Chile: Un nefasto subsidio forestal
FRANCISCO MARÍN
24 DE JULIO DE 2015
Valparaíso (apro).- Sin considerar la evidencia que demuestra los graves perjuicios ecológicos, sociales, económicos y ambientales que provocó en 40 años de aplicación, el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet otorgó carácter de “urgencia” al trámite legislativo del proyecto que prorroga por tres años la vigencia del Decreto Ley (DL) 701 de 1974, que subsidia el monocultivo forestal.
Este proyecto ingresado a la Cámara de Diputados el 15 de mayo, que contempla un desembolso fiscal de 55 millones de dólares, busca “disminuir la incertidumbre sectorial y generar las condiciones políticas y comunicacionales favorables para iniciar una discusión amplia sobre los contenidos que debe tener una nueva ley de fomento forestal”, destaca el mismo proyecto.
El pasado 2 de julio el gobierno decidió otorgarle carácter de “urgencia” al trámite de la norma, lo que supone un tiempo de debate máximo de un mes en cada una de las dos cámaras legislativas.
El 15 de julio los miembros de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados la aprobaron por unanimidad, por lo que ahora deberá ser analizada en la Comisión de Hacienda y luego en el Pleno de los Diputados, antes de pasar al Senado.
La parte del león
El decreto DL 701 fue dictado en 1974 por el dictador Augusto Pinochet e implementado por su yerno, el ingeniero forestal Julio Ponce Lerou, con el argumento de que impulsaría la industria forestal. Sin embargo, esa norma ha tenido como consecuencia que desde entonces se hayan plantado casi 3 millones de hectáreas de pino radiata y eucaliptus, la mayor parte sobre milenarios bosques nativos.
Dicha norma estableció un subsidio en dinero para las plantaciones, que cubría casi el 100% del costo de éstas; la eliminación de la tributación de los terrenos y de la producción forestal; el otorgamiento de créditos estatales en extraordinarias condiciones, y el no pago de aranceles de exportación.
A precios irrisoriamente bajos, la dictadura vendió a grupos económicos grandes extensiones de tierras –muchas de ellas arrebatadas a comunidades mapuche o a cooperativas campesinas–, así como viveros y plantas industriales.
Fruto del incentivo a estas empresas, el sector forestal pasó de exportar 254 mil dólares en 1980 a 6 mil 904 millones en 2014, convirtiéndolo en el segundo de importancia en el país, después de la minería. La superficie ocupada por el monocultivo forestal creció de las 300 mil hectáreas en 1974, a 3 millones en la actualidad, gran parte de las cuales estaban antes cubiertas de bosque nativo.
Según un estudio de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), 69.8% de los subsidios entregados mediante el DL 701 han favorecido a grandes y medianos empresarios forestales. Sin embargo, son dos conglomerados los que se llevaron la parte del león: Forestal Arauco (del grupo Angelini) y CMPC-Mininco (Grupo Matte), que controlan 80% de las exportaciones forestales de Chile.
Según denunció la ONG Bosques sin Forestales en un artículo publicado el 17 de julio, “en Chile, el gran empresariado en general, y el forestal en particular, tienen sendos privilegios tributarios, que tras la Reforma Tributaria de 2014, siguen plenamente vigentes”. Citando al economista de la Fundación Sol, Gonzalo Durán, afirmó que las grandes empresas forestales “no pagan impuestos”.
Hay que tener presente que las grandes plantaciones forestales se han instalado en el centro sur de Chile, principalmente en las regiones del Bío Bío, La Araucanía y Los Ríos. Esta zona corresponde al antiguo Wallmapu o país de los Mapuche, pueblo originario que hoy posee sólo 3% de las 10 millones de hectáreas que pudo mantener durante el reinado de España en América y que sólo le fueron arrebatadas con la ocupación militar conocida como “Pacificación de la Araucanía”. Esta fue una campaña militar de ocupación verificada entre 1861 y 1869, tras la cual se confinó a las comunidades mapuche en pequeñas reducciones.
La expansión del monocultivo ha derivado en una drástica disminución de las aguas subterráneas, así como de la fauna y vegetación silvestre, lo que ha mermado dramáticamente la agricultura tradicional campesina y mapuche. Asimismo, las zonas más densamente pobladas por las plantaciones forestales son las que exhiben mayores tasas de pobreza, desempleo y migración.
De acuerdo con lo señalado por el Ministerio de Planificación en su Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN) de 2009, la provincia de Arauco (Región del Biobío) presenta un índice de pobreza de 26.9%, mientras que en las provincias de Malleco y Cautín (Región de La Araucanía) este flagelo alcanza a 25% y 35.1%, respectivamente. Estas cifras de pobreza están entre las más altas del país.
En materia ambiental, el balance de la expansión del monocultivo forestal también es desolador.
Según una carta enviada a la presidenta Bachelet el 15 de julio por 27 científicos de la Universidad Austral –con sede en Valdivia–, la aplicación de del DL 701 ha traído, entre otras consecuencias, la disminución de la provisión y calidad de agua en cuencas dominadas por plantaciones forestales; incremento de incendios forestales; homogenización del paisaje y la pérdida de biodiversidad; sustitución y fragmentación de bosques nativos de relevancia global para el sostenimiento de la biodiversidad, y la invasión de especies exóticas como el pino radiata y el eucaliptus.
De acuerdo con lo establecido por la ONG Observatorio Ciudadano en su investigación Pueblo Mapuche y Recursos Forestales en Chile (2013), el efecto del monocultivo forestal es devastador: “Los mayores impactos se generan por el desecamiento y contaminación de las fuentes de agua, uso de pesticidas, sistemas inapropiados de cosechas, reemplazo de bosques nativos y aumento de riesgo de incendios forestales”.
Indígenas vilipendiados
Los subsidios contenidos en el DL 701 se mantuvieron hasta fines de 2013. Ese año el gobierno del derechista Sebastián Piñera hizo grandes esfuerzos por renovar por 20 años su aplicación, pero no pudo debido a la oposición mapuche y al hecho que en el Senado, por donde se ingresó el proyecto en dicha oportunidad, hubo una férrea exigencia a que la prórroga fuera consultada a los pueblos indígenas, tal como se contempla en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Bachelet inició su gobierno con el propósito de mantener el subsidio a las forestales. En la Cuenta Anual rendida el 21 de mayo de 2014 lo planteó sin tapujos: “Los bosques son también un pilar importante de nuestra economía y hay que apoyar la inversión en ellos, una inversión que sea social y medioambientalmente sustentable (…) con ese fin prorrogaremos la vigencia del DL 701”. Nada mencionó respecto de la consulta indígena. Tampoco explicó por qué llamó bosques a plantaciones de monocultivo forestal.
Pero a la mandataria socialista le sucedió algo similar que a Piñera: la oposición de mapuches y senadores del ala de izquierda de la oficialista coalición Nueva Mayoría trabaron momentáneamente su propósito.
En junio de 2014 los senadores de la oficialista Nueva Mayoría Alfonso de Urresti (Partido Socialista) y Alejandro Navarro (Movimiento Amplio de Izquierda), escribieron una carta a la entonces ministra de Desarrollo Social, María Villegas, en la que expresaron su rechazo al proyecto y exigieron la aplicación de la consulta indígena.
En dicha misiva, los parlamentarios recordaron un aspecto del Programa de la Nueva Mayoría, contenido en la página 172 del mismo: “La nueva política indígena se fundamentará en el marco internacional de derechos que garantizan a los Pueblos Indígenas que ellos pueden proveer su mejor forma de desarrollo político, económico, social y con pertinencia cultural. En dicho sentido implementaremos en plenitud el Convenio 169 de la OIT”.
Después de más de tres meses (9 de octubre), la ministra Villegas respondió que el gobierno aplicará la consulta “en caso de medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectar directamente a los pueblos indígenas”, aclarando que hasta dicha fecha “no existen antecedentes o proyectos” relacionados con el subsidio al monocultivo forestal.
El 14 de junio pasado, 200 campesinos y comuneros mapuches, pertenecientes a una treintena de organizaciones del sector costero de la comuna de la Unión (Región de Los Ríos), enviaron una carta a la presidenta Bachelet, rogándole que no prolongue el subsidio forestal.
Allí sostienen que éste ha tenido como resultado la migración del campo a la ciudad “con el consecuente desarraigo y posterior marginalidad urbana”, la concentración de la propiedad en muy pocas manos, la pérdida de fertilidad de los suelos vecinos de las grandes plantaciones industriales, “y lo más angustiante: la perdida de nuestras fuentes de abastecimiento de agua a nivel predial, con el consecuente empobrecimiento de nuestras pequeñas propiedades”.
Sin embargo, pese a las exigencias en sentido contrario, el gobierno envió el proyecto al Congreso sin que su tramitación contemple la consulta indígena. Lo hizo por la Cámara de Diputados, donde la oposición a ésta iniciativa se ha mostrado minúscula.
Lo que distingue este proyecto del original, de 1974, es que ahora no busca ampliar la extensión de las propiedades para los grandes empresarios forestales, sino que va dirigido a pequeños propietarios. “Hoy se avanza en la diseminación de las plantaciones al interior de los predios campesinos, quienes, a cambio de proporcionar el uso de sus tierras, reciben subsidios del Estado, con fondos procedentes de la banca multilateral”, como señala el historiador mapuche Víctor Toledo Llancaqueo en su artículo “El enclave forestal chileno en territorio mapuche”.
“Un mal proyecto”
En entrevista con Apro, el senador De Urresti expresa que la prórroga del DL 701 “es controvertida” y “no puede legislarse a toda velocidad sólo porque sea una materia priorizada por Hacienda”.
Este Parlamentario –que representa a la Región de los Ríos– subraya el hecho de que el subsidio forestal “afecta los intereses de comunidades indígenas y de vastos territorios”.
De Urresti sostiene que desde 2014 discute con la ministra de Agricultura y con la Conaf sobre esta propuesta legislativa por varias razones, entre las cuales destaca su parecer respecto de que ya sería tiempo “de tener una política forestal moderna, que haga una opción preferencial por el bosque nativo, que respete la vocación productiva de los territorios y, sobre todo, que respete a las comunidades indígenas, tal como lo establece el Convenio 169 de la OIT que Chile ratificó en el pasado gobierno de la Presidenta Bachelet (2009)”.
El legislador sostiene que en 40 años “no hemos conocido una evaluación acerca de los impactos y eventuales beneficios de esta ley, sin embargo, se sigue prorrogando como si no hubiera otra opción”.
Al preguntarle por qué la Nueva Mayoría, de la que es parte, insiste en propiciar el monocultivo forestal, pese a las nocivas consecuencias sociales y ambientales, De Urresti expresa: “Dentro del contexto de la dictadura, el desarrollo de una industria forestal encajaba a la perfección con el modelo exportador de materias primas”. Sin embargo, sostiene, “lo que podía tener significado en 1974, hoy, en democracia y con un modelo que busca mejorar las condiciones de equidad social y medioambiental, carece de sentido”.
Completa: “Lo que ha permitido la subsistencia del DL 701 es una mirada económica y empresarial que no ha variado en todo este tiempo”.
Finalmente, señala que él no se opone a la actividad forestal, pero sí a que ésta se haga a costa de comunidades pobres e indígenas, “hipotecando otras vocaciones productivas territoriales”.
http://www.proceso.com.mx/?p=411479
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DL 701: En 40 años 70% de aportes fueron a grandes forestales
Según catastro de Conaf, entre 1974 y 2013, por tal concepto se entregaron US$ 875 millones.
Cerca de 40 años estuvo vigente el Decreto de Ley 701 de Fomento Forestal, que incentivó las plantaciones que otorgaban materia prima a dicho sector. Tras dos años en el congelador, hoy el Congreso discute su regreso.
Desde su aplicación, por ese concepto, el Estado desembolsó unos US$ 875 millones. De ese total, el 69,8% de los recursos fue en beneficio de grandes y medianos propietarios forestales.
El anuncio de la intención de prorrogar esta bonificación a la plantación forestal si bien fue hecho en la cuenta pública del 21 de mayo de 2014, recién el 20 de mayo de 2015 ingresó al Congreso el proyecto tendiente a reflotar la aplicación de esta medida.
Esta prórroga de tres años, según cálculos del Ejecutivo, implicaría un mayor gasto fiscal de $ 35.063 millones (unos US$ 54 millones) en el período 2016-2018. El sector forestal en 2014 tuvo un récord de exportaciones de US$ 6.094 millones.
Historia
Creado en 1974, en el período en que Julio Ponce, actual controlador de SQM, era el director de la Conaf, su finalidad fue hacer crecer la masa forestal disponible en el país para abastecer a la industria forestal del país, estableciendo bonificaciones y exenciones tributarias. De paso, estableció la obligatoriedad de reforestar los bosques explotados, y cláusulas de inexpropiabilidad de predios.
Entre 1974 y 1997, año previo a su primera modificación, el DL 701 bonificó a 952.000 hectáreas, y el Estado entregó US$ 369 millones en bonificaciones, de los cuales 95% fueron directamente a grandes y medianos propietarios forestales, dejando solo 5% de los aportes para pequeños propietarios.
En mayo de 1998 fue promulgada la ley n°19.561, que modificó aspectos del DL 701. La modificación, vigente hasta 2010, entregó beneficios por US$ 476 millones, de los cuales 49% fueron directamente a pequeños propietarios forestales, mientras que el 51% restante fue al resto de los actores del sector.
En 2011, bajo la administración de Sebastián Piñera, y con José Antonio Galilea como ministro de Agricultura, se estableció una nueva modificación de este decreto, prorrogándolo por dos años. En términos de medidas, esta nueva actualización creó un registro de operadores forestales y, además, incluyó medidas y beneficios especiales para comunidades indígenas.
Tras esta modificación, y hasta su fecha de expiración en 2013, se entregó financiamiento por US$ 30,9 millones. Según datos proporcionados por Conaf, del total de los aportes, sólo 39% correspondió a superficie de pequeños propietarios.
Razones del Ejecutivo
Entre las razones del Ejecutivo para revivir el DL 701 están el dar continuidad a “una política pública de larga data, disminuir la incertidumbre sectorial, y generar las condiciones políticas y comunicacionales favorables para iniciar una discusión sectorial amplia sobre los contenidos que debe tener una nueva ley de fomento forestal”.
Los artículos incluidos en el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo, establecen que el Estado entregará la bonificación a partir del 1 de enero de 2016, y hasta el 31 de diciembre de 2018. Se establece también que el financiamiento de esta medida será con cargo a “la partida presupuestaria Tesoro Público” en el primer año, para ser posteriormente incluido en el presupuesto regular de subsidios del Tesoro Público.
http://www.latercera.com/noticia/negocios/2015/07/655-639180-9-dl-701-en-40-anos-70-de-aportes-fueron-a-grandes-forestales.shtml
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Ponencia del Consejo de Todas las Tierras en la ONU respecto de las empresas y PI.
Ponencia de Aukiñ Wallmapu Ngulam, Consejo de Todas las Tierras ante el Mecanismo de Expertos en Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU.
Pueblos Indígenas y las actividades de las empresas.
Werkén/Vocero: Aucan Huilcaman
8a Sesión del Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, MEDPI ONU, 21 de julio de 2015.
Señor Presidente.
El asunto de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas y las actividades de las empresas en su múltiple dimensión, constituye uno de los principales problemas que afectan a los Pueblos Indígenas y sus derechos en la actualidad. Esta situación se ve fuertemente acrecentada en los países en donde no existen normas jurídicas constitucionales que reconozcan y protejan los derechos colectivos de los Pueblos Indígenas, como es el caso de Chile.
Varias son las causas del por qué las empresas se han convertido en una verdadera amenaza con los Pueblos Indígenas y su derechos patrimoniales territoriales, entre otros.
Entre las causas se encuentran la celebración de los acuerdos económicos multilaterales o Acuerdos de Libre Comercio que establecen los gobiernos y cuyos acuerdos se alejan de los estándares internacionales de los Derechos Humanos y en otros casos simplemente se celebran sin tener en consideración las normas de protección a los Derechos Humanos.
Entre otra de las causas también se encuentran la creación de mecanismos institucionales de parte de los Estados, para otorgarle certeza jurídica y administrativas a las empresas, para que operen en los territorios indígenas, cuyas instituciones son absolutamente coherentes con los criterios y fines del mercado y de esta manera las empresas trasnacionales materializan sus proyectos mineros, hidroeléctricos que se instalan al interior de los territorios de los Pueblos Indígenas
Señor presidente.
Es innegable que las empresas han permeados los Derechos Humanos, han debilitados el respeto de las normas de Derechos Humanos, han minado su aplicación.
Observamos que los Derechos Humanos no han sido aplicados y respetados con la debida fuerza y vigor, de parte de los Estados Nacionales, a pesar que el principio general de los derechos humanos exhorta a una firme y debida reacción cuando los derechos humanos, entre ellos de los Pueblos Indígenas, son vulnerados en donde quieran que ocurran.
Los principios rectores sobre los derechos humanos y las empresas, son muy útil, pero han sido sobrepasados, debido a celeridad con que opera el capital trasnacional, considerando que la empresa trasnacional es la movilidad del capital económico
Señor Presidente
Las empresas por su naturaleza tan amplia, afectan los derechos tangibles e intangibles de los Pueblos Indígenas.
Empresas que en sus actividades tienen un impacto en los recursos económicos de las comunidades, en los ecosistemas, en la biodiversidad, en la seguridad alimentaria, en la propiedad intelectual y con sus operaciones, sin regulación ambiental, contribuyen a acelerar el desastre que está provocando el Cambio Climático, y en el caso del Pueblo Mapuche en Chile, su territorio ha sido afectado por el monocultivo de especies exóticas, lo que provoca una migración forzada.
Señor Presidente.
Otro asunto relativo a las empresas y los derechos humanos, me refiero el derecho a la reparación.
Este es un derecho general que debiera operar en cualquier sistema jurídico. Si eventualmente este principio general o este derecho no funciona, en definitiva el ordenamiento jurídico sería completamente discriminatorio con los Pueblos Indígenas.
En mi opinión, este no es asunto que debe ponerse en debate, esto simplemente debe operar.
Además debo recordar que en todo ordenamiento jurídico el derecho a la reparación opera cuando se ha causado un daño a cualquier propiedad protegido en un estado de derecho.
Señor Presidente.
Recomiendo que el MEDPI, debe elaborar en su informe una acabada información para su presentación en el Consejo de Derechos Humanos y subrayar las consecuencias que están provocando las empresas en los territorios de los Pueblos Indígenas y que afectan intrínsecamente los derechos humanos y al mismo tiempo el informe debe destacar las limitantes normativas en la esfera nacional y en las normas de los derechos humano de protección a los pueblos indígenas.
Muchas gracias Señor Presidente.
https://youtu.be/I-c5a8pDGh0
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Vea también:
La Declaración Universal de Derechos Humanos
https://abyayalainternacional.wordpress.com/declaracion-universal-de-derechos-humanos/
- Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas
http://ayi-noticias.blogspot.com/p/declaracion-de-las-naciones-unidas.html
- Convenio 169,OIT
https://abyayalainternacional.wordpress.com/convenio-oit-nro-169/
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Acerca del proyecto de ley de prórroga del DL 701
Pueblos Indígenas y las actividades de las empresas.
Werkén/Vocero: Aucan Huilcaman
8a Sesión del Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, MEDPI ONU, 21 de julio de 2015.
Señor Presidente.
El asunto de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas y las actividades de las empresas en su múltiple dimensión, constituye uno de los principales problemas que afectan a los Pueblos Indígenas y sus derechos en la actualidad. Esta situación se ve fuertemente acrecentada en los países en donde no existen normas jurídicas constitucionales que reconozcan y protejan los derechos colectivos de los Pueblos Indígenas, como es el caso de Chile.
Varias son las causas del por qué las empresas se han convertido en una verdadera amenaza con los Pueblos Indígenas y su derechos patrimoniales territoriales, entre otros.
Entre las causas se encuentran la celebración de los acuerdos económicos multilaterales o Acuerdos de Libre Comercio que establecen los gobiernos y cuyos acuerdos se alejan de los estándares internacionales de los Derechos Humanos y en otros casos simplemente se celebran sin tener en consideración las normas de protección a los Derechos Humanos.
Entre otra de las causas también se encuentran la creación de mecanismos institucionales de parte de los Estados, para otorgarle certeza jurídica y administrativas a las empresas, para que operen en los territorios indígenas, cuyas instituciones son absolutamente coherentes con los criterios y fines del mercado y de esta manera las empresas trasnacionales materializan sus proyectos mineros, hidroeléctricos que se instalan al interior de los territorios de los Pueblos Indígenas
Señor presidente.
Es innegable que las empresas han permeados los Derechos Humanos, han debilitados el respeto de las normas de Derechos Humanos, han minado su aplicación.
Observamos que los Derechos Humanos no han sido aplicados y respetados con la debida fuerza y vigor, de parte de los Estados Nacionales, a pesar que el principio general de los derechos humanos exhorta a una firme y debida reacción cuando los derechos humanos, entre ellos de los Pueblos Indígenas, son vulnerados en donde quieran que ocurran.
Los principios rectores sobre los derechos humanos y las empresas, son muy útil, pero han sido sobrepasados, debido a celeridad con que opera el capital trasnacional, considerando que la empresa trasnacional es la movilidad del capital económico
Señor Presidente
Las empresas por su naturaleza tan amplia, afectan los derechos tangibles e intangibles de los Pueblos Indígenas.
Empresas que en sus actividades tienen un impacto en los recursos económicos de las comunidades, en los ecosistemas, en la biodiversidad, en la seguridad alimentaria, en la propiedad intelectual y con sus operaciones, sin regulación ambiental, contribuyen a acelerar el desastre que está provocando el Cambio Climático, y en el caso del Pueblo Mapuche en Chile, su territorio ha sido afectado por el monocultivo de especies exóticas, lo que provoca una migración forzada.
Señor Presidente.
Otro asunto relativo a las empresas y los derechos humanos, me refiero el derecho a la reparación.
Este es un derecho general que debiera operar en cualquier sistema jurídico. Si eventualmente este principio general o este derecho no funciona, en definitiva el ordenamiento jurídico sería completamente discriminatorio con los Pueblos Indígenas.
En mi opinión, este no es asunto que debe ponerse en debate, esto simplemente debe operar.
Además debo recordar que en todo ordenamiento jurídico el derecho a la reparación opera cuando se ha causado un daño a cualquier propiedad protegido en un estado de derecho.
Señor Presidente.
Recomiendo que el MEDPI, debe elaborar en su informe una acabada información para su presentación en el Consejo de Derechos Humanos y subrayar las consecuencias que están provocando las empresas en los territorios de los Pueblos Indígenas y que afectan intrínsecamente los derechos humanos y al mismo tiempo el informe debe destacar las limitantes normativas en la esfera nacional y en las normas de los derechos humano de protección a los pueblos indígenas.
Muchas gracias Señor Presidente.
https://youtu.be/I-c5a8pDGh0
Vea también:
La Declaración Universal de Derechos Humanos
https://abyayalainternacional.wordpress.com/declaracion-universal-de-derechos-humanos/
- Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas
http://ayi-noticias.blogspot.com/p/declaracion-de-las-naciones-unidas.html
- Convenio 169,OIT
https://abyayalainternacional.wordpress.com/convenio-oit-nro-169/
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Acerca del proyecto de ley de prórroga del DL 701
Declaración Pública- Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo (AIFBN).
En relación al ingreso a la Cámara de Diputados de la prórroga al Fomento Forestal para ampliar la bonificación hasta el año 2018, la Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo (AIFBN), manifiesta que:
Concordamos que es necesario que el Estado mantenga su política de fomento a la forestación, sin embargo, los mecanismos que se establezcan deben estar en sintonía con la realidad del país. Deben ser concordantes con las actuales necesidades y desafíos que el país enfrenta, como el cambio climático, las energías renovables, la protección y recuperación de los acuíferos, la conservación de la biodiversidad y la distribución de la riqueza, en donde la actividad forestal puede contribuir positivamente.
Cabe recordar que cuando el Estado subsidia una actividad, somos todos los chilenos los que estamos contribuyendo a financiarla, en el bien entendido que sus beneficios ayudarán a resolver problemas, y no a agudizarlos. Durante los 40 años en que ha operado el actual esquema de fomento a la forestación, los beneficios económicos generados se han concentrado en las grandes empresas, mientras que sus costos (falta de agua, pérdida de biodiversidad, estrangulación económica de las PYMES y otros) han sido pagados por el medio ambiente, las comunidades locales, y los escasos emprendedores que han sobrevivido al duopolio que controla el sector. La experiencia demuestra que las grandes empresas siguen beneficiándose del subsidio incluso cuando éste se orienta preferentemente a pequeños y medianos propietarios, pues si bien éstos reciben algunos ingresos económicos, buena parte de la madera generada termina alimentando la gran industria por la vía del arriendo o del convenio de plantación.
Los problemas que hoy prioriza el país son muy distintos a los que se establecieron en el año 1974, cuando se promulgó el Decreto Ley 701, y que básicamente era la necesidad de generar materia prima para una industria que se pretendía impulsar. Esa industria ya está consolidada, y ese objetivo - puntos a favor, puntos en contra – está más que cumplido y nada justifica que los chilenos sigan financiándola.
Hoy, innegablemente, el establecimiento de bosques debe orientarse a la solución de aquellos problemas que el país y el mundo reconocen como altamente prioritarios.
La creación de cobertura forestal diversa es una de las opciones más eficientes y económicas para contribuir con la mitigación del cambio climático. Chile se ha comprometido internacionalmente a restaurar, con recursos propios, alrededor de 100.000 hectáreas de tierras degradadas (forestación) con una inversión estimada de 250 millones de dólares y alcanzar un área de al menos de 100.000 hectáreas manejadas al año 2035.
Las menores precipitaciones observada en la zona central y norte de Chile, y una consecuente y cada vez más prolongada condición de sequía en los territorios, imprime una necesidad urgente de tomar acciones que permitan mejorar la regulación del ciclo hidrológico en los paisajes forestales. Una herramienta de fomento debe estar enfocada en la forestación o reforestación con especies nativas, e incluso el uso de especies arbustivas o herbáceas que permitan la recuperación de suelos y el mejoramiento en general de las condiciones hidrológicas de las cuencas. En ese sentido, cientos de pequeñas cuencas necesitan que su espacio territorial sea visto no sólo para la producción de madera, sino que además para proveer de agua en calidad y cantidad. A ello se sumarían importantes externalidades positivas en el ámbito del paisaje, la calidad de vida, la conservación de la fauna y la industria turística.
Existe un enorme potencial de vincular la creación de nuevas plantaciones forestales con el fomento al uso de la madera en la construcción y a la generación de energía renovable con tecnología de punta basada en biomasa. Estas actividades productivas debiesen fortalecer y aumentar la participación de la PYMES forestales y madereras en el negocio forestal, promoviendo la asociatividad de éstas y consiguiendo de esta forma un factor de desarrollo sinérgico. Así, el diseño de los instrumentos de incentivo para conseguir estos objetivos debe estar fuertemente orientado a conseguir un mejoramiento significativo de los ingresos económicos de los aproximadamente 160.000 pequeños y medianos propietarios forestales en Chile.
Hoy observamos un gran desequilibrio entre las políticas públicas referidas al incentivo de plantaciones y las destinadas a la conservación y uso sustentable del bosque nativo. Durante 40 años rigieron los subsidios a la forestación del Decreto Ley 701 con amplias flexibilidades normativas para generar una riqueza que se concentró en pocas manos, mientras el manejo del bosque nativo continúa estancado por una ley generosa en burocracia y mezquina en subsidios (Ley 20.283).
La Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo, solicita al Congreso Nacional no legislar la prórroga al 701 recién ingresada el pasado 20 de mayo. Nos parece que el camino correcto es la formulación y tramitación de una Nueva Ley de Fomento Forestal que considere los argumentos aquí expuestos, invirtiendo el tiempo legislativo que sea necesario para ello. Finalmente nos permitimos subrayar la urgente necesidad de resolver las debilidades institucionales, con el fin de propender a una correcta aplicación de las herramientas legales sectoriales.
Directorio
Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo
AIFBN
http://www.bosquenativo.cl/index.php?option=com_k2&view=item&id=1321:acerca-del-proyecto-de-ley-de-pr%C3%B3rroga-del-dl-701&Itemid=51
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VIDEO: PLANTAR POBREZA, EL NEGOCIO FORESTAL EN CHILE - DOCUMENTAL
"Plantar Pobreza, el negocio forestal en Chile" es un documental de Periódico Resumen que aborda el origen y las consecuencias de la expansión de la industria forestal en la zona centro sur del país.
Las plantaciones de pinos y eucaliptos, las plantas de celulosa y toda la infraestructura vial y portuaria a su servicio son elementos que, a la vez de constituir el engranaje de un sustancioso y exclusivo negocio, representa la explotación de los territorios que ocupan y el empobrecimiento de sus comunidades.
Actualmente, los lugares que soportan plantaciones y albergan plantas de celulosa no ofrecen condiciones de habitabilidad para su gente obligándola a emigrar, dejando a completa disposición del negocio forestal los espacios anteriormente usados en la producción o recolección de alimentos y en la conservación del bosque. Muestra de esta realidad es que las comunas presentadas como "de vocación forestal" alcanzan índices de migración y pobreza que superan la media nacional.
Sin embargo, todo este proceso se ha configurado ante la obsecuencia y el servilismo de las autoridades de turno. Desde la Dictadura Militar hasta los gobiernos civiles, todos han defendido este empresariado, llamando desarrollo a la apertura de nuevos focos de extracción y servicios para la industria forestal, llamando a las plantaciones forestales como bosques y llamando estado de derecho a la imposición de la voluntad empresarial a través de la represión y el terrorismo de Estado.
"Plantar Pobreza" tiene el propósito de contribuir a entender el proceso en que se ha expandido esta industria y sus efectos a diferentes escalas. Sin quedarse en una constatación de desastres y miserias, "Plantar Pobreza" muestra la posibilidad de revertir las condiciones provocadas por el negocio forestal, a través del testimonio de comunidades invisibilizadas que realizan experiencias de recuperación del bosque, recuperación del agua y de la soberanía alimentaria.
A quienes vivimos en este territorio nos han intentado convencer de un falso dilema: "O hay forestales o hay pobreza". En realidad, hemos visto que nuestro empobrecimiento se ha agravado en tanto éstas se han expandido. Hoy, la recuperación de nuestro territorio se impone como condición necesaria para nuestra subsistencia y en esto no caben ambigüedades, la industria forestal debe irse y deben implementarse políticas de reparación ambiental y social. El documental "Plantar Pobreza", intenta contribuir a esta lucha.
https://youtu.be/A42dHCxuJ1w
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Alertan que ampliación del decreto 701 que regala dinero a Forestales es peor que la Ley de Pesca
Si usted cree que la Ley de Pesca es la legalización, vía coimas, del saqueo de los recursos marítimos de Chile, ponga atención a lo que está haciendo el Gobierno y el Parlamento en estos días con la Ley de Fomento Forestal.
Por: Luis García Huidobro
23 de julio de 2015
El 2 de julio pasado el Gobierno de Bachelet puso urgencia a la prórroga al fomento forestal ingresada en mayo al Parlamento. Curiosamente el tema no había aparecido en la cuenta anual de la Presidenta. El 15 de julio la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados aprobó la prórroga. La ley en trámite busca seguir incorporando al negocio forestal, por la vía del subsidio a la plantación de pino y eucalipto, dos millones de hectáreas de tierra que no son propiedad de los grupos Matte y Angelini.
La Ley de Fomento Forestal (DL 701) es el mayor legado de Julio Ponce Lerou durante la dictadura. En 1974, siendo Director Nacional de Conaf, idea este subsidio para dar rentabilidad a las tierras que estaban en manos de la Cora (Corporación de Reforma Agraria) –gran parte de ellas asentamientos mapuche– y que en los años siguientes serían privatizadas en precios irrisorios en beneficio de los grupos Cruzat, Matte y Vial.
Tras la quiebra de Cruzat y Vial, los actores hasta el día de hoy son los Matte (CMPC, Forestal Mininco) y los Angelini (Forestal Arauco).Sólo por poner un ejemplo de un fundo que acaba de ser vuelto a comprar por el Estado a Forestal Arauco a través de Conadi, mencionemos el Fundo Tranaquepe. Son 2110 hectáreas que fueron vendidas en enero de 1989 por Conaf a Forestal Arauco en $41.804.363. Reajustado según el IPC al año 2015, serían actualmente $188.888.911 (es decir, aproximadamente $85.000 la hectárea, hablando en plata de 2015, un precio irrisorio). En 2014 Conadi compra 1859 hectáreas del fundo a Forestal Arauco en $5.151.134.962, es decir, $2.770.500 cada hectárea. El segundo fundo comprado por Conadi durante este Gobierno en la zona es el fundo El Canelo, a Forestal Volterra. Ahí las utilidades son aún mayores, pues Conadi compró a $4.312.978 cada hectárea.
Matte, como sabemos, es el mayor financista (por la vía legal) de la actividad política en Chile. Angelini, por su parte, está involucrado como aportante ilegal en el caso Martelli. La cercanía del gremio forestal con todos los gobiernos es graficada de manera elocuente por el presidente de la Corporación de la Madera (Corma) Fernando Raga:
“Hemos trabajado estrechamente con todos los gobiernos, por lo tanto con las autoridades hemos tenido una relación muy fluida. Ustedes probablemente han visto que nosotros no somos de debates por la prensa con el Gobierno, ni de criticar ni de protestar cosas, porque tenemos una relación directa bastante fluida y nuestros temas son planteados de forma muy razonable y hemos sido en general atendidos”.
(Ver documental Plantar Pobreza: El Negocio Forestal en Chile, Periódico Resumen, 2014.https://www.youtube.com/watch?v=A42dHCxuJ1w. La cercanía de los Angelini y los Matte con la actividad política es permanente. La última reunión de Eliodoro Matte en La Moneda fue precisamente el martes recién pasado. A la salida declaró escuetamente que “vine como director del CEP, a tratar temas académicos”. Una visita de un intelectual, no de un empresario).
Por el contrario, la contraparte mayor en el conflicto forestal en Chile, el movimiento mapuche, con más de un millón de hectáreas potenciales en disputa con las forestales por derechos ancestrales, no tiene interlocución legítima con el Estado sobre este tema. El proyecto actual, al no ser sometido a consulta indígena, viola el Convenio 169 de la OIT, ratificado por la misma Presidenta Bachelet.
El Gobierno de Sebastián Piñera intentó revalidar el DL 701, sin embargo, echó pie atrás por los resultados de la consulta indígena efectuada por Conaf, en la que se vio ampliamente la oposición mapuche al proyecto.
Bachelet, en cambio, no tiene problema en echar adelante el proyecto sin consulta indígena, con lo que se hace responsable de la radicalización de la conflictividad que vendrá en los territorios en disputa. No es casualidad que la Provincia de Arauco, la mayor productora de madera, tenga un gasto policial por habitante 10 veces mayor que cualquier provincia ajena a este conflicto. Desde que el Gobierno volvió a introducir en el Parlamento el DL 701, más de 10 ataques y atentados han ocurrido en el sur de la Provincia.
El negocio forestal es sumamente rentable. Dadas las ventajas comparativas de Chile en el mercado mundial de la celulosa y la madera, no existe hoy otro cultivo más rentable para este territorio. El costo es el agotamiento de las napas subterráneas, por el cultivo intensivo en terrenos muy amplios. Se trata de un recurso natural valiosísimo a largo plazo, en el contexto del cambio climático global, dado que el agua dulce constituye el 3% del agua total del planeta. De este 3%, ¾ partes son hielo polar, de altísimo costo para ser convertida en agua disponible para el consumo humano. Sólo el 0,32% del agua dulce del planeta está en lagos, ríos y humedad del suelo. Cerca del 25% del agua dulce está en las napas subterráneas, las cuales en el centro y sur de Chile están siendo consumidas por la industria forestal. En las comunas emblemáticas de producción forestal, las familias y comunidades durante el verano obtienen el agua para beber en camiones aljibe.
Las ganancias de la explotación forestal se la lleva el dueño del terreno, que en más de un 90% del territorio explotado no es alguien que vive ahí. En cambio son los vecinos los que sufren la falta de agua. Este es el motivo legítimo por el que las comunidades mapuche de Arauco están masivamente cosechando los predios forestales al margen de la ley wingka, lo que el Gobierno llama “robo de madera”.
Los estudios de los investigadores científicos (AIFBN, Académicos Universidad Austral) coinciden con el conocimiento experiencial mapuche de que la industria forestal está secando el territorio, y que urge una política de impulso a la reforestación con bosque nativo. El territorio desertificado (la poda y la tala además generan toneladas de combustible seco) queda a merced de incendios forestales, cada vez más devastadores entre las regiones de Valparaíso y Los Lagos. Sin embargo, el Gobierno y el Parlamento solo tienen oídos para la palabra dinero. Crecimiento económico a toda costa.
La excusa para dotar de legitimidad ambiental al DL 701 es la de los “terrenos degradados”, pero solamente personas tan alejadas de la realidad, como los parlamentarios, pueden creer lo que contradice la experiencia en terreno de todos los días de quienes vivimos invadidos por plantaciones forestales.
Los informes de Conaf reconocen que en Chile se sigue destruyendo bosque nativo para plantar pino y eucalipto, y que en Chile se sigue sustituyendo tierra agrícola por plantación forestal. La rotación de cosechas y cultivos forestales es de 100 mil hectáreas anuales. Es decir, todos los años 100 mil hectáreas sufren la tala rasa, que significa la destrucción de toda vegetación y consecuente erosión del terreno, además del alto riesgo de incendio. Las 100 mil hectáreas que se plantan anualmente estarán expuestas a la erosión durante 2 o 3 años más en que demora la plantación en tener una densidad suficiente como para afirmar el terreno. La recuperación de terrenos degradados a través de cultivos destinados a la tala rasa es un remedio peor que la enfermedad. La solución es la restauración de bosque nativo.
El modelo promovido bajo las consignas “Chile País Forestal” y “Chile País Maderero” está en crisis por sobreexplotación. Los millones de dólares que ingresan al país por exportación de madera y celulosa (récord de 6.094 millones de dólares en 2014) tienen por consecuencia la radicalización de la conflictividad ambiental-cultural-social, especialmente mapuche.
Por la ambición y falta de visión de futuro de la clase empresarial y política, es de esperar que la situación de conflicto por el agua y el territorio, que hoy se vive fuertemente en las Provincias de Arauco y Malleco, se siga extendiendo en el mediano plazo a Ñuble, Bío Bío, Cautín, Valdivia, Ranco, Osorno y Chiloé.
La legitimidad del conflicto se refuerza ante actuaciones ilegales del Gobierno de Chile, como lo está siendo hoy el impulso al fomento forestal sin consulta indígena.
http://www.radiodelmar.cl/rdm/alertan-que-ampliacion-del-decreto-701-que-regala-dinero-a-forestales-es-peor-que-la-ley-de-pesca/#
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Ong CODEFF rechaza prórroga de Decreto Ley 701: “No queremos un espejo de la Ley de Pesca”
CODEFF llamó a los poderes Ejecutivo y Judicial a “terminar con esta ley y estudiar una que permita el real desarrollo de las comunidades y de los pequeños propietarios, y que no signifiquen la destrucción de nuestros bosques”.
Santiago, 23 de julio de 2015.(Codeff)– El Comité Pro Defensa de la Fauna y Flora (CODEFF) rechazó la prórroga a la vigencia del Decreto Ley 701 de Fomento Forestal, propuesta por el Gobierno y aprobada en general y particular por la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados.
“Esta ley ha sido uno de los principales responsables de la sustitución del bosque nativo por monocultivos forestales, lo que ha implicado la pérdida de biodiversidad, hábitats de fauna nativa y deterioro de cuenca hidrográfica, entre otros efectivos negativos”, afirmó la entidad.
“Adicionalmente, no ha implicado un real desarrollo de las comunidades locales o de propietarios de pequeños predios forestales, sino que ha sido destinada en más de un 70% a financiar a las grandes empresas forestales, transformándose en un ejemplo equivocado de políticas de Gobierno de subsidio”, agregó la ONG.
De hecho, alrededor del 80% de la actividad subsidiada está en manos de los grupos Matte y Angelini.
Desde su promulgación hasta 2013, se entregaron US$ 875 millones. De ellos, el 70% de los aportes fueron a grandes forestales, según CONAF.
En ese sentido, CODEFF llamó a los poderes Ejecutivo y Judicial a “terminar con esta ley y estudiar una que permita el real desarrollo de las comunidades y de los pequeños propietarios, y que no signifiquen la destrucción de nuestros bosques”.
“No queremos que esto sea un espejo de lo que pasó con la última Ley de Pesca, donde sabemos quiénes fueron los grandes beneficiados”, enfatizó la institución.
http://www.radiodelmar.cl/rdm/codeff-rechaza-prorroga-de-decreto-ley-701-no-queremos-un-espejo-de-la-ley-de-pesca/
El robo del agua a través de las transnacionales fore$tales en Arauko
"¿Agua para quién?
Escasez hídrica y plantaciones forestales en la Provincia de Arauco” un informe develador y por eso indignante
[resumen.cl]
Hace algunas semanas, fue publicado el informe “¿Agua para quién? Escasez hídrica y plantaciones forestales en la Provincia de Arauco” por la investigadora Marien González-Hidalgo, quien trabajó durante entre los meses Agosto y Octubre de 2014 en colaboración con la iniciativa “Agua que has de beber” y la ONG Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo.
Tal como se plantea en su introducción, en el informe “se describen las principales causas que afectan la baja disponibilidad de agua para el consumo humano en las áreas rurales, quedando en evidencia los problemas generados por el actual modelo de gestión del agua en Chile”. En él se constatan diversas situaciones atribuibles a la expansión de la industria forestal, relegando al estante de las mentiras los informes oficiales negadores de la vinculación entre ésta y la pauperización de la vida de la población. En este documento también se mencionan casos que evidencian el contubernio entre autoridades de instituciones del Estado y el empresariado que usufructúa y agota un recurso imprescindible para la reproducción de la vida.
Resumen ha conversado con Marien sobre esta investigación y su evaluación de las políticas sociales aplicadas a la empobrecida provincia de Arauco. Aquí están sus respuestas.
-Una de las primeras afirmaciones del texto es que no pudiste encontrar catastros de la región del Bío Bío que informaran, por ejemplo, sobre los cursos de agua que aprovisionan a quienes habitamos aquí. ¿Cuál es tu evaluación de esta situación?
Esto es alguna de las cosas que más me sorprendió, y que entendí gracias a mi colaboración con la Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo y la campaña Agua que has de Beber. En la Región del Bío Bío, la DOH-MOP, encargada del programa APR, sólo proporciona información sobre los puntos de captación, que es donde los Comités de Agua Potable Rural toman el agua desde esteros para su potabilización y distribución. Sin embargo, no hay información de dónde procede el agua ni de cuanta agua se tiene disponible, es decir no se manejan con información de cuenca, sino sólo del proceso de captación del agua. Como se dice en el informe, esto es grave ya que evidencia que el modelo económico basado en extracción forestal, que predomina en el Bio Bío, se definió y define de espaldas a las características e información del territorio, y por lo tanto la ordenación territorial se basa únicamente en los márgenes de beneficios que puede tener el estado o capitales privados, pero sin conocer, entre otras cosas, si las características ecológicas del territorio puede sostenerlos.
-En el informe también hay una denuncia que trata sobre el mal uso de datos pluviométricos por parte de representantes gubernamentales en la “Mesa del Agua en la provincia de Arauco”. Explícanos cuál crees que es el propósito de esto y en qué radica su gravedad.
El uso interesado de datos “científicos o ambientales” para sostener argumentos o nuevas políticas económicas es un lugar común y muy habitual, especialmente desde que las ciencias “duras” se instauraron con una legitimidad sobre “la verdad”. Especialmente en contextos rurales, los datos empíricos que estén firmados por ingenieros, licenciados, etc (el uso del masculino es a propósito) suele dar una legitimidad a nivel local que es difícil de contestar. Desconozco si las motivaciones de mostrar los datos como escasez hídrica en la provincia de Arauco como directamente causados por la reducción de precipitaciones fueron pensados premeditadamente o no, pero lo importante es que los datos apoyaban el discurso general que se pretende desde la institucionalidad pública y privada en el sur de Chile: el mensaje que se quiere dar es “si falta agua acá, la culpa es del cambio global, nosotros no tenemos nada que ver”. Esto no quiere decir que el cambio climático no esté ocurriendo, sino que en este contexto se utilizaba como una forma de des-responsabilizarse de las causas estructurales y biofísicas de lo que ocurre en el día a día de una provincia cuya ordenación territorial está a la orden del extractivismo forestal.
-Tú eres europea ¿Qué diferencias puedes establecer entre las políticas de ordenación territorial de los llamados países desarrollados de Europa y Chile, teniendo en consideración que, en promedio, las comunas de la provincia de Arauco tienen un 58% de su suelo cubierto de plantaciones forestales y en el caso de Curanilahue, la proporción llega a ser de un 82%, y que además, para el año 2010 se había registrado erosionada el 32% de la superficie de la Región del Bío-Bio?
Bueno, el tema de “países desarrollados”, abriría un gran debate entre relaciones Norte-Sur, colonialismo, etc, que no voy a abrir acá. Pero es importante destacar que los “países europeos o desarrollados” , a menudo pueden gozar de otros desarrollos territoriales gracias a que los extractivismos se expanden (y se sufren) lejos de sus fronteras. Chile exporta gran parte de sus productos forestales a Japón y EE.UU. (y a China, pero ése es otro modelo), que de alguna manera se evitan esos impactos ambientales y conflictos (o externalidades negativas dirían algunos) en sus territorios. Por otro lado, España y Portugal también son países con desarrollo de plantaciones forestales (ver informe de Greenpeace acá: http://www.greenpeace.org/espana/Global/espana/report/bosques/Mapa_InformeEucalipto2011_2.pdf) fruto del impulso de las celulosas y en colaboración con la institucionalidad pública. Esto también está relacionado con procesos de éxodo rural y sobretodo en el caso del Eucaliptus Globulus, falta de agua. Mi sensación es que no seamos optimistas, aunque el capitalismo puede ser más salvaje o más evidente en algunos lugares, lo que es en Chile el extractivismo forestal o minero puede ser en España la industria de la construcción y burbuja inmobiliaria o la industria del turismo- donde todos comparten que, en contextos neoliberales, pueden pasar por encima de límites de la naturaleza, derechos humanos y procesos democráticos.
-El presidente de la CORMA (Corporación de la Madera), Fernando Raga ha afirmado que “es imposible que una actividad actividad económica produzca pobreza”. Sin embargo, el índice de desarrollo humano del PNUD coloca a las comunas “de vocación forestal” en un lugar de alerta por los bajos valores que poseen. ¿Cuál es tu opinión respecto a los efectos socioecómicos de la expansión de la industria forestal?
Fernando Raga tiene razón. El extractivismo forestal produce riqueza. Riqueza de un sólo tipo (monetaria) y acumulada en manos de unos pocos. Es cierto que muchas familias y comunidades campesinas y/o Mapuche en Chile pueden haber encontrado una forma de diversificar sus ingresos económicos dedicando una zona a plantar Pino o “Euca”. Pero esto, solo en los casos de quienes tenían tierras, quienes no fueron forzadas a venderlas de formas directas o indirectas. La propiedad forestal en Chile está altamente concentrada en grandes y medianos propietarios; la mayoria del trabajo es subcontratado y temporal; las comunidades, tengan o no pequeña propiedad forestal ven mermada el acceso al agua, a productos forestales no madereros, a espacios de relevancia espiritual, ritual y territorial como denuncian varias comunidades Mapuche… basta visitar el territorio y escuchar a quien los habita, para ver que el extractivismo forestal está creando pobreza para muchos y muchas en el Sur de Chile.
-La provincia de Arauco ha sido catalogada como “zona de rezago”. ¿Qué evaluación haces de las decisiones tomadas a partir de esta declaración?
Creo que seguiria con el argumento anterior. Zona de rezago, ¿para quien? Para las empresas forestales Arauco es (excepto en las zonas en las que las recuperaciones territoriales Mapuche son mas fuertes) una zona de riqueza. “Bajo nivel de desarrollo productivo, bajos niveles de ingreso, altos niveles de pobreza, altas tasas de desempleo”… son denuncias que se vienen expresando desde hace años en Chile, asi como países donde se ha optado por modelos forestales basados en plantaciones. Valdría la pena, por un lado, que Estado e instituciones publico y privadas realizaran un análisis estructural de qué procesos han llevado a Arauco a ser una “zona de rezago”. Esto debería ayudar a ver que seguir con políticas extractivas y paternalistas, sólo hace sino extender la forma de actuación por más tiempo.
Sin embargo, rescato que en las Mesas de Agua a las que asistí había mucha gente de CAPR y algunas comunidades, asi como creo que pasó en el encuentro “Cumbres de Nahuelbuta”. Es buena señal que la gente se movilice, no para salir de situaciones de “rezago” que marcan otros, sino para salir de la parálisis en que son otros los que manejan no solo el territorio, sino la vida de los que habitan mismo. No digo que sea fácil ni inmediato, pero creo que sería bueno que se dieran y visibilizaran espacios para que sean las propias personas, comunidades y colectivos en Arauco que definan sus situaciones y sus prioridades. En Arauco, algunas comunidades Mapuche tienen experiencia en generar espacios en que el extractivismo forestal no es el actor con más poder de decisión, pero aún queda mucho por hacer, y ojalá siga pasando y se reproduzca a más comunidades indígenas y campesinas del sur de Chile.
-En el informe se afirma que la ONEMI explicó la escasez hídrica en la provincia de Arauco, planteando que “los municipios sostienen que a consecuencia del Terremoto y Tsunami del 27 de febrero de 2010, un importante número de pozos o norias sufrieron daños”. Desde tu perspectiva, cómo se puede entender esta respuesta.
Es como lo que comentaba antes del cambio climático. ¿Se viven los impactos del cambio climático en Chile?, si. ¿Hay terremotos en Chile?, si. Pero, ¿ se han dado políticas neoliberales, de despojo y acumulación en Chile? Sí. Es decir, yo no soy experta en evaluación de impactos de desastres naturales, y seguro que los pozos y norias como otras infraestructuras sufrieron daños, pero qué implica que 5 años después del terremoto aún se mantengan los daños? En todo caso, las comunidades locales no refieren a ausencia de agua en los últimos 5 años, sino mucho antes: el terremoto puede haber agravado, pero no se le pueden cargar todos los males para mirar hacia otra parte.
-Finalmente, cómo responderías a la pregunta que titula el informe: ¿Agua para quién?
Agua, directa o indirectamente, para los proyectos extractivos que se deciden entre unos pocos.
En relación al ingreso a la Cámara de Diputados de la prórroga al Fomento Forestal para ampliar la bonificación hasta el año 2018, la Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo (AIFBN), manifiesta que:
Concordamos que es necesario que el Estado mantenga su política de fomento a la forestación, sin embargo, los mecanismos que se establezcan deben estar en sintonía con la realidad del país. Deben ser concordantes con las actuales necesidades y desafíos que el país enfrenta, como el cambio climático, las energías renovables, la protección y recuperación de los acuíferos, la conservación de la biodiversidad y la distribución de la riqueza, en donde la actividad forestal puede contribuir positivamente.
Cabe recordar que cuando el Estado subsidia una actividad, somos todos los chilenos los que estamos contribuyendo a financiarla, en el bien entendido que sus beneficios ayudarán a resolver problemas, y no a agudizarlos. Durante los 40 años en que ha operado el actual esquema de fomento a la forestación, los beneficios económicos generados se han concentrado en las grandes empresas, mientras que sus costos (falta de agua, pérdida de biodiversidad, estrangulación económica de las PYMES y otros) han sido pagados por el medio ambiente, las comunidades locales, y los escasos emprendedores que han sobrevivido al duopolio que controla el sector. La experiencia demuestra que las grandes empresas siguen beneficiándose del subsidio incluso cuando éste se orienta preferentemente a pequeños y medianos propietarios, pues si bien éstos reciben algunos ingresos económicos, buena parte de la madera generada termina alimentando la gran industria por la vía del arriendo o del convenio de plantación.
Los problemas que hoy prioriza el país son muy distintos a los que se establecieron en el año 1974, cuando se promulgó el Decreto Ley 701, y que básicamente era la necesidad de generar materia prima para una industria que se pretendía impulsar. Esa industria ya está consolidada, y ese objetivo - puntos a favor, puntos en contra – está más que cumplido y nada justifica que los chilenos sigan financiándola.
Hoy, innegablemente, el establecimiento de bosques debe orientarse a la solución de aquellos problemas que el país y el mundo reconocen como altamente prioritarios.
La creación de cobertura forestal diversa es una de las opciones más eficientes y económicas para contribuir con la mitigación del cambio climático. Chile se ha comprometido internacionalmente a restaurar, con recursos propios, alrededor de 100.000 hectáreas de tierras degradadas (forestación) con una inversión estimada de 250 millones de dólares y alcanzar un área de al menos de 100.000 hectáreas manejadas al año 2035.
Las menores precipitaciones observada en la zona central y norte de Chile, y una consecuente y cada vez más prolongada condición de sequía en los territorios, imprime una necesidad urgente de tomar acciones que permitan mejorar la regulación del ciclo hidrológico en los paisajes forestales. Una herramienta de fomento debe estar enfocada en la forestación o reforestación con especies nativas, e incluso el uso de especies arbustivas o herbáceas que permitan la recuperación de suelos y el mejoramiento en general de las condiciones hidrológicas de las cuencas. En ese sentido, cientos de pequeñas cuencas necesitan que su espacio territorial sea visto no sólo para la producción de madera, sino que además para proveer de agua en calidad y cantidad. A ello se sumarían importantes externalidades positivas en el ámbito del paisaje, la calidad de vida, la conservación de la fauna y la industria turística.
Existe un enorme potencial de vincular la creación de nuevas plantaciones forestales con el fomento al uso de la madera en la construcción y a la generación de energía renovable con tecnología de punta basada en biomasa. Estas actividades productivas debiesen fortalecer y aumentar la participación de la PYMES forestales y madereras en el negocio forestal, promoviendo la asociatividad de éstas y consiguiendo de esta forma un factor de desarrollo sinérgico. Así, el diseño de los instrumentos de incentivo para conseguir estos objetivos debe estar fuertemente orientado a conseguir un mejoramiento significativo de los ingresos económicos de los aproximadamente 160.000 pequeños y medianos propietarios forestales en Chile.
Hoy observamos un gran desequilibrio entre las políticas públicas referidas al incentivo de plantaciones y las destinadas a la conservación y uso sustentable del bosque nativo. Durante 40 años rigieron los subsidios a la forestación del Decreto Ley 701 con amplias flexibilidades normativas para generar una riqueza que se concentró en pocas manos, mientras el manejo del bosque nativo continúa estancado por una ley generosa en burocracia y mezquina en subsidios (Ley 20.283).
La Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo, solicita al Congreso Nacional no legislar la prórroga al 701 recién ingresada el pasado 20 de mayo. Nos parece que el camino correcto es la formulación y tramitación de una Nueva Ley de Fomento Forestal que considere los argumentos aquí expuestos, invirtiendo el tiempo legislativo que sea necesario para ello. Finalmente nos permitimos subrayar la urgente necesidad de resolver las debilidades institucionales, con el fin de propender a una correcta aplicación de las herramientas legales sectoriales.
Directorio
Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo
AIFBN
http://www.bosquenativo.cl/index.php?option=com_k2&view=item&id=1321:acerca-del-proyecto-de-ley-de-pr%C3%B3rroga-del-dl-701&Itemid=51
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VIDEO: PLANTAR POBREZA, EL NEGOCIO FORESTAL EN CHILE - DOCUMENTAL
"Plantar Pobreza, el negocio forestal en Chile" es un documental de Periódico Resumen que aborda el origen y las consecuencias de la expansión de la industria forestal en la zona centro sur del país.
Las plantaciones de pinos y eucaliptos, las plantas de celulosa y toda la infraestructura vial y portuaria a su servicio son elementos que, a la vez de constituir el engranaje de un sustancioso y exclusivo negocio, representa la explotación de los territorios que ocupan y el empobrecimiento de sus comunidades.
Actualmente, los lugares que soportan plantaciones y albergan plantas de celulosa no ofrecen condiciones de habitabilidad para su gente obligándola a emigrar, dejando a completa disposición del negocio forestal los espacios anteriormente usados en la producción o recolección de alimentos y en la conservación del bosque. Muestra de esta realidad es que las comunas presentadas como "de vocación forestal" alcanzan índices de migración y pobreza que superan la media nacional.
Sin embargo, todo este proceso se ha configurado ante la obsecuencia y el servilismo de las autoridades de turno. Desde la Dictadura Militar hasta los gobiernos civiles, todos han defendido este empresariado, llamando desarrollo a la apertura de nuevos focos de extracción y servicios para la industria forestal, llamando a las plantaciones forestales como bosques y llamando estado de derecho a la imposición de la voluntad empresarial a través de la represión y el terrorismo de Estado.
"Plantar Pobreza" tiene el propósito de contribuir a entender el proceso en que se ha expandido esta industria y sus efectos a diferentes escalas. Sin quedarse en una constatación de desastres y miserias, "Plantar Pobreza" muestra la posibilidad de revertir las condiciones provocadas por el negocio forestal, a través del testimonio de comunidades invisibilizadas que realizan experiencias de recuperación del bosque, recuperación del agua y de la soberanía alimentaria.
A quienes vivimos en este territorio nos han intentado convencer de un falso dilema: "O hay forestales o hay pobreza". En realidad, hemos visto que nuestro empobrecimiento se ha agravado en tanto éstas se han expandido. Hoy, la recuperación de nuestro territorio se impone como condición necesaria para nuestra subsistencia y en esto no caben ambigüedades, la industria forestal debe irse y deben implementarse políticas de reparación ambiental y social. El documental "Plantar Pobreza", intenta contribuir a esta lucha.
https://youtu.be/A42dHCxuJ1w
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Alertan que ampliación del decreto 701 que regala dinero a Forestales es peor que la Ley de Pesca
Si usted cree que la Ley de Pesca es la legalización, vía coimas, del saqueo de los recursos marítimos de Chile, ponga atención a lo que está haciendo el Gobierno y el Parlamento en estos días con la Ley de Fomento Forestal.
Por: Luis García Huidobro
23 de julio de 2015
El 2 de julio pasado el Gobierno de Bachelet puso urgencia a la prórroga al fomento forestal ingresada en mayo al Parlamento. Curiosamente el tema no había aparecido en la cuenta anual de la Presidenta. El 15 de julio la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados aprobó la prórroga. La ley en trámite busca seguir incorporando al negocio forestal, por la vía del subsidio a la plantación de pino y eucalipto, dos millones de hectáreas de tierra que no son propiedad de los grupos Matte y Angelini.
La Ley de Fomento Forestal (DL 701) es el mayor legado de Julio Ponce Lerou durante la dictadura. En 1974, siendo Director Nacional de Conaf, idea este subsidio para dar rentabilidad a las tierras que estaban en manos de la Cora (Corporación de Reforma Agraria) –gran parte de ellas asentamientos mapuche– y que en los años siguientes serían privatizadas en precios irrisorios en beneficio de los grupos Cruzat, Matte y Vial.
Tras la quiebra de Cruzat y Vial, los actores hasta el día de hoy son los Matte (CMPC, Forestal Mininco) y los Angelini (Forestal Arauco).Sólo por poner un ejemplo de un fundo que acaba de ser vuelto a comprar por el Estado a Forestal Arauco a través de Conadi, mencionemos el Fundo Tranaquepe. Son 2110 hectáreas que fueron vendidas en enero de 1989 por Conaf a Forestal Arauco en $41.804.363. Reajustado según el IPC al año 2015, serían actualmente $188.888.911 (es decir, aproximadamente $85.000 la hectárea, hablando en plata de 2015, un precio irrisorio). En 2014 Conadi compra 1859 hectáreas del fundo a Forestal Arauco en $5.151.134.962, es decir, $2.770.500 cada hectárea. El segundo fundo comprado por Conadi durante este Gobierno en la zona es el fundo El Canelo, a Forestal Volterra. Ahí las utilidades son aún mayores, pues Conadi compró a $4.312.978 cada hectárea.
Matte, como sabemos, es el mayor financista (por la vía legal) de la actividad política en Chile. Angelini, por su parte, está involucrado como aportante ilegal en el caso Martelli. La cercanía del gremio forestal con todos los gobiernos es graficada de manera elocuente por el presidente de la Corporación de la Madera (Corma) Fernando Raga:
“Hemos trabajado estrechamente con todos los gobiernos, por lo tanto con las autoridades hemos tenido una relación muy fluida. Ustedes probablemente han visto que nosotros no somos de debates por la prensa con el Gobierno, ni de criticar ni de protestar cosas, porque tenemos una relación directa bastante fluida y nuestros temas son planteados de forma muy razonable y hemos sido en general atendidos”.
(Ver documental Plantar Pobreza: El Negocio Forestal en Chile, Periódico Resumen, 2014.https://www.youtube.com/watch?v=A42dHCxuJ1w. La cercanía de los Angelini y los Matte con la actividad política es permanente. La última reunión de Eliodoro Matte en La Moneda fue precisamente el martes recién pasado. A la salida declaró escuetamente que “vine como director del CEP, a tratar temas académicos”. Una visita de un intelectual, no de un empresario).
Por el contrario, la contraparte mayor en el conflicto forestal en Chile, el movimiento mapuche, con más de un millón de hectáreas potenciales en disputa con las forestales por derechos ancestrales, no tiene interlocución legítima con el Estado sobre este tema. El proyecto actual, al no ser sometido a consulta indígena, viola el Convenio 169 de la OIT, ratificado por la misma Presidenta Bachelet.
El Gobierno de Sebastián Piñera intentó revalidar el DL 701, sin embargo, echó pie atrás por los resultados de la consulta indígena efectuada por Conaf, en la que se vio ampliamente la oposición mapuche al proyecto.
Bachelet, en cambio, no tiene problema en echar adelante el proyecto sin consulta indígena, con lo que se hace responsable de la radicalización de la conflictividad que vendrá en los territorios en disputa. No es casualidad que la Provincia de Arauco, la mayor productora de madera, tenga un gasto policial por habitante 10 veces mayor que cualquier provincia ajena a este conflicto. Desde que el Gobierno volvió a introducir en el Parlamento el DL 701, más de 10 ataques y atentados han ocurrido en el sur de la Provincia.
El negocio forestal es sumamente rentable. Dadas las ventajas comparativas de Chile en el mercado mundial de la celulosa y la madera, no existe hoy otro cultivo más rentable para este territorio. El costo es el agotamiento de las napas subterráneas, por el cultivo intensivo en terrenos muy amplios. Se trata de un recurso natural valiosísimo a largo plazo, en el contexto del cambio climático global, dado que el agua dulce constituye el 3% del agua total del planeta. De este 3%, ¾ partes son hielo polar, de altísimo costo para ser convertida en agua disponible para el consumo humano. Sólo el 0,32% del agua dulce del planeta está en lagos, ríos y humedad del suelo. Cerca del 25% del agua dulce está en las napas subterráneas, las cuales en el centro y sur de Chile están siendo consumidas por la industria forestal. En las comunas emblemáticas de producción forestal, las familias y comunidades durante el verano obtienen el agua para beber en camiones aljibe.
Las ganancias de la explotación forestal se la lleva el dueño del terreno, que en más de un 90% del territorio explotado no es alguien que vive ahí. En cambio son los vecinos los que sufren la falta de agua. Este es el motivo legítimo por el que las comunidades mapuche de Arauco están masivamente cosechando los predios forestales al margen de la ley wingka, lo que el Gobierno llama “robo de madera”.
Los estudios de los investigadores científicos (AIFBN, Académicos Universidad Austral) coinciden con el conocimiento experiencial mapuche de que la industria forestal está secando el territorio, y que urge una política de impulso a la reforestación con bosque nativo. El territorio desertificado (la poda y la tala además generan toneladas de combustible seco) queda a merced de incendios forestales, cada vez más devastadores entre las regiones de Valparaíso y Los Lagos. Sin embargo, el Gobierno y el Parlamento solo tienen oídos para la palabra dinero. Crecimiento económico a toda costa.
La excusa para dotar de legitimidad ambiental al DL 701 es la de los “terrenos degradados”, pero solamente personas tan alejadas de la realidad, como los parlamentarios, pueden creer lo que contradice la experiencia en terreno de todos los días de quienes vivimos invadidos por plantaciones forestales.
Los informes de Conaf reconocen que en Chile se sigue destruyendo bosque nativo para plantar pino y eucalipto, y que en Chile se sigue sustituyendo tierra agrícola por plantación forestal. La rotación de cosechas y cultivos forestales es de 100 mil hectáreas anuales. Es decir, todos los años 100 mil hectáreas sufren la tala rasa, que significa la destrucción de toda vegetación y consecuente erosión del terreno, además del alto riesgo de incendio. Las 100 mil hectáreas que se plantan anualmente estarán expuestas a la erosión durante 2 o 3 años más en que demora la plantación en tener una densidad suficiente como para afirmar el terreno. La recuperación de terrenos degradados a través de cultivos destinados a la tala rasa es un remedio peor que la enfermedad. La solución es la restauración de bosque nativo.
El modelo promovido bajo las consignas “Chile País Forestal” y “Chile País Maderero” está en crisis por sobreexplotación. Los millones de dólares que ingresan al país por exportación de madera y celulosa (récord de 6.094 millones de dólares en 2014) tienen por consecuencia la radicalización de la conflictividad ambiental-cultural-social, especialmente mapuche.
Por la ambición y falta de visión de futuro de la clase empresarial y política, es de esperar que la situación de conflicto por el agua y el territorio, que hoy se vive fuertemente en las Provincias de Arauco y Malleco, se siga extendiendo en el mediano plazo a Ñuble, Bío Bío, Cautín, Valdivia, Ranco, Osorno y Chiloé.
La legitimidad del conflicto se refuerza ante actuaciones ilegales del Gobierno de Chile, como lo está siendo hoy el impulso al fomento forestal sin consulta indígena.
http://www.radiodelmar.cl/rdm/alertan-que-ampliacion-del-decreto-701-que-regala-dinero-a-forestales-es-peor-que-la-ley-de-pesca/#
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Ong CODEFF rechaza prórroga de Decreto Ley 701: “No queremos un espejo de la Ley de Pesca”
CODEFF llamó a los poderes Ejecutivo y Judicial a “terminar con esta ley y estudiar una que permita el real desarrollo de las comunidades y de los pequeños propietarios, y que no signifiquen la destrucción de nuestros bosques”.
Santiago, 23 de julio de 2015.(Codeff)– El Comité Pro Defensa de la Fauna y Flora (CODEFF) rechazó la prórroga a la vigencia del Decreto Ley 701 de Fomento Forestal, propuesta por el Gobierno y aprobada en general y particular por la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados.
“Esta ley ha sido uno de los principales responsables de la sustitución del bosque nativo por monocultivos forestales, lo que ha implicado la pérdida de biodiversidad, hábitats de fauna nativa y deterioro de cuenca hidrográfica, entre otros efectivos negativos”, afirmó la entidad.
“Adicionalmente, no ha implicado un real desarrollo de las comunidades locales o de propietarios de pequeños predios forestales, sino que ha sido destinada en más de un 70% a financiar a las grandes empresas forestales, transformándose en un ejemplo equivocado de políticas de Gobierno de subsidio”, agregó la ONG.
De hecho, alrededor del 80% de la actividad subsidiada está en manos de los grupos Matte y Angelini.
Desde su promulgación hasta 2013, se entregaron US$ 875 millones. De ellos, el 70% de los aportes fueron a grandes forestales, según CONAF.
En ese sentido, CODEFF llamó a los poderes Ejecutivo y Judicial a “terminar con esta ley y estudiar una que permita el real desarrollo de las comunidades y de los pequeños propietarios, y que no signifiquen la destrucción de nuestros bosques”.
“No queremos que esto sea un espejo de lo que pasó con la última Ley de Pesca, donde sabemos quiénes fueron los grandes beneficiados”, enfatizó la institución.
http://www.radiodelmar.cl/rdm/codeff-rechaza-prorroga-de-decreto-ley-701-no-queremos-un-espejo-de-la-ley-de-pesca/
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El robo del agua a través de las transnacionales fore$tales en Arauko
"¿Agua para quién?
Escasez hídrica y plantaciones forestales en la Provincia de Arauco” un informe develador y por eso indignante
[resumen.cl]
Hace algunas semanas, fue publicado el informe “¿Agua para quién? Escasez hídrica y plantaciones forestales en la Provincia de Arauco” por la investigadora Marien González-Hidalgo, quien trabajó durante entre los meses Agosto y Octubre de 2014 en colaboración con la iniciativa “Agua que has de beber” y la ONG Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo.
Tal como se plantea en su introducción, en el informe “se describen las principales causas que afectan la baja disponibilidad de agua para el consumo humano en las áreas rurales, quedando en evidencia los problemas generados por el actual modelo de gestión del agua en Chile”. En él se constatan diversas situaciones atribuibles a la expansión de la industria forestal, relegando al estante de las mentiras los informes oficiales negadores de la vinculación entre ésta y la pauperización de la vida de la población. En este documento también se mencionan casos que evidencian el contubernio entre autoridades de instituciones del Estado y el empresariado que usufructúa y agota un recurso imprescindible para la reproducción de la vida.
Resumen ha conversado con Marien sobre esta investigación y su evaluación de las políticas sociales aplicadas a la empobrecida provincia de Arauco. Aquí están sus respuestas.
-Una de las primeras afirmaciones del texto es que no pudiste encontrar catastros de la región del Bío Bío que informaran, por ejemplo, sobre los cursos de agua que aprovisionan a quienes habitamos aquí. ¿Cuál es tu evaluación de esta situación?
Esto es alguna de las cosas que más me sorprendió, y que entendí gracias a mi colaboración con la Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo y la campaña Agua que has de Beber. En la Región del Bío Bío, la DOH-MOP, encargada del programa APR, sólo proporciona información sobre los puntos de captación, que es donde los Comités de Agua Potable Rural toman el agua desde esteros para su potabilización y distribución. Sin embargo, no hay información de dónde procede el agua ni de cuanta agua se tiene disponible, es decir no se manejan con información de cuenca, sino sólo del proceso de captación del agua. Como se dice en el informe, esto es grave ya que evidencia que el modelo económico basado en extracción forestal, que predomina en el Bio Bío, se definió y define de espaldas a las características e información del territorio, y por lo tanto la ordenación territorial se basa únicamente en los márgenes de beneficios que puede tener el estado o capitales privados, pero sin conocer, entre otras cosas, si las características ecológicas del territorio puede sostenerlos.
-En el informe también hay una denuncia que trata sobre el mal uso de datos pluviométricos por parte de representantes gubernamentales en la “Mesa del Agua en la provincia de Arauco”. Explícanos cuál crees que es el propósito de esto y en qué radica su gravedad.
El uso interesado de datos “científicos o ambientales” para sostener argumentos o nuevas políticas económicas es un lugar común y muy habitual, especialmente desde que las ciencias “duras” se instauraron con una legitimidad sobre “la verdad”. Especialmente en contextos rurales, los datos empíricos que estén firmados por ingenieros, licenciados, etc (el uso del masculino es a propósito) suele dar una legitimidad a nivel local que es difícil de contestar. Desconozco si las motivaciones de mostrar los datos como escasez hídrica en la provincia de Arauco como directamente causados por la reducción de precipitaciones fueron pensados premeditadamente o no, pero lo importante es que los datos apoyaban el discurso general que se pretende desde la institucionalidad pública y privada en el sur de Chile: el mensaje que se quiere dar es “si falta agua acá, la culpa es del cambio global, nosotros no tenemos nada que ver”. Esto no quiere decir que el cambio climático no esté ocurriendo, sino que en este contexto se utilizaba como una forma de des-responsabilizarse de las causas estructurales y biofísicas de lo que ocurre en el día a día de una provincia cuya ordenación territorial está a la orden del extractivismo forestal.
-Tú eres europea ¿Qué diferencias puedes establecer entre las políticas de ordenación territorial de los llamados países desarrollados de Europa y Chile, teniendo en consideración que, en promedio, las comunas de la provincia de Arauco tienen un 58% de su suelo cubierto de plantaciones forestales y en el caso de Curanilahue, la proporción llega a ser de un 82%, y que además, para el año 2010 se había registrado erosionada el 32% de la superficie de la Región del Bío-Bio?
Bueno, el tema de “países desarrollados”, abriría un gran debate entre relaciones Norte-Sur, colonialismo, etc, que no voy a abrir acá. Pero es importante destacar que los “países europeos o desarrollados” , a menudo pueden gozar de otros desarrollos territoriales gracias a que los extractivismos se expanden (y se sufren) lejos de sus fronteras. Chile exporta gran parte de sus productos forestales a Japón y EE.UU. (y a China, pero ése es otro modelo), que de alguna manera se evitan esos impactos ambientales y conflictos (o externalidades negativas dirían algunos) en sus territorios. Por otro lado, España y Portugal también son países con desarrollo de plantaciones forestales (ver informe de Greenpeace acá: http://www.greenpeace.org/espana/Global/espana/report/bosques/Mapa_InformeEucalipto2011_2.pdf) fruto del impulso de las celulosas y en colaboración con la institucionalidad pública. Esto también está relacionado con procesos de éxodo rural y sobretodo en el caso del Eucaliptus Globulus, falta de agua. Mi sensación es que no seamos optimistas, aunque el capitalismo puede ser más salvaje o más evidente en algunos lugares, lo que es en Chile el extractivismo forestal o minero puede ser en España la industria de la construcción y burbuja inmobiliaria o la industria del turismo- donde todos comparten que, en contextos neoliberales, pueden pasar por encima de límites de la naturaleza, derechos humanos y procesos democráticos.
-El presidente de la CORMA (Corporación de la Madera), Fernando Raga ha afirmado que “es imposible que una actividad actividad económica produzca pobreza”. Sin embargo, el índice de desarrollo humano del PNUD coloca a las comunas “de vocación forestal” en un lugar de alerta por los bajos valores que poseen. ¿Cuál es tu opinión respecto a los efectos socioecómicos de la expansión de la industria forestal?
Fernando Raga tiene razón. El extractivismo forestal produce riqueza. Riqueza de un sólo tipo (monetaria) y acumulada en manos de unos pocos. Es cierto que muchas familias y comunidades campesinas y/o Mapuche en Chile pueden haber encontrado una forma de diversificar sus ingresos económicos dedicando una zona a plantar Pino o “Euca”. Pero esto, solo en los casos de quienes tenían tierras, quienes no fueron forzadas a venderlas de formas directas o indirectas. La propiedad forestal en Chile está altamente concentrada en grandes y medianos propietarios; la mayoria del trabajo es subcontratado y temporal; las comunidades, tengan o no pequeña propiedad forestal ven mermada el acceso al agua, a productos forestales no madereros, a espacios de relevancia espiritual, ritual y territorial como denuncian varias comunidades Mapuche… basta visitar el territorio y escuchar a quien los habita, para ver que el extractivismo forestal está creando pobreza para muchos y muchas en el Sur de Chile.
-La provincia de Arauco ha sido catalogada como “zona de rezago”. ¿Qué evaluación haces de las decisiones tomadas a partir de esta declaración?
Creo que seguiria con el argumento anterior. Zona de rezago, ¿para quien? Para las empresas forestales Arauco es (excepto en las zonas en las que las recuperaciones territoriales Mapuche son mas fuertes) una zona de riqueza. “Bajo nivel de desarrollo productivo, bajos niveles de ingreso, altos niveles de pobreza, altas tasas de desempleo”… son denuncias que se vienen expresando desde hace años en Chile, asi como países donde se ha optado por modelos forestales basados en plantaciones. Valdría la pena, por un lado, que Estado e instituciones publico y privadas realizaran un análisis estructural de qué procesos han llevado a Arauco a ser una “zona de rezago”. Esto debería ayudar a ver que seguir con políticas extractivas y paternalistas, sólo hace sino extender la forma de actuación por más tiempo.
Sin embargo, rescato que en las Mesas de Agua a las que asistí había mucha gente de CAPR y algunas comunidades, asi como creo que pasó en el encuentro “Cumbres de Nahuelbuta”. Es buena señal que la gente se movilice, no para salir de situaciones de “rezago” que marcan otros, sino para salir de la parálisis en que son otros los que manejan no solo el territorio, sino la vida de los que habitan mismo. No digo que sea fácil ni inmediato, pero creo que sería bueno que se dieran y visibilizaran espacios para que sean las propias personas, comunidades y colectivos en Arauco que definan sus situaciones y sus prioridades. En Arauco, algunas comunidades Mapuche tienen experiencia en generar espacios en que el extractivismo forestal no es el actor con más poder de decisión, pero aún queda mucho por hacer, y ojalá siga pasando y se reproduzca a más comunidades indígenas y campesinas del sur de Chile.
-En el informe se afirma que la ONEMI explicó la escasez hídrica en la provincia de Arauco, planteando que “los municipios sostienen que a consecuencia del Terremoto y Tsunami del 27 de febrero de 2010, un importante número de pozos o norias sufrieron daños”. Desde tu perspectiva, cómo se puede entender esta respuesta.
Es como lo que comentaba antes del cambio climático. ¿Se viven los impactos del cambio climático en Chile?, si. ¿Hay terremotos en Chile?, si. Pero, ¿ se han dado políticas neoliberales, de despojo y acumulación en Chile? Sí. Es decir, yo no soy experta en evaluación de impactos de desastres naturales, y seguro que los pozos y norias como otras infraestructuras sufrieron daños, pero qué implica que 5 años después del terremoto aún se mantengan los daños? En todo caso, las comunidades locales no refieren a ausencia de agua en los últimos 5 años, sino mucho antes: el terremoto puede haber agravado, pero no se le pueden cargar todos los males para mirar hacia otra parte.
-Finalmente, cómo responderías a la pregunta que titula el informe: ¿Agua para quién?
Agua, directa o indirectamente, para los proyectos extractivos que se deciden entre unos pocos.
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