrillanca hicieron perder toda credibilidad a la institución clave del Estado de Derecho, ocupada del control ciudadano y combatir el delito. A ello se agrega, la acumulación de querellas por abusos persistentes; los coletazos de la Operación Huracán y; la corrupción por un fraude al fisco por 28 mil millones de pesos. Todo ello, en condiciones privilegiadas de autonomía presupuestaria y pensiones millonarias y de impunidad, como sus congéneres de las FFAA.



Como un mago de feria, Piñera retiró el Comando Jungla, remplazándolo por Fuerzas Especiales. Instaló como nuevo Director de Carabineros a Mario Rozas, su antiguo edecán. Como si sus dotes de comunicador le permitieran restablecer de por sí la credibilidad de Carabineros. Pero el problema es más grave. La resistencia de Hermes Soto, a renunciar obligo a que Piñera pidiera el respaldo del Congreso y la Contraloría. Un Presidente de un Gobierno de Ley y Orden, tuvo que confesar que no controla Carabineros.

La reformas de 2005 de Lagos, del fin de la transición no sirven pues de Hirtsch a Portales, reconocen que la democracia sigue tutelada. Son fundadas las dudas francesas. Muchos esperan que un Gobierno de Orden y Seguridad como el de Piñera consiga la subordinación efectiva de Carabineros y… las FF.AA. a autoridades civiles.

El asesinato de Catrillanca resquebrajó el “garrote”, de seguridad, del Plan Araucanía. Sólo un control civil transparente, que termine con un resabio persistente de la dictadura pinochetista, podría restablecer la confianza en la Institución. Nadie cree seriamente que ello llevaría a desmilitarizar o dejar de aplicar la Ley Antiterrorista en la Araucanía porque el diálogo chocaría con los intereses de las empresas forestales.


¿Y… Que Dice la Izquierda?
Desde la perspectiva de los grandes ciclos de los pueblos, la crisis revelada por la crisis política e institucional del asesinato de Camilo Catrillanca interpela una izquierda europeizante que invisibilizó al Mapuche desde el retorno de Gobiernos civiles en 1990.

Interpela el modelo neoliberal globalizante y depredador de acumulación que motiva la usurpación de territorios Mapuche en la Araucanía. Un proceso histórico denunciado tradicionalmente por la izquierda chilena, particularmente durante el Gobierno de Salvador Allende. Una postura crítica desde la colonización e inserción forzada del territorio Mapuche en la economía mundial en el siglo XIX.

Recuerda las promesas de resolución del conflicto inter-cultural Mapuche Estado como con el Acuerdo de Nueva Imperial, las promesas de Nuevo Trato con los pueblos indígenas. De reconocimiento constitucional, de respeto de las normas de derecho internacional fijadas por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado por Chile en 2008.

Ello interpela una izquierda que olvida heroicas luchas de Mapuche, campesinos y colonos contra latifundistas (Ranquil en 1934, la reforma agraria entre 1964 y 1973) y recuerda la necesidad de una izquierda resueltamente anticolonial, anclada en el territorio nacional. Que defienda los intereses de trabajadores, campesinos, capas medias y pueblos originarios. Seguiremos el análisis en una Tercera parte.


Foto: Eluwun/funeral del joven mapuche Camilo Catrillanka.
http://marcelosolervicens.org/2019/01/chile-conflicto-mapuche-parte-2-carabineros/
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CHILI - Le conflit mapuche. Deuxième partie, Le conflit révèle la crise au sein des Carabiniers et de l’État de droit


Marcelo Solervicens

vendredi 25 janvier 2019, mis en ligne par Françoise Couëdel


Mercredi 9 janvier 2019.

L’assassinat injustifiable du jeune Mapuche Camilo Catrillanca (le 14 novembre 2018) a révélé une crise institutionnelle chez les Carabiniers, alors que grandit le consensus sur l’insuffisance démocratique de l’État de droit au Chili et que s’achève la période politique de transition démocratique inachevée initiée en 1990.

L’assassinat de Camilo Catrillanca a réveillé les consciences sur la banalisation des morts de Mapuche, qui ont atteint le nombre de 16, et sur d’innombrables violations de droits individuels et collectifs indiens malgré la Convention 169 de l’Organisation internationale du travail (OIT), adoptée en 2008. La militarisation inacceptable de l’Araucanie, qui est montée en puissance avec l’installation du Commando Jungle, a donné carte blanche aux Carabiniers et a révélé l’insuffisante démocratisation de l’État de droit au Chili. Même Manuel José Ossandon (RN), l’ex candidat de droite à la présidence, a déclaré dans le quotidien La Tercera « si on amène ou si on crée un Commando Jungle, il est évident qu’il y aura des morts ».

Le conflit entre l’État et les Mapuche dans l’Araucanie, a fait exploser la crise institutionnelle qui touche les carabiniers. La démission forcée du Directeur des carabiniers a révélé les limites de l’accord de fin de la transition sous le gouvernement de Ricardo Lagos en 2005. Certains espèrent que, à la différence des gouvernements de la Concertation ou de la Nouvelle majorité, la droite institutionnalise le contrôle des carabiniers par le Gouvernement élu au suffrage populaire.

Indéniablement la crise de l’Araucanie est toujours d’actualité. Le retrait du Commando Jungle est un geste de façade qui ne freinera pas la répression et la militarisation de la zone. Le plan Araucanie emblématique de la coalition de droite qui gouverne, Chile Vamos (En avant le Chili), s’est retrouvé sans interlocuteurs mais il y a peu de chance que les compagnies forestières et les entreprises hydroélectriques modifient leur modèle déprédateur d’accumulation. Les gauches redécouvrent dans le conflit mapuche les contradictions de leur expérience post-dictatoriale et la nécessité de repenser le Chili.
L’assassinat de Catrillanca n’est pas le premier

La violence policière contre les Mapuche s’est accentuée depuis 2000. L’usage abusif de la Loi antiterroriste viole le processus légal. La militarisation de l’Araucanie a provoqué au moins seize assassinats ; l’abus de la détention préventive et la criminalisation des revendications territoriales sont permanents. La politique de tous les gouvernements démocratiques depuis 1990 jette de l’huile sur le feu et conduit le conflit chileno-mapuche à une impasse.

Rappelons l’assassinat d’Alex Lemún (2002), sanctionné par la Commission interaméricaine des droits de l’homme (CIDH), celui du Lonko [1] Juan Collihuin (2006), de Matías Catrileo (2008), celui de Jaime Mendoza (2009), dont les coupables n’ont jamais été incarcérés. À cette liste il faut ajouter José Huenante (2005), détenu/disparu en démocratie. L’assassinat non élucidé du jeune Rodrigo Melinao (2013), alors qu’il était recherché par les carabiniers, mais absous post-mortem de toutes fautes, un an plus tard. Sans compter les assassinats de Luis Marileo et Patricio Gonzales par le latifundiste et ex carabinier Ignacio Gallegos.

Ajoutons l’usage abusif de la détention préventive qui résulte de la loi anti-terroriste héritée de Pinochet et condamné par la CIDH dans le cas de Norín Catrimán (2014). Un usage abusif de mois et même d’années de détention préventive injustifiée, allant jusqu’à des tortures et des traitements inhumains et dégradants d’innocents, finalement innocentés sans charge : comme ceux de Francisca Linconao et onze autres membres de communautés dans le cas de Lucsinger-Mackay ; de huit membres de la communauté Lof Choque. Un abus inacceptable, comme la détention préventive de huit leaders de la Coordination Arauco-Malleco (CAM) pour l’opération Huracán [opération Ouragan] (un montage par les carabiniers de fausses preuves) ou l’usage de témoignages occultes d’agents infiltrés des Carabiniers.

L’usage excessif de la force par les Carabiniers et la Police d’investigation (PDI) est constamment dénoncé par l’INDH, Amnesty international, l’ONU et le CIDH. L’État ne prend pas en compte la discrimination à l’égard des femmes et la violence contre les enfants mapuche, perçue comme un conflit interculturel profond.
La violence dans l’Araucanie va-t-elle continuer ?

Les vidéos diffusées par le CIPER [2] et le CHV, en décembre, ont révélé la décomposition institutionnelle du corps des carabiniers, responsable de la nouvelle pacification de l’Araucanie. Toutes les versions des Carabiniers étaient mensongères : il n’y a jamais eu d’affrontement. Ce fut une exécution. Un document dévoilé par le CIPER pose encore plus de questions.

La manipulation des preuves, les mensonges éhontés et les demandes d’impunité ont réduit jusqu’à la dérision, la dissimulation de l’assassinat de Camilo Catrillanca. Le gouvernement de Piñera qui avait soutenu la version du directeur des Carabiniers, Hermes Soto, a exigé sa démission mais n’a pas résolu le problème. Son ministre de l’Intérieur, Andrés Chadwick, qui a pris parti pour Soto, en ressort affaibli. L’opposition envisage de présenter à nouveau une accusation constitutionnelle. Installer à nouveau le commando Jungle dans l’Araucanie est ouvertement critiqué jusque au sein même de la droite et considéré comme une erreur de Piñera.

Certains présentent l’assassinat de Catrillanca comme le fruit d’un conflit interne entre Hermes Soto et l’ancien chef des carabiniers Bruno Villalobos. Soto cherchait à blanchir des carabiniers (Navarro). Villalobos aurait laissé filtrer des informations compromettantes montrant que Soto ne contrôlait ni ses troupes, ni son discours politique. Une vengeance pour avoir été démissionné par Piñera en mars, en raison du scandale de la fabrication de preuves de l’Opération Huracán, sous le gouvernement de Bachelet. Villalobos avait été mis sous contrôle judiciaire (détenu) pour l’assassinat de Patricio Manzano (1985).

Bien que Piñera ait annoncé le retrait du Commando Jungle, il a augmenté les effectifs du Service d’enquête de la police (PDI) et des Forces spéciales. La militarisation de l’Araucanie continue. Des carabiniers ont fait évacuer par des tirs 7 terres communautaires, le 31 décembre. Une intervention associée, comme par hasard, à l’assassinat du Lonko Juan Mendoza. La CAM a appelé à continuer la récupération des territoires. Des maires de Collipulli et Ercilla menacent d’expulser de leurs municipalités les Mapuche qui les occupent. Moreno n’a pas d’interlocuteurs pour le Plan Araucanie. La cote de popularité de Piñera chute dans les enquêtes.
Le conflit Mapuche contre l’État révèle la crise au sein des carabiniers

Les mensonges des carabiniers pour justifier l’assassinat du membre de la communauté mapuche, ont révélé que la crise que vit le corps des carabiniers a des impacts politiques. Les mensonges sur l’assassinat de Camilo Catrillanca ont fait perdre toute crédibilité à l’institution pilier de l’État de droit, sensée être en charge du contrôle citoyen et de la lutte contre les délits. À cela s’ajoute l’accumulation de plaintes pour abus persistants ; les soubresauts de l’opération Huracán et la corruption pour fraude du fisc de 28 milliards de pesos. Tout cela, dans des conditions privilégiées d’autonomie budgétaire, de pensions exorbitantes et d’impunité, comme celles de leurs congénères des Forces armées.

Tel un prestidigitateur, Piñera a retiré le commando Jungle et l’a remplacé par des Forces spéciales. Il a nommé comme nouveau directeur des Carabiniers Mario Rozas, son ancien aide de camp. Comme si ses dons de communicant lui permettaient de rétablir à lui seul la crédibilité des Carabiniers. Mais le problème est plus grave. La résistance de Hermes Soto à démissionner a obligé Piñera à demander le soutien du Congrès et du Contrôleur. Un président dont la devise est Loi et Ordre a dû avouer qu’il ne contrôle pas les Carabiniers.

Les réformes de 2005 de Lagos, pour mettre fin à la transition, n’ont donc servi à rien. De Felipe Portales à Martín Hirsch, tout le monde reconnaît que la démocratie est toujours sous tutelle. Les doutes exprimés par la France sont fondés. Beaucoup espèrent qu’un gouvernement d’ordre et de sécurité comme celui de Piñera parvienne à subordonner de façon effective les Carabiniers et de l’armée aux autorités civiles.

L’assassinat de Catrillanca a desserré « l’étau » de sécurité du plan Araucanie. Seul un contrôle civil transparent, qui liquide les relents persistants de la dictature pinochetiste, pourrait rétablir la confiance dans l’institution. Personne ne croit sérieusement que cela conduirait à démilitariser la zone ou à cesser d’appliquer la Loi antiterroriste dans l’Araucanie car le dialogue serait dirigé contre les intérêts des entreprises forestières.

Et… Que dit la gauche ?

Dans la perspective des grands cycles de l’histoire, le malaise révélé par la crise institutionnelle et politique de l’assassinat de Catrillanca interpelle une gauche européiste qui a tenu pour invisibles les Mapuche depuis le retour des gouvernements civils en 1990.

Cela remet en question le modèle néolibéral globalisant et prédateur de l’accumulation qui explique l’usurpation des territoires mapuche dans l’Araucanie. Un processus historique dénoncé traditionnellement par la gauche chilienne, particulièrement sous le gouvernement de Salvador Allende. Une position critique depuis la colonisation et l’intégration forcée du territoire mapuche dans l’économie mondiale au XIXe siècle.

Cela rappelle les promesses de résolution du conflit interculturel Mapuche-État comme celles de l’accord de Nueva Imperial, les promesses d’un Traitement nouveau des peuples indiens, de reconnaissance constitutionnelle, de respect des normes du droit international fixées par la Convention 169 de l’Organisation internationale du travail, ratifiée par le Chili en 2008.

Cela interpelle une gauche qui oublie les luttes héroïques des paysans et des colons des communautés contre les latifundistas (Ranquil en 1934, la réforme agraire entre 1964 et 1973) et rappelle la nécessité d’une gauche résolument anticoloniale, ancrée sur le territoire national. Une gauche qui défende les intérêts des travailleurs, des paysans, des couches moyennes et des peuples originels.

Nous poursuivrons notre analyse dans une troisième partie.

Traduction française de Françoise Couëdel.

http://www.alterinfos.org/spip.php?article8395


miércoles, 9 de enero de 2019

Naciones ancestrales, las primeras víctimas del gobierno de Bra$il


“Luchamos por la demarcación de nuestro territorio”, dice una pancarta en una marcha de indígenas de las que llegan hasta Río de Janeiro desde las comunidades de los 305 pueblos originarios de Brasil, para reclamar los derechos que les reconoce la Constitución y que el presidente ultradrechista Jair Bolsonaro comenzó a desconocer nada más comenzar su mandato. Crédito: Mario Osava/IPS

Los indígenas, primeras víctimas del nuevo gobierno en Brasil

Por Mario Osava©


RÍO DE JANEIRO, 8 ene 2019 (IPS) - “Ya fuimos diezmados, tutelados y víctimas de la política integracionista de gobiernos y el Estado Nacional”, recordaron líderes indígenas, para rechazar las propuestas y medidas del nuevo gobierno de Brasil sobre los pueblos originarios.

En carta abierta al presidente Jair Bolsonaro, líderes de los pueblos aruak baniwa y apurinã, que viven en las cuencas de los ríos Negro y Purus, en el noroeste amazónico de Brasil, protestaron contra el decreto que somete desde ahora las tierras indígenas al Ministerio de Agricultura, gestor de intereses contrarios a los de pobladores originarios.

Los indígenas representarán probablemente la resistencia más inflamable a la ofensiva del nuevo gobierno de extrema derecha en Brasil, que tomó posesión el 1 de enero y cuyas primeras medidas tienden a desmantelar avances durante las tres últimas décadas a favor de los 305 pueblos originarios registrados en este país.

Para eso cuentan con el artículo 231 de la Constitución brasileña, vigente desde 1988, que les asegura “derechos originarios sobre las tierras que tradicionalmente ocupan”, además de reconocerles “su organización social, costumbres, lenguas, creencias y tradiciones”.

A eso se suman reglas internacionales ratificadas por el país, como el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo, que defiende derechos indígenas y condiciona proyectos que los afectan a consulta previa, libre e informada a las comunidades amenazadas.

Fue indígena la más aguerrida resistencia a la construcción de centrales hidroeléctricas que represan grandes ríos amazónicos, especialmente la de Belo Monte, construida sobre el río Xingu entre 2011 y 2016 y cuyas turbinas está previsto que terminen de instalarse este año.

Quitar a la Fundación Nacional del Indígena (Funai) la competencia de identificar y demarcar legalmente las llamadas Tierras Indígenas, transfiriéndola al Ministerio de Agricultura, significa que se estancará la definición de nuevas áreas y se pondrá en peligro a las ya establecidas.

Habrá una revisión de las demarcaciones de tierras indígenas hechas en los 10 últimos años, anunció el flamante secretario de Asuntos de Tierras de ese ministerio, Luiz Nabhan García, que ahora es el responsable del tema.

García es el líder de la Unión Democrática Ruralista, un colectivo de terratenientes (latifundistas), especialmente ganaderos, protagonista de frecuentes y violentos conflictos por la tierra.

El mismo Bolsonaro ya anunció la intención de revisar el área de Raposa Serra do Sol, tierra indígena homologada en 2005, en medio de batallas jurídicas que terminaron en 2009 con un fallo del Supremo Tribunal Federal, que reconoció la validez de la demarcación.

El guaraní Hamilton Lopes y su hija, frente a su choza, donde su familia vive muy precariamente en tierras sin demarcar y con amenazas de expulsión, en la frontera de Brasil con Paraguay. Los terratenientes se apropiaron de las tierras del segundo pueblo más numeroso del país, provocando el un gran número de asesinatos y suicidios de indígenas. Crédito: Mario Osava/IPS

Ese territorio indígena abarca 17.474 kilómetros cuadrados y cerca de 20.000 pobladores de cinco etnias distintas, en el norteño estado de Roraima, fronterizo con Guyana y Venezuela.

En Brasil existen actualmente 486 Tierras Indígenas homologadas, es decir, con el proceso de demarcación concluido totalmente, y 235 unidades aún por demarcar, de las que 118 están en fase de identificación, 43 ya identificadas y 74 declaradas.

“Los gobernantes hablan, pero revisar exigiría cambios constitucionales o la comprobación de fraudes y vicios en el proceso que no parecen usuales”, matizó Adriana Ramos, directiva del Instituto Socioambiental, organización no gubernamental con una amplia y respetada actuación indigenista y ambiental.

“Ya hubo retrocesos en las primeras decisiones del gobierno, con la mengua del órgano indigenista y separación de sus funciones. También el Ministerio de Salud anunció modificaciones en la política hacia la población indígena, sin presentar propuestas, amenazando empeorar lo que ya es malo”, acotó a IPS desde Brasilia.

“La tendencia es paralizar el proceso de demarcación de tierras, que ya venía muy lento en los gobiernos anteriores” y lo peor es que las declaraciones contra derechos “operan como gatillo para violaciones que agravan conflictos, generando inseguridad entre los pueblos indígenas”, advirtió Ramos.

En los primeros días del año, y del gobierno de Bolsonaro, taladores de madera ya invadieron la tierra indígena del pueblo arara, cerca de Belo Monte, con el riesgo de confrontaciones armadas, señaló.

Los indígenas del pueblo guaraní, el segundo grupo indígena más numeroso del país -detrás del tikuna, que residen en el norte-, son los más vulnerables a la situación, especialmente sus comunidades establecidas en el centrooriental estado de Mato Grosso do Sul.

Batallan por la demarcación de varias tierras y la ampliación de las ya demarcadas en áreas insuficientes, y en esa lucha ya sufrieron el asesinato de decenas de líderes, mientras soportan condiciones de sobrevivencia cada vez más precarias.

Indígenas karioca cupobos, pintados y armados para el combate, antes de participar en una manifestación por los derechos indígenas en Río de Janeiro, en Brasil. Crédito: Mario Osava/IPS

“La grave situación se hace peor con el nuevo gobierno. Nos ahorcan al dividir la Funai y atribuir la demarcación al Ministerio de Agricultura, dirigido por ruralistas, enemigos número uno de los indígenas”, resumió Inaye Gomes Lopes, una joven profesora indígena que vive en la Aldea Ñanderu Marangatu, en Mato Grosso do Sul, cerca de la frontera con Paraguay.

La Funai mantiene sus funciones asistenciales y de defensa de derechos pero pasa a estar subordinada al nuevo Ministerio de la Mujer, Familia y Derechos Humanos, comandad por Damares Alves, una abogada y pastora evangélica de polémicas opiniones.

“Solo tenemos ocho tierras demarcadas en el estado y una fue anulada (en diciembre). Lo que tenemos se debe a muchos que murieron, sin que sus asesinos fuesen encarcelados”, sostuvo Lopes, quien imparte clases en una escuela que homenajea en lengua indígena a Marçal de Souza, líder guaraní asesinado en 1982.

“Buscamos formas de resistir y ‘apoyadores’, incluso internacionales. Estoy preocupada, no duermo de noche”, confesó a IPS en diálogo desde su aldea, en relación al nuevo gobierno, cuyas manifestaciones en relación a los indígenas considera “una injusticia con nosotros”.

Bolsonaro aboga por la “integración” de los indígenas, con lo que se refiere a la asimilación con la sociedad blanca, una vieja y sobrepasada pretensión de la élite blanca.

Condenó que los indígenas sigan viviendo “como en zoológicos”, ocupando “15 por ciento del territorio nacional”, cuando suman, según sus datos, menos de un millón de personas, en un país de 109 millones de habitantes.

“No somos nosotros que tenemos gran parte del territorio brasileño, pero si los grandes latifundistas, los ruralistas, el agronegocio y otros que poseen más de 60 por ciento del territorio nacional”, contrarrestó la carta pública de los pueblos baniwa y apurinã.

En realidad las tierras indígenas suman 13 por ciento de Brasil y 90 por ciento se ubican en la Amazonia, corrigieron los firmantes del manifiesto.

“No somos manipulados por ONG (organizaciones no gubernamentales)”, respondieron a otra acusación “fruto de prejuicios” del presidente.

La paranoia de algunos jerarcas militares, como el ministro del Gabinete de Seguridad Institucional, el general retirado Augusto Heleno Pereira, es que los pobladores de Tierras Indígenas bajo influencia de ONG declaren la independencia de sus territorios, apartándose de Brasil.

El temor obedece principalmente, se aduce, a áreas fronterizas y, peor, a aquellas ocupadas por pueblos que viven en los dos lados de la frontera, como los yanomamis, que reparte su población entre Brasil y Venezuela.

Pero a juicio de Ramos, no son los grupos de ascendencia militar que comparten el poder en el gobierno de Bolsonaro, como los generales que ocupan cinco ministerios, la vicepresidencia y otras funciones importantes, los que más amenazan los derechos indígenas.

Muchos militares activos tienen indígenas en sus tropas y reconocen un papel relevante de los nativos en la defensa de las fronteras, arguyó.

Son los ruralistas, que codician tierras de indígenas, y los dirigentes de iglesias evangélicas, con sus prédicas agresivas, quienes constituyen las amenazas más violentas, dictaminó.

Para otros sectores, como los quilombolas (comunidades afrodescendientes), los campesinos sin tierra y las ONG, también comenzaron tiempos adversos.

Bolsonaro anunció que su gobierno no entregará “un centímetro de tierra” tanto a indígenas como quilombolas y tratará como terroristas a los que invaden haciendas u otras propiedades.

A las ONG, el gobierno las amenaza con “supervisión y monitoreo”. Pero “las leyes son claras sobre sus derechos de organización”, así como la autonomía de las que no reciben aportes financieros estatales, recordó Ramos.

Edición: Estrella Gutiérrez

http://www.ipsnoticias.net/2019/01/los-indigenas-primeras-victimas-del-nuevo-gobierno-brasil/

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Un desastre para Brasil: Noam Chomsky habla del nuevo presidente de ultra derecha, Jair Bolsonaro
Breve31 de diciembre de 2018


Escuche/Vea/Lea (en inglés)

Mientras el presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, se prepara para asumir su mandato el martes próximo, volvemos a la conversación que mantuvimos con Noam Chomsky, lingüista, disidente político y escritor reconocido mundialmente, poco después de la elección. 


La inminente presidencia de Bolsonaro marca el cambio de política más radical en ese país desde el fin del régimen militar hace más de treinta años. 

Bolsonaro es un ex oficial del ejército que elogió la última dictadura militar de su país, habló a favor de la tortura y amenazó con destrozar, encarcelar o desaparecer a los opositores políticos. 

Además, alentó a la policía a que mate a los sospechosos de ser traficantes de drogas y, una vez, le dijo a una legisladora que era demasiado fea para que la violen. 

Noam Chomsky se refiere a Bolsonaro como “un desastre para Brasil”.
Para saber más de este tema, puede hacer clic (en ingles) acá.


 https://www.democracynow.org/es/2018/12/31/a_disaster_for_brazil_noam_chomsky
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 Bra$il- LA DEMARCACIÓN DE TERRITORIOS INDÍGENAS ES UN DEBER DEL E$TADO....
 Edited by XaxaJá