Argentina-Chile: revelan planes de inteligencia para involucrar a mapuches en actos “subversivos” en ambos países
20 febrero, 2018
Utilizando las supuestas dos creaciones del “profesor” Álex Smith (Antorcha y Tubicación), la unidad de Inteligencia de Carabineros de La Araucanía preparaba el escenario para la “Operación Andes”, en la que aparecían ex miristas a cargo de un tráfico de armas desde Argentina hacia la Coordinadora Arauco Malleco en Chile.
Entre esas pruebas estaban las conversaciones que la UIOE de La Araucanía había supuestamente interceptado entre los hombres que ayudarían a la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) a obtener armamento.
Fue así que el 28 de noviembre del año pasado, Álex Smith envió un correo electrónico con esos chats a Héctor Olave, el cabo de la policía que, según declaró Smith, era el encargado de descargar la información suministrada por Antorcha. En esos diálogos los protagonistas son dos miristas que han operado por años en la zona sur del país: Jorge Salazar y Guillermo Romero. En las conversaciones que figuran en ese email se habla de “fierros” y pagos “mitad en pesos y mitad en dólares”.
LA “OPERACIÓN ANDES”
El 4 de diciembre de 2017 la operación ya había sido bautizada: Andes. Ese día la unidad de Inteligencia de La Araucanía resumió en un documento los blancos de esa operación. Allí se individualizó a Romero y Salazar como partícipes de un intercambio de armas y dinero, el que debió realizarse dos días antes, el 2 de diciembre, en el Parque Nacional Vicente Pérez Rosales, cerca de Puerto Varas. La fuente de esa información era la supuesta interceptación de los chats entre Guillermo Romero y Jorge Salazar.
En la entrega de armas habrían participado al menos otras cinco personas. A la única que la UIOE identifica es a “Norita”, encargada de entregar el dinero y recepcionar las armas.
El archivo que sistematizó esa información fue denominado “Operación Andes”.
A Guillermo Romero y Jorge Salazar, Álex Smith los relacionó con Héctor Llaitul, el vocero de la CAM, el principal inculpado en la “Operación Huracán” y luego sobreseído por la justicia. Uno de los chat que avalaría esa ligazón, según Smith, es el siguiente:
Guillermo: detuvieron al comandante (LLaitul)
Jorge: che mi hermano
Jorge: audio.mp3
Guillermo: la causa
Jorge: me hecho a varios primero
En un archivo PDF en poder de la UIOE se señala que este diálogo ocurrió el 24 de septiembre de 2017, un día después de las detenciones de la “Operación Huracán”. Junto a la captura de la imagen de ese chat, aparece una foto de Héctor Llaitul, a quien Romero y Salazar le dirían el “comandante”.
Según varios documentos elaborados por Smith, los celulares de los miristas estaban intervenidos desde hace meses. El respaldo de los chats que el “profesor” compiló y que envió en un correo electrónico fechado el 28 de noviembre, incluye conversaciones desde el 17 de noviembre y en ellas aparecen participando otras personas.
En uno de esos chat de la “Operación Andes”, supuestamente interceptado con las “herramientas” de Smith, aparece una comunicación de “Guille” (Guillermo Romero) con Jorge Salazar el 17 de noviembre, dos días antes de las elecciones presidenciales de 2017.
Guille: audio.mp3
Guille: 8 fierros cortos
Jorge: noche hablamos
No hay rastros de otra conversación esa misma noche, pero el chat se reanuda en la noche del 19 de noviembre, cuando se vuelve a hablar de “fierros” (armas) y de los resultados de la primera vuelta de la contienda presidencial (reproducción textual):
Guille: cago el hdp de piñera
Guille: no de da el 50 para la segunad vuelta
Guille: quería que pasara la sanchez
Guille: sera próxima
NUMERO PRIVADO: este es mi nuevo numero
Guille: ok
Guille: me están apurando por los fierros
NUMERO PRIVADO: el 3 en La madrugada
Guille: cascada?
NUMERO PRIVADO: ??
NUMERO PRIVADO: audio.mp3
Guille: igual hermano
Un día después la trama por los “fierros” da un nuevo paso.
NUMERO PRIVADO: hermano compañero
Guille: hola
NUMERO PRIVADO: viernes hablamos
NUMERO PRIVADO: tengo los fierros
Guille: audio.mp3
NUMERO PRIVADO: ok
Ese chat está fechado el 20 de noviembre, a 12 días de la cita fijada para el intercambio de dinero por armas: 2 de diciembre. Todas las acciones estaban supuestamente monitoreadas desde muy cerca por los miembros de la UIOE de La Araucanía. De hecho, el 24 de noviembre habrían capturado un nuevo chat sobre estos “fierros”.
Guille: Todo listo
Guille: en billetes
Guille: mitad en pesos y dólares[][][][]: [][][][][][][][][][]
Guille: ok viejo
Guille: nos vemos
[][][][]: [][]
Cinco días antes de la entrega de los “fierros”, aparece en escena “Alexis”, quien sería según los chats interceptados por Smith el encargado de la entrega de las armas. Así reproduce la UIOE el chat del 27 de noviembre:
Alexis: YO VOY
Guille: que paso
Alexis: Enfermo che Jorge
Guille: de que
Alexis: guata
Guille: confírmame fecha
Alexis: tranquilo estare
Ese reporte de chats que Smith supuestamente capturó y envió por correo electrónico al cabo Olave de la UIOE, finaliza el 28 de noviembre con una nueva conversación entre Guillermo Romero y Jorge Salazar.
Guille: como esta la salud hermano
Jorge: mejor
Jorge: Alexis va con encargo
Jorge: sino igi llaima
Guille: legua esta apuradoGPS
Jorge: confirmo mañana
El 2 de diciembre, según el reporte de Smith, Romero y Salazar habrían intentado hacer contacto durante toda la jornada, pero no fue posible. De los siguientes reportes de Smith se deduce que la entrega de armas no se habría concretado por la presencia de “búhos” y “ratas” (ver detalles de esa eventual conversación).
En los reportes que Smith hace a los miembros de la unidad de Inteligencia de Carabineros, se indica que los chat entre Romero y Salazar se reanudan el 4 de diciembre. Allí habrían acordado una nueva fecha para la entrega de los “fierros”, ahora en Santiago:
Guille: FIERROS LARGOS
Guille: 6
Guille: MECANICO SANTIAGO
Guille: NAVIDAD
Jorge: Comprendido
Guille: David quiere tu numero
Jorge: noche hablamos
Guille: ok
Guille: dos palos cada una
Guille: 21 llegan
¿CUÁNDO SE PRENDIÓ LA ANTORCHA?
Las cuestionadas pruebas proporcionadas por los miembros de la UIOE de La Araucanía para inculpar a comuneros mapuche, acusación asumida por Carabineros al llamar a retiro a cuatro de sus integrantes, tiene otros ingredientes que son falsos y que hasta ahora no han sido conocidos.
Según declaró Álex Smith a la Fiscalía, el software Antorcha recién comenzó a ser desarrollado en julio de 2017 y se tardó “cerca de un mes en entregar un primer prototipo operativo”. Eso nos lleva al mes de agosto de 2017 en su primera aplicación práctica. Esos plazos calzan con otra aseveración que hizo Smith ante los fiscales: que Antorcha funcionaba en un servidor (“airs.cl”). La indagación de CIPER indica que efectivamente ese registro -“airs.cl”- fue inscrito el 22 de agosto de 2017.
Lo que no calza es que casi cinco semanas antes de que Antorcha y “airs.cl” estuvieran habilitados, Smith hubiera interceptado con sus “herramientas” conversaciones por chat entre Jorge Salazar y su hermana Nelly.
Y ello, porque en los documentos de la UIOE a los que accedió CIPER, consta que tanto Álex Smith como el capitán Leonardo Osses (subjefe de la UIOE), les informaron al resto de los funcionarios de esa unidad de Inteligencia de Temuco, que uno de los celulares interceptados con las “herramientas” creadas por Smith, sería el de la hermana de Jorge Salazar: Nelly. De ese aparato telefónico se habrían captado chats del 17 de julio de 2017 entre ella y su hermano:
Hermano: como estas hermanita
Nelly: super, que es de tu vida hermanito?
Hermano: quiero ir a fin de año
Nelly: Osorno… como siempre
Nelly: tengo ganas de abrazarte
Hermano: te quiero mucho
Hermano: como esta mi viejita
Hermano: el 24 de diciembre vengo
Nelly: estoy con la viejita
Nelly: audio.mp3
Hermano: audio.mp3
Hermano: las amo
De ser real el chat entre ambos, este no se captó mediante Antorcha. Tampoco otros chats que respaldan la “Operación Huracán” y que son anteriores al 22 de agosto de 2017. ¿Con qué “herramientas” se interceptaron esas comunicaciones? Es una de las preguntas que Carabineros deberá responder en la causa en curso.
La última comunicación por whatsapp entre Guillermo Romero y Jorge Salazar que habría sido interceptada por las “herramientas” de Smith, está fechada el 17 de enero de 2018, solo días antes de que la Fiscalía de Temuco disparara el misil que destruyó la “Operación Huracán”.
Guille: están destrozando al negro (emoticon televisión)
Guille: prensa momia
Guille: lo traicio los chuecos ani
Guille: vendidos traidores
Guille: hermano
Jorge: che
Jorge: los pinochetistas
Jorge: capitalismo
Jorge: comandante no se dara su brazo a torcer
Jorge: va quemar todos los camiones
Jorge: a los mate y angelini
Jorge: lo conozco
Jorge: morirá luchando
Jorge: igual que yo
Guille: toda razón hermano
Guille: necesito (emoticon dinero)
“TUBICACION”: EL OTRO INVENTO DE SMITH
En diciembre de 2017 el trabajo pericial de Smith y sus colegas en la “Operación Andes” acrecentaron su reputación. Es en esa fecha cuando la información generada por esa unidad de Inteligencia comienza a ser firmada por la “Oficina informática forence” (SIC).
Bajo esa denominación, el lunes 11 de diciembre Álex Smith tuvo en su poder el “Anexo informe”, un archivo Word donde aparecen mapas y los supuestos recorridos de Jorge Salazar y Guillermo Romero, los dos blancos principales de la “Operación Andes”.
Los recorridos habrían sido elaborados con la nueva creación de Smith: “Tubicación”. En ese documento Word se detalla que la información se obtuvo a través de redes wifi a las que se habrían conectado Salazar y Romero.
Según los peritajes del “profesor” Smith, Romero habría transitado entre las localidades San Juan de la Costa, Osorno, Cascadas, Puerto Octay, Ensenada y Petrohué. Salazar se habría movido por caminos que conectan la provincia de Neuquén, en Argentina, con Osorno, en Chile.
En su reporte, Smith afirma que pudo interceptar mensajes de whatsapp de Romero a Salazar, los que se habrían geolocalizado, construyendo así las rutas de sus desplazamientos. Ese cruce de información habría permitido precisar la ubicación de la cabaña que estaría utilizando Salazar, a 77 kilómetros al este de Osorno.
Smith explicó en detalle a los miembros de la UIOE cómo funcionaba su nueva creación para geolocalizar celulares, en una presentación en power point el 20 de diciembre de 2017. “La aplicación determina la ubicación de un móvil y números de simcard, a través de la identificación del router al que se ha conectado o que él detectó, en un rango de hora y fecha determinada” (SIC), se lee en esa presentación. También utilizaría la información de antenas celulares: “Directamente por el receptor interno del GPS del dispositivo entregando la ubicación geográfica por medio del dispositivo móvil”.
La nueva “herramienta” que Smith decía haber creado, era uno de sus primeros objetivos que proclamó ante los jefes de la UIOE desde enero de 2017, cuando empezó a realizar peritajes para Carabineros. Desde esa fecha Smith intentó demostrarles que él podía geolocalizar páginas web, blogs y personas que estuvieran siendo investigadas. Pero su sistema fallaba.
Así ocurrió con el peritaje de inteligencia que entregó la UIOE a la Fiscalía de Los Ríos, donde se identificó al comunero Patricio Antiago en las cercanías del atentado que el 28 de agosto de 2017 destruyó 29 camiones en San José de la Mariquina. Pero a esa misma hora, Antiago estaba en su casa, a varios kilómetros de distancia, siendo controlado por Carabineros, ya que cumplía arresto domiciliario.
Por esta razón la Fiscalía debió aclarar que Patricio Antiago no está siendo investigado en esta causa y acto seguido formalizó al “profesor” Smith por obstrucción a la justicia y falsificación de instrumento público.
Junto a Smith fue formalizado el cabo del Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar), Manuel Riquelme, quien habría trabajado junto al “profesor” en el supuesto software que serviría para geolocalizar celulares. Así lo declaró Smith ante la Fiscalía el 30 de enero:
“Otra de las aplicaciones que desarrollé fue una para determinar la ubicación de los teléfonos en determinados lugares. Esta herramienta la desarrollé para una investigación a cargo de la Fiscalía de San José de la Mariquina. Este software existe en el mercado y fue ofrecido a Carabineros por la misma empresa que vendió el equipo “Oxygen foresnse” y a través de él es posible, ingresando el número telefónico, determinar en qué lugar se encuentra un determinado teléfono celular, sin embargo, esta herramienta no permite determinar donde estuvo el teléfono con anterioridad. El valor de este software, según entiendo, es de cerca de $200 millones, y la empresa que lo desarrolló es norteamericana. Como el valor es muy elevado comencé a desarrollar esta herramienta, pero aún no concluyo el trabajo, a pesar de que he realizado pruebas de campo”.
Smith agregó en su declaración (después se ha negado a testificar) que esa aplicación la comenzó a desarrollar después de la “Operación Huracán”, que ese software iba a ser utilizado por el Labocar y que para ello se compró el hosting “Tubicacion” y que, además, a diferencia del software norteamericano (que costaba $200 millones), el suyo permitiría conocer el historial de ubicaciones de un celular. Dijo también que desarrolló “Tubicación” junto al cabo Riquelme, a quien conoció en la unidad de Inteligencia de Carabineros en Temuco mientras periciaban los celulares de los detenidos en la “Operación Huracán”.
Al cruzar el relato que hizo Smith ante los fiscales sobre el desarrollo de “Tubicacion” con los documentos de la UIOE obtenidos por CIPER sobre la “Operación Andes”, hay algo clave que no calza. El dominio de “Tubicacion” (tubicacion.cl) recién se inscribió en Nic Chile el 9 de enero de 2018, casi un mes y medio después de que supuestamente Smith logró con esa “herramienta” geolocalizar a Salazar y Romero.
ALEUY SE SUBE AL AVIÓN
A fines de septiembre, cuando la “Operación Huracán” estaba en marcha y el vocero de la CAM Héctor Llaitul ya estaba detenido, algunos medios de prensa comenzaron a exhibir los supuestos chats incautados por el “profesor” Smith. Y fue en ese momento que en La Moneda comenzó a hablarse de tráfico de armas desde Argentina hacia las comunidades mapuche.
Ese fue uno de los temas que el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, trató con la ministra argentina de Seguridad, Patricia Bullrich, cuando viajó especialmente para ello a fines de ese mes. La alerta la había encendido otro supuesto chat interceptado por Álex Smith.
El 4 de agosto Jorge Huenchullán, uno de los detenidos en la “Operación Huracán” y líder de la Comunidad Autónoma de Temucuicui, le habría enviado a Héctor Llaitul un archivo Excel con un listado de armamento: “seis escopetas, 10 revólveres, 12 pistolas y dos fusiles”. Llaitul habría respondido: “de Argentina me van a llegar, el 15”.
Pero CIPER accedió a otro archivo interno de la UIOE que pone en duda la veracidad de ese chat. En la presentación en power point que resume la inteligencia desarrollada por la unidad de La Araucanía sobre comunidades mapuche (“Exposición coordinación zona control orden público”), se dice que el 2 de agosto de 2017 lograron capturar información de una reunión realizada en la Comunidad Autónoma de Temucuicui, gracias a “trabajo de fuentes cerradas información A-1”.
El informante (“fuentes cerradas A-1”) indicó –se lee en la presentación- que Temucuicui poseía el siguiente armamento: “seis escopetas, 10 revólveres, 12 pistolas y dos fusiles”. Es decir, el mismo listado de armamento que después aparece en uno de los chats instalados en un celular de Héctor Llaitul, y que remitiría a una comunicación de este con Jorge Huenchullán, donde supuestamente le solicitaría esas armas para ser traídas desde Argentina.
En la misma presentación oficial de Inteligencia -“Exposición coordinación zona control orden público” (ver power point)-, fechada el 4 de agosto de 2017, se dice que el armamento ya estaría en Chile.
¿Quién puso sobre el escritorio del subsecretario Aleuy los antecedentes que apuntaban a un tráfico de armas desde Argentina a las comunidades mapuche en Chile? ¿Tuvo otros antecedentes antes de decidir reunirse con la ministra Bullrich en Argentina, o solo se basó en los chats del “profesor” Smith?
CiperChile
___________________________
19 Febrero 2018
A continuación, compartimos artículo de Silvia Beatriz Adoue en el Lemonde Diplômatique de Brasil sobre la articulación anti-mapuche entre el Estado chileno y el Estado argentino.
En el Juzgado de Garantía de San José de la Mariquina, en la región de Los Ríos, se realizan este lunes las primeras formalizaciones por la presunta manipulación de pruebas en la llamada Operación Huracán 2.
En la audiencia serán formalizados Álex Smith, ex funcionario civil de Inteligencia de Carabineros, conocido como el “Profesor”; y Manuel Antonio Riquelme, miembro del Laboratorio de Criminalística de la institución (Labocar).
En la investigación, que lleva el fiscal regional Juan Agustín Meléndez, ambos son imputados por los delitos de obstrucción a la investigación y falsificación de instrumento público.
Smith es el creador de la aplicación Antorcha, con la cual -asegura- habría interceptado mensajería instantánea de comuneros mapuches, en el marco de investigaciones policiales.
La Operación Huracán 2 se refiere a la quema de 29 camiones de la empresa Sotraser, ocurrida en agosto del año pasado en San José de la Mariquina.
________________________________
Este viernes la justicia declaró admisible la querella presentada por el gobierno contra quienes resulten responsables como autores, cómplices o encubridores de los supuestos delitos de obstrucción a la investigación y falsificación de instrumento público en el marco del presunto montaje de la Operación Huracán.
La acción legal fue presentada en el Juzgado de Garantía de Temuco, y si bien apuntaron a los acontecimientos que se han sucedido durante estos días, también se criticó a los fiscales por el hecho de cerrar la causa matriz, que terminó con el sobreseimiento de todos los comuneros mapuche.
Ese mismo tribunal fue el que se declaró competente para llevar la causa por el presunto montaje, a la que se añaden otras aristas como la querella presentada por la ex abogada asistente de la Fiscalía de Alta Complejidad de La Araucanía. Mónica Palma inició la acción por el delito de calumnias en su contra al ser sindicada como informante de Héctor Llaitul, lo que podría abrir la puerta a otro eventual montaje.
Este escándalo nacional implicó que el general director de Carabineros, Bruno Villalobos, llamara a retiro este jueves a tres funcionarios de distintos rangos de la institución policial; el general Marcelo Teuber, quien fuera hasta el año pasado jefe de la Unidad de Inteligencia; el mayor Patricio Marín y el capitán Leonardo Osses.
La medida fue criticada por Aucán Huilcamán. En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el encargado de relaciones internacionales del Consejo de Todas las Tierras explicó que la desvinculación de las personas que realizaban actividades de Inteligencia en La Araucanía representa dos cuestiones fundamentales:
“En primer lugar, salvar a la alta jerarquía de Carabineros, entre ellos, al general Bruno Villalobos. En segundo, encubrir de manera solidaria la responsabilidad del gobierno de la Presidenta Bachelet, y en particular la figura de Mario Fernández, ministro del Interior, y Mahmud Aleuy, subsecretario del Interior. Ellos tienen responsabilidad directa en el montaje Huracán que ha resultado un fracaso”, dijo.
Al respecto, el ministro del Interior, Mario Fernández, fue consultado respecto de las implicancias de mantener en el cargo a Bruno Villalobos. La autoridad dijo que lo que podía señalar es que “la decisión del general Bruno Villalobos ayer, de iniciar el retiro de funcionarios, es una muestra de su responsabilidad en el cargo. Esos procesos de retiro tienen toda una tramitación. Corresponde a una señal de responsabilidad”.
__________________________
Abogado Román: “Huracán es la Operación Michelle Bachelet”
El representante legal de Héctor Llaitul afirmó no tener dudas de que el gobierno de Chile tiene participación en el montaje, y por lo mismo, debe responder. El abogado asegura que los fiscales han desarrollado una estrategia de criminalizar a los mapuche y que en ello han jugado su parte las policías.
Camilo Villa J.- Miércoles 7 de febrero 2018 18:03 hrs.
El escándalo de la Operación Huracán ha puesto en el tapete una denuncia constante del pueblo mapuche en cuanto a su conflicto con el Estado chileno: los montajes de los que han sido víctimas por parte de las autoridades.
Hoy la principal institución acusada es Carabineros de Chile, producto de las supuestas pruebas que consistían en conversaciones a través de whatsapp entre los implicados. Sin embargo ¿es la policía uniformada la única responsable en estos montajes?
Para conversar sobre el tema, Radio y Diario Universidad de Chile se contactó con Rodrigo Román, abogado de la Defensoría Popular y representante legal de Héctor Llaitul, vocero de la Coordinadora Arauco-Malleco y uno de los supuestos acusados por la Operación Huracán.
Según el abogado, la responsabilidad parte desde el ejecutivo. En ese sentido recordó una reunión efectuada en el sur de Chile el 20 de septiembre del 2017 –sospechosamente a menos de una semana de que estallara el caso de la Operación Huracán, recordó Román- encabezada por el subsecretario del interior, Mahmud Aleuy, en la cual participaron autoridades de Temuco, Concepción y la Región de Los Ríos
“Esa reunión no tiene justificación legal ni constitucional. Si Aleuy encabezó esta importante reunión con los presidentes de las Cortes de Apelaciones de la zona, con los jefes de las policías, con los jefes de la fiscalía, con los abogados del gobierno, entre otros, uno pudiese pensar que hay una trama que viene desde el más alto nivel, en este caso desde el ministerio del interior”.
“No tengo duda alguna que el Gobierno de Chile tiene participación en estos hechos. Este huracán es el huracán Michelle Bachelet” sentenció.
En ese sentido Román recalcó que la imagen de la Presidenta no se ha visto afectada por esta situación ya que ella se encuentra protegida por “los ricos, los poderosos y los medios”, sin embargo no dudó en responsabilizar a su gobierno por llevar adelante “estas acusaciones infundadas”.
El abogado considera lo anterior de una gravedad tremenda, a la cual se le suma otra: que una de las ofertas de campaña de Bachelet para llegar al ejecutivo fue la no aplicación de la Ley Antiterrorista, “y lejos de no aplicarla, han invertido cuantiosos recursos para condenar a los peñis sobre conductas terroristas”.
En cuanto a la responsabilidad del Ministerio Público, el abogado indicó que es evidente el sentimiento anti mapuche que tienen los fiscales, quienes, coludidos con las policías, buscan condenar sin desarrollar la labor investigativa para llegar a un juicio ante un tribunal imparcial con las pruebas necesarias, es decir, no hay debido proceso para ellos.
Para Román la fiscalía de la Araucanía ha jugado un especial papel en la persecución, criminalización y encarcelamiento de centenares de mapuche en distintos casos, sin embargo se evidencia su falta de seriedad porque la gran mayoría de los comuneros acusados de delitos han sido, finalmente, absueltos.
“Te puedo asegurar que la fiscalía y ciertos fiscales como Alberto Chiffelle y Luis Arroyo, han jugado esta estrategia de criminalización y encarcelamiento a priori solamente por la circunstancia de ser mapuche, y al respecto se han coludido con las policías y la inteligencia policial para llevar a cabo distintos montajes desde hace ya montones de años” enfatizó.
Recordó también que en más de 20 ocasiones se ha invocado la ley antiterrorista por parte del Ministerio Público, y en ningún caso han conseguido un veredicto condenatorio por la Ley Antiterrorista, salvo el joven Raúl Castro Antipán, mapuche que fue infiltrado por la Dirección de Inteligencia de Carabineros (DIPOLCAR) para provocar distintos hechos de violencia.
Según Roman, la Policía de Investigaciones (PDI) también debe asumir sus responsabilidades, pues aseguró que también forman parte de los montajes y sin embargo han pasado desapercibidos.
“Hoy la PDI está pasando en silencio, está pasando inadvertida, cuando es la PDI la que encabeza el caso luchsinger-Mackay. Ellos también han jugado un triste y nefasto papel con la muy probable implantación de pruebas también. Porque en este caso lo único que hay es el relato de dos sabuesos de la PDI que dan cuenta de los supuestos dichos que habría señalado José Peralino, una de las personas involucradas”.
El abogado cree que esta situación es un deja vu con lo que fue en su momento el caso de Raúl Castro Antipán. Por eso muestra seguridad con que el segundo juicio a realizarse por este hecho terminará en una absolución de los acusados.
Román también señaló que dada la gravedad del escándalo de la Operación Huracán, todas las altas autoridades implicadas deberían responder y presentar su renuncia.
________________________________
Utilizando las supuestas dos creaciones del “profesor” Álex Smith (Antorcha y Tubicación), la unidad de Inteligencia de Carabineros de La Araucanía preparaba el escenario para la “Operación Andes”, en la que aparecían ex miristas a cargo de un tráfico de armas desde Argentina hacia la Coordinadora Arauco Malleco en Chile.
Estaba todo listo, los supuestos chat que probarían los delitos y los mapas con las ubicaciones precisas de los inculpados. Pero todo se vino abajo cuando la Fiscalía sospechó de las pruebas. Lo que falta saber es quiénes y por qué alimentaron el guión.
Los títulos falsos de Álex Smith, el hasta ahora perito informático estrella de la policía, son solo una anécdota en la más grave crisis de Inteligencia de Carabineros. CIPER accedió a documentos oficiales de la Unidad de Inteligencia de La Araucanía, cruzó los datos con las declaraciones de los imputados y otros registros, y descubrió que la trama de la “Operación Huracán” esconde una segunda operación: “Andes”. Entre ambas se teje un escenario subversivo mapuche afincado en territorio chileno y argentino. Huracán y Andes se alimentan de la información capturada por las “herramientas” creadas por el “profesor” Smith. Todo ello avalado por el general Gonzalo Blu, director de Inteligencia y por su jefe: el general director Bruno Villalobos.
Las medidas cautelares que el Juzgado de San José de la Mariquina acaba de decretar en contra de Álex Smith, son un tímido paso hacia el nudo de la trama. Esto recién comienza.
SMITH, UNA PIEZA EN EL TABLERO
Álex Smith Leay no solo está acusado por el Ministerio Público de proporcionar pruebas falsas para inculpar a comuneros mapuche y de presentar títulos falsos para acreditar su idoneidad en seguridad informática. Hay otras mentiras de Smith que CIPER acreditó en el curso de esta investigación.
A pesar de que el “profesor” declaró ante la Fiscalía que Carabineros lo contrató recién en octubre de 2017, registros de la AFP Cuprum, a los que accedió CIPER, muestran que los pagos comenzaron tres meses antes. En julio Smith recibió $756.757 pagados por el Departamento de Tesorería de Carabineros. En agosto su sueldo llegó a $1.621.628, renta que mantuvo en los meses siguientes.
Lo anterior muestra que en septiembre de 2017, en pleno desarrollo de la hoy investigada “Operación Huracán”, Smith ya era un funcionario público pagado por Carabineros. Es más, documentos oficiales de la Unidad de Inteligencia Operativa Especializada de Carabineros de La Araucanía (UIOE), muestran que Smith trabajó en ella desde enero de ese año. Lo que no se sabe es cómo se le remuneró entre enero y julio de 2017.
Ya como un funcionario a sueldo, las labores del “profesor” Smith se concentraron en los comuneros mapuche. En noviembre de 2017, cuando la “Operación Huracán” ya había sido ejecutada, sus pericias se dirigieron a la que sería la segunda parte de esa historia: la “Operación Andes”.
El primer rastro de que la UIOE de La Araucanía trabajaba en la continuación de Huracán, lo encontramos el 17 de noviembre de 2017. Ese día desde la casilla de correo electrónico curso2017uc@gmail.com se envió un email a Álex Smith con dos link a una noticia de marzo de 2012: “FPMR y MIR asumen responsabilidad en muerte de policía en Argentina”.
Los miembros de esa unidad de Inteligencia habían fijado su mira en Jorge Salazar, un mirista que se encuentra prófugo desde hace seis años, acusado de dar muerte a un policía trasandino en la zona de San Junín de Los Andes. Supuestamente, los software creados por Álex Smith (Antorcha, para interceptar chats, y Tubicación, para geolocalizar objetivos) habrían obtenido comunicaciones electrónicas y rutas por las que se movería el subversivo chileno, a quien iban a acusar de proveer armas a comunidades mapuche.
Los títulos falsos de Álex Smith, el hasta ahora perito informático estrella de la policía, son solo una anécdota en la más grave crisis de Inteligencia de Carabineros. CIPER accedió a documentos oficiales de la Unidad de Inteligencia de La Araucanía, cruzó los datos con las declaraciones de los imputados y otros registros, y descubrió que la trama de la “Operación Huracán” esconde una segunda operación: “Andes”. Entre ambas se teje un escenario subversivo mapuche afincado en territorio chileno y argentino. Huracán y Andes se alimentan de la información capturada por las “herramientas” creadas por el “profesor” Smith. Todo ello avalado por el general Gonzalo Blu, director de Inteligencia y por su jefe: el general director Bruno Villalobos.
Las medidas cautelares que el Juzgado de San José de la Mariquina acaba de decretar en contra de Álex Smith, son un tímido paso hacia el nudo de la trama. Esto recién comienza.
SMITH, UNA PIEZA EN EL TABLEROÁlex Smith Leay no solo está acusado por el Ministerio Público de proporcionar pruebas falsas para inculpar a comuneros mapuche y de presentar títulos falsos para acreditar su idoneidad en seguridad informática. Hay otras mentiras de Smith que CIPER acreditó en el curso de esta investigación.
A pesar de que el “profesor” declaró ante la Fiscalía que Carabineros lo contrató recién en octubre de 2017, registros de la AFP Cuprum, a los que accedió CIPER, muestran que los pagos comenzaron tres meses antes. En julio Smith recibió $756.757 pagados por el Departamento de Tesorería de Carabineros. En agosto su sueldo llegó a $1.621.628, renta que mantuvo en los meses siguientes.
Lo anterior muestra que en septiembre de 2017, en pleno desarrollo de la hoy investigada “Operación Huracán”, Smith ya era un funcionario público pagado por Carabineros. Es más, documentos oficiales de la Unidad de Inteligencia Operativa Especializada de Carabineros de La Araucanía (UIOE), muestran que Smith trabajó en ella desde enero de ese año. Lo que no se sabe es cómo se le remuneró entre enero y julio de 2017.
Ya como un funcionario a sueldo, las labores del “profesor” Smith se concentraron en los comuneros mapuche. En noviembre de 2017, cuando la “Operación Huracán” ya había sido ejecutada, sus pericias se dirigieron a la que sería la segunda parte de esa historia: la “Operación Andes”.
El primer rastro de que la UIOE de La Araucanía trabajaba en la continuación de Huracán, lo encontramos el 17 de noviembre de 2017. Ese día desde la casilla de correo electrónico curso2017uc@gmail.com se envió un email a Álex Smith con dos link a una noticia de marzo de 2012: “FPMR y MIR asumen responsabilidad en muerte de policía en Argentina”.
Los miembros de esa unidad de Inteligencia habían fijado su mira en Jorge Salazar, un mirista que se encuentra prófugo desde hace seis años, acusado de dar muerte a un policía trasandino en la zona de San Junín de Los Andes. Supuestamente, los software creados por Álex Smith (Antorcha, para interceptar chats, y Tubicación, para geolocalizar objetivos) habrían obtenido comunicaciones electrónicas y rutas por las que se movería el subversivo chileno, a quien iban a acusar de proveer armas a comunidades mapuche.
Entre esas pruebas estaban las conversaciones que la UIOE de La Araucanía había supuestamente interceptado entre los hombres que ayudarían a la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) a obtener armamento.
Fue así que el 28 de noviembre del año pasado, Álex Smith envió un correo electrónico con esos chats a Héctor Olave, el cabo de la policía que, según declaró Smith, era el encargado de descargar la información suministrada por Antorcha. En esos diálogos los protagonistas son dos miristas que han operado por años en la zona sur del país: Jorge Salazar y Guillermo Romero. En las conversaciones que figuran en ese email se habla de “fierros” y pagos “mitad en pesos y mitad en dólares”.
LA “OPERACIÓN ANDES”
El 4 de diciembre de 2017 la operación ya había sido bautizada: Andes. Ese día la unidad de Inteligencia de La Araucanía resumió en un documento los blancos de esa operación. Allí se individualizó a Romero y Salazar como partícipes de un intercambio de armas y dinero, el que debió realizarse dos días antes, el 2 de diciembre, en el Parque Nacional Vicente Pérez Rosales, cerca de Puerto Varas. La fuente de esa información era la supuesta interceptación de los chats entre Guillermo Romero y Jorge Salazar.
En la entrega de armas habrían participado al menos otras cinco personas. A la única que la UIOE identifica es a “Norita”, encargada de entregar el dinero y recepcionar las armas.
El archivo que sistematizó esa información fue denominado “Operación Andes”.
A Guillermo Romero y Jorge Salazar, Álex Smith los relacionó con Héctor Llaitul, el vocero de la CAM, el principal inculpado en la “Operación Huracán” y luego sobreseído por la justicia. Uno de los chat que avalaría esa ligazón, según Smith, es el siguiente:
Guillermo: detuvieron al comandante (LLaitul)
Jorge: che mi hermano
Jorge: audio.mp3
Guillermo: la causa
Jorge: me hecho a varios primero
En un archivo PDF en poder de la UIOE se señala que este diálogo ocurrió el 24 de septiembre de 2017, un día después de las detenciones de la “Operación Huracán”. Junto a la captura de la imagen de ese chat, aparece una foto de Héctor Llaitul, a quien Romero y Salazar le dirían el “comandante”.
Según varios documentos elaborados por Smith, los celulares de los miristas estaban intervenidos desde hace meses. El respaldo de los chats que el “profesor” compiló y que envió en un correo electrónico fechado el 28 de noviembre, incluye conversaciones desde el 17 de noviembre y en ellas aparecen participando otras personas.
En uno de esos chat de la “Operación Andes”, supuestamente interceptado con las “herramientas” de Smith, aparece una comunicación de “Guille” (Guillermo Romero) con Jorge Salazar el 17 de noviembre, dos días antes de las elecciones presidenciales de 2017.
Guille: audio.mp3
Guille: 8 fierros cortos
Jorge: noche hablamos
No hay rastros de otra conversación esa misma noche, pero el chat se reanuda en la noche del 19 de noviembre, cuando se vuelve a hablar de “fierros” (armas) y de los resultados de la primera vuelta de la contienda presidencial (reproducción textual):
Guille: cago el hdp de piñera
Guille: no de da el 50 para la segunad vuelta
Guille: quería que pasara la sanchez
Guille: sera próxima
NUMERO PRIVADO: este es mi nuevo numero
Guille: ok
Guille: me están apurando por los fierros
NUMERO PRIVADO: el 3 en La madrugada
Guille: cascada?
NUMERO PRIVADO: ??
NUMERO PRIVADO: audio.mp3
Guille: igual hermano
Un día después la trama por los “fierros” da un nuevo paso.
NUMERO PRIVADO: hermano compañero
Guille: hola
NUMERO PRIVADO: viernes hablamos
NUMERO PRIVADO: tengo los fierros
Guille: audio.mp3
NUMERO PRIVADO: ok
Ese chat está fechado el 20 de noviembre, a 12 días de la cita fijada para el intercambio de dinero por armas: 2 de diciembre. Todas las acciones estaban supuestamente monitoreadas desde muy cerca por los miembros de la UIOE de La Araucanía. De hecho, el 24 de noviembre habrían capturado un nuevo chat sobre estos “fierros”.
Guille: Todo listo
Guille: en billetes
Guille: mitad en pesos y dólares[][][][]: [][][][][][][][][][]
Guille: ok viejo
Guille: nos vemos
[][][][]: [][]
Cinco días antes de la entrega de los “fierros”, aparece en escena “Alexis”, quien sería según los chats interceptados por Smith el encargado de la entrega de las armas. Así reproduce la UIOE el chat del 27 de noviembre:
Alexis: YO VOY
Guille: que paso
Alexis: Enfermo che Jorge
Guille: de que
Alexis: guata
Guille: confírmame fecha
Alexis: tranquilo estare
Ese reporte de chats que Smith supuestamente capturó y envió por correo electrónico al cabo Olave de la UIOE, finaliza el 28 de noviembre con una nueva conversación entre Guillermo Romero y Jorge Salazar.
Guille: como esta la salud hermano
Jorge: mejor
Jorge: Alexis va con encargo
Jorge: sino igi llaima
Guille: legua esta apuradoGPS
Jorge: confirmo mañana
El 2 de diciembre, según el reporte de Smith, Romero y Salazar habrían intentado hacer contacto durante toda la jornada, pero no fue posible. De los siguientes reportes de Smith se deduce que la entrega de armas no se habría concretado por la presencia de “búhos” y “ratas” (ver detalles de esa eventual conversación).
En los reportes que Smith hace a los miembros de la unidad de Inteligencia de Carabineros, se indica que los chat entre Romero y Salazar se reanudan el 4 de diciembre. Allí habrían acordado una nueva fecha para la entrega de los “fierros”, ahora en Santiago:
Guille: FIERROS LARGOS
Guille: 6
Guille: MECANICO SANTIAGO
Guille: NAVIDAD
Jorge: Comprendido
Guille: David quiere tu numero
Jorge: noche hablamos
Guille: ok
Guille: dos palos cada una
Guille: 21 llegan
¿CUÁNDO SE PRENDIÓ LA ANTORCHA?
Las cuestionadas pruebas proporcionadas por los miembros de la UIOE de La Araucanía para inculpar a comuneros mapuche, acusación asumida por Carabineros al llamar a retiro a cuatro de sus integrantes, tiene otros ingredientes que son falsos y que hasta ahora no han sido conocidos.
Según declaró Álex Smith a la Fiscalía, el software Antorcha recién comenzó a ser desarrollado en julio de 2017 y se tardó “cerca de un mes en entregar un primer prototipo operativo”. Eso nos lleva al mes de agosto de 2017 en su primera aplicación práctica. Esos plazos calzan con otra aseveración que hizo Smith ante los fiscales: que Antorcha funcionaba en un servidor (“airs.cl”). La indagación de CIPER indica que efectivamente ese registro -“airs.cl”- fue inscrito el 22 de agosto de 2017.
Lo que no calza es que casi cinco semanas antes de que Antorcha y “airs.cl” estuvieran habilitados, Smith hubiera interceptado con sus “herramientas” conversaciones por chat entre Jorge Salazar y su hermana Nelly.
Y ello, porque en los documentos de la UIOE a los que accedió CIPER, consta que tanto Álex Smith como el capitán Leonardo Osses (subjefe de la UIOE), les informaron al resto de los funcionarios de esa unidad de Inteligencia de Temuco, que uno de los celulares interceptados con las “herramientas” creadas por Smith, sería el de la hermana de Jorge Salazar: Nelly. De ese aparato telefónico se habrían captado chats del 17 de julio de 2017 entre ella y su hermano:
Hermano: como estas hermanita
Nelly: super, que es de tu vida hermanito?
Hermano: quiero ir a fin de año
Nelly: Osorno… como siempre
Nelly: tengo ganas de abrazarte
Hermano: te quiero mucho
Hermano: como esta mi viejita
Hermano: el 24 de diciembre vengo
Nelly: estoy con la viejita
Nelly: audio.mp3
Hermano: audio.mp3
Hermano: las amo
De ser real el chat entre ambos, este no se captó mediante Antorcha. Tampoco otros chats que respaldan la “Operación Huracán” y que son anteriores al 22 de agosto de 2017. ¿Con qué “herramientas” se interceptaron esas comunicaciones? Es una de las preguntas que Carabineros deberá responder en la causa en curso.
La última comunicación por whatsapp entre Guillermo Romero y Jorge Salazar que habría sido interceptada por las “herramientas” de Smith, está fechada el 17 de enero de 2018, solo días antes de que la Fiscalía de Temuco disparara el misil que destruyó la “Operación Huracán”.
Guille: están destrozando al negro (emoticon televisión)
Guille: prensa momia
Guille: lo traicio los chuecos ani
Guille: vendidos traidores
Guille: hermano
Jorge: che
Jorge: los pinochetistas
Jorge: capitalismo
Jorge: comandante no se dara su brazo a torcer
Jorge: va quemar todos los camiones
Jorge: a los mate y angelini
Jorge: lo conozco
Jorge: morirá luchando
Jorge: igual que yo
Guille: toda razón hermano
Guille: necesito (emoticon dinero)
“TUBICACION”: EL OTRO INVENTO DE SMITH
En diciembre de 2017 el trabajo pericial de Smith y sus colegas en la “Operación Andes” acrecentaron su reputación. Es en esa fecha cuando la información generada por esa unidad de Inteligencia comienza a ser firmada por la “Oficina informática forence” (SIC).
Bajo esa denominación, el lunes 11 de diciembre Álex Smith tuvo en su poder el “Anexo informe”, un archivo Word donde aparecen mapas y los supuestos recorridos de Jorge Salazar y Guillermo Romero, los dos blancos principales de la “Operación Andes”.
Los recorridos habrían sido elaborados con la nueva creación de Smith: “Tubicación”. En ese documento Word se detalla que la información se obtuvo a través de redes wifi a las que se habrían conectado Salazar y Romero.
Según los peritajes del “profesor” Smith, Romero habría transitado entre las localidades San Juan de la Costa, Osorno, Cascadas, Puerto Octay, Ensenada y Petrohué. Salazar se habría movido por caminos que conectan la provincia de Neuquén, en Argentina, con Osorno, en Chile.
En su reporte, Smith afirma que pudo interceptar mensajes de whatsapp de Romero a Salazar, los que se habrían geolocalizado, construyendo así las rutas de sus desplazamientos. Ese cruce de información habría permitido precisar la ubicación de la cabaña que estaría utilizando Salazar, a 77 kilómetros al este de Osorno.
Smith explicó en detalle a los miembros de la UIOE cómo funcionaba su nueva creación para geolocalizar celulares, en una presentación en power point el 20 de diciembre de 2017. “La aplicación determina la ubicación de un móvil y números de simcard, a través de la identificación del router al que se ha conectado o que él detectó, en un rango de hora y fecha determinada” (SIC), se lee en esa presentación. También utilizaría la información de antenas celulares: “Directamente por el receptor interno del GPS del dispositivo entregando la ubicación geográfica por medio del dispositivo móvil”.
La nueva “herramienta” que Smith decía haber creado, era uno de sus primeros objetivos que proclamó ante los jefes de la UIOE desde enero de 2017, cuando empezó a realizar peritajes para Carabineros. Desde esa fecha Smith intentó demostrarles que él podía geolocalizar páginas web, blogs y personas que estuvieran siendo investigadas. Pero su sistema fallaba.
Así ocurrió con el peritaje de inteligencia que entregó la UIOE a la Fiscalía de Los Ríos, donde se identificó al comunero Patricio Antiago en las cercanías del atentado que el 28 de agosto de 2017 destruyó 29 camiones en San José de la Mariquina. Pero a esa misma hora, Antiago estaba en su casa, a varios kilómetros de distancia, siendo controlado por Carabineros, ya que cumplía arresto domiciliario.
Por esta razón la Fiscalía debió aclarar que Patricio Antiago no está siendo investigado en esta causa y acto seguido formalizó al “profesor” Smith por obstrucción a la justicia y falsificación de instrumento público.
Junto a Smith fue formalizado el cabo del Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar), Manuel Riquelme, quien habría trabajado junto al “profesor” en el supuesto software que serviría para geolocalizar celulares. Así lo declaró Smith ante la Fiscalía el 30 de enero:
“Otra de las aplicaciones que desarrollé fue una para determinar la ubicación de los teléfonos en determinados lugares. Esta herramienta la desarrollé para una investigación a cargo de la Fiscalía de San José de la Mariquina. Este software existe en el mercado y fue ofrecido a Carabineros por la misma empresa que vendió el equipo “Oxygen foresnse” y a través de él es posible, ingresando el número telefónico, determinar en qué lugar se encuentra un determinado teléfono celular, sin embargo, esta herramienta no permite determinar donde estuvo el teléfono con anterioridad. El valor de este software, según entiendo, es de cerca de $200 millones, y la empresa que lo desarrolló es norteamericana. Como el valor es muy elevado comencé a desarrollar esta herramienta, pero aún no concluyo el trabajo, a pesar de que he realizado pruebas de campo”.
Smith agregó en su declaración (después se ha negado a testificar) que esa aplicación la comenzó a desarrollar después de la “Operación Huracán”, que ese software iba a ser utilizado por el Labocar y que para ello se compró el hosting “Tubicacion” y que, además, a diferencia del software norteamericano (que costaba $200 millones), el suyo permitiría conocer el historial de ubicaciones de un celular. Dijo también que desarrolló “Tubicación” junto al cabo Riquelme, a quien conoció en la unidad de Inteligencia de Carabineros en Temuco mientras periciaban los celulares de los detenidos en la “Operación Huracán”.
Al cruzar el relato que hizo Smith ante los fiscales sobre el desarrollo de “Tubicacion” con los documentos de la UIOE obtenidos por CIPER sobre la “Operación Andes”, hay algo clave que no calza. El dominio de “Tubicacion” (tubicacion.cl) recién se inscribió en Nic Chile el 9 de enero de 2018, casi un mes y medio después de que supuestamente Smith logró con esa “herramienta” geolocalizar a Salazar y Romero.
ALEUY SE SUBE AL AVIÓN
A fines de septiembre, cuando la “Operación Huracán” estaba en marcha y el vocero de la CAM Héctor Llaitul ya estaba detenido, algunos medios de prensa comenzaron a exhibir los supuestos chats incautados por el “profesor” Smith. Y fue en ese momento que en La Moneda comenzó a hablarse de tráfico de armas desde Argentina hacia las comunidades mapuche.
Ese fue uno de los temas que el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, trató con la ministra argentina de Seguridad, Patricia Bullrich, cuando viajó especialmente para ello a fines de ese mes. La alerta la había encendido otro supuesto chat interceptado por Álex Smith.
El 4 de agosto Jorge Huenchullán, uno de los detenidos en la “Operación Huracán” y líder de la Comunidad Autónoma de Temucuicui, le habría enviado a Héctor Llaitul un archivo Excel con un listado de armamento: “seis escopetas, 10 revólveres, 12 pistolas y dos fusiles”. Llaitul habría respondido: “de Argentina me van a llegar, el 15”.
Pero CIPER accedió a otro archivo interno de la UIOE que pone en duda la veracidad de ese chat. En la presentación en power point que resume la inteligencia desarrollada por la unidad de La Araucanía sobre comunidades mapuche (“Exposición coordinación zona control orden público”), se dice que el 2 de agosto de 2017 lograron capturar información de una reunión realizada en la Comunidad Autónoma de Temucuicui, gracias a “trabajo de fuentes cerradas información A-1”.
El informante (“fuentes cerradas A-1”) indicó –se lee en la presentación- que Temucuicui poseía el siguiente armamento: “seis escopetas, 10 revólveres, 12 pistolas y dos fusiles”. Es decir, el mismo listado de armamento que después aparece en uno de los chats instalados en un celular de Héctor Llaitul, y que remitiría a una comunicación de este con Jorge Huenchullán, donde supuestamente le solicitaría esas armas para ser traídas desde Argentina.
En la misma presentación oficial de Inteligencia -“Exposición coordinación zona control orden público” (ver power point)-, fechada el 4 de agosto de 2017, se dice que el armamento ya estaría en Chile.
¿Quién puso sobre el escritorio del subsecretario Aleuy los antecedentes que apuntaban a un tráfico de armas desde Argentina a las comunidades mapuche en Chile? ¿Tuvo otros antecedentes antes de decidir reunirse con la ministra Bullrich en Argentina, o solo se basó en los chats del “profesor” Smith?
CiperChile
___________________________
19 Febrero 2018
A continuación, compartimos artículo de Silvia Beatriz Adoue en el Lemonde Diplômatique de Brasil sobre la articulación anti-mapuche entre el Estado chileno y el Estado argentino.
El escándalo sobre el montaje de la operación Huracán casi no se conoce en Argentina, pero los supuestos mensajes forjados han sido utilizados por el ministerio de seguridad de Argentina para justificar la escalada antimapu y la articulación represiva con Chile.
Nueva “operación cóndor”, ahora contra los Mapuche
Por Silvia Beatriz Adoue
Las dictaduras del Cono Sur precisaron justificas las políticas represivas por la invención de un enemigo interno. Para coordinar la represión en la región, organizaron la “Operación Cóndor”. Los gobiernos civiles de Chile y Argentina también quieren justificar la militarización presentando un nuevo enemigo: los Mapuche. La escalada represiva es hoy una providencia para desarticular preventivamente la resistencia a la integración de nuestra región a las candenas productivo/extractivas, que pretenden controlar el uso de la tierra. En el caso del territorio del Wallmapu, la tierra ancestral a ambos lados de la cordillera de los Andes, las grandes operadorras del sector forestal y de la mineración encuentran en los Mapuche una barrera material e ideológica para la utilización de los recursos.
Por otro lado, la militarización de la región es laboratorio y funciona también como amenaza para los argentinos y chilenos que por ventura se opongan al nuevo marco regulatorio ambiental y de las relaciones de trabajo. Las grandes cadenas del agronegocio y de la mineración precisan esas reformas para operar con velocidad, fluidez y sin riesgos. Ese es el marco de la aritculación entre los Estados chileno y argentino.
El gobierno argentino defiende un “cambio de doctrina” represiva de manera espectaculosa, liberando las fuerzas policiales de los límites de la ley. Dos semanas atrás, el presidente Mauricio Macri recibió en el palacio de gobierno a un policía que está siendo investigado por haber matado por la espalda a un ladrón en fuga. Los policías están siendo oficialmente estimulados a esas prácticas. De los 1.064 represores de la dicatadura condenados por delitos de lesa humanidad, 533 fueron beneficiados con prisión domiciliaria. Por el ablandamiento de las penas, se señaliza a los represores de hoy que el Estado no se olvida de “los servicios prestados” a la defensa del orden, más allá de la ley. Por esos gestos, el Estado argentino se está aproximando a las políticas represivas del Estado chileno, modelo a ser seguido para adecuarse a las “nuevas exigenias” mundiales.
El ensayo de articulación represiva entre los dos gobiernos tiene como base el combate a las “nuevas amenazas” regionales. El peligro presentado por el relato oficial chileno es el de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM) y el cuco argentino es la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM). Si la primera tiene presencia en la organización comunitaria en el centro sur de Chile, la segunda es una sigla de escasa y fantasmagórica aparición.
Nueva “operación cóndor”, ahora contra los Mapuche
Por Silvia Beatriz Adoue
Las dictaduras del Cono Sur precisaron justificas las políticas represivas por la invención de un enemigo interno. Para coordinar la represión en la región, organizaron la “Operación Cóndor”. Los gobiernos civiles de Chile y Argentina también quieren justificar la militarización presentando un nuevo enemigo: los Mapuche. La escalada represiva es hoy una providencia para desarticular preventivamente la resistencia a la integración de nuestra región a las candenas productivo/extractivas, que pretenden controlar el uso de la tierra. En el caso del territorio del Wallmapu, la tierra ancestral a ambos lados de la cordillera de los Andes, las grandes operadorras del sector forestal y de la mineración encuentran en los Mapuche una barrera material e ideológica para la utilización de los recursos.
Por otro lado, la militarización de la región es laboratorio y funciona también como amenaza para los argentinos y chilenos que por ventura se opongan al nuevo marco regulatorio ambiental y de las relaciones de trabajo. Las grandes cadenas del agronegocio y de la mineración precisan esas reformas para operar con velocidad, fluidez y sin riesgos. Ese es el marco de la aritculación entre los Estados chileno y argentino.
El gobierno argentino defiende un “cambio de doctrina” represiva de manera espectaculosa, liberando las fuerzas policiales de los límites de la ley. Dos semanas atrás, el presidente Mauricio Macri recibió en el palacio de gobierno a un policía que está siendo investigado por haber matado por la espalda a un ladrón en fuga. Los policías están siendo oficialmente estimulados a esas prácticas. De los 1.064 represores de la dicatadura condenados por delitos de lesa humanidad, 533 fueron beneficiados con prisión domiciliaria. Por el ablandamiento de las penas, se señaliza a los represores de hoy que el Estado no se olvida de “los servicios prestados” a la defensa del orden, más allá de la ley. Por esos gestos, el Estado argentino se está aproximando a las políticas represivas del Estado chileno, modelo a ser seguido para adecuarse a las “nuevas exigenias” mundiales.
El ensayo de articulación represiva entre los dos gobiernos tiene como base el combate a las “nuevas amenazas” regionales. El peligro presentado por el relato oficial chileno es el de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM) y el cuco argentino es la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM). Si la primera tiene presencia en la organización comunitaria en el centro sur de Chile, la segunda es una sigla de escasa y fantasmagórica aparición.
Desde la década de 1990, las comunidades Mapuche al oeste de la cordillera de los Andes han resistido al avance de las grandes transnacionales de la cadena de la celulosa, de la mineración y del sector salmonero, así como a las obras de infraestructura que destruyen el territorio para atender los intereses de esas empresas. Ellos vienen recuperando tierras, defendiendo sus biomas nativos y practicando una economía que reproduce la abundancia. En la Patagonia argentina, los Mapuche vienen resistiendo al avance del extractivismo petrolero, mineral y forestal.
Las sucesivas prisiones del joven longko Facundo Jones Huala han sido ocasión para la coordinación entre los Estados chileno y argentino. Miembro del Pu Lof de Resistencia Cushamen, Jones Huala había sido imputado en Chile, em 2013, junto a otros cinco líderes Mapuche que combatían contra la construcción de una hidroeléctrica, bajo la ley antiterrorista. Él pasó en 2014 para Argentina y no llegó a ser juzgado junto a los otros cinco, de los cuales cuatro fueron absueltos y una joven machi fue condenada a sólo 61 días de prisión “por encubrimiento”, sin que se sepa hasta hoy a quién habría encubierto. El Estado chileno emitió un pedido de extradicción de Jones Huala para el Estado argentino. Él fue detenido en mayo de 2016 y el juicio fue declarado nulo por haberse basado en procedimientos ilegales.
Sin embargo, el 27 de junio de 2017, y unos escasos minutos después de un encuentro diplomático entre el presidente argentino Mauricio Macri y la presidenta chilena Michelle Bachelet, una vez más el longko fue preso. Los cargos que se le imputaron eran los mismos por los cuales ya había sido juzgado y absuelto el año anterior.
En agosto de 2017, y después de una manifestación junto al Pu Lof de Resistencia Cushamen por la libertad de Jones Huala, la Gendarmería argentina ingresó al área de la comunidad sin orden judicial. El gobierno quería hacer un test con la figura legal de la “flagrancia”, cuyo mentor es el jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad Pablo Noceti, presente en la región y seguramente supervisando el test. El delito “flagrado” consistía en una decena de personas defendiéndose con palos y hondas de revoleo. El ingreso y persecusión dentro del territorio resultó en la desaparición del joven Santiago Maldonado, acorralado por los gendarmes en las poco profundas aguas del río Chubut. A los 77 días, el cadáver de Maldonado fue encontrado a 500 m de ese lugar, río arriba, donde ya había sido buscado sin éxito.
El otro pivot de la articulación entre los dos Estados fue la “Operación Huracán” que resultó en allanamientos simultáneos en varios municipios para detener ocho líderes Mapuche, entre los cuales el vocero de la CAM Héctor Llaitul. La investigación a cargo de los Carabineros presentó un informe con mesajes de celulares que comprometían a los ocho Mapuche en la preparación de quema de camiones de las empresas forestales, con financiamiento extranjero y receptación de armas provenientes de Argentina. La detención e incautación de los celulares ocurrió en setiembre de 2017 y, supuestamente, la interceptación previa mensajes fue realizada por el sofware “Antorcha”, creado por Alex Smith, un ingeniero forestal que trabaja para Carabineros como asesor en informática. Inmediatamente, el subsecretario del Interior de Chile se reunió con la ministra de Seguridad de Argentina para coordinar el combate a la violencia Mapuche. Por su parte, la ministra argentina convocó a los gobernadores de las provincias de la Patagonia para aritcular una acción represiva conjunta contra la RAM.
Sólo que en diciembre, en medio de un peloteo de acusaciones mutuas entre la Fiscalía chilena y Carabineros, la primera puso bajo sospecha las pruebas presentadas por los segundos. Después de tres pericias, se descubrió que los mensajes fueron implantados en los celulares incautados y toda la operación fue un montaje. Las conversaciones entre los Mapuche, todas en castellano, seguían la dramaturgia trazada por Carabineros. La gira del papa, que pretendía la “reconciliación”, pasó lejos de denunciar estos desmanes. Los Mapuche, ya declarados inocentes, iniciaron un proceso judicial contra siete funcionarios de Carabineros por obstruir la investigación, falsificar instrumentos públicos y delitos informáticos. Héctor Llaitul apunta como responsables de la “Operación Huracán” al subsecretario del Interior Mahmud Aleuy y a la Agencia Nacional de Inteligencia.
Los montajes teatrales del “enemigo mapuche” se suceden con la ayuda de los medios de comunicación comprometidos en el esfuerzo dramatúrgico. Interesa la producción de capítulos de alta intensidad dramática y no si la máscara cae al final de cada episodio.
____________________________________________________
Álex Smith y funcionario de Labocar son formalizados por Operación Huracán 2
El ex funcionario civil de Carabineros, conocido como el “Profesor”, está invlucrado en otra presunta manipulación de pruebas.
Diario Uchile- Lunes 19 de febrero 2018 10:14 hrs.
Las sucesivas prisiones del joven longko Facundo Jones Huala han sido ocasión para la coordinación entre los Estados chileno y argentino. Miembro del Pu Lof de Resistencia Cushamen, Jones Huala había sido imputado en Chile, em 2013, junto a otros cinco líderes Mapuche que combatían contra la construcción de una hidroeléctrica, bajo la ley antiterrorista. Él pasó en 2014 para Argentina y no llegó a ser juzgado junto a los otros cinco, de los cuales cuatro fueron absueltos y una joven machi fue condenada a sólo 61 días de prisión “por encubrimiento”, sin que se sepa hasta hoy a quién habría encubierto. El Estado chileno emitió un pedido de extradicción de Jones Huala para el Estado argentino. Él fue detenido en mayo de 2016 y el juicio fue declarado nulo por haberse basado en procedimientos ilegales.
Sin embargo, el 27 de junio de 2017, y unos escasos minutos después de un encuentro diplomático entre el presidente argentino Mauricio Macri y la presidenta chilena Michelle Bachelet, una vez más el longko fue preso. Los cargos que se le imputaron eran los mismos por los cuales ya había sido juzgado y absuelto el año anterior.
En agosto de 2017, y después de una manifestación junto al Pu Lof de Resistencia Cushamen por la libertad de Jones Huala, la Gendarmería argentina ingresó al área de la comunidad sin orden judicial. El gobierno quería hacer un test con la figura legal de la “flagrancia”, cuyo mentor es el jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad Pablo Noceti, presente en la región y seguramente supervisando el test. El delito “flagrado” consistía en una decena de personas defendiéndose con palos y hondas de revoleo. El ingreso y persecusión dentro del territorio resultó en la desaparición del joven Santiago Maldonado, acorralado por los gendarmes en las poco profundas aguas del río Chubut. A los 77 días, el cadáver de Maldonado fue encontrado a 500 m de ese lugar, río arriba, donde ya había sido buscado sin éxito.
El otro pivot de la articulación entre los dos Estados fue la “Operación Huracán” que resultó en allanamientos simultáneos en varios municipios para detener ocho líderes Mapuche, entre los cuales el vocero de la CAM Héctor Llaitul. La investigación a cargo de los Carabineros presentó un informe con mesajes de celulares que comprometían a los ocho Mapuche en la preparación de quema de camiones de las empresas forestales, con financiamiento extranjero y receptación de armas provenientes de Argentina. La detención e incautación de los celulares ocurrió en setiembre de 2017 y, supuestamente, la interceptación previa mensajes fue realizada por el sofware “Antorcha”, creado por Alex Smith, un ingeniero forestal que trabaja para Carabineros como asesor en informática. Inmediatamente, el subsecretario del Interior de Chile se reunió con la ministra de Seguridad de Argentina para coordinar el combate a la violencia Mapuche. Por su parte, la ministra argentina convocó a los gobernadores de las provincias de la Patagonia para aritcular una acción represiva conjunta contra la RAM.
Sólo que en diciembre, en medio de un peloteo de acusaciones mutuas entre la Fiscalía chilena y Carabineros, la primera puso bajo sospecha las pruebas presentadas por los segundos. Después de tres pericias, se descubrió que los mensajes fueron implantados en los celulares incautados y toda la operación fue un montaje. Las conversaciones entre los Mapuche, todas en castellano, seguían la dramaturgia trazada por Carabineros. La gira del papa, que pretendía la “reconciliación”, pasó lejos de denunciar estos desmanes. Los Mapuche, ya declarados inocentes, iniciaron un proceso judicial contra siete funcionarios de Carabineros por obstruir la investigación, falsificar instrumentos públicos y delitos informáticos. Héctor Llaitul apunta como responsables de la “Operación Huracán” al subsecretario del Interior Mahmud Aleuy y a la Agencia Nacional de Inteligencia.
Los montajes teatrales del “enemigo mapuche” se suceden con la ayuda de los medios de comunicación comprometidos en el esfuerzo dramatúrgico. Interesa la producción de capítulos de alta intensidad dramática y no si la máscara cae al final de cada episodio.
____________________________________________________
Álex Smith y funcionario de Labocar son formalizados por Operación Huracán 2
El ex funcionario civil de Carabineros, conocido como el “Profesor”, está invlucrado en otra presunta manipulación de pruebas.
Diario Uchile- Lunes 19 de febrero 2018 10:14 hrs.
En el Juzgado de Garantía de San José de la Mariquina, en la región de Los Ríos, se realizan este lunes las primeras formalizaciones por la presunta manipulación de pruebas en la llamada Operación Huracán 2.
En la audiencia serán formalizados Álex Smith, ex funcionario civil de Inteligencia de Carabineros, conocido como el “Profesor”; y Manuel Antonio Riquelme, miembro del Laboratorio de Criminalística de la institución (Labocar).
En la investigación, que lleva el fiscal regional Juan Agustín Meléndez, ambos son imputados por los delitos de obstrucción a la investigación y falsificación de instrumento público.
Smith es el creador de la aplicación Antorcha, con la cual -asegura- habría interceptado mensajería instantánea de comuneros mapuches, en el marco de investigaciones policiales.
La Operación Huracán 2 se refiere a la quema de 29 camiones de la empresa Sotraser, ocurrida en agosto del año pasado en San José de la Mariquina.
________________________________
Aucan Huilcamán: Fernández y Aleuy son responsables del montaje en Huracán
El dirigente mapuche apuntó a autoridades políticas en medio del escándalo desatado por la fallida operación. Además, criticó la persistente protección con la que cuenta el general director de Carabineros, Bruno Villalobos. Sus declaraciones se dan al finalizar una semana compleja para el Gobierno, en la que fue duramente criticado por un actuar contrradictorio en cuanto a la "Operación Huracán".
Nicolás Massai D.- Viernes 16 de febrero 2018 15:21 hrs.
El dirigente mapuche apuntó a autoridades políticas en medio del escándalo desatado por la fallida operación. Además, criticó la persistente protección con la que cuenta el general director de Carabineros, Bruno Villalobos. Sus declaraciones se dan al finalizar una semana compleja para el Gobierno, en la que fue duramente criticado por un actuar contrradictorio en cuanto a la "Operación Huracán".
Nicolás Massai D.- Viernes 16 de febrero 2018 15:21 hrs.
Este viernes la justicia declaró admisible la querella presentada por el gobierno contra quienes resulten responsables como autores, cómplices o encubridores de los supuestos delitos de obstrucción a la investigación y falsificación de instrumento público en el marco del presunto montaje de la Operación Huracán.
La acción legal fue presentada en el Juzgado de Garantía de Temuco, y si bien apuntaron a los acontecimientos que se han sucedido durante estos días, también se criticó a los fiscales por el hecho de cerrar la causa matriz, que terminó con el sobreseimiento de todos los comuneros mapuche.
Ese mismo tribunal fue el que se declaró competente para llevar la causa por el presunto montaje, a la que se añaden otras aristas como la querella presentada por la ex abogada asistente de la Fiscalía de Alta Complejidad de La Araucanía. Mónica Palma inició la acción por el delito de calumnias en su contra al ser sindicada como informante de Héctor Llaitul, lo que podría abrir la puerta a otro eventual montaje.
Este escándalo nacional implicó que el general director de Carabineros, Bruno Villalobos, llamara a retiro este jueves a tres funcionarios de distintos rangos de la institución policial; el general Marcelo Teuber, quien fuera hasta el año pasado jefe de la Unidad de Inteligencia; el mayor Patricio Marín y el capitán Leonardo Osses.
La medida fue criticada por Aucán Huilcamán. En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el encargado de relaciones internacionales del Consejo de Todas las Tierras explicó que la desvinculación de las personas que realizaban actividades de Inteligencia en La Araucanía representa dos cuestiones fundamentales:
“En primer lugar, salvar a la alta jerarquía de Carabineros, entre ellos, al general Bruno Villalobos. En segundo, encubrir de manera solidaria la responsabilidad del gobierno de la Presidenta Bachelet, y en particular la figura de Mario Fernández, ministro del Interior, y Mahmud Aleuy, subsecretario del Interior. Ellos tienen responsabilidad directa en el montaje Huracán que ha resultado un fracaso”, dijo.
Al respecto, el ministro del Interior, Mario Fernández, fue consultado respecto de las implicancias de mantener en el cargo a Bruno Villalobos. La autoridad dijo que lo que podía señalar es que “la decisión del general Bruno Villalobos ayer, de iniciar el retiro de funcionarios, es una muestra de su responsabilidad en el cargo. Esos procesos de retiro tienen toda una tramitación. Corresponde a una señal de responsabilidad”.
__________________________
Abogado Román: “Huracán es la Operación Michelle Bachelet”
El representante legal de Héctor Llaitul afirmó no tener dudas de que el gobierno de Chile tiene participación en el montaje, y por lo mismo, debe responder. El abogado asegura que los fiscales han desarrollado una estrategia de criminalizar a los mapuche y que en ello han jugado su parte las policías.
Camilo Villa J.- Miércoles 7 de febrero 2018 18:03 hrs.
El escándalo de la Operación Huracán ha puesto en el tapete una denuncia constante del pueblo mapuche en cuanto a su conflicto con el Estado chileno: los montajes de los que han sido víctimas por parte de las autoridades.
Hoy la principal institución acusada es Carabineros de Chile, producto de las supuestas pruebas que consistían en conversaciones a través de whatsapp entre los implicados. Sin embargo ¿es la policía uniformada la única responsable en estos montajes?
Para conversar sobre el tema, Radio y Diario Universidad de Chile se contactó con Rodrigo Román, abogado de la Defensoría Popular y representante legal de Héctor Llaitul, vocero de la Coordinadora Arauco-Malleco y uno de los supuestos acusados por la Operación Huracán.
Según el abogado, la responsabilidad parte desde el ejecutivo. En ese sentido recordó una reunión efectuada en el sur de Chile el 20 de septiembre del 2017 –sospechosamente a menos de una semana de que estallara el caso de la Operación Huracán, recordó Román- encabezada por el subsecretario del interior, Mahmud Aleuy, en la cual participaron autoridades de Temuco, Concepción y la Región de Los Ríos
“Esa reunión no tiene justificación legal ni constitucional. Si Aleuy encabezó esta importante reunión con los presidentes de las Cortes de Apelaciones de la zona, con los jefes de las policías, con los jefes de la fiscalía, con los abogados del gobierno, entre otros, uno pudiese pensar que hay una trama que viene desde el más alto nivel, en este caso desde el ministerio del interior”.
“No tengo duda alguna que el Gobierno de Chile tiene participación en estos hechos. Este huracán es el huracán Michelle Bachelet” sentenció.
En ese sentido Román recalcó que la imagen de la Presidenta no se ha visto afectada por esta situación ya que ella se encuentra protegida por “los ricos, los poderosos y los medios”, sin embargo no dudó en responsabilizar a su gobierno por llevar adelante “estas acusaciones infundadas”.
El abogado considera lo anterior de una gravedad tremenda, a la cual se le suma otra: que una de las ofertas de campaña de Bachelet para llegar al ejecutivo fue la no aplicación de la Ley Antiterrorista, “y lejos de no aplicarla, han invertido cuantiosos recursos para condenar a los peñis sobre conductas terroristas”.
En cuanto a la responsabilidad del Ministerio Público, el abogado indicó que es evidente el sentimiento anti mapuche que tienen los fiscales, quienes, coludidos con las policías, buscan condenar sin desarrollar la labor investigativa para llegar a un juicio ante un tribunal imparcial con las pruebas necesarias, es decir, no hay debido proceso para ellos.
Para Román la fiscalía de la Araucanía ha jugado un especial papel en la persecución, criminalización y encarcelamiento de centenares de mapuche en distintos casos, sin embargo se evidencia su falta de seriedad porque la gran mayoría de los comuneros acusados de delitos han sido, finalmente, absueltos.
“Te puedo asegurar que la fiscalía y ciertos fiscales como Alberto Chiffelle y Luis Arroyo, han jugado esta estrategia de criminalización y encarcelamiento a priori solamente por la circunstancia de ser mapuche, y al respecto se han coludido con las policías y la inteligencia policial para llevar a cabo distintos montajes desde hace ya montones de años” enfatizó.
Recordó también que en más de 20 ocasiones se ha invocado la ley antiterrorista por parte del Ministerio Público, y en ningún caso han conseguido un veredicto condenatorio por la Ley Antiterrorista, salvo el joven Raúl Castro Antipán, mapuche que fue infiltrado por la Dirección de Inteligencia de Carabineros (DIPOLCAR) para provocar distintos hechos de violencia.
Según Roman, la Policía de Investigaciones (PDI) también debe asumir sus responsabilidades, pues aseguró que también forman parte de los montajes y sin embargo han pasado desapercibidos.
“Hoy la PDI está pasando en silencio, está pasando inadvertida, cuando es la PDI la que encabeza el caso luchsinger-Mackay. Ellos también han jugado un triste y nefasto papel con la muy probable implantación de pruebas también. Porque en este caso lo único que hay es el relato de dos sabuesos de la PDI que dan cuenta de los supuestos dichos que habría señalado José Peralino, una de las personas involucradas”.
El abogado cree que esta situación es un deja vu con lo que fue en su momento el caso de Raúl Castro Antipán. Por eso muestra seguridad con que el segundo juicio a realizarse por este hecho terminará en una absolución de los acusados.
Román también señaló que dada la gravedad del escándalo de la Operación Huracán, todas las altas autoridades implicadas deberían responder y presentar su renuncia.
________________________________
%2017.38.17.png)
.jpg)
