jueves, 4 de mayo de 2017

VIII Foro Social Panamazónico- "Carta de Tarapoto" - FOSPA 2017


        "Carta de Tarapoto" - FOSPA 2017


Servindi, 2 de mayo, 2017.- Tras la culminación del VIII Foro Social Panamazónico FOSPA 2017, realizado entre el 28 de abril y el 1 de mayo en Tarapoto, Perú, nace la "Carta de Tarapoto".

El documento es producto de las reflexiones y debates colectivos entre diversas organizaciones, movimientos y redes de la panamazonía participantes. en el magno evento que congregó alrededor de 1600 participantes de diversos países amazónicos.

También es resultado del proceso previo de casi año medio de trabajo ptreparatorio. 


La "Carta de Tarapoto" constituye una hoja de ruta para las luchas de resistencia, propuesta y cambio para preservar la Panamazonía andina en el marco de un nuevo orden civilizatorio.

Compartimos la "Carta de Tarapoto", documento aprobado por los/as participantes del VIII Foro Social Panamazónico.

                         Carta de Tarapoto


La Panamazonía está formada por territorios históricamente construidos por la Naturaleza y por los pueblos originarios, comunidades locales, ribereñas, campesinas y otras quienes hemos fecundado nuestros sentidos de vida en estas realidades e imaginarios. 
Un sentido de territorialidad basado en relaciones de respeto e integración con el tejido amazónico en todas sus dimensiones, no sólo material, sino espiritual, cultural y de uso; todas ellas en disputa histórica desde la violenta llegada de sociedades y visiones colonialistas, expoliadoras y mercantilistas.

Esta disputa se enmarca dentro del despliegue del sistema capitalista y el modelo de desarrollo depredador, patriarcal y racista, instaurado desde la imposición del colonialismo generador de desigualdades en todas sus formas. 

El desarrollo de este sistema, acompañado de los diversos fundamentalismos, está incidiendo en el retroceso de la vigencia de los derechos de los pueblos, especialmente los alcanzados por las mujeres. 
Muy a pesar de ello, los pueblos amazónicos y andinos resistimos y pervivimos con el indeclinable compromiso de defender la vida en nuestros territorios. Por eso, los pueblos de los nueve países de la cuenca amazónica, tomando la posta de Macapá, reunidos en Tarapoto -Perú, junto a hermanas y hermanos de otras latitudes acudimos al llamado de la Amazonía y sus pueblos, convocados por el VIII Foro Social Panamazónico.

El modelo civilizatorio capitalista, se expresa actualmente en el desarrollo extractivista. Este es implementado a través de empresas transnacionales y nacionales amparados por los Estados de la Panamazonía que dejan de lado su papel de garante de los derechos de los pueblos y la Naturaleza, poniendo en serio peligro la sostenibilidad de los territorios, la soberanía alimentaria, aumentando nuestra vulnerabilidad frente a los impactos del cambio climático y provocando graves cambios socioculturales en la Naturaleza y la vida de los pueblos.

En este escenario se limita cada vez más la soberanía y autodeterminación y los derechos son menos reconocidos y más violentados. Tal como viene sucediendo con la consulta previa libre e informada, cuya aplicación se está convirtiendo en un procedimiento administrativo, cuando sabemos que debe basarse en el respeto a los derechos de los pueblos, los estándares ambientales y el diálogo intercultural. Además, los poderes legislativos de los países de la Panamazonía aprueban leyes que atentan contra la espiritualidad y los derechos de los pueblos, en especial contra el derecho de las mujeres a la autonomía y de sus cuerpos.

Frente a ello, los pueblos amazónicos y andinos continuamos resistiendo y movilizándonos para transformar las sociedades y los Estados, cuestionando el modelo de desarrollo extractivista y afirmando nuevos paradigmas basados en propuestas como la Vida Plena, el Buen Vivir, Vivir Bien y el autogobierno territorial. La respuesta de los Estados es la criminalización de la protesta social para debilitar a las organizaciones indígenas, de mujeres, movimientos sociales e instituciones de la sociedad civil y profundizar su modelo y su alianza con las empresas petroleras, mineras, madereras, agroindustriales y de megaproyectos hidroeléctricos.

Ante este contexto, el VIII Foro Social Panamazónico plantea fortalecer la alianza, articulación y movilización de los pueblos amazónicos y andinos basada en el respeto a la Naturaleza, el territorio y la vida.

Por lo tanto, las propuestas recogidas en el Foro se presentan a continuación:

- Construir nuevos paradigmas a partir de las propuestas de Vida Plena, Buen Vivir, Vivir Bien, Autogobiernos territoriales etc. que levantan, entre otros, los pueblos originarios amazónicos y andinos.

- Exigir a los Estados que las políticas y normas nacionales se adecuen a las leyes internacionales sobre derechos de los pueblos indígenas amazónicos y andinos.

- Denunciar y luchar contra la corrupción relacionada con el modelo extractivista y los megaproyectos de infraestructura y explotación en la Amazonía y el Ande.

- Fortalecer la articulación y la unidad de las organizaciones sociales, indígenas amazónicas y andinas, de mujeres, afroamazónicos, comunidades LGTBIQ, académicos, organizaciones de jóvenes, adolescentes, niñas y niños y otros movimientos sociales.

- Exigir el reconocimiento de los derechos colectivos de los territorios comunales y territorios integrales a partir de la diversidad territorial y de los escenarios que existen en la Panamazonía valorando saberes, conocimientos y prácticas de los pueblos.

- Reconocer y fortalecer las identidades Amazónicas y Andinas, producto de un rico y complejo intercambio que ha dado lugar al fortalecimiento de las culturas de nuestros pueblos.

- Exigimos un ordenamiento territorial que se base en el respeto de nuestra cosmovisión, las fuentes de agua y formas de entender nuestro territorio.

- Exigir a los Estados que garanticen el derecho de los pueblos amazónicos y andinos a la comunicación democratizando de manera efectiva los medios y tecnologías.

- Exigimos el fin de todo tipo de violencia contra las mujeres tanto en las comunidades como fuera de ellas, en especial contra las mujeres defensoras de derechos.

- Las mujeres exigimos que los Estados se aparten de los preceptos religiosos a la hora de aprobar leyes y decidir las políticas públicas que afectan nuestros derechos, nuestros cuerpos y territorios y que se rijan por estándares internacionales de derechos humanos y laicidad.

- El Foro Social Panamazónico adopta como suyo el Tribunal de Justicia de los Derechos de las Mujeres Panamazónicas-Andinas.

- Exigimos que se reconozca y valore el trabajo que las mujeres hacemos en nuestros hogares, comunidades y organizaciones aportando a la sostenibilidad de la vida y al Producto Bruto Interno (PBI) en nuestros países.

- Nos solidarizamos con el pueblo de la llamada Guyana Francesa y rechazamos la existencia de territorios en la Panamazonía en condición de colonia.

- Defender a los pueblos en aislamiento voluntario y contacto inicial. Exigimos a los Estados respetar su derecho a la libre determinación, reconocerlos, demarcar y proteger sus territorios y garantizar su naturaleza transfronteriza.

- Los/as jóvenes, niños, niñas y adolescentes exigimos a los Estados el reconocimiento y respeto de los derechos ecológicos. Asimismo, exigimos que los Estados garanticen su derecho a crecer en un entorno seguro y sano para vivir de manera plena.

- Exigimos el reconocimiento de la educación comunitaria intercultural como expresión del respeto a las culturas amazónicas y andinas y la construcción de una ciudadanía intercultural.

- Impulsar políticas públicas que aborden la gestión de la diversidad, reconociendo, valorando y aprovechando la diversidad cultural de los pueblos indígenas en las ciudades, integrando a la juventud y la niñez.

- Promover nuevas relaciones entre lo urbano - rural, campo-ciudad, generando y promoviendo el consumo responsable basado entre otros en la agricultura ecológica.

- Promover la agroforestería ecológica y la gestión sostenible de los bosques Amazónico-Andinos desde las organizaciones indígenas para la seguridad y soberanía alimentaria.

- Recuperar productos y especies nativas a través del intercambio de semillas y cultivos dentro de las comunidades, entre ellas y la población en general con la participación activa de las mujeres.

- Reivindicar y fortalecer las identidades de los pueblos amazónicos y andinos, recuperando el uso de las lenguas originarias.

- Incorporar a los sabios(as) ancianos(as) como fuente de saberes acumulados históricamente que orientan y defienden la identidad de los pueblos amazónicos y andinos.

- Impulsar la vigilancia y monitoreo ambiental participativo desde las organizaciones locales para prevenir la afectación de derechos y el incremento de los conflictos que genera el extractivismo.

- Acudir a la justicia internacional para buscar sanciones contra empresas multinacionales violadoras de derechos. Proponer e impulsar instrumentos políticos para ello.

El FOSPA se solidariza con los pueblos afectados por las guerras, la intervención de sus territorios y la criminalización de la protesta de los defensores/as de derechos que les obliga a abandonar sus territorios.

Los pueblos amazónicos y andinos reunidos en el VIII FOSPA reafirmamos nuestro compromiso con la vida y la Naturaleza, convocando a construir y fortalecer una gran alianza de los pueblos basada en el reconocimiento y respeto de nuestra diversidad y convicciones, pero también de nuestros disensos. Siguiendo el camino trazado por los Foros Sociales Panamazónicos, el llamado a la lucha y la resistencia continúa.

Tarapoto, 1 de mayo de 2017






Acceda a la versión descargable en pdf.

- Carta de Tarapoto.


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Expulsar la corrupción para defender la Amazonia, pide foro social

Por Milagros Salazar

English version


El quechua Jhanmarco Flores Huamaní, de 13 años, criador de lagunas en la andina región peruana de Ayacucho, quien llegó por primera vez a la Amazonia de su país, para participar en la reunión de jóvenes del VIII Foro Social Panamazónico. Crédito: Milagros Salazar/IPS


TARAPOTO, Perú, 2 may 2017 (IPS) - La corrupción entró en la Amazonia como una enfermedad que lo contagia todo, reflexionó Ruben Siqueira, coordinador de la brasileña Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), durante el VIII Foro Social Panamazónico (Fospa), que congregó en la selva peruana a representantes de la sociedad civil de ocho países.

Con la participación de más de 1.600 asistentes que llegaron hasta Tarapoto, capital del amazónico y norteño departamento de San Martín, la tarde del 1 de mayo concluyó el Foro con 24 propuestas para proteger los bosques, el agua, la tierra y los derechos de las poblaciones indígenas en la región.

En la Carta de Tarapoto, los representantes de los movimientos sociales, líderes indígenas y de la academia acordaron luego de cuatro días de trabajo, entre otros puntos, “denunciar y luchar contra la corrupción relacionada al modelo extractivista y los megaproyectos de explotación de la Amazonia y el Ande”.

El acuerdo se aprobó como resultado del debate sostenido desde el 28 de abril en nueve mesas de trabajo, en el que sobresalió la denuncia de los hechos de corrupción y el impacto social, ambiental y económico de las obras ejecutadas por las empresas brasileñas investigadas en el megacaso de “Lava Jato (autolavado de vehículos)”.

“Las propuestas y conclusiones del Fospa serán entregadas a las autoridades de las diversas instituciones del Estado de cada país que toman decisiones sobre estos temas”, explicó a IPS uno de los organizadores del encuentro, Ismael Vega, director ejecutivo del peruano Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica.

Aunque la investigación Lava Jato comenzó en Brasil hace tres años, el caso tiene sus conexiones en una docena de países de América Latina y África donde el conglomerado Odebrecht y otras compañías brasileñas pagaron sobornos multimillonarios a altos funcionarios públicos para obtener las licitaciones de las obras, varias de ellas ejecutadas en el territorio amazónico.

Los directivos de Odebrecht confesaron que pagaron sobornos de cerca de 800 millones de dólares por las obras que ejecutaron en estos países entre 2001 y 2016, lo que le facilitó ganancias por más de 3.000 millones de dólares, de acuerdo al documento difundido por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en diciembre de 2016.

Los pagos se hicieron para obras en Brasil, Argentina, Angola, Panamá, República Dominicana, Perú, Ecuador, Colombia, México, Guatemala, Venezuela y Mozambique.

En la lista están cinco de los ocho países amazónicos, de donde provinieron los representantes de los movimientos sociales, las organizaciones indígenas e investigadores que acordaron denunciar y enfrentar conjuntamente estos hechos ilícitos en el encuentro de Tarapoto.

Ellos son Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, que conforman la cuenca amazónica junto con Bolivia, Guyana, Suriname, además del territorio de la Guayana Francesa, que también integra el Fospa y cuyos representantes estuvieron presentes en Tarapoto.



Sesión plenaria final del VIII Foro Social Panamazónico, celebrado durante cuatro días en la selva peruana, en la ciudad de Tarapoto, y concluido el 1 de mayo con la Carta de Tarapoto, en que los pueblos originarios, sociedad civil y académicos de ocho países demandaron a sus gobiernos una nueva mirada hacia la cuenca. Crédito: CAAAP

En Perú, donde las investigaciones de la Fiscalía local presentan los mayores avances después de Brasil, la construcción de la carretera Interoceánica Sur, que conecta este país con Brasil desde el océano Pacífico hasta el océano Atlántico, atravesando regiones de la Amazonía y los Andes.

Para ganar la licitación de esa obra, Odebrecht confesó haber pagado al menos 20 millones de dólares en sobornos durante el gobierno del expresidente Alejandro Toledo (2001-2006) y la Fiscalía peruana continúa investigando los pagos ilegales de otra compañía brasileña, Camargo Correa, por la misma construcción.

“La corrupción es sistémica: está presente en la construcción de megaproyectos, en la extracción de maderas con identificación y certificados falsos, en los proyectos de las industrias extractivas y en leyes que favorecen a estas inversiones”, apuntó Siqueira, el coordinador de la brasileña y católica CPT a IPS.

Siqueira y otros representantes latinoamericanos destacaron las cifras alarmantes de asesinatos a líderes ambientales. La CPT reportó que en 2016 se asesinaron a 61 líderes en Brasil, de los cuales 47 pertenecían a la Amazonia.

Olga Suárez, de la asociación colombiana Minga, también denunció el asesinato de líderes ambientales en su país y que las investigaciones sobre estos casos en la Fiscalía de Colombia pueden tomar hasta 25 años. “Hay mucha demora e impunidad”, aseguró a IPS.

Como parte de los 24 acuerdos del VIII Fospa se señaló la necesidad de poner fin a “todo tipo de violencia contra las mujeres tanto de las comunidades como fuera de ellas, en especial de las mujeres defensoras de derechos”.

También se exigió que los Estados “se aparten de los preceptos religiosos a la hora de aprobar leyes y decidir las políticas públicas que afectan” los derechos, cuerpos y territorios de las mujeres.

El reconocimiento de los derechos colectivos, de los territorios de los diferentes pueblos originarios, así como de sus saberes ancestrales, fue otro eje central de las propuestas.

En esa línea, se dmandó a los Estados revindicar los conocimientos de los ancianos de las comunidades y también respetar y reconocer las propuestas de los niños y jóvenes en el cuidado de los bienes de la naturaleza.

En forma simultánea a las mesas de trabajo del Foro, cerca de 200 jóvenes se reunieron en el municipio de Lamas, a media hora por carretera de Tarapoto, para recorrer diversas zonas afectadas por la contaminación y conocer las experiencias de las comunidades en el cuidado de los bosques y las fuentes de agua.

Entre los adolescentes que llegaron de diversas regiones de Perú, estaba el quechua Jhanmarco Flores Humaní, de 13 años y originario del andino y sureño departamento de Ayacucho, una de las zonas más golpeadas en los años de la violencia armada que vivió Perú (1980-2000).

Jhanmarco es un criador de lagunas, mediante el represamiento del agua de la lluvia, como una respuesta vital en tiempos de sequía. Él es el presidente de la red de jóvenes del centro poblado ayacuchano de Quispillacta.

“El Apu (espíritu de las montañas, en quechua) me habla, me dice en mis sueños cómo cuidar los ojos de agua, cómo criar las lagunas”, narró Jhanmarco a IPS, en su primer recorrido por la Amazonia, a la que anhela poder volver.

Editado por Estrella Gutiérrez


jueves, 20 de abril de 2017

De la Patagonia a Brasilia: el poder de la lucha indígena



De la Patagonia a Brasilia: el poder de la lucha indígena

20.04.2017 - Misiones, Argentina - Sergio Alvez

Por Sergio Alvez

Mientras en la Patagonia marchan a pie 800 kilómetros, en Brasil se hará la mayor movilización indígena de la historia. 

El denominador común, la defensa del territorio y la lucha contra las políticas anti-indígenas que arremeten contra los derechos de los pueblos originarios.

En la provincia de Río Negro, del 20 al 24 de abril se realiza la marcha de pueblos indígenas en rechazo al proyecto del nuevo Código de Tierras impulsado en la legislatura provincial por el gobernador Alberto Weretilneck. 

“Petu mongueleiñ, fey muta trekaleiñ” (Estamos vivos, por eso caminamos) es la consigna de una movilización que recorrerá 800 kilómetros, encabezada por comunidades mapuches que habitan la Patagonia, pero que cuenta con el apoyo de numerosos pueblos y naciones originarias, así mismo de organizaciones sociales de todo el país.

El mismo día que concluye la marcha en Viedma, se inicia en Brasilia el “Acampamento Terra Livre” (ATL), manifestación que durante cuatro días reunirá a más de un millón y medio de indígenas provenientes de todo el país, realizada ante un contexto de brutal ofensiva contra los derechos indígenas en ese país. 

El objetivo primordial de esta actividad –que prevé ser la mayor concentración pública de pueblos indígenas en la historia de Brasil– es unificar las luchas en pos de la defensa de los derechos de los pueblos originarios que en Brasil están siendo avasallados a partir de políticas anti-indígenas, según explican desde la organización.

Estas dos actividades, en Río Negro y Brasilia, resumen de algún modo la creciente organización y la expansión de la lucha de los pPueblos originarios en un escenario continental donde la mayoría de los gobiernos profundizan sus políticas de saqueo territorial y discriminación.
La Patagonia Rebelde

La marcha en la Patagonia se divide en dos columnas. 

Una de ellas parte desde la ciudad de Bariloche, a través de la ruta Nacional 23, previendo atravesar las localidades de Ingeniero Jacobacci, Valcheta, y finalizando el domingo en Viedma. 

La otra columna saldrá desde Catriel hasta Fiske Menuko (Roca) para alcanzar Sierra Colorada y luego arribar a Viedma el 24 de abril. Ambas columnas se encontrarán para marchar hasta la casa de Gobierno, donde se entregará un documento consensuado.



En la convocatoria, se comunicó lo siguiente:

“El Pueblo Mapuche convoca a la marcha provincial por el derecho a la tierra sin contaminación, en rechazo del nuevo Código de Tierras Fiscales que el gobierno provincial quiere imponer sin consulta previa, libre e informada (establecida por el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y la Declaración Americana sobre Derechos de los Pueblos Indígenas).

Con este proyecto de ley se pretende terminar el histórico reclamo territorial mapuche-tehuelche al no reconocer la preexistencia de los pueblos originarios y disponer de las más de 5 millones de hectáreas, relevadas como territorio ancestral por la Ley 26.160, al servicio de la megaminería, el modelo extractivista de petróleo y gas por vías no convencionales, el monocultivo, el turismo para pocos y la continua extranjerización de la Patagonia. 

Esta ley atentará contra el Art. 75 Inciso 17 y 22 de la Constitución Nacional y el Art. 42 de la Constitución Provincial al no priorizar la entrega de tierras a los Pueblos Originarios en pos del modelo extractivista. Se trata de un proyecto que perpetúa la senda de la derogación de la Ley Anticianuro realizada en las vísperas navideñas del año 2011”.

Brasil: hacia un encuentro histórico


Acampamento Terra Livrese constituye en un momento de importante articulación entre movimientos indígenas de todo Brasil, que vienen luchando contra la paralización de la demarcación de territorios indígenas, recortes presupuestarios en instituciones públicas orientadas a los pueblos originarios, iniciativas legislativas anti indígenas que se tramitan en el Congreso de la Nación, emprendimientos extractivistas que afectan directamente a las comunidades, la precarización de las políticas sanitarias para pueblos indígenas –que se repite en el área de Educación–, la negación al acceso a la justicia y la criminalización de líderes indígenas, entre otros puntos.

Durante los tres días que dura el evento, acontecerán marchas, actos públicos, audiencias con autoridades de los tres poderes estatales, debates públicos, y actividades culturales.

https://www.pressenza.com/es/2017/04/la-patagonia-brasilia-poder-la-lucha-indigena/

viernes, 24 de marzo de 2017

CIDH opta por otorgar de inmediato medidas cautelares a los pueblos indígenas si los Estados no les consultan


CIDH apuesta por medidas cautelares si los Estados no consultan a indígenas


17MAR2017





Washington, 17 mar (EFE).- El presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Francisco José Eguiguren Praeli, apostó hoy por otorgar de inmediato medidas cautelares a los pueblos indígenas si los Estados no les consultan sobre los proyectos en sus territorios.

Durante una audiencia pública de la CIDH sobre el derecho al territorio de los pueblos indígenas y comunidades amazónicas, Eguiguren defendió el derecho "indiscutible" a que los pueblos indígenas sean consultados antes de que el Estado permita que se realicen actividades extractivas y otras obras en su territorio.

"La sola verificación de que la consulta no se ha realizado es una violación manifiesta de un derecho que conlleva el inmediato otorgamiento de una medida cautelar y la suspensión de esas actividades (...). La prueba de que no ha habido consultas es una invasión y un atropello", dijo el comisionado.

Eguiguren aseguró que la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que aprobó la Organización de Estados Americanos (OEA) el pasado junio, garantiza la consulta previa que busca el consentimiento libre e informado de esas comunidades.

Sin embargo, explicó que el "gran" reto es que los Estados firmantes, que lo hicieron de forma facultativa, después cumplan con el compromiso de consulta.

El también exministro de Justicia peruano afirmó que no cabe discusión sobre el derecho de los pueblos indígenas a ser preguntados, y recordó que los países que no han firmado el acuerdo también deben respetarlo solo por el hecho de pertenecer a la OEA.

"El derecho de propiedad colectiva de los territorios de los pueblos indígenas se sustenta en la vinculación de la tierra y los recursos naturales con su idiosincrasia, su forma de vida, su cultura y su subsistencia", sostuvo.

Por su parte, la vicepresidenta primera de la CIDH, Margarette May Macaulay, indicó que muchos Gobiernos durante las últimas décadas han colocado el desarrollo y la extracción de recursos de las tierras indígenas por delante del interés de "la gente que ha estado en esos territorios durante años y años".

Macaulay se mostró descontenta con los proyectos que "perjudican a las gentes y a las tierras", y se lamentó de que el dinero sea más prioritario para los Gobiernos que los derechos de sus ciudadanos.

"Mi sueño es la justicia para todos (...). Tenemos que luchar para ello y tenemos que exigir una rendición de cuentas estricta a los Estados", argumentó.

En cuanto a los peticionarios, el secretario ejecutivo de Red Eclesial PanAmazonica, Mauricio López, solicitó a la CIDH que evalúe la posibilidad de elaborar y publicar un informe temático sobre la situación del derecho al territorio de los pueblos indígenas.

La CIDH celebra entre hoy y el próximo miércoles 40 audiencias, unas sobre problemáticas de derechos humanos en 16 países y otras generales sobre la situación de un colectivo en toda la región.

La Comisión, creada en 1959, es un órgano autónomo de la OEA y sus audiencias públicas son la herramienta principal del organismo para visualizar y denunciar las violaciones de derechos humanos en los 35 países del continente.